El silencio de Lula ante el desarrollo sostenible

La relevancia de Brasil en el contexto internacional es un hecho incontrovertible. Tanto por la significación política que proviene de ser uno de los países más grandes y poblados del mundo, como por la inmensa importancia para el equilibrio ambiental global. De manera que la visión y acciones de los gobiernos brasileños, para bien o para mal, pueden tener influencia en otros ámbitos, especialmente en otros países de América Latina.

El inicio del nuevo gobierno en Brasil, encabezado por el presidente Lula, a principios de este año, era una buena oportunidad para establecer las líneas de la gestión, y enmarcarlas en el espacio más amplio del desarrollo internacional. Y dentro de esta perspectiva, en principio, no existe mayor reto que alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030. El discurso de toma de posesión del presidente Lula era un momento ideal para indicar los lineamientos de las políticas del nuevo gobierno brasileño sobre el desarrollo sostenible,

Lo cierto del caso es que el presidente Lula no mencionó ni siquiera una vez al desarrollo sostenible en su discurso de toma de posesión. Tampoco señaló ningún comentario sobre los ODS. Vale preguntarse sobre las razones para que uno de los países con mayor presencia internacional de América Latina opte por el silencio (al menos de su presidente) ante un tema de la envergadura actual y futura como el desarrollo sostenible.

Una primera hipótesis es que los asesores del presidente Lula decidieron no incorporar el tema en el discurso inaugural. Es poco probable que esta exclusión se debiera a desconocimiento. Un tema de esta importancia forma parte de los conceptos y prácticas de una burocracia tan experimentada como la brasileña. Quizás más bien se debe a que no se consideró que era conveniente vincular la gestión del gobierno al cumplimiento de los ODS. Porque eso implicaba establecer metas concretas para el período de la gestión del presidente Lula. Obviamente, esto significaba comprometerse ante la opinión pública nacional e internacional. Resultaba más flexible no vincular la gestión con estos objetivos tan específicos. La segunda hipótesis es que estas menciones fueran inicialmente incluidas por el equipo de asesores, y que el presidente Lula decidiera eliminarlas de su discurso, por las mismas razones señaladas. Lo cierto del caso, en cualquiera de las opciones, es que el resultado final fue la exclusión de las menciones sobre el desarrollo sostenible en el texto del discurso presidencial.

Que el presidente de una nación tan relevante como Brasil comience una gestión sin indicar expresamente su posición sobre el desarrollo sostenible y los ODS no es un evento menor. Más bien es un llamado de atención a la comunidad internacional, y especialmente a la relacionada con la asistencia técnica y financiera multilateral, sobre la real viabilidad que tiene el esfuerzo de casi diez años en promover los ODS a escala global. Tal parece que no solo no se alcanzarán las metas en 2030, sino que ya no existen los consensos, al menos en países tan representativos como Brasil para impulsar las políticas públicas necesarias para cumplir con los ODS. Podría ser que los ODS han quedado como simple retórica, cada día más en desuso, sin mayores implicaciones para la vida concreta y angustiosa que llevan millones de latinoamericanos. El silencio del presidente Lula ha resultado ensordecedor.

Politemas, Tal Cual, 26 de abril de 2023

Los desconocidos presupuestos públicos

Cada año los órganos legislativos de los países toman decisiones sobre los recursos públicos que se utilizarán. Para ello se aprueban las leyes de presupuesto de los gobiernos nacionales. Las implicaciones de estas leyes abarcan desde la política fiscal hasta las inversiones específicas en los servicios sociales o en infraestructura, entre otros aspectos. De acuerdo con los montos y características de los gastos públicos presupuestados, múltiples actores, tanto nacionales como internacionales, pueden definir escenarios para sus propias decisiones. Es, sin dudas, la decisión más importante que toman los órganos que representan a las sociedades de los países.

De acuerdo con la relevancia de las leyes de presupuesto, se debería tener la mayor cantidad y calidad de información disponible para ser utilizada por la diversidad de instituciones de las sociedades. De esta manera se podría realizar el seguimiento de la pertinencia e impacto de las inversiones públicas. Y, en estas condiciones, se tendrían opiniones fundamentadas para la discusión presupuestaria del año siguiente.

Lamentablemente, lo anterior es solamente teoría. Muy diferente es la situación cuando se explora la disponibilidad de información sobre los presupuestos públicos. Tomemos, solo como ejemplo, a cinco de los países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, y Venezuela). En estos países el gasto del gobierno representa en promedio cerca del 30% del PIB.

