Equivocados hasta el final

El actual gobierno demuestra cada día más lo separado que está de la realidad de los venezolanos. La escasez generalizada, la caída del ingreso de las familias, la inflación completamente desatada (la mayor del mundo), la terrible situación de los servicios públicos (electricidad y agua, solo para citar dos), todos esos hechos no tienen el menor reconocimiento de parte de los funcionarios del gobierno. Según ellos, todos los venezolanos se han puesto de acuerdo para pintar una realidad que según ellos no existe.

Es muy difícil acertar en el gobierno si el primer paso, reconocer los problemas, nunca se ejecuta. A partir de ahí todo lo demás es una secuencia de errores. La última decisión del gobierno es la creación de la Corporación Nacional Productiva. Se trata de una nueva modalidad de la creencia de que solo es posible el desarrollo a través del Estado. El gobierno crea una nueva instancia en la que se colocan todas las empresas públicas para “elevar la productividad”, entre otros objetivos.

Lo que por supuesto no tomó en cuenta el gobierno es que las empresas públicas que ahora deben producir café, azúcar, cemento, por citar unos pocos rubros, no cumplen con las metas que antes se cumplían cuando estaban en manos privadas. Nadie en el gobierno, si es que se le ocurrió la idea, pudo levantar preguntas sobre la productividad real de las empresas públicas, sobre las tremendas distorsiones que experimentan, sobre las inmensas fuentes de corrupción que están en operación. Ninguna de esas preguntas se hizo. Era el primer paso para identificar la causa fundamental de los desastres de la gestión que están a la luz pública y que afectan la vida cotidiana de todos los venezolanos.

No pueden aparecer estas preguntas porque este largo gobierno tomó la decisión de equivocarse hace mucho tiempo. Al asumir que la premisa de toda su acción era controlar el Estado. Nada de analizar lo que más conviene a los efectos de producir. Nada de trabajar en cooperación con el sector privado, nada de identificar la mejor vía para aumentar la productividad, nada de reducir los monopolios públicos y privados que generan altos precios para los consumidores, nada de concentrar la inversión pública en las áreas prioritarias. 

Los resultados de esa equivocación están a la vista de todos: caída de la producción de bienes esenciales, escasez de muchos de ellos, la inflación más alta del mundo, la economía en el tercer año de recesión, pérdida del crédito internacional, servicios públicos en deterioro total, entre otros aspectos. Al final se tiene la afectación de la calidad de vida de los venezolanos. Pues bien, antes de revisar el rol fundamental que ha tenido la visión estatista en este desastre, el gobierno opta por seguir avanzando por la ruta equivocada. Han decidido equivocarse hasta el final.

Politemas, Tal Cual, 24 de febrero de 2016

La peor exclusión

Los venezolanos viven hoy un colosal drama social. Se expresa en todas las dimensiones. Desde los riesgos para la vida, con las amenazas permanentes de violencia, hasta las restricciones en el acceso a la educación, pasando por las dificultades para la atención a la salud, entre otros aspectos. En todas esas facetas la exclusión es la norma. Una gran parte de la población no tiene acceso a los servicios y posibilidades que debe brindar una sociedad democrática y moderna.

Dentro de estas exclusiones hay una en especial que sobrepasa todos los rangos. Se trata de la exclusión relacionada con el disfrute de la etapa como adultos mayores. La situación ideal es que las personas que alcanzan la edad del retiro, lo puedan hacer en condiciones que permitan contar con los recursos y servicios más adecuados. Se espera que después de haber participado en el proceso productivo por varias décadas, la sociedad tenga un diseño tal que permita que estén disponibles esos recursos y servicios para aquellos que por su edad ya no se encuentran activos en el mercado laboral. Por otra parte, llegar a la condición de adulto mayor no significa en modo alguno retirarse de las opciones productivas, simplemente ya no son tan exigentes como en las primeras etapas de la vida laboral.

Esa es la teoría, y también la práctica en muchos países, especialmente aquellos que han desarrollado esquemas de ahorro y generación de recursos que permiten que los adultos mayores cuenten con la protección requerida. Pero en Venezuela no es así. Según datos obtenidos a través de la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), realizada por UCV, UCAB y USB en 2014, el 48% de las personas en edad de tener pensión, no la tienen. En el estrato de menores recursos, la exclusión, en términos del beneficio de la pensión, alcanza al 70% de la población. En la medida que se asciende en el nivel educativo y de recursos, en esa misma medida aumenta la cobertura de pensiones, con lo cual queda demostrado una gran inequidad, por cuanto las personas con menos recursos son justamente las más afectadas por las contingencias relacionadas con la condición de adulto mayor. Por otra parte, apenas el 10% de los adultos mayores con pensiones reciben beneficios adicionales provenientes de las Misiones.

