Manifiesto por la República

El próximo 16 de julio será un día histórico. Millones de venezolanos acudirán a manifestar su opinión en la consulta popular aprobada por la Asamblea Nacional en ejercicio de la representatividad que tiene de la soberanía popular, y organizada en coordinación con amplios sectores de la sociedad civil. Se expresarán tanto los venezolanos que se encuentran en el país como los que viven en cientos de ciudades de todo el mundo. La consulta popular es una expresión del estado general de rechazo desarrollado luego de la convocatoria anti-constitucional de una Asamblea Nacional Constituyente, aunque se debe recordar que las sentencias también anti-constitucionales del TSJ fueron el inicio del clima de manifestaciones y protestas que se ha extendido ya por tres meses. 

En el fondo de esta gran expresión democrática está la defensa de la República. La convicción de la gran mayoría de los venezolanos es que la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente elimina todas las características fundamentales de una República. Tal como es notorio, el carácter corporativo de la convocatoria consagra la conformación de sectores, seleccionados a discreción, con la eliminación del principio de “un voto por cada persona”. En otras palabras, ya la misma convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente conlleva la anulación de derechos ciudadanos al desconocer que la convocatoria solo puede hacerse con la aprobación previa del pueblo. 

No es solamente la convocatoria lo que está completamente fuera del marco constitucional. Son también todas las pretensiones ya esbozadas sobre el carácter eventual de dicha Asamblea Nacional Constituyente. Se trataría de un supra-poder, erigido sobre la completa eliminación de la actual constitución, y con el gran riesgo de suprimir los poderes públicos que han asumido posiciones contrarias a la voluntad oficial. En tales condiciones todos los atributos republicanos prácticamente cesarían en el momento de elegirse dicha Asamblea Nacional Constituyente.

De tal manera que el riesgo es evidente, concreto. Y es por ello tan fundamental que la expresión de la consulta popular del próximo domingo sea contundente y masiva, como es en este momento la opinión de la gran mayoría de los venezolanos. En primer lugar, para rechazar la convocatoria de la Constituyente, pero también para rechazar sus fundamentos, es decir, la aspiración de consolidar la tendencia totalitaria y estatista que ha predominado en Venezuela en los últimos 18 años. 

También será un manifiesto a favor de la República civil, con pleno ejercicio de los derechos ciudadanos, y en la cual la Fuerza Armada Nacional cumpla cabalmente con lo establecido en la Constitución, es decir, respetuosa de los derechos humanos y en sujeción a las normas democráticas. Al mismo tiempo será una demanda nítida por el equilibrio de poderes y el cumplimiento de sus responsabilidades de acuerdo con el marco constitucional.

Finalmente, la consulta popular será una gran oportunidad para exigir el cumplimiento del cronograma de elecciones suspendido arbitrariamente desde el año pasado por el CNE y el rechazo a la violación que significó la anulación del referendo convocatorio. Tal exigencia será también expresión de la gran convicción que existe en Venezuela de que es fundamental la sustitución del actual gobierno por ser el causante de tantas penurias y sufrimientos para la abrumadora mayoría de los venezolanos. De manera directa el próximo domingo el pueblo venezolano expresará su exigencia por un Gobierno de Unidad Nacional, efectivo para resolver los problemas de los venezolanos y creador de posibilidades para prosperar y generar bienestar. Es una gran hora para manifestarse.

Politemas, Tal Cual, 12 de julio de 2017

El país más dependiente

La celebración del 5 de julio encuentra al país es una coyuntura singular. La convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, con la elección fijada para el 30 de julio, y los anuncios realizados sobre sus características, indican que estamos en presencia de una situación muy crítica para la República. 

El 5 de julio de 1811 se declaró la Independencia de la Corona de España, pero meses después, con la aprobación de la Constitución Federal para los Estados de Venezuela, se enunció el ideario político de dicha federación. Los Estados de Venezuela dejaron constancia con la aprobación de la Constitución de 1811, de las aspiraciones por “la mejor administración de justicia, procurar el bien general, asegurar la tranquilidad interior, proveer en común a la defensa exterior, sostener nuestra Libertad e Independencia política”, entre otros aspectos. Podría decirse que el bien general, la defensa y seguridad, la libertad y la independencia fueron los valores sobre los cuales se constituyó la República. En las circunstancias que vivimos es conveniente revisar la brecha que existe entre tales aspiraciones y lo que constatamos en el país en la actualidad.