Lo deseable es que la información sobre el presupuesto esté disponible en los sitios web de los ministerios relacionados con la economía y las finanzas públicas. En tres países (Bolivia, Ecuador, y Venezuela) no se encuentra la información sobre el presupuesto del año 2023 (en Venezuela el último presupuesto corresponde al año 2016). En Colombia y Perú si es posible conocer el presupuesto de 2023, incluso con la ejecución de estos recursos en los primeros meses del año. Sin embargo, en estos dos últimos países la utilización de los datos está limitada por lo engorroso que resulta su manejo.

Las dificultades para el seguimiento de la ejecución presupuestaria en los países, afecta la transparencia que debe caracterizar la asignación de los recursos públicos. Y, en consecuencia, impide que las organizaciones de la sociedad puedan intercambiar sobre la implementación de las políticas públicas, especialmente cuando existen compromisos de los países en alcanzar metas de desarrollo (por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030).

También es bastante claro que facilitar la información para el seguimiento de los presupuestos no es un problema de recursos tecnológicos o de información. Es más bien una ausencia de real vocación por incorporar a los ciudadanos en las tareas relacionadas con las políticas públicas. Si hubiera una mayor preocupación para favorecer la participación ciudadana, se podrían generar mejoras sustantivas en la calidad de estas políticas públicas. Que la información sobre los presupuestos nacionales no sea un bien público, es una restricción sustantiva para el desarrollo sostenible en América Latina.

Politemas, Tal Cual, 19 de abril de 2023

Malas perspectivas para los ODS en AL y el Caribe

Entre el 25 y 28 de abril, en poco menos de dos semanas, se celebrará la VI reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible en la sede de la Cepal en Santiago de Chile. En esta reunión se pasará revista a la evolución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030.

En anticipación a esta reunión, Naciones Unidas ha preparado un avance regional con el análisis de la situación de los ODS. En este avance se indica que solamente el 32% de las metas para América Latina y el Caribe tiene un pronóstico promisorio y positivo. En el 46% de las metas se necesita una aceleración de la tendencia para alcanzarlas en 2030. En el 22% de las metas se debe revertir el estancamiento. Esta evaluación se refiere al conjunto de América Latina y el Caribe, no a países por separado, lo cual podría estar disponible más adelante, quizás para el momento que se inaugure la reunión del Foro.

Quizás una reflexión que podrían hacer los representantes de los países, es la ausencia de explicitación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se aprecia en las prioridades de los liderazgos políticos, y de los gobiernos. Es poco probable que los países puedan alcanzar las metas sin que los liderazgos políticos, vale decir, los presidentes y ministros, asuman la importancia de los ODS, pero más importante, que sean capaces de liderar los cambios institucionales y de asignación de recursos públicos. Es decir, el cumplimiento de las metas no es un evento azaroso, sin planificación. Todo lo contrario, alcanzar las metas supone un esfuerzo riguroso y sistemático por muchos años. Los países que ya han alcanzado estas metas han desarrollado también políticas adecuadas en los años precedentes.

Otra reflexión que puede ocupar la atención de los representantes de los países, es la revisión de las pautas por las cuales se vinculan los acuerdos internacionales con la intricada cadena de mecanismos que abarcan desde el diseño de políticas y programas, hasta la evaluación de políticas. El hecho de que, transcurridos ocho años desde la aprobación de los ODS, todavía los resultados muestren tan bajo desempeño, es indicativo de las limitaciones en los procesos de toma de decisiones públicas que afectan a los gobiernos de la región.

Es bastante probable que, en el examen de estas severas restricciones de los gobiernos, también se detengan los representantes de los países en las extraordinarias debilidades de los sistemas de información relacionados con los ODS. En la gran mayoría de los países los datos más recientes corresponden a dos o tres años atrás. Por ejemplo, de la calidad educativa, seguridad alimentaria,o de la protección financiera de salud. Es decir, son prácticamente irrelevantes para la toma de decisiones. Ojalá que los gobiernos de los países, con la cooperación de las agencias técnicas internacionales y los organismos financieros, acuerden el diseño de sistemas de información que permitan el seguimiento lo más periódico posible de los ODS. Es muy previsible que estos nuevos sistemas de información representen innovaciones sustanciales para las prácticas actuales en los países.

Es evidente, al menos por los análisis de los organismos internacionales, que existe una extraordinaria brecha entre la pertinencia de los ODS y los resultados que se pueden pronosticar en el momento actual. También son evidentes las notorias restricciones de los liderazgos políticos de la región para enfrentar estratégicamente los ODS. Las consecuencias en el bienestar de millones de ciudadanos de la región también son incontestables.

Politemas, Tal Cual, 12 de abril de 2023

Lecciones de la reunión entre Deng Xiaoping y McNamara

En abril de 1980, según nos cuenta Ezra Vogel en su notable biografía sobre Deng Xiaoping, se produjo una reunión que resultó muy provechosa para China. En pleno control del gobierno de China, Deng Xiaoping estaba dedicado a impulsar los cambios que se requerían para la modernización. Ya se había producido el reemplazo de Taiwán por China como miembro del Banco Mundial. El presidente del Banco Mundial, Robert McNamara, había declarado que el Banco Mundial no podía ser tal sin la incorporación plena de China.

