La “hora de la igualdad” es el término que utiliza la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), para llamar la atención sobre las diferencias en el acceso a beneficios sociales fundamentales. La desigualdad en la atención a la salud, a la educación, o en la garantía de pensiones adecuadas, afecta a decenas de millones de familias a lo largo de la Región. Esa es la razón por la cual la mortalidad materna, la deserción y la baja escolaridad, así como el limitado acceso a empleos de calidad y pensiones, siguen afectando a los estratos de la población con menores recursos y oportunidades. Reducir las desigualdades, por consiguiente, es clave para enfrentar los grandes retos del desarrollo.
Ahora bien, las alternativas contra la desigualdad pasan por superar las nociones de mera redistribución. Es por ello que existe un consenso cada vez más creciente, y ratificado por Cepal, sobre algunas precondiciones para enfrentar la desigualdad. Estas precondiciones incluyen, en primer lugar, las políticas económicas orientadas al crecimiento. No puede haber recursos para atender las diferencias si las economías no crecen de manera sostenida y a altas tasas. Pero tampoco se trata de cualquier tipo de crecimiento. Debe haber creación de valor y ello supone incorporar políticas que promuevan la productividad y la innovación. Se impone crecer con calidad. Y además, que ese crecimiento no promueva a su vez desequilibrios territoriales. Y todo lo anterior como contexto de políticas que prioricen la creación de empleos de las mejores condiciones.
Al menos seis grandes desigualdades deben enfrentarse paralelamente. La primera es aquella que deriva de las condiciones socio-económicas (ingreso, nivel educativo) que impiden el acceso a servicios básicos como salud o educación. Para ello la experiencia ha demostrado que es posible realizar transferencias condicionadas, es decir, recursos en efectivo que vayan a las familias que mantengan a sus niños en las escuelas, que acudan a los servicios de salud, y que asistan a centros de reentrenamiento laboral. Vinculado a ello está la promoción de redes de servicios que amplíen el acceso de los servicios sociales.
Las siguientes desigualdades son las relacionadas con el acceso a las pensiones, a los servicios de salud, a la educación preescolar y a la educación secundaria. En el caso de las pensiones, se debe garantizar la cobertura especialmente para aquellos que no hayan contribuido, pero también las mejoras de los actuales sistemas. En los servicios de salud es fundamental garantizar la cobertura universal a través del uso de los recursos fiscales y sin imponer nuevas cargas a las familias o a las personas. Para la educación preescolar se impone la ampliación de cobertura y una vinculación más estrecha con la educación básica. En la educación secundaria, la cobertura debe estar vinculada con la posibilidad de inserción en el mercado laboral.
Las brechas señaladas pueden disminuir si existe un esfuerzo concertado de toda la sociedad. Las prioridades que se establezcan, así como los recursos que se deriven del cumplimiento de las precondiciones, son fundamentales para que en la próxima generación tengamos en la Región menos brechas, más opciones, más oportunidades para todos.
Ahora bien, las alternativas contra la desigualdad pasan por superar las nociones de mera redistribución. Es por ello que existe un consenso cada vez más creciente, y ratificado por Cepal, sobre algunas precondiciones para enfrentar la desigualdad. Estas precondiciones incluyen, en primer lugar, las políticas económicas orientadas al crecimiento. No puede haber recursos para atender las diferencias si las economías no crecen de manera sostenida y a altas tasas. Pero tampoco se trata de cualquier tipo de crecimiento. Debe haber creación de valor y ello supone incorporar políticas que promuevan la productividad y la innovación. Se impone crecer con calidad. Y además, que ese crecimiento no promueva a su vez desequilibrios territoriales. Y todo lo anterior como contexto de políticas que prioricen la creación de empleos de las mejores condiciones.
Al menos seis grandes desigualdades deben enfrentarse paralelamente. La primera es aquella que deriva de las condiciones socio-económicas (ingreso, nivel educativo) que impiden el acceso a servicios básicos como salud o educación. Para ello la experiencia ha demostrado que es posible realizar transferencias condicionadas, es decir, recursos en efectivo que vayan a las familias que mantengan a sus niños en las escuelas, que acudan a los servicios de salud, y que asistan a centros de reentrenamiento laboral. Vinculado a ello está la promoción de redes de servicios que amplíen el acceso de los servicios sociales.
Las siguientes desigualdades son las relacionadas con el acceso a las pensiones, a los servicios de salud, a la educación preescolar y a la educación secundaria. En el caso de las pensiones, se debe garantizar la cobertura especialmente para aquellos que no hayan contribuido, pero también las mejoras de los actuales sistemas. En los servicios de salud es fundamental garantizar la cobertura universal a través del uso de los recursos fiscales y sin imponer nuevas cargas a las familias o a las personas. Para la educación preescolar se impone la ampliación de cobertura y una vinculación más estrecha con la educación básica. En la educación secundaria, la cobertura debe estar vinculada con la posibilidad de inserción en el mercado laboral.
Las brechas señaladas pueden disminuir si existe un esfuerzo concertado de toda la sociedad. Las prioridades que se establezcan, así como los recursos que se deriven del cumplimiento de las precondiciones, son fundamentales para que en la próxima generación tengamos en la Región menos brechas, más opciones, más oportunidades para todos.
Columna de Acuerdo Social, Últimas Noticias, 14 de agosto de 2011
No hay comentarios:
Publicar un comentario