Contra ellas no podrán

El gobierno se ha ensañado con las universidades autónomas de Venezuela. No es solamente el atropello institucional, el desprecio de la actual élite gobernante por el mundo universitario. Es también la utilización del poder del gobierno para insultar, denigrar, a todos los miembros de las comunidades de las universidades autónomas. Hasta el punto de agredir verbalmente a las autoridades de estas casas de estudio. 

Tal proceder es absolutamente violatorio de lo establecido en la Constitución de 1999 sobre las universidades. En el artículo 109 se señala que el Estado reconoce la autonomía universitaria como “principio y jerarquía” que favorece la “búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica”. Y todo eso para “beneficio espiritual y material de la Nación”. En ese mismo artículo se reconoce que las universidades autónomas “se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley”. Y más adelante se indica: “se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión”. 

De manera que las conductas del gobierno con respecto a las universidades autónomas lo colocan justamente en contra de lo señalado en la Constitución. Esta actitud no es nueva. De hecho lo que vivimos en estos días es una profundización de una política de agresión sistemática a la universidad venezolana. Tal política tiene su origen en un hecho incontrovertido: las universidades son por excelencia espacios concebidos para todos los ciudadanos. La esencia de la vida universitaria es mirar y actuar para toda la sociedad. La universidad de verdad solo es posible cuando es amplia e incluyente.

Tal visión de la universidad es incompatible para un gobierno con ansias y prácticas totalitarias. La universidad venezolana, con sus demostraciones de diversidad, pluralismo y libertad, es inaceptable para un gobierno que discrimina, que separa, que divide a los venezolanos. Y es menos tolerable que sean instituciones donde se elija democráticamente a sus autoridades. 

Por estas razones es que no hay duda de que las luchas por un país abierto y democrático se dan de manera privilegiada hoy en día en las universidades venezolanas. Que las universidades estén al servicio de todos los venezolanos debe ser una aspiración que congregue a los trabajadores, empresarios, medios de comunicación, organizaciones políticas y sociales, en fin, a todos los medios de participación de los ciudadanos. Universidades abiertas, promotoras de la inclusión, generadoras de conocimiento, son de los mayores bienes públicos que tiene una sociedad democrática. Contra ellas no podrán.

Politemas, Tal Cual, 26 de junio de 2013