El bien general no puede estar más maltrecho. Venezuela tiene la peor situación económica de la historia, con la destrucción productiva más significativa en país alguno sin conflicto bélico en el siglo XXI. Nos encontramos en el cuarto año de la recesión económica catalogada como la más grande de América Latina, y con la inflación más alta del mundo por cuarto año seguido, y con riesgo hiperinflacionario señalado por organismos internacionales y especialistas nacionales. Todo ello ha ocasionado el empobrecimiento más abrupto que se haya conocido también en América Latina en los últimos cincuenta años. Las cifras de pobreza total (más de 80% según las últimas mediciones), indican que la población está en las peores condiciones de alimentación, salud, protección en toda la historia.

La inseguridad de los ciudadanos también es la más crítica que se ha experimentado en el país. Caracas es la ciudad más violenta del mundo. Varias ciudades venezolanas están en la lista de las más violentas. Venezuela tiene la tasa de asesinatos más alta de América. A todo ello debe agregarse el control de zonas del país por grupos irregulares, que incluso pueden sobrepasar a las fuerzas del orden público. 

Finalmente, en cuanto a la libertad e independencia, la cantidad de violaciones a los derechos humanos, así como los signos evidentes de la influencia de gobiernos extranjeros en la conducción de las políticas, son signos evidentes de las graves limitaciones a la soberanía y al Estado de Derecho.

Todo lo anterior es una demostración contundente de que el país se encuentra en una de sus horas de mayor dependencia. En el contexto de la región, Venezuela es el país con mayores dudas sobre su porvenir político, económico y social. Quizás examinar las lecciones del 5 de julio de 1811 sea una fuente de las posibilidades que se pueden crear para defender la democracia y la República. En las siguientes semanas habrá oportunidades para demostrarlo.

Politemas, Tal Cual, 5 de julio de 2017

Los efectos de tres grandes crisis

La situación política en estos tres meses ha concentrado prácticamente la atención del país. Las manifestaciones han sido masivas, en todas las direcciones de nuestra geografía. La convocatoria de la Asamblea Constituyente, en condiciones que afectan la decisión popular, ha generado una grave situación institucional. Las consecuencias de la elección del 30 de julio son de la mayor significación para la vigencia de la República. Es muy natural que el clima de la ciudadanía se haya volcado sobre esta coyuntura.

A pesar de que el aspecto político haya tenido esta repercusión, es bastante evidente que en el país coinciden tres crisis de gran envergadura. Cada una de ellas por separado ya representaría una gran complicación. La combinación de las tres crisis explica que Venezuela sea en este momento una referencia mundial para tipificar las alteraciones de la gobernabilidad. Para comenzar, la crisis política se manifiesta en la eliminación de toda elección con plena vigencia democrática. Con todas las consecuencias que ello trae para la estabilidad. La crisis económica es expresión del período de mayor caída de la actividad productiva, considerado por los especialistas como la mayor recesión, incluso de América Latina. Estamos en el cuarto año de recesión, en niveles de contracción realmente impresionantes. La crisis social se manifiesta en el empobrecimiento más notable en la historia del país, y el más abrupto en América Latina en los últimos cincuenta años. Es sin dudas, una catástrofe social de la mayor magnitud en el siglo XXI.

Las tres crisis se han combinado con mayor fuerza desde el año pasado. Lamentablemente ninguna de las políticas tomadas por el gobierno ha marchado en la dirección correcta. Todo lo contrario, en la medida que se ha avanzado en este período hay mayor deterioro productivo, incluso de la principal fuente de ingresos del país como es la industria petrolera. Los vaticinios de los especialistas indican que la inflación aumentará en la segunda mitad del año con sus terribles efectos en mayor reducción de la capacidad de compra y destrucción económica. 

Ya no es posible separar estas crisis. Cada una de ellas tiene vida propia y afecta las otras dimensiones. Con la actual dirección en la que el gobierno quiere seguir conduciendo a la sociedad, no es posible frenar el deterioro e implementar soluciones adecuadas. Es bastante obvio que solo es posible modificar estas tendencias si se produce un cambio en la conducción política. Todo lo cual pone especial valor en la circunstancia de una eventual Asamblea Constituyente que permitiría crear un nuevo orden político de naturaleza totalitaria. Es también evidente que los efectos de ese nuevo orden van a complicar las condiciones económicas del país y, por ende, la situación social. Venezuela es hoy por hoy una demostración plena de que el desarrollo requiere coherencia en las políticas, integralidad. Los efectos de la incoherencia y la inestabilidad han trastocado dramáticamente las condiciones concretas de todos los venezolanos.

