A pocos días de conocerse que tres personas murieron en una de las sedes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), en condiciones absolutamente inaceptables en una sociedad democrática respetuosa de los derechos humanos, se reúne en El Salvador la Asamblea General de la OEA. El tema seleccionado es el problema público más importante en muchos países de la región: el auge incontrolado de la violencia, y su efecto en la vida y bienes de millones de habitantes.
La declaración de la OEA expresa las posiciones de los gobiernos de los países signatarios. En primer lugar, se establece que la lucha contra la violencia es una prioridad en la atención de los gobiernos. Y que esa prioridad debe llevarse a la práctica en el marco de la democracia y en el pleno ejercicio de la vigencia de los derechos humanos. También acuerdan los gobiernos que la lucha contra la violencia, a través de políticas de seguridad pública, debe dirigirse a las causas. Es decir, no basta atender los efectos, hay que ir al fondo de la generación del problema.
En la lucha contra la inseguridad, ratifican los gobiernos, es fundamental centrar la atención en los individuos. Esto es, promover comunidades más seguras, sostenibles y coherentes. Para que la atención a las familias y las personas sea directa, efectiva, garantizando la reducción de los riesgos para sus vidas y sus bienes. También la declaración ratifica que estas políticas requieren la participación de múltiples actores: los individuos organizados, los gobiernos de todos los niveles, la sociedad civil, los medios de comunicación, las universidades, el sector privado. O participamos todos, o sufrimos todos las consecuencias.
También indica la declaración que se debe fortalecer al Estado para que cuente con políticas públicas de largo plazo, que atiendan las condiciones de los grupos de mayor riesgo. Debe ser un Estado capaz de garantizar derechos, a través de los múltiples canales institucionales que requiere un problema de esta complejidad. Y dentro de ello debe tener especial importancia la prevención, rehabilitación y reinserción social, de manera que la atención del problema sea lo más integral posible. Al mismo tiempo se señala que las políticas públicas educativas deben promover la cultura que permita la eliminación de la violencia en las familias.
Para alcanzar lo anterior se requieren políticas que promuevan el acceso universal a la justicia, y a toda la protección de un sistema penal efectivo y confiable. La declaración lo deja bien establecido, así como la promoción de sistemas penitenciarios basados en el respeto a la persona humana y a los derechos humanos.
La declaración señala todas las acciones que se deben ejecutar en los países para que se reduzca la violencia, la inseguridad y la delincuencia. Cada una de ellas indica una amplia área de tareas que deben realizarse. La responsabilidad de los gobiernos es fundamental. Muchas de estas acciones requieren compromisos de gran aliento, sostenibles, efectivos.
El auge de la violencia en Venezuela, expresado en el aumento de las tasas de homicidios, y otros delitos contra personas y bienes, deja muy claro que las recomendaciones de la OEA no son la guía de las políticas en el área en nuestro país. Sin embargo, el gobierno la firmará. Evidencia muy clara de que una cosa es lo que se firma y otra lo que se cumple.
Columna de Acuerdo Social, Últimas Noticias, 12 de junio de 2011
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