La reunión citada fue entre Deng Xiaoping y McNamara, con el propósito de acelerar el inicio de actividades y proyectos entre China y el Banco Mundial. Señala Vogel que McNamara había resistido presiones del gobierno de Estados Unidos para retrasar el ingreso de China. La insistencia de McNamara para apurar las gestiones causó una buena impresión en el liderazgo chino, con lo cual aumentó la confianza en el Banco Mundial como organismo de cooperación.

Deng le manifestó a McNamara que le interesaba más el Banco Mundial por las ideas que podía facilitar a China que por el monto de los recursos que le pudiera prestar. Deng también argumentó a McNamara que la modernización de China era inevitable, y que el Banco Mundial podía acelerar este proceso. Un mes después de esta reunión, exactamente el 15 de mayo de 1980, se produjo el voto aprobatorio de China como miembro del Banco Mundial.

La directa petición de Deng a McNamara es evidencia de la reflexión previa que se había elaborado en China sobre las alternativas de políticas para llevar a cabo la modernización. El Banco Mundial era, para ese momento, una institución que podía facilitar el conocimiento que requería China para reducir las brechas de desarrollo con las economías avanzadas. Tal era la importancia de la relación con el Banco Mundial, que Deng le indicó a McNamara que no tenía ninguna preferencia por la persona que asumiera la representación del banco en China, siempre y cuando fuera la mejor para el cargo.

Dado que no existían antecedentes de operaciones del Banco Mundial en China, era prioritario obtener rápidamente el mejor conocimiento posible. Para ello, el Banco Mundial envió en octubre de 1980 un equipo de 30 expertos que permanecieron en el país por tres meses para realizar un estudio detallado que permitiera identificar las políticas requeridas para las futuras operaciones del Banco Mundial. Este equipo de expertos estaba compuesto por especialistas de renombre mundial en distintas áreas del desarrollo de China. Un equipo contraparte de estos especialistas fue designado por el gobierno chino. El estudio resultante fue el más grande realizado por el Banco Mundial para la fecha. Los tres volúmenes del estudio estuvieron disponibles en marzo de 1981, y aprobados tres meses después por el directorio del Banco Mundial.

El énfasis de Deng por los nuevos requerimientos de formación en China, explica que el primer apoyo negociado con el Banco Mundial fue para una asistencia técnica en educación superior. También se iniciaron, con el patrocinio del Banco Mundial, diversos programas de formación para especialistas chinos en temas económicos, entre ellos uno con la Universidad de Oxford de un año de duración. Entre 1985 y 1995, cerca de 70 economistas chinos fueron formados en este programa, muchos de ellos tuvieron responsabilidades importantes en la gestión de la economía en los años subsiguientes.

Deng Xiaoping tenía muy clara la solicitud que le debía hacer a McNamara. Fundamentalmente porque Deng había meditado intensamente la estrategia de desarrollo para China y sabía que el Banco Mundial podía tener respuestas a sus preguntas. Y cuando se presentó la oportunidad lo expresó contundentemente. Le interesaba el Banco Mundial por las ideas que pudiera tener o por aquellas que pudiera contribuir a formular, no tanto por el monto de los recursos. Buenas lecciones para los gobernantes actuales o futuros de América Latina. Hay que saber lo que se quiere, y para ello hay que invertir tiempo y recursos en elaborar los requerimientos. El grado de desarrollo de China en las últimas décadas demuestra que vale la pena pensar primero. Y luego buscar a aquellos que pueden ayudar para que las ideas se conviertan en realidad. Definitivamente, no hay sustituto para imaginar primero.

Politemas, Tal Cual, 29 de marzo de 2023

Sin mediciones no habrá protección financiera de la salud

En 2030, de acuerdo con lo estipulado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), no debe existir en ningún país un hogar en situación de gasto catastrófico en salud. Esto significa que en ningún hogar se debe pagar, con cargo a los ingresos mensuales de sus miembros, más del 10% en gastos de salud. En otras palabras, el gasto de bolsillo de los hogares no puede sobrepasar cada mes el 10% de los ingresos. Entonces, el gasto catastrófico en 2030 debería ser 0% en todos los países (ningún hogar gastaría más de 10% en salud de su bolsillo).