Politemas, Tal Cual, 28 de junio de 2017

Criminales de lesa humanidad

Las violaciones a los Derechos Humanos de las últimas semanas no tienen antecedentes en la historia del país. Ante millones de venezolanos que han tomado las calles para manifestar y expresar de viva voz sus opiniones y reclamos, se ha impuesto una acción sistemática y violenta por parte de aquellos que tienen armas y recursos que han sido entregados por la República para proteger las vidas y bienes de los ciudadanos. Quienes deben actuar en resguardo de la seguridad ciudadana se han convertido en agresores, imponiendo de manera inclemente y muchas veces con saña, un clima de terror y persecución. 

Los resultados de estas acciones han sido muy lamentables. Casi un centenar de ciudadanos han muerto a consecuencia de disparos. También se cuentan por centenares los heridos. Y a esas terribles cifras, que han enlutado y afectado a tantos hogares, se debe agregar los miles que han sido detenidos y acosados. Todos estos hechos configuran una situación en la que las fuerzas del Estado se han convertido en una gran amenaza para la vida de la sociedad. 

Para enfrentar estas situaciones se aprobó en 1998 el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En el texto se indica que en el siglo pasado “millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad”. Esto es justamente lo que ha sucedido en Venezuela, se ha sobrepasado cualquier límite del respeto que le deben los responsables del orden público a los ciudadanos que manifiestan pacíficamente. Más adelante, el Estatuto de Roma reconoce que tales crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad. 

El artículo 5 del Estatuto indica los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional. Dentro de ellos se incluyen los crímenes de lesa humanidad. El artículo 7 señala que los crímenes de lesa humanidad corresponden a los actos que se cometan como parte de un “ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Y dentro de esos actos se mencionan el asesinato, el traslado forzoso de la poblacion, la encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, la tortura, la violación, la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, la desaparición forzada de personas, y “otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.

Si algo ha quedado evidenciado en estos casi tres meses en Venezuela, es que las supuestas fuerzas del orden público han realizado actos que pueden ser tipificados como crímenes de lesa humanidad. Dichos delitos, como lo señala, el artículo 29 del Estatuto, no prescriben. Por cada uno de los crímenes de lesa humanidad existe un criminal de lesa humanidad. Más temprano que tarde los procedimientos de la justicia servirán para que se castigue a todos aquellos que se han valido de un uniforme para dañar la vida de los venezolanos. Esos crímenes serán castigados y esos criminales deberán cumplir las condenas. Para que nunca más se cometa un crimen de lesa humanidad contra ningún ciudadano de la República.

Politemas, Tal Cual, 21 de junio de 2017

Solo le queda la fuerza

A la vista de todos, dentro y fuera del país, continúa la arremetida totalitaria del gobierno. El objetivo es elegir el próximo 30 de julio una Asamblea Constituyente que asuma todos los poderes y coloque al país bajo la tutela de un régimen asambleario, con desaparición de los fundamentos de una democracia. Es decir, la instalación de dicho régimen conllevará la anulación de la Asamblea Nacional y de toda instancia que se oponga a sus objetivos. Ese escenario está a la vuelta de la esquina, en apenas seis semanas. 

Una lectura de esta situación indicaría que el gobierno, a pesar del mayoritario rechazo, tiene la suficiente capacidad para imponer su proyecto totalitario. Justamente esta es la situación que la sociedad democrática debe impedir. Desde otra perspectiva, es bastante evidente que lo que se observa es un gobierno completamente desarticulado, en fase de derrumbe, que apela a sus últimas cuotas de poder para sobrevivir.

En efecto, a lo largo de estos casi diecinueve años, se ha producido una sistemática disminución de las capacidades del gobierno para tener un desempeño democrático con impacto en la calidad de vida de los ciudadanos. Lo primero que perdió este gobierno fue el fundamento de la Constitución. La misma que el gobierno había propuesto a principios de 1999. Apenas una semana después del referendo aprobatorio de la Constitución, fueron violadas las normas para el nombramiento de los Poderes Públicos. En la práctica, se impuso a los funcionarios que luego habrían de refrendar todas las decisiones del Poder Ejecutivo. Lo que estamos viviendo en estas semanas es el efecto de la desaparición del equilibrio de poderes consumada en diciembre de 1999.

