En 1998 muchos venezolanos votaron por el actual gobierno porque aceptaron la propuesta de una nueva Constitución. Se hizo ver que todos nuestros males derivaban del anacronismo de la Constitución de 1961. Poco se reparó que tal texto constitucional ha sido el de mayor vigencia en nuestra historia republicana. Durante el período de esa constitución, el país se consolidó como democracia y permitió el ejercicio del poder dentro del respeto a las formas y principios del estado de Derecho. Hay que resaltar que no todo fue perfecto. Que muchas de las disposiciones de la Constitución de 1961 (nada más citar la reelección a los diez años), no eran consistentes con las demandas de mayor democracia.
El actual presidente aprovechó la coyuntura. Convirtió a la Constitución de 1961 en el enemigo a vencer. Y con ella a todo el andamiaje del maltrecho orden político de la época. En su toma de posesión marcó la pauta. La llamó “moribunda”. Y allí la sentenció. Con la complacencia de los poderes de la época, se aprobó la posibilidad de elaborar una nueva constitución. Y así fue, en diciembre de 1999 el país aprobó la actual constitución a través del referéndum respectivo. Pocos días después se aprobó la designación de los poderes públicos a través de procedimientos que no estaban en el texto recién salido de los votos de los venezolanos. La Constitución de 1999 duró poco en realidad.
A partir de esa primera arremetida contra la Constitución, el gobierno actual ha ido progresivamente cercando a democracia venezolana. Baste nombrar las violaciones a los derechos humanos, las promesas incumplidas en los beneficios sociales, la eliminación del Estado Federal descentralizado, la ausencia de cumplimiento de las disposiciones en materia de aprobación de las leyes estipuladas en la Constitución. Sistemáticamente el actual gobierno convirtió la Constitución en un enunciado de artículos sin mayor relación con la realidad. La Constitución se fue convirtiendo en un estorbo para los excesos del actual gobierno.
Y así llegamos al episodio más reciente. El Presidente acude a la Asamblea Nacional a pedir permiso para ausentarse del país por tiempo no establecido, para cumplir tratamiento médico. No se explica a la Asamblea Nacional la naturaleza exacta de la enfermedad. Lo que es evidente es que la ausencia del Presidente no es para representar al Estado y al gobierno en un foro internacional o en una gestión ante otros países. La falta temporal debe conducir a que se encargue el Vice-Presidente. Todos los mecanismos señalados en la Constitución casos quedan a un lado. El gobierno ha impuesto su parecer, aprovechando la docilidad de la representación parlamentaria oficial. La Constitución es todavía menos la norma de orden y civilidad. Es una constitución a la intemperie.
El actual presidente aprovechó la coyuntura. Convirtió a la Constitución de 1961 en el enemigo a vencer. Y con ella a todo el andamiaje del maltrecho orden político de la época. En su toma de posesión marcó la pauta. La llamó “moribunda”. Y allí la sentenció. Con la complacencia de los poderes de la época, se aprobó la posibilidad de elaborar una nueva constitución. Y así fue, en diciembre de 1999 el país aprobó la actual constitución a través del referéndum respectivo. Pocos días después se aprobó la designación de los poderes públicos a través de procedimientos que no estaban en el texto recién salido de los votos de los venezolanos. La Constitución de 1999 duró poco en realidad.
A partir de esa primera arremetida contra la Constitución, el gobierno actual ha ido progresivamente cercando a democracia venezolana. Baste nombrar las violaciones a los derechos humanos, las promesas incumplidas en los beneficios sociales, la eliminación del Estado Federal descentralizado, la ausencia de cumplimiento de las disposiciones en materia de aprobación de las leyes estipuladas en la Constitución. Sistemáticamente el actual gobierno convirtió la Constitución en un enunciado de artículos sin mayor relación con la realidad. La Constitución se fue convirtiendo en un estorbo para los excesos del actual gobierno.
Y así llegamos al episodio más reciente. El Presidente acude a la Asamblea Nacional a pedir permiso para ausentarse del país por tiempo no establecido, para cumplir tratamiento médico. No se explica a la Asamblea Nacional la naturaleza exacta de la enfermedad. Lo que es evidente es que la ausencia del Presidente no es para representar al Estado y al gobierno en un foro internacional o en una gestión ante otros países. La falta temporal debe conducir a que se encargue el Vice-Presidente. Todos los mecanismos señalados en la Constitución casos quedan a un lado. El gobierno ha impuesto su parecer, aprovechando la docilidad de la representación parlamentaria oficial. La Constitución es todavía menos la norma de orden y civilidad. Es una constitución a la intemperie.
Politemas, Tal Cual, 20 de julio de 2011
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