De manera que la dinámica de la protección social que hoy existe en Venezuela, genera exclusión a todo lo largo de la vida laboral, por cuanto las personas que tienen ocupación en el sector informal de la economía no cuentan con los beneficios que tiene aquellos que se desempeñan en el sector formal. Al llegar entonces a la edad de recibir pensión, los adultos mayores que han laborado en el sector informal no pueden acceder a ella. Las pensiones no contributivas, establecidas en la Constitución de 1999, justamente para superar esta exclusión, no se han implementado en estos casi 17 años que tiene de aprobada. 

Para enfrentar esta significativa exclusión, una vía es aumentar los beneficios de aquellos que se encuentran hoy pensionados. Pero también es fundamental no aumentar la brecha entre aquellos que tienen pensión y lo que no la tienen, especialmente cuando ambos grupos están expuestos a la inflación más alta del mundo. Todo lo cual nos lleva a modificar con prontitud, y de manera que sea fiscalmente viable, los mecanismos relacionados con la protección social de todos los venezolanos, y especialmente de los adultos mayores.

Politemas, Tal Cual, 17 de febrero de 2016

En el peor escenario

Los días pasan y no hay cambios en la política económica. Existen fundadas evidencias de que el retraso del gobierno en esta materia rompe todos los récords. Podríamos convenir que el rezago alcanzará tres años en el próximo abril. Mientras tanto, es conveniente mirar las perspectivas que tiene el país de mantener este rumbo equivocado.

Podemos examinar las cifras que el FMI pronostica para Venezuela hasta 2020 de continuar esta desastrosa política económica. De acuerdo con esas cifras, la tasa de inflación será cercana a 200% en todos los años entre 2015 y 2020. Es decir, seis años seguidos con cifras de inflación de esa magnitud, sumados a los diez años con la inflación más alta de América, y a los tres últimos con la inflación más alta del mundo. Se puede decir que la economía venezolana es ya la más inflacionaria en el siglo XXI. De lejos. 

Alta inflación no es otra cosa que destrucción económica. Porque la inflación genera inestabilidad para todos actores, pero especialmente aquellos que son más sensibles a los ingresos, esto es, los sectores con mayor pobreza. En la medida que avanza la inflación, la capacidad de adaptación de los sectores asalariados disminuye, hasta el punto que aquellos que no pueden compensar sus ingresos, son progresivamente desplazados a la pobreza. Como es el caso actual de Venezuela, con 76% de la población en pobreza, según ENCOVI (UCV-UCAB-USB).

Ya lo anterior es preocupante. Ahora veamos el escenario cuando se combina una alta tasa de inflación con una caída en la actividad productiva de un país. Esto es, la economía decrece y al mismo tiempo existe una espiral inflacionaria. Si tomamos como referencia una tasa de inflación superior a 100%, y una tasa de crecimiento económico negativo, encontraremos varios procesos de estancamiento e inflación de acuerdo con las cifras del FMI. 

El más largo ha sido el de Nicaragua, ocho años, entre 1984 y 1991. En todos esos años, la inflación fue superior a 100%, llegando a un máximo de 13.000% en 1987. En el período la economía nicaragüense se contrajo 2,7% en promedio. El siguiente período de mayor duración de alta inflación con estancamiento fue en Bolivia, entre 1982 y 1986 (cinco años). La tasa de inflación fue cercana a 12.000% en 1985. En el período la economía boliviana decreció 2,4% en promedio. 

El siguiente proceso fue el de Perú entre 1988 y 1990. La tasa de inflación llegó a 7.400% en 1990. La contracción de la actividad económica fue inmensa: 9,3% promedio en el período. Y luego viene Venezuela, aunque no se crea. Si asumimos que la tasa de inflación de Venezuela en 2015 fue superior a 100% y la de este año seguro lo será, y que la caída del PIB fue 10% el año pasado y que este año puede ser 8% (según estimados del FMI), nuestra economía ha sufrido la mayor debacle desde Perú a finales de los ochenta, la cual había sido la mayor en la Región. Más aún, si no hay correctivos en la política económica, y la caída del PIB es cercana a 9% en este año, el desastre económico de Venezuela será el mayor en América y Latina desde 1980 (primer año en que están disponibles las cifras del FMI).

No hay mucho más que agregar. Venezuela tiene la peor situación económica del mundo en la actualidad, y a este ritmo puede ser la peor en la Región en los últimos cuarenta años. Ante todo eso, el gobierno se encuentra en shock, inmovilizado. En el peor escenario.

Politemas, Tal Cual, 3 de febrero de 2016