Amparado en el control de los Poderes Públicos, el gobierno del presidente Chávez procedió a partir de 2000 a avanzar en las primeras etapas de la hegemonía política que tenía en mente. Es decir, la hegemonía necesaria para controlar al Estado, y dentro de esa estrategia, el control de la Fuerza Armada y de la economía no petrolera. Esos fueron los acontecimientos que condujeron a la crisis política de 2002, la cual trajo a su vez como consecuencia que se resquebrajara enormemente la institucionalidad militar y de la industria petrolera. El resultado de todo ese proceso fue la pérdida por parte del gobierno de toda posibilidad de ser un actor político creíble, con capacidad de construir consensos. A partir de ese momento, quedó mucho más claro el carácter excluyente y sectario del gobierno.

La coyuntura del boom petrolero iniciado en 2004 y la ola populista respaldada por la implementación de las Misiones, colocó al gobierno en la posibilidad de literalmente apropiarse de vastos sectores productivos. Y es por ello que a partir de 2005 comienza la secuencia de estatizaciones que culminaron en la expropiación de miles de empresas, violaciones a los derechos de propiedad, invasiones, y el cese de las inversiones nacionales e internacionales. Al final de ese proceso, el gobierno había perdido la capacidad de incidir en la producción del pais. La consecuencia fue obvia, el agravamiento de la escasez y el desabastecimiento, que han traído el empobrecimiento masivo de la población, con el auge de la pobreza y la desnutrición como nunca se había visto en el país. 

Las consecuencias de este monumental fracaso eran evidentes en 2013. El gobierno evitó reiteradamente tomar las decisiones que colocaran al país en otra dirección. No era posible, ahora se ve más claro, porque esa no es la orientación del gobierno. Se trata de controlar a la sociedad en toda su extensión. Lo que el gobierno no había estimado era el profundo descontento que ya avanzaba en el país, manifestado completamente en las elecciones de la Asamblea Nacional de diciembre de 2015. Esa es la razón para que el gobierno acuda a la eliminación de las elecciones, tanto las regionales y municipales, como del referendo revocatorio del año pasado. Para evitar a todo trance otra expresión de la voluntad popular. Y paralelamente, también intenta, por intermedio del TSJ, la anulación de la Asamblea Nacional, producto justamente del ejercicio de la soberanía popular. 

Ante todas esas acciones, la reacción de la sociedad democrática en los últimos dos meses ha ocasionado que el gobierno opte por el único camino que le queda. Esto es, cambiar las reglas con el intento de aprobación de otra Constitución. Para lo cual requiere la desaparición de la consulta popular como medio para convocar la Asamblea. De esa manera, el gobierno ya no tiene el fundamento constitucional, ni la capacidad política y económica, y mucho menos las opciones de legitimidad electoral. El gobierno se ha quedado solo con la fuerza. Con ella arremete contra los manifestantes, encarcela a sus adversarios sin el debido proceso, utiliza métodos de control de las protestas que han ocasionado muertes de personas solamente por expresar su opinión. El gobierno ya no tiene ningún argumento, solo la fuerza bruta. Todo indica que esa demostración de fuerza lo que hará es aumentar la lucha democrática de los venezolanos.

Politemas, Tal Cual, 14 de junio de 2017

En la calle está la Democracia

Los venezolanos han salido a la calle a manifestar desde hace dos meses. Lo han hecho con mucha indignación, con mucha fuerza, en todos los rincones del país, de manera persistente. Han manifestado personas de todas las edades, procedencias y preferencias políticas. El común denominador ha sido la protesta ante la arremetida totalitaria, propia de las dictaduras. Los manifestantes han expresado que rechazan las violaciones del Estado de Derecho, la eliminación de las elecciones desde el año pasado, la reclusión de cientos de líderes como presos políticos, la vulneración de las competencias de la Asamblea Nacional electa de manera contundente en 2015, y el tremendo deterioro social y económico que padecen todos los ciudadanos.

Pocas veces en la historia del país la calle ha sido de manera tan nítida el espacio para la construcción de la Democracia. La primera vez fue el 14 de febrero de 1936. Manuel Caballero lo expresó: “lo que afloró ese día fue la mentalidad democrática de la población”. Con la mayor manifestación que se había producido, y quizás la mayor en términos proporcionales en toda la historia del país. Y es por esa misma razón que también Caballero señaló que desde esa fecha “Venezuela vive en democracia”. Para que se impusiera ese tremendo cambio, de la sociedad de la autocracia gomecista a una sociedad con ansias de apertura, la experiencia de la calle fue fundamental. En aquel día la gente salió a exigir un gobierno que no concentrara todo el poder. Los resultados fueron contundentes: los presos políticos fueron liberados, los exilados regresaron al país, el gobierno redujo el período de siete a cinco años, se abrieron los cauces institucionales. La tiranía gomecista en gran medida había quedado en la historia. 

