Durante casi cinco años la “revolución” ha tenido un parlamento monocolor. Existe un gran convencimiento de que el retiro de las fuerzas democráticas en las elecciones de diciembre de 2005 fue una pésima decisión. La consecuencia fue la elección de una Asamblea Nacional absolutamente sumisa ante los designios del Poder Ejecutivo. Tal distorsión se ha convertido en uno de las principales amenazas para la calidad de vida de los venezolanos. Algunos aspectos merecen citarse.
El primer rasgo en el que se manifiesta el sometimiento de la Asamblea es la ausencia de control político del gobierno y de la administración pública. La Asamblea Nacional no se preocupó un ápice por el seguimiento de la acción del gobierno. Los resultados están a la vista. Nada más con el triste episodio de la comida podrida, están las evidencias de la ausencia de supervisión de la inmensa cantidad de ente públicos involucrados. No se ha oído de alguna interpelación, de alguna investigación dirigida a establecer responsabilidades. La Asamblea es un órgano incapaz de tener ante el Ejecutivo otra actitud que no sea la de obedecer y callar.
El segundo aspecto de la ausencia de autonomía legislativa está relacionado con las funciones inherentes al presupuesto público. Es función de la Asamblea discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley relacionado con el régimen tributario y el crédito público. No se entiende entonces cómo la Asamblea, durante este período, ha aprobado sin modificaciones los presupuestos enviados por el Ejecutivo. Es un caso único en la historia del país: un parlamento sin capacidad crítica e iniciativa para realizar propuestas en el manejo de los recursos públicos. La consecuencia es también notoria. La cantidad de proyectos e iniciativas que no han debido merecer la aprobación legislativa debe ser monumental. Todo ello redunda en la vida concreta de los ciudadanos: menor calidad de las políticas que tienen que ver con sus problemas cotidianos.
La Asamblea Nacional tiene competencias para aprobar el plan de desarrollo económico y social de la Nación. En este caso la propuesta del Ejecutivo vulneraba aspectos centrales de la Constitución, especialmente cuando muchos de ellos fueron rechazados en la votación por la reforma a finales del 2007. La Asamblea, nuevamente obediente y disciplinada, aprobó el Plan sin ninguna modificación. Finalmente, la Asamblea ha sido más que obediente en la aprobación de contratos de interés nacional, especialmente con gobiernos y empresas extranjeras, que han lesionado nuestra soberanía.
La Asamblea Nacional actual ha estado sometida al poder de la “revolución”. La importancia del 26S radica justamente en la posibilidad de contar con una Asamblea cuyo centro de acción sean los problemas concretos de los venezolanos.
El primer rasgo en el que se manifiesta el sometimiento de la Asamblea es la ausencia de control político del gobierno y de la administración pública. La Asamblea Nacional no se preocupó un ápice por el seguimiento de la acción del gobierno. Los resultados están a la vista. Nada más con el triste episodio de la comida podrida, están las evidencias de la ausencia de supervisión de la inmensa cantidad de ente públicos involucrados. No se ha oído de alguna interpelación, de alguna investigación dirigida a establecer responsabilidades. La Asamblea es un órgano incapaz de tener ante el Ejecutivo otra actitud que no sea la de obedecer y callar.
El segundo aspecto de la ausencia de autonomía legislativa está relacionado con las funciones inherentes al presupuesto público. Es función de la Asamblea discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley relacionado con el régimen tributario y el crédito público. No se entiende entonces cómo la Asamblea, durante este período, ha aprobado sin modificaciones los presupuestos enviados por el Ejecutivo. Es un caso único en la historia del país: un parlamento sin capacidad crítica e iniciativa para realizar propuestas en el manejo de los recursos públicos. La consecuencia es también notoria. La cantidad de proyectos e iniciativas que no han debido merecer la aprobación legislativa debe ser monumental. Todo ello redunda en la vida concreta de los ciudadanos: menor calidad de las políticas que tienen que ver con sus problemas cotidianos.
La Asamblea Nacional tiene competencias para aprobar el plan de desarrollo económico y social de la Nación. En este caso la propuesta del Ejecutivo vulneraba aspectos centrales de la Constitución, especialmente cuando muchos de ellos fueron rechazados en la votación por la reforma a finales del 2007. La Asamblea, nuevamente obediente y disciplinada, aprobó el Plan sin ninguna modificación. Finalmente, la Asamblea ha sido más que obediente en la aprobación de contratos de interés nacional, especialmente con gobiernos y empresas extranjeras, que han lesionado nuestra soberanía.
La Asamblea Nacional actual ha estado sometida al poder de la “revolución”. La importancia del 26S radica justamente en la posibilidad de contar con una Asamblea cuyo centro de acción sean los problemas concretos de los venezolanos.
Politemas, Tal Cual, 14 de julio de 2010
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