Luego de siete años del gobierno del presidente Chávez quedan pocas dudas sobre sus orientaciones fundamentales. El gobierno más largo en casi cien años, con la excepción de la dictadura gomecista, ha demostrado persistentemente sus grandes limitaciones y los severos riesgos que supone su continuación para la convivencia y el desarrollo en Venezuela. En dos frentes están identificadas estas limitaciones y riesgos.
En el frente político es notorio que la administración Chávez ha implementado el mayor retroceso en la capacidad democrática del país. Los canales de participación y acuerdos han sido progresivamente reducidos. La propia convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, en términos de su composición, sirvió para excluir a los adversarios políticos del gobierno. Apenas una semana después de aprobada la Constitución de 1999, se produjo el nombramiento de los Poderes Públicos contraviniendo las normas establecidas.
De esta manera se conformó un sistema sin contrapesos institucionales, con el predominio total por parte del poder Ejecutivo, en un clima de alta concentración del poder en las instancias nacionales. La falta de transparencia del sistema electoral, así como la pérdida de confianza por parte de los ciudadanos, condicionan aún más el clima de escepticismo en grandes sectores de la población. También se constata el debilitamiento de la garantía de los derechos políticos. Las restricciones a la libertad de prensa son un reciente capítulo en este retroceso. La conformación de un parlamento monocolor no deja lugar a equívocos. El gobierno del presidente Chávez es, en esencia, autoritario.
En el frente del bienestar de la gente, el gobierno deja también mucho que desear. A pesar de experimentar un boom petrolero en casi todo el período, la calidad de la vida de los venezolanos no mejora en correspondencia con los recursos y las posibilidades. Gran parte de este desalentador desempeño está vinculado con la incapacidad para generar trabajos decentes. En el septenio solamente se ha creado 60.000 empleos por año en el sector formal. Esto significa apenas el 15% de todos los empleos que se debían haber creado. Al mismo tiempo ha disminuido la cobertura de pensiones y salud para la población trabajadora. Las misiones, más que políticas de protección social, se han convertido en ineficientes programas de asistencia, caracterizados por la discrecionalidad, la exclusión política, y las fallas de diseño. El gobierno ha sido incompetente para crear bienestar, para enfrentar adecuadamente los retos de un país complejo como el nuestro, y para colocar la agenda del empleo productivo como solución permanente al drama de la pobreza.
Hoy contemplamos en el país las consecuencias de un gobierno autoritario e incompetente que ha desarticulado aún más el sistema de convivencia democrática y ciudadana, sin traer soluciones a los problemas de la gente. Esta realidad debe representar un llamado profundo a la conciencia democrática de todos los venezolanos. La manera de enfrentar este autoritarismo incompetente dictará las pautas de nuestra sociedad en los próximos tiempos.
Dos grandes tareas se imponen. En primer lugar, promover una amplia confluencia democrática cuyo objetivos centrales son recuperar el clima de convivencia y fortalecer las instituciones para garantizar el diálogo respetuoso entre todos los sectores del país. Esta confluencia democrática debe ser lo más amplia posible. No debe excluir a ningún sector. El requisito es uno solo: la aceptación sincera de las reglas del juego democrático.
La segunda tarea es alcanzar un acuerdo sobre políticas públicas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de todos los venezolanos. Un acuerdo que coloque el trabajo decente en el centro de nuestra dinámica de desarrollo. Sólo de esta manera será posible contrarrestar el autoritarismo con una democracia amplia, y la incompetencia con el bienestar real. Es hora de acuerdos.
Politemas, Tal Cual, 1 de febrero de 2006
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