En 2017 la gente que está en la calle es expresión de la evolución democrática que ha experimentado el país en más de ochenta años. Incluso los que no han conocido sino a este gobierno, indican todos los días que tienen muchas razones para aspirar el cambio. La calidad de la Democracia a la que se aspira es mayor. Tanto en las prácticas institucionales como en los contenidos concretos de bienestar. La gran equivocación de quienes lideran esta arremetida totalitaria es pensar que es posible limitar la expresión democrática de los venezolanos. Utilizan todas sus fuerzas para impedirla.

Es bueno recordar que en todos estos años la sociedad democrática ha exigido el pleno respeto del Estado de Derecho. Ante los acosos y excesos se ha respondido con perseverancia, proponiendo un camino constitucional, institucional, pacífico, electoral. El éxito ha sido indudable porque no le ha quedado más remedio al gobierno que cerrar todas las opciones para evitar que quede en evidencia que la gran mayoría del país ya no lo acompaña. La opción que ha propuesto el gobierno ha sido una nueva arremetida totalitaria con la convocatoria al fraude constituyente. 

Es por ello que la presencia en la calle se ha convertido en la referencia de las exigencias del tipo de Democracia a la que aspiran los venezolanos. No es solamente el rechazo a la Constituyente, es también la plena vigencia del Estado de Derecho, la liberación de los presos políticos, la restitución de las competencias de la Asamblea Nacional, la atención a la extraordinaria crisis económica y social, y especialmente, la determinación de un camino electoral que permita la sustitución de este gobierno tan nefasto para los venezolanos. Lo que está en la calle en estos días, lamentablemente con las agresiones, abusos, y asesinatos que enlutan a todo el país, es la aspiración de la gran mayoría de los venezolanos por tener una Democracia plena.

Politemas, Tal Cual, 7 de junio de 2017

En el límite

El país vive días decisivos. La arremetida totalitaria continúa de manera incesante, sin visos de rectificación. Los plazos y procesos para la convocatoria de la Asamblea Constituyente son seguidos sin chistar por la mayoría de rectores del CNE. Para la importancia que debe tener una convocatoria de esta significación, todo luce apresurado, atropellado.

Esta arremetida totalitaria es la opción seleccionada por un gobierno prácticamente aborrecido por la gran mayoría del país. Luego de la anulación de todas las consultas electorales, lo que le ha quedado es construir una institucionalidad en la que puedan asumir la totalidad del control de la sociedad. Esa es la estrategia, como ha quedado bien expuesto. 

El problema de fondo es que esta propuesta totalitaria elimina la República. Es decir, acaba con más de dos siglos de continuidad en un sistema de gobierno fundamentado en la concepción de la igualdad de todos los ciudadanos. Es verdad que en estos dos siglos el país vivió muchos gobiernos autoritarios, pero justamente la aspiración de la mayor democracia fue el eje que permitió el desarrollo político del país. Lo que se pretende es eliminar el principio de “un ciudadano, un voto”, es decir, con la selección de los constituyentistas por sectores, no solo se establece un modelo corporativo, típico de los regímenes fascistas, sino que se anula el principio de que solo es posible un voto por cada ciudadano. En la práctica, muchas personas podrían votar más de una vez, con la plena destrucción de las bases republicanas. 

De allí que sea de especial importancia que la gran mayoría opuesta a esta arremetida totalitaria, esté expresando sistemáticamente el rechazo a esta convocatoria, y a todas las violaciones previas al Estado de Derecho. La conciencia de la gravedad de esta situación es lo que probablemente impulsará una nueva fase del rechazo a esta iniciativa. Ahora bien, también es clave que la fracción de la población que todavía acompaña esta gran equivocación perciba con la mayor claridad lo que está en juego. Las consecuencias serían funestas: eliminación de todos los poderes públicos contrarios y represión de todas las opiniones contrarias. Es bastante evidente que la imposición de esta visión solo se puede hacer a través del predominio de la fuerza. Lo cual le da a la Fuerza Armada una tremenda responsabilidad en esta hora.

Enfrentar esta situación límite requiere mucha solidez, tanto en el ámbito internacional como nacional. La conciencia de los riesgos que confronta Venezuela es una convicción bastante extendida en la comunidad internacional. Los esfuerzos de las últimas semanas son claras demostraciones. Esperemos que la conjunción de estas iniciativas pueda concretarse. En el plano nacional es clave la acción coordinada de manera agresiva en la medida que se avanza con el cronograma. Prácticamente en menos de dos meses, de acuerdo con lo propuesto, estaría vigente el nuevo entramado totalitario. La presencia en todos los espacios de la oposición a la arremetida totalitaria es la consigna del día. El objetivo es impedir estas pretensiones. El tiempo realmente apremia.

