América Latina: futuro sin inversiones

En 2030 la población de América Latina aumentará en 100 millones de personas. Eso significa el equivalente a dos veces la población de Argentina o Colombia, poco menos de los habitantes de México o la mitad de Brasil. Tal incremento se suma a los déficits de atención ya existentes en educación, salud, servicios públicos, solo para nombrar algunas áreas. Si a ello agregamos las nuevas demandas para satisfacer este aumento poblacional, son evidentes los enormes retos que deberán afrontar las sociedades de la región. 

Para satisfacer estas previsiones, especialmente en un contexto cada vez más competitivo a escala global, se requieren al menos dos condiciones. En primer lugar, la institucionalidad que permita generar los consensos necesarios para acometer los objetivos de desarrollo. Nada más con imaginar el Estado de Derecho que se requiere para dirimir las diferencias en ese proceso, se tiene buena idea de las restricciones que hoy son casi generalizadas en los países de América Latina. A ello se debe sumar el crecimiento ordenado de las economías, así como las políticas orientadas a la creación de valor (con impacto directo en exportaciones). 

Estas condiciones deberían promover que la región se convierta en un polo de atracción de inversiones, especialmente las provenientes de otras zonas del mundo. La cantidad y calidad de esas inversiones serían entonces la palanca para crear nuevas empresas, o ampliar las existentes. Tales inversiones traerían aparejado un ritmo de crecimiento sostenible para las próximas décadas. Esa debería ser la idea. 

La realidad, sin embargo, marcha en otra dirección. De acuerdo con el último reporte de las inversiones en el mundo, elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), América Latina pierde terreno en la captación de recursos internacionales. En 2018 la región experimentó una reducción de 6% en inversión extranjera directa con respecto al año anterior. Esta caída se aprecia especialmente en la inversión dirigida a la instalación de infraestructuras para producción de manufacturas o de nuevas oficinas para empresas. La mayoría de estas inversiones se han desplazado a países de Asia y África. 

El decrecimiento de las inversiones ha afectado a las grandes economías de América Latina. En el caso de Brasil la reducción alcanzó 9%. En Colombia la caída fue 20%. En Perú, a pesar del sostenido y alto crecimiento económico, la disminución de la inversión extranjera fue 9%. Argentina y México se mantuvieron en los niveles previos de inversión, lo cual es una demostración más bien de estancamiento. También Costa Rica y República Dominicana, caracterizadas por el dinamismo económico, registraron reducciones de inversión extranjera directa. 

América Latina entra entonces en la tercera década del siglo XXI mostrando poco atractivo para las inversiones, lo cual no es otra cosa que la expresión del agotamiento del modelo de producción en un mundo cada vez más caracterizado por la innovación en sociedades de conocimientos. Tales limitaciones agravan la situación concreta de cientos de millones de hogares. Sin inversiones no habrá bienestar. Y sin cambios en las visiones de nuestras sociedades, no habrá inversiones. Este círculo vicioso pende como extraordinaria restricción para el futuro de la región.

Politemas, Tal Cual, 19 de junio de 2019

La brecha de políticas: guía para la acción

El concepto de “brecha” tiene múltiples aplicaciones. Por ejemplo, en el deporte se identifica el máximo registro alcanzado y se elaboran planes de entrenamiento para mejorar las marcas. La idea es que en la medida que se mejore el desempeño de deportistas (individuales o por equipos), se reduce la brecha con respecto a los campeones. En esa dinámica, por supuesto también puede pasar que los campeones logren ampliar la brecha porque consiguen mejores registros. Esto explica que en pruebas de velocidad, solo por citar un caso, los récords actuales hubieran sido inimaginables décadas atrás. 

De igual manera, empresas o universidades utilizan las brechas para superar su desempeño. Se identifica en determinado mercado o contexto de investigación a aquellos que tengan el mejor desempeño. Y a través del análisis de los métodos que utilizan, y en la aplicación de innovaciones, entonces puede esperarse que algunas empresas superen las ventas de otras, o que coloquen mejores productos a disposición de los consumidores. 

