La Venezuela de 2005 es un país de paradojas inaceptables. En pleno boom petrolero, con una expansión extraordinaria de los recursos fiscales, el propio gobierno reconoce que aumenta la desnutrición, especialmente la que afecta a los niños. Esto sucede luego de siete años de intentos infructuosos por implementar una política social a la altura de los requerimientos de los venezolanos.
Bajo el título genérico de “Misiones” se incluye un conjunto de programas de protección que han establecido los lineamientos de la actual política social venezolana. Ha quedado demostrado que estos programas intentan replicar en la realidad venezolana las experiencias de la política social de Cuba. Es conveniente profundizar el análisis de estos programas. Iniciamos dicha tarea con esta entrega.
En líneas generales, las Misiones comparten tres características. En primer lugar, estos programas coexisten con una estrategia de desarrollo que no privilegia la creación de trabajos decentes. La inversión que se realiza, especialmente la concentrada en las misiones educativas, no visualiza la incorporación de los beneficiarios en opciones laborales de alta o moderada productividad. En segundo lugar, las Misiones corresponden a asignaciones que no se incorporan al presupuesto público. De hecho, es bastante difícil identificar las fuentes de financiamiento y el seguimiento de su utilización, mucho menos su impacto. Finalmente, las quejas relacionadas con la discriminación de los beneficiarios por razones políticas o de preferencia electoral son bastantes frecuentes en el país. Más que programas de protección social, las Misiones han sido utilizadas en muchos casos como mecanismos de exclusión política y chantaje electoral.
Aparte de las críticas anteriores, también se puede mencionar que la implementación de algunas misiones deja intactos problemas fundamentales de los sectores pobres del país. El caso de MERCAL ilustra claramente esta deficiencia. La aparición de la Misión MERCAL fue determinada por los problemas de abastecimiento que se desencadenaron en el país en el denominado “paro petrolero”. El objetivo de esta misión es: comercializar y mercadear productos alimenticios y otros de primera necesidad para ser colocados al mayor y al detal en centros de venta fijos o móviles.
Lamentablemente la propia información suministrada por el sitio web de MERCAL impide conocer la dimensión exacta de los alimentos comercializados y las operaciones involucradas. Mucho menos los recursos asignados y los procedimientos utilizados. Sin embargo, es claro que la red de servicios se ha extendido. Existe información anecdótica que indica que los usuarios reclaman mayor calidad y mejoras en la infraestructura de los servicios.
Los usuarios de MERCAL deben poseer ingresos para comprar los alimentos ofrecidos. Mucho más tarde, el gobierno se “percató” de que para muchos venezolanos sin ingreso el acceso a MERCAL era imposible. Ante las claras evidencias de que ha empeorado la situación nutricional, se diseñó el Programa Casas de Alimentación bajo la responsabilidad de FUNDAPROAL, también conocido con el nombre de MERCAL Máxima Protección. Sobre la marcha de este programa tampoco existe información.
De manera tal que en el paraíso petrolero de América coexiste una gran disponibilidad de alimentos y recursos para comprarlos, con el aumento de la desnutrición. Las últimas cifras oficiales, provenientes del Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, SISVAN, del año 2004, indican que el 26,8% de los niños entre 7 y 14 años tiene algún grado de desnutrición. En el caso de los niños entre 2 y 6 años la desnutrición afecta al 25,8%. En ambos grupos aumentó la desnutrición entre 2003 y 2004. Es evidente que la erradicación de la desnutrición en el país requiere mucho más que la oferta de alimentos. El gobierno actual ha demostrado que no puede con esta exigencia.
Politemas, Tal Cual, 14 de diciembre de 2005
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