Politemas, Tal Cual, 31 de mayo de 2017

La nueva mayoría

En las últimas semanas millones de venezolanos han expresado a todo lo largo y ancho del país el rechazo frontal al actual gobierno, a sus pretensiones totalitarias, a sus prácticas completamente anti-democráticas, al control que quiere ejercer sobre la sociedad. Casi el 70% de la población, según recientes encuestas de opinión, indica que el gobierno se ha convertido en una dictadura. Las manifestaciones realizadas han puesto en evidencia que una nueva mayoría política ha tomado las calles, luego de la eliminación de las opciones electorales desde octubre del año pasado.

Ya en diciembre de 2015, con motivo de la elección de la Asamblea Nacional, se había confirmado sin ninguna duda que la matriz política del país se había modificado sustancialmente. La mayoría política que se había consolidado desde diciembre de 1998 ha dejado de ser tal. La expresión de esta nueva mayoría en la composición de la Asamblea Nacional, con 112 diputados, dejó muy claro que la fuerza política del actual gobierno se ha desvanecido. Conviene precisar las razones para la generación de esta nueva mayoría. En modo alguno ha sido un proceso fortuito. Ha sido más bien el producto de una estrategia consistente, sistemática.

Hace poco más de ocho años, exactamente el 15 de febrero de 2009, el gobierno del presidente Chávez había logrado la aprobación de la reforma constitucional para incluir la reelección indefinida para todos los cargos. La popularidad del gobierno era inmensa, así como los beneficios que se obtenían de los altos precios del petróleo. En tales circunstancias, muchas personas no se podían imaginar que un gobierno con esas fortalezas pudiera ser derrotado políticamente. Y es en esa coyuntura que la alianza constituida por la Mesa de la Unidad Democrática se propone dar los pasos, a través de una estrategia democrática, constitucional, pacífica y electoral, para que se construyera en el país una nueva mayoría política. Tal acuerdo se plantea a la opinión pública a mediados de 2009.

Todo lo que se ha desarrollado desde esa fecha, dentro del marco de la Unidad Democrática, ha respondido a la ejecución de esa estrategia. Dentro de las posibilidades y restricciones que condicionan la acción de una alianza política amplia y plural. Ya desde 2010, con la participación nuevamente en la Asamblea Nacional, y luego con la disputa electoral de 2012, fundamentada en la realización de elecciones primarias para todos los cargos, y la definición de un programa para el Gobierno Nacional, se demostró la naturaleza de la amplia aspiración para concretar dicha mayoría política. La elección presidencial de abril de 2013 fue una demostración ostentible de la fortaleza de la alternativa democrática. Hasta el punto que a finales de 2015 ya se había manifestado al ganar ampliamente la mayoría de la Asamblea Nacional. Visto en el contexto de la región, es bastante evidente que esta alianza se ha consolidado y avanzado en el objetivo propuesto.

Hoy el actual gobierno tiene la popularidad en el suelo, su visión totalitaria y su incompetencia está a la vista de todos los actores nacionales e internacionales, el desastre de su gestión se manifiesta en el peor desempeño económico del mundo en el Siglo XXI. Sus errores han sido monumentales. La gran mayoría del país lo que desea es la sustitución por los medios institucionales y democráticos del actual gobierno. Los pasos que todos los días se dan en Venezuela indican que la nueva mayoría es irreversible, que se trata de persistir en la Unidad, con la convicción de que es la mejor opción para mejorar las condiciones de vida de los venezolanos.

Politemas, Tal Cual, 24 de mayo de 2017

En contra de todo el país

Tal parece que en el Alto Gobierno existen indicios de que la idea de la convocatoria de la constituyente no goza de buena salud. Solo así se pueden explicar las “aclaratorias” y tardanzas en la ejecución del plan.

Comencemos con las “aclaratorias”. De acuerdo con la propuesta del gobierno, la convocatoria de la constituyente significaría un nuevo orden político. Es decir, según el gobierno, se aprobaría una nueva constitución con nuevas reglas. En consecuencia, eso significa que todos los lapsos políticos quedan modificados. Por ello se podría inferir que el período del actual gobierno quedaría dependiendo de esa aprobación. Dicho de otra forma, en el momento que se convoque la supuesta constituyente, cesaría el actual gobierno. Una especie de “recorte presidencial” anticipado. De hecho, el coordinador de la comisión organizadora ha recordado que el propio presidente ha colocado el cargo a la orden del pueblo. 