La brecha de políticas es un concepto menos utilizado. Lamentablemente, no está tan desarrollada la idea de que los gobiernos pueden, basados en acuerdos sociales, dirigir esfuerzos y recursos en la obtención de metas consideradas relevantes. A partir de la aprobación de las Metas del Milenio a finales del siglo pasado, y ahora con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030, existe una mayor preocupación por definir políticas públicas que apunten a metas específicas, y por ende, a la reducción de determinadas brechas. Sin embargo, queda mucho por hacer para incorporar el concepto de brecha en el seguimiento de las políticas públicas. 

Se puede tomar como ejemplo, la evolución de la tasa de mortalidad infantil. La disponibilidad de los registros por largos períodos permite examinar las tendencias de la brecha, y ofrece lecciones para el diseño e implementación de políticas. En 1920 el país con la menor tasa de mortalidad infantil registrada en el mundo (en la base de datos Gapminder) era Nueva Zelanda (51 muertes por cada 1000 nacidos vivos registrados, nvr)). Para ese año, el país con la menor tasa de mortalidad infantil en América Latina era Argentina, aproximadamente 2,4 veces la de Nueva Zelanda. 

En 1960 Suecia había desplazado a Nueva Zelanda como el país con la menor tasa de mortalidad infantil. En ese año la tasa de mortalidad infantil de Suecia fue 16,3 muertes por 1000 nvr, esto es, un tercio de la de Nueva Zelanda cuarenta años atrás. En América Latina, Cuba ha tenido la menor tasa de mortalidad infantil desde 1943. Sin embargo, en 1960 dicha tasa era 2,26 veces la de Suecia. En el caso de Haití, país con la mayor tasa de mortalidad infantil en la región en ese año, la diferencia era casi 12 veces con respecto a la de Suecia. 

En 2015, último año con registros comparables, la menor tasa de mortalidad infantil en el mundo fue la de Luxemburgo (1,5 muertes por cada 1000 nvr), superando a Islandia que la había tenido en 2000. En América Latina, Cuba es el país con la menor tasa de mortalidad infantil, aunque ha aumentado la brecha con respecto al país con menor registro (aproximadamente 30% de incremento con respecto a la brecha que tenía en 2000). Haití, por su parte, tenía en 2015 casi 35 veces más la tasa de mortalidad infantil de Luxemburgo. Esto significa que desde 1960 la brecha de mortalidad infantil de Haití se ha multiplicado por tres. 

Varias lecciones se pueden indicar a partir de este análisis. La primera de ellas es que el desempeño de los países varía en el tiempo. Justamente como producto de la calidad de las políticas que implementan. Ejemplo de ello es Nueva Zelanda: pasó de ser el país puntero en 1920 al número 38 un siglo después. La segunda lección es que los países que logran incidir armónicamente en todos los factores asociados, en este caso, con la mortalidad infantil, logran mayores efectos en la reducción. Es por ello que no se puede citar solo un factor como el responsable en la reducción. Es la conjunción de las políticas lo que hace la diferencia. 

Lo anterior explica que países con diferencias sustantivas en términos del nivel de desarrollo tengan logros similares. Sin embargo, estos efectos tienen su tope. Es decir, no es posible alcanzar los menores niveles en la mortalidad infantil sin cambios sustantivos en el nivel de ingreso, y especialmente en la disponibilidad de tecnologías, que a su vez está influida por los recursos. Es por ello que los países de mejor desempeño tienden a tener sociedades con mayores capacidades en todos los aspectos. 

La aplicación del concepto de brechas de políticas permite identificar el tipo de logro, en término de las condiciones de vida de la población. Ahora bien, alcanzar la meta no es una acción esporádica, más bien es el producto de una estrategia a través del tiempo, muchas veces compartida por diferentes gobiernos. La utilización de la brecha existente para identificar las medidas que permitan reducirla, es decir, las políticas públicas, es clave para generar la consistencia de esos procesos. Es posible imaginar entonces que el país con la menor tasa de mortalidad infantil deberá contar con instituciones adecuadas, crecimiento económico de calidad, servicios de salud de alto desempeño, disponibilidad de tecnologías, entre otros factores. El diseño e implementación de políticas públicas en cada uno de esos ámbitos es lo que hará la diferencia en calidad de vida de los ciudadanos. De allí que medir la brecha con respecto a los mejores, es el primer paso para contar con políticas públicas más efectivas en la región.

