El titular de primera página de “El Nacional” del pasado miércoles expresó lo que todos los venezolanos sufrimos: “el país no tiene políticas contra la violencia”. La conclusión resultaba del análisis del último informe del Observatorio Venezolano de la Violencia comparando las políticas implementadas por Colombia y Venezuela en la última década.
Mientras Colombia ha reducido la tasa de homicidios de 63 por 100.000 habitantes en 1997 a 38 en 2007, Venezuela ha aumentado de 19 por 100.000 a 48 en el mismo período. Mientras Colombia se torna un lugar más seguro, Venezuela experimenta el crecimiento de la violencia.
En Colombia, sin embargo, miran más lejos. Para el año 2019 quieren un país en paz. Tal es una de las metas incluidas en el documento “Visión Colombia II Centenario: 2019”, esfuerzo liderado por el Departamento Nacional de Planeación y sometido a la discusión de todo el país. Los colombianos han concretado uno de los primeros requisitos de las políticas exitosas: formular metas de largo plazo que comprometan a toda la sociedad. En los próximos diez años se aspira que ese documento sea la guía de acción, la manera de satisfacer las aspiraciones de la sociedad colombiana. Digno ejemplo para imitar.
Colombia quiere vivir en paz. Muchos años de enfrentamiento y violencia colocan a la paz como uno de los grandes objetivos nacionales. El éxito en la reducción en la violencia en los últimos años no puede ocultar los problemas que permanecen: la existencia de los grupos armados al margen de la ley (GAML) y sus efectos en la población civil, el narcotráfico y el terrorismo, sólo por citar algunos.
La Política de Defensa y Seguridad Democrática ha significado la reducción de homicidios y de la población desplazada. También se ha priorizado la modernización, profesionalización y aumento neto de la fuerza pública, de 92.000 policías en 1991-1995, se ha pasado a 121.000 en 2004.
Para lograr la paz en 2019 se propone, en primer lugar, la eliminación de los cultivos ilícitos y la producción de estupefacientes, así como reducir su comercialización. Se aspira que en el año 2019 el 100% del territorio quede libre de cultivos ilícitos (en 2005 había 80.350 hectáreas de coca). En segundo lugar, se aspira neutralizar la amenaza terrorista.
La tercera meta es desmovilizar a los alzados en armas. Según la propuesta, se espera que estos grupos se reintegren plenamente a la vida en sociedad. Para el año 2019 se aspira desmovilizar el 100% de los grupos armados al margen de la ley, así como reincorporar el 100% de ellos a la vida civil.
La cuarta meta es superar la situación problemática de los derechos humanos. Para ello se propone reducir la tasa de homicidios a una quinta parte de la que se tenía en 2004, esto es, pasar de 44 homicidios por 100.000 habitantes a 8 homicidios por 100.000 habitantes en el año 2019. También se aspira que en 2019 no se produzcan muertos y heridos por violencia armada y que no existan desplazamientos forzados. En 2019 todos los municipios colombianos deberán tener planes de acción en derechos humanos (actualmente sólo 21,5% de ellos).
Todas estas metas forman parte de la estrategia para lograr la paz. La diversidad de los ámbitos de acción indica que se está enfrentando muchos factores que condicionan y promueven la violencia. Queda muy claro que la lucha por la paz es una tarea de muchos actores y de muchos acuerdos. Si bien es cierto que queda por delante mucho por hacer, no es menos cierto que hay políticas en curso que deberán mantenerse con efectividad para lograr los objetivos. Algo así deberíamos tener en Venezuela.
Politemas, Tal Cual, 25 de junio de 2008
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