Y resulta que ahora se ha “aclarado” que la cosa no es así. Que en realidad si habría elecciones en 2018 para la presidencia, pero sin ninguna mención de las otras elecciones pendientes (gobiernos regionales y locales). Tal parece que alguien se dio cuenta de los riesgos que se corren, y prefirió echar marcha atrás. Por aquello de que es mejor un plazo definido que quedar en el limbo. Pero la jugada es demasiado burda. Si hubiera una pizca de honor en el Alto Gobierno, el rechazo a la convocatoria de la constituyente significaría que “alguien” debería enviar su renuncia. Ya sabemos que no se debe esperar un gesto de tanta nobleza.

Sigamos con las tardanzas. Resulta que dos semanas después del anuncio de la convocatoria, el gobierno tiene menos aliados de la idea que lo que había previsto. A las reuniones convocadas no han acudido representantes de la Unidad Democrática, ni la Iglesia Católica, ni los sectores productivos, ni los sectores académicos, por mencionar algunos. Lo que se ha evidenciado es un inmenso rechazo a la convocatoria de una constituyente que acaba con la República como la hemos conocido desde 1810. Es por ello que la comisión coordinadora hace esfuerzos desesperados para sumar adeptos, pide que la reciban en algunos ámbitos, al menos para lograr algún apoyo. También en el interior del gobierno existen sectores que han manifestado sus reservas sobre el curso seleccionado.

En cualquier otra circunstancia esto sería visto como una derrota anticipada. El gobierno debería retroceder en la iniciativa o presentar una opción más viable. Pero esa no es la forma de proceder de este gobierno. Lo más probable es que se quiera seguir avanzando por dos vías. En primer lugar, por la inmensa represión que se ha desatado de parte de los cuerpos policiales y de la Guardia Nacional Bolivariana. Las muertes sucedidas en las últimas horas son demostraciones muy claras de esta tendencia. En segundo lugar, con el diseño de una propuesta de constituyente por parte del CNE en total contradicción con el sentido político y la normativa constitucional. 

La posibilidad de que este escenario se pueda revertir dependerá de la reacción de la sociedad democrática. No hay duda de que la persistencia del gobierno traerá una respuesta nacional e internacional directamente proporcional a esta arremetida anti-republicana. Lo que está por verse es si un gobierno tan debilitado, tan rechazado, que inspira tanta desconfianza ante propios y extraños, pueda imponerse ante todo un país que defiende la República.

Politemas, Tal Cual, 17 de mayo de 2017

¡Que vivan mis estudiantes!

La frase es todo un argumento. Una expresión surgida desde adentro, muy sentida. La pronunció una señora en una de las tantas manifestaciones que se han sucedido en Caracas en el último mes. La señora tiene la Enfermedad de Parkinson, por eso dijo que no podía hablar fluido. Pero la frase salió contundente y serena. Totalmente clara. Quería señalar en una sola idea su admiración y solidaridad, ahí mismo en la calle, con los miles de estudiantes que han participado activamente en las jornadas ciudadanas por la defensa de la democracia y el pleno ejercicio del Estado de Derecho en Venezuela.

La expresión es compartida por todos. Los estudiantes han acudido nuevamente a la calle a manifestar sus opiniones y aspiraciones. Como otras veces en la historia, ellos han sido un baluarte fundamental en la lucha por construir un mejor país, son por naturaleza auténticos, críticos, expresan sus opiniones sin temor a las represalias, reaccionan ante la injusticia, muchas veces son temerarios y aguerridos. En los momentos que vive el país, cuando un gobierno arremete completamente contra la institucionalidad democrática, cuando ya no queda ninguna duda de su vocación totalitaria, cuando afianza sus prácticas dictatoriales, los estudiantes venezolanos se han convertido es un sector fundamental para enfrentar estas tendencias, y especialmente, para expresar una dirección diferente.

Los estudiantes de 2017 son hijos de la democracia. Aún cuando muchos de ellos eran muy pequeños, o incluso no habían nacido cuando comenzó este largo gobierno, han vivido en familias que vivieron de acuerdo con las reglas de una democracia. Sus padres crecieron en una sociedad abierta, con limitaciones al poder, es verdad que no era perfecta, pero las diferencias se dirimían con votos y protestas, no había reelección indefinida. Lo que estos estudiantes vivieron en sus familias, se completó en espacios educativos abiertos y promotores del diálogo, sea en los liceos o en las universidades. Y si a eso sumamos que han crecido en medio de un gran cambio tecnológico global, en el cual ha proliferado el acceso a la información, y ha convertido a cada persona en un promotor generador de ideas, se entiende entonces que estamos en presencia de la generacíón de venezolanos que ha tenido mayor capacidad de vincularse a redes nacionales e internacionales.

