El gobierno fue contundente. Desde la campaña electoral colocó la lucha contra el hambre como primera prioridad. La dramática situación de millones de familias, que no podían adquirir alimentos, fue denunciada, con toda razón, como la mayor fuente de injusticias en la sociedad. Era inaceptable que los recursos del país no hubieran servido para garantizar el sustento diario a todos los habitantes.
La consigna recibió apoyo de la sociedad. Gran parte del triunfo electoral se debió a lo sencillo del mensaje: acabar con el hambre. Suministrar alimentos a millones de familias es el primer paso para salir de la pobreza. No es el único, pero no puede haber desarrollo sin garantizar comida para todos.
El gobierno no se durmió en los laureles. Desde el primer día tomó acciones para cumplir con la palabra empeñada. Definió el enfrentamiento del hambre como el mayor desafío de la sociedad. Propuso una estrategia que priorizaba a las personas con mayores dificultades para acceder a los alimentos.
Entre 2003 y 2004 se duplicaron los recursos para el cumplimiento de la estrategia. Para el año 2005 se aumentaron en un tercio. Pero no sólo se aumentaron los recursos. El gobierno procedió a reformular la institucionalidad para combatir el hambre.
Si sabemos que el hambre es un problema multidimensional, que abarca desde la producción hasta la distribución de alimentos, pasando por la educación y la información a los ciudadanos, así como la calidad del servicio de salud, entre otros aspectos, entonces, tiene sentido lo que decidió el gobierno. Puso a trabajar juntos a los Ministerios de Desarrollo Social, Desarrollo Agrario, Educación, Salud, Agricultura, Trabajo y Empleo, Integración Nacional, Hacienda y Planificación. Colocó todos los factores alrededor del problema. Excelente muestra de capacidad de coordinación y articulación de políticas públicas.
Para llevar a cabo la estrategia se definieron múltiples programas. Uno de estos programas apuntó a mejorar el sistema de transferencias en dinero. Para ello se definió que los beneficiarios del programa serían las familias que tuvieran un ingreso per cápita hasta los 50 dólares mensuales. No hubo otro criterio de incorporación al programa. Nada de odiosas distinciones por razones ideológicas o políticas. Nada que no tuviera que ver con los problemas de la gente. Así se fortaleció al Programa Bolsa Familia.
En este programa se concentraron todos los recursos similares. Así, se sumaron las transferencias que provenían de asignaciones a estudiantes, del subsidio al gas, de la bolsa de alimentación, entre otros programas. El gobierno sabía que si concentraba los recursos introducía un efecto multiplicador. Nada de atomizar la gestión pública creando programas a diestra y siniestra dependiendo de las variaciones de ánimo de los funcionarios.
El gobierno del presidente Lula ha enfrentado con las medidas anteriores el grave problema del hambre en Brasil. Una revisión de la información disponible en el sitio web del gobierno brasileño del Programa “Fome Zero” (Hambre Cero) impresiona por lo efectivo del mensaje y la concreción de beneficios para las familias más pobres.
En efecto, el gobierno brasileño no sólo contó los recursos, también contó lo más importante, las familias beneficiarias. Para el año 2005, el 58,6% de las familias pobres de Brasil está cubierta por Bolsa Familia. En algunos estados, como Ceará, Minas Gerais, Paraiba, se cubre cerca del 70% de las familias.
A diferencia del gobierno brasileño, el gobierno del presidente Chávez no tiene información relevante sobre la lucha contra el hambre. En el sitio web oficial no existe un sólo número sobre la cantidad de familias que son beneficiarias de la Misión Mercal. La Misión Barrio Adentro tampoco tiene esta información.
Hay gobiernos muy diferentes. Los que dicen y hacen, como el brasileño. Y los que llenos de retórica mantienen a millones de ciudadanos, especialmente los más pobres, en el hambre y la pobreza. En este último grupo, está el nuestro.
Politemas, Tal Cual, 7 de junio de 2006
No hay comentarios:
Publicar un comentario