Ya el país lo había visto y oído. El presidente Chávez anunció a los cuatro vientos que quería meter preso a Manuel Rosales. “Te voy a meter preso, Rosales”. A las pocas semanas ya se conoce que el Presidente hablaba en serio.
El presidente Chávez sabe que la Primera Magistratura no tiene entre sus funciones administrar justicia. También sabe que no fue electo como juez, ni como legislador. Pero el sólo hecho que utilice la tribuna presidencial para amenazar a un ciudadano con meterlo preso, nos indica cuán desequilibrada está nuestra democracia.
El Presidente no tiene contrapesos. Puede utilizar los grandes recursos del Estado para “escarmentar” al adversario político que quiera. Para hacerle sentir que puede descargar todo el peso de la connivencia de poderes. Para colocarlo en minusvalía. Nada de maquillajes, como por ejemplo, que la acusación proviniera exclusivamente de la Fiscalía. No, sencillamente ni las formas se cuidan.
En el caso del alcalde Rosales es evidente la sincronización. Basta la voluntad presidencial para que se genere una secuencia de decisiones en el resto de los poderes públicos. Todas orientadas a satisfacer las demandas presidenciales. Nadie puede pretender que el tratamiento de la investigación se ciña a lo pautado en las leyes y disposiciones. Manuel Rosales se enfrenta, en consecuencia, a una investigación fundamentalmente política.
Si el Presidente de la República, al amparo de la falta de equilibrio de poderes, sustento fundamental del actual gobierno, decide utilizar todos los recursos del Estado para concentrar sus baterías en un adversario político, es porque la política ha dejado de ser, desde la perspectiva oficial, un acto colectivo. Lo que ahora resulta determinante es la intención individual, la oportunidad para cobrar cuentas, la utilización del poder para la revancha. Todos estos son signos de involución en el manejo del poder. Mientras más se utilice el poder para que el gobernante imponga su voluntad, sin ninguna cortapisa, ningún ciudadano está a salvo, ni siquiera los que de buena intención apoyan el “proceso”.
Lo que el Presidente quiere combatir es la disidencia. Es la política como reducción del adversario. No se trata de reconocer y aceptar diferencias. No se trata de entendernos, a pesar de que no se compartan todas las visiones. No se trata de construir acuerdos y reglas de convivencias. Se trata de imponer las posiciones, de que exista una sola voz y una sola obediencia.
La prisión fue durante mucho tiempo la forma de doblegar a los adversarios políticos. Nada más pensemos en la Rotunda gomecista, o en la Guasina de Pérez Jiménez. Enviar a alguien a la cárcel era la mayor demostración de fuerza que podía hacer el dictador de turno. Luego de la cárcel, venía en algunos casos el exilio. Muchos murieron en la cárcel. La madurez democrática desplazó a la cárcel y el exilio con el parlamento, la prensa, el libre debate de las ideas. Nada más pensar que en pleno siglo XXI se quiera volver al uso de la cárcel como mecanismo de lucha política, desdice mucho de la condición democrática de los gobernantes.
Especialmente, porque disentir es un supremo valor de los ciudadanos. Porque la cultura democrática de los venezolanos no acepta al gobernante autoritario, que utiliza las instituciones para satisfacer sus deseos personales. Es por eso, Presidente, que si quiere eliminar la disidencia en Venezuela tendrá que meter presos a millones de venezolanos que lo adversan. Deje de estar amenazando con la cárcel a sus opositores. Simplemente, concéntrese en gobernar para todos.
Politemas, Tal Cual, 25 de marzo de 2009
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