Politemas, Tal Cual, 22 de mayo de 2019

Dificultades para eliminar el sarampión

Con todos los avances que se han experimentado en la organización de sistemas de salud en el mundo, cuesta muchas veces entender que problemas aparentemente sencillos de resolver sigan ocasionando efectos, incluso fatales. Un caso que ilustra esta situación es el sarampión. El hecho de que esté disponible una vacuna, de gran calidad por la efectividad y seguridad, y también de bajo costo, permite imaginar que es posible eliminar la enfermedad, esto es, que ninguna persona la padezca.

Es por ello que la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso la eliminación de la enfermedad para el año 2020. Es decir, en poco más de seis meses en el mundo se debería haber eliminado el sarampión. Un indicio de que ello era posible fue la disminución de muertes por sarampión desde 2000, al pasar de medio millón a casi 90 mil en 2016. Sin embargo, esto significa que hasta hace menos de tres años todavía ocurrían casi 250 muertes diarias por esta causa a escala global. Parece difícil pensar en la eliminación con esa cifra de muertes como referencia. 

Las cifras disponibles en el último reporte de OMS (mayo 2019), indican que la eliminación tiene muy pocas posibilidades de ocurrir en 2020. El número de casos confirmados hasta abril en todo el mundo es casi 170 mil, lo cual representa tres veces más el número de casos confirmados para el mismo período de 2018. Por otra parte, los casos de sarampión se están reportando en todas las regiones de la OMS. 

También indican los registros que los casos ocurren tanto en países con sistemas de salud de bajo desempeño como en los países con mayores avances. Por ejemplo, al menos diez países europeos tienen un tercio de los casos a escala global, entre ellos, Alemania, Italia, Francia. En los Estados Unidos se han reportado más de 700 casos en los primeros meses de 2019. En América, se han confirmado casos de sarampión en doce países en 2019. De especial relevancia es el número de casos confirmados entre Colombia, Brasil y Venezuela, cerca de 16 mil entre 2018 y 2019. Las muertes por sarampión han ocurrido solamente en Brasil y Venezuela. 

El caso del sarampión ilustra con claridad que no es suficiente la disponibilidad de una vacuna para eliminar una enfermedad. Es mucho más complejo que eso. En primer lugar, porque la utilización del tratamiento para alcanzar la cobertura universal requiere el desempeño adecuado del sistema de salud, tanto en los procesos de gestión como en las capacidades de los recursos humanos y de los servicios. En segundo lugar, porque la información que reciben las personas sobre los tratamientos (o la ausencia de ella) influye en las pautas personales o familiares de prevención. Por ejemplo, el rechazo de grupos sociales en algunos países a la administración de vacunas ha conllevado a la disminución de las coberturas. Esta es la situación que se ha presentado en algunos países europeos y en Estados Unidos. En este último país han debido intervenir jueces para ordenar la vacunación en la población renuente a la administración. 

Alcanzar la cobertura universal de salud, una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030, supondrá, en consecuencia, mucho más que intervenciones específicas en el ámbito de los servicios. Deberá ser más bien una estrategia que incluya, entre otros aspectos, amplia información a los ciudadanos y la conformación de alianzas con múltiples organizaciones sociales. La eliminación del sarampión puede convertirse en una tarea que ayude a destacar algunos de los aprendizajes requeridos para alcanzar la cobertura universal de salud.

Politemas, Tal Cual, 15 de mayo de 2019

La brecha de diversificación económica en América Latina

En la próxima década América Latina confrontará un extraordinario reto. La región avanzará en la transición demográfica, es decir, aumentará la proporción de personas con edades superiores a los 65 años. Esto significa que los servicios sociales deberán adaptarse a personas que vivirán más tiempo, y por ende, tendrán mayores requerimientos de protección social. Este proceso marchará en paralelo con el incremento de la población en aproximadamente 100 millones de personas en el período, para alcanzar en 2030 una población total de poco más de 700 millones de habitantes. 