Este objetivo (conocido también como 3.8 de los ODS) tiene una importancia fundamental. Si no se garantiza que cada hogar esté protegido financieramente, obviamente no se puede esperar que las personas de ese hogar reciban la cantidad y calidad de los servicios de salud requeridos. Tan sencillo como eso. De manera que la protección financiera, es decir, que no exista gasto catastrófico en los niveles señalados, se convierte en un objetivo de políticas de salud de la mayor envergadura. De no cumplirse, no hay forma de que los ciudadanos obtengan las prestaciones de salud para tener una vida sana y productiva. La experiencia comparada señala que sólo fortaleciendo las fuentes públicas de financiamiento es posible alcanzar la mayor protección financiera y el mayor acceso a los servicios de salud.

Uno supone que un objetivo de tal importancia debería ser monitoreado periódicamente. Esto es, que las sociedades de cada país tuvieran acceso regular a la información necesaria para saber si se acercan al 0% de gasto catastrófico. La realidad, sin embargo, demuestra que no es tan fácil. La última información disponible para comparaciones internacionales del gasto catastrófico se encuentra en un informe conjunto de la OMS y el Banco Mundial publicado el 12 de diciembre de 2021. Este informe se publica cada dos años. Es decir, el próximo informe se publicará a finales del año en curso. No resulta muy compatible con la importancia de esta medición, que solo se pueda conocer cada dos años. Es demasiado tiempo para saber si las políticas de protección financiera en salud tienen impacto. Y, por supuesto, tomará más tiempo para implementar los correctivos. Mientras eso pasa, millones de personas pueden estar afectadas seriamente en el acceso a la protección financiera y a los servicios de salud.

Más impactante resulta cuando se revisan las cifras disponibles en el último informe señalado. En América Latina los países con mediciones más “recientes” de gasto catastrófico son Bolivia y Perú. Esas mediciones son del año 2019 (es decir, son mediciones pre-pandémicas), son casi obsoletas desde la perspectiva de diseño de políticas de salud. En Bolivia, de acuerdo con esa medición de 2019, el porcentaje de gasto catastrófico es 4,6; mientras que en Perú es 8,4 (ambas cifras muy superiores al 0% requerido, y sin contar los efectos de la pandemia). El extremo de la región es Honduras con la última medición reportada en 2004 (hace casi 20 años). Países como Paraguay, El Salvador, Guatemala, y Nicaragua, no tienen mediciones desde hace 10 años. Cuba y Venezuela ni siquiera tienen una medición en ese informe. Es muy directo suponer que, con mediciones tan desactualizadas, la calidad de las políticas de salud debe ser también muy limitada.

Uno también imagina que, en contextos de mayor institucionalidad para las políticas públicas, por ejemplo, en la Unión Europea, las mediciones de un indicador de esta relevancia deberían ser más regulares. Lamentablemente, no es así. El país de la Unión Europea con la medición más “reciente” de gasto catastrófico, en el informe señalado, es España en 2019 (correspondiente a 7,9% de la población). Hay países como Austria y Suecia que tienen más de 20 años sin mediciones de gasto catastrófico (reportada en el informe citado). Sólo cuatro países de la Unión Europea (España, Eslovenia, Bulgaria, y Chipre) tienen mediciones de gasto catastrófico en salud en los últimos cinco años. En los casos de Bulgaria y Chipre más del 20% de la población estaba en situación de gasto catastrófico para el momento de la medición. Tomando en cuenta los efectos de la pandemia es bastante evidente que la única forma de saber la magnitud de la población que está fuera de la protección financiera en los países de la Unión Europea es realizando mediciones. Si se han realizado estas mediciones y no están disponibles para comparaciones internacional es una cosa, más serio es que no se hayan realizado. Lamentablemente sólo lo sabremos a finales de este año cuando se publique el nuevo reporte de OMS y el Banco Mundial.

Ante esta ausencia notable de mediciones, una gran pregunta es si efectivamente es un objetivo asumido por los gobiernos que los países alcancen el nivel de 0% de gasto catastrófico requerido para 2030. No pareciera muy claro. Y esta situación abarca a áreas tan diferentes institucionalmente como América Latina y la Unión Europea. Se impone entonces una profunda reflexión sobre estas perspectivas, por una parte, y por la otra, la generación de mediciones regulares de gasto catastrófico. Solo con mediciones mensuales, obtenidas a través de sistemas de “tracking” basados en encuestas de hogares por muestreo, pueden los gobiernos conocer las variaciones en la población afectada por el gasto catastrófico, y diseñar y ejecutar las políticas adecuadas para lograr la meta de 0% en 2030. De lo contrario, las magnitudes de la desprotección financiera serán desconocidas, con terribles consecuencias para los cientos de millones de hogares en la región. La cooperación de gobiernos, sectores privados, organismos de cooperación internacional, puede ser de extraordinaria significación en esta tarea. Se requiere medir, actuar, volver a medir, volver a actuar. Sin cesar.

Politemas, Tal Cual, 22 de marzo de 2023