El gobierno del presidente Chávez ha representado el fracaso más estruendoso de la salud en Venezuela desde 1937. Dos razones fundamentan esta aseveración. La primera es su decepcionante desempeño. Ha aumentado la mortalidad infantil desde 2002, la mortalidad materna es 13% superior a la de 1998, tenemos la epidemia de malaria más importante desde que se llevan registros de casos. Para remate, entre 1998 y el año 2003 ha aumentado la mortalidad por diabetes, hipertensión, cáncer, VIH-SIDA, entre otras causas. Todo ello con la mayor inversión en salud en los últimos treinta años, según los responsables oficiales. Triste reconocimiento de ineficiencia.
La segunda razón es que este ha sido el único gobierno desde 1937 que ha tenido la oportunidad de legislar, basado en un marco constitucional, para articular con seriedad las fuentes públicas de financiamiento de la salud. La Constitución de 1999 incorpora esta posibilidad en su artículo 83. Eso requería que el gobierno presentara una propuesta coherente. El gobierno fue incapaz de presentarla. La labor legislativa recayó en la Asamblea Nacional, la cual, a finales del año pasado, aprobó en primera discusión una ley que representaría el atraso más grave del sistema de salud en toda su historia. No sólo no se ha legislado a tiempo, ahora se legislará para volver al pasado.
Ya sabemos que la administración del Presidente Chávez acepta y favorece una de las grandes fallas de esa ley: la anulación del proceso de descentralización de la salud. Lo que fue el silencio de los responsables del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, ha sido sustituido por la anuencia y aceptación. El silencio de algunos gobernadores de estado (tanto oficialistas como de oposición) ha sido sustituido por la obediencia fiel. Otros gobernadores, justamente en los estados donde la descentralización tiene más avances, siguen callando.
La coordinación de la descentralización requiere un gobierno diferente al que tenemos. Un gobierno que sea capaz de integrar, de aceptar diferentes puntos de vista, que promueva el diálogo y el encuentro. Que sepa jugar en equipo y sometido a la discusión permanente. Ante esa tarea para la cual no está dotado, el gobierno optó por la imposición y la dominación. Cesó con la transferencia de servicios en 1999. No pudo crear un centro inteligente y opta ahora por acabar con el juego. En un gesto del mayor autoritarismo indica que es capaz de dirigir desde Caracas todo el sistema de salud.
Esta pretensión marcha a contracorriente con la tendencia moderna de los sistemas de salud. Ningún funcionario en su sano juicio puede pensar en definir objetivos y asignar recursos contra la malaria y la mortalidad materna, a cientos de kilómetros. Es bueno que el gobierno recuerde que la centralización ya la ensayamos en los cincuenta, casualmente en plena dictadura perezjimenista. Se llamó la “nacionalización de los hospitales”. La descentralización de los noventa no es sino la respuesta a las limitaciones de esa nacionalización.
El gobierno del Presidente Chávez sabe que existen múltiples evidencias de que la descentralización ha mejorado la cobertura y calidad de los servicios de salud. Que en muchos casos esos avances son superiores a los realizados en el nivel nacional. Ante todo eso, el gobierno decide desconocer el marco constitucional que establece que nuestro Estado es federal y descentralizado.
Está claro que la estrategia no sólo es acabar con la descentralización en salud, es también cancelar las tendencias democratizadoras en la sociedad venezolana. El gobierno, una vez más, se ha puesto en el pasado. Esperamos que los sectores democráticos del país sepan defender con argumentos y seriedad lo que este gobierno autoritario pretende arrebatar.
Politemas, Tal Cual, 7 de septiembre de 2005
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