Este profundo cambio en la organización de las sociedades requerirá mayores recursos fiscales. Ya algunos países deben dedicar a la atención es salud, solo por mencionar un área de protección social, casi el 10% del PIB. Solo hay que imaginar los efectos en los requerimientos de recursos que traerán los cambios señalados. Es crítico, entonces, conocer las previsiones sobre la capacidad de las economías de la región para contar, de manera sostenible, con los recursos necesarios para esta mayor demanda de servicios. 

La experiencia comparada indica que los países que alcanzan niveles sostenibles de crecimiento económico, lo hacen porque producen de forma diversificada. Esto es, fortalecen las capacidades para producir distintos tipos de bienes, con mayores niveles de sofisticación. Esta idea no es nueva. Más bien está en el centro de las preocupaciones de Adam Smith al analizar la riqueza de las naciones hace más de dos siglos. Según Smith, aquellos países que lograran ampliar sus capacidades, a través de lo que denominó “cantidad de ciencia”, serían los que alcanzarían el mayor nivel de riqueza. Por cierto, también Smith destacaba que en esta tarea era muy importante contar con sociedades “bien gobernadas”. 

Desde esta perspectiva, es fundamental conocer el desempeño de las economías de la región con respecto a la diversificación. Tanto el MIT como la Universidad de Harvard realizan mediciones de la “complejidad económica” de cada país. En la medida que exista más complejidad económica en un país dado, eso significa que la diversificación de la producción es mayor, especialmente porque los productos elaborados serán requeridos en otros países. Es decir, la capacidad de exportar es una expresión de la producción de valor agregado. Las mediciones indicadas están actualmente disponibles en internet, con datos de los últimos cincuenta años (en el caso del MIT), y de poco más de veinte años en la Universidad de Harvard. Ambas mediciones coinciden en estimar que Japón y Suiza son las economías de mayor complejidad en el mundo. 

Según el Observatorio de Complejidad Económica (MIT), a finales de los años sesenta del siglo pasado, siete países de América Latina (sobre un total de 20) tenían mediciones positivas de complejidad económica, esto es, contaban con mayor diversidad de capacidades para producir que el promedio de los países del mundo. Casi cincuenta años después (2017), el número de países aumentó muy discretamente, a ocho. Cuatro países (México, Panamá, Costa Rica, Uruguay) se mantuvieron en el grupo con mayor diversificación económica en el período, aunque los tres últimos presentaron menores índices de complejidad en la última medición. México es el único país de la región con un índice superior a 1 (Japón tenía 2,30 en 2017). Brasil, Argentina, Colombia, Chile han ingresado en el grupo de las economías de mayor complejidad, aunque en los dos últimos países con valores muy discretamente positivos. 

Entre los países con menor complejidad económica se puede observar que Ecuador y Bolivia ocupan los lugares más bajos en la comparación con la región. En la medida que los países tienden a concentrarse en pocos productos de exportación (por ejemplo, petróleo o minería), en esa misma proporción disminuyen las posibilidades de alcanzar sostenibilidad en el crecimiento, y por ende, en la satisfacción de los requerimientos de recursos para niveles más exigentes de producción y de prestación de servicios. 

Para más de la mitad de los países de América Latina, la interacción en un mundo de mayor complejidad económica está muy distante. Para aquellos que han mostrado niveles discretos de mejoras, las exigencias se harán mayores si decrece el crecimiento mundial y se sustituyen mercados con nuevas tecnologías o con arreglos productivos en otras áreas del mundo como Asia y África. Esto implica que los acuerdos de gobiernos, sectores productivos, universidades, para promover economías de mayor complejidad, es una tarea de primer orden, son pena de que la región no pueda generar los nuevos espacios productivos que facilita el avance de las tecnologías y la sociedad del conocimiento. Pareciera que al ritmo actual, aumentar “la cantidad de ciencia” de la cual hablaba Adam Smith, será inviable en la mayor parte de la región.

Politemas, Tal Cual, 8 de mayo de 2019