Por eso la señora dice que “vivan” los estudiantes. Quiere señalar que reconoce el valor de ellos para la sociedad venezolana. Que son motivo de especial orgullo y admiración. También es un llamado para que los estudiantes se cuiden, para indicar que sus vidas son muy importantes, valiosas, para que no tomen riesgos innecesarios, para que actúen siempre en coordinación. Las muertes ocurridas en este mes, cada una de ellas, es una pérdida irreparable para sus familias y para la sociedad. De allí que también todos los liderazgos del país, políticos y sociales, deban coincidir en proteger el bienestar de cada uno de los estudiantes. 

Las circunstancias que vive el país, con un gobierno agónico pero empeñado en subsistir, indican que la presión por una solución política aumentará. Y, en consecuencia, la participación de los estudiantes también se incrementará. Los estudiantes de 2017 están luchando por el país, pero también por su futuro, representan genuinamente las aspiraciones de una mejor sociedad. Sin duda, los acontecimientos de las últimas semanas indican que los estudiantes venezolanos serán fundamentales para lograr la transformación política, y también para lograr las transformaciones económicas y sociales que lleven a Venezuela al siglo XXI.

Politemas, Tal Cual, 10 de mayo de 2017

El mayor riesgo para la República

Es bastante evidente que la idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente no se le ocurrió al actual presidente de la República. Si tuviera esa iniciativa, el país no hubiera llegado a esta situación de completo deterioro político, económico y social. Todas las mediciones de opinión pública indican que la popularidad del gobierno, y en particular la del actual presidente están en sus puntos más bajos. De manera que esta idea suena como recurso desesperado, para tomar un poco de aire político.

En primer lugar, la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, anunciada el día de ayer, es una respuesta a las protestas ciudadanas que se han desarrollado en el país en el último mes. El gobierno tenía que decir algo. Con cada protesta, en la que cada manifestante se ha convertido en un actor con creatividad, con las imágenes dando vueltas por el mundo, la derrota del gobierno ha sido total. Ha perdido también en la calle. Todo ello muy influenciado por el liderazgo coherente y decidido de la Unidad Democrática. 

En tales condiciones, algún grupo del gobierno se dedicó a buscar una alternativa. Que cumpliera con dos objetivos simultáneos. El primero de ellos, ganar tiempo, es decir, crear una dinámica con un cronograma que prolongue la vigencia de este agónico gobierno. El segundo objetivo es el más grave. Parte del supuesto de que este gobierno no puede ganar ninguna elección, su popularidad está literalmente en el piso. De allí que el paso es directo, se trata de aprovechar la coyuntura para eliminar las elecciones, al menos las elecciones de una República. Es decir, elecciones en las cuales no existan cortapisas al derecho de los ciudadanos. 

La propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente cumple con los dos requisitos. Introduce al país en una ruta de procesos y tiempos con el propósito de evitar la atención en los temas fundamentales. Además, propone un mecanismo corporativo de elecciones que anula toda condición republicana. De allí que la ejecución de esta propuesta acabaría con la República y nos llevaría directo a un Estado totalitario. 

La reacción nacional e internacional no se ha hecho esperar. Y en los próximos días se profundizará. Es bastante obvio que una convocatoria de esta naturaleza debería suponer la realización de un referéndum que ratifique esta iniciativa desesperada del actual gobierno. No hacerlo sería desconocer totalmente lo establecido en el artículo 347 al indicar que es el pueblo quien puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente. 

Lo que por supuesto no le dijeron al actual presidente cuando le llevaron esta idea, es que en la nueva dinámica del manejo del poder su participación no sería directa. Puede incluso suponerse que este proceso de subversión republicana se llevaría por delante al actual gobierno, al menos a sus actuales líderes. Le han debido ofrecer que su “futuro” político dependía de esta genial idea. Lo cual ha debido aceptar con ciertas dudas. En realidad, más bien parece que el actual gobierno ha dejado de funcionar. El intento de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente dejó al presidente sin mando político. Y también dejó a los venezolanos luchando por la República. Otra vez.

Politemas, Tal Cual, 3 de mayo de 2017