Estaba claro que la discusión sobre las modificaciones de la Constitución de 1999 no iba a caracterizarse por la amplitud y la concertación. Era evidente que un gobierno que ha disminuido la capacidad democrática de Venezuela no utilizaría los canales que la propia constitución establece para aprobar los cambios.
El control de la Asamblea Nacional y del resto de los poderes públicos son manifestaciones de que el proyecto avalado por el Ejecutivo es la única opción que se presentará al país. Como si no bastara, el gobierno procedió a convocar la creación del nuevo partido de la revolución y a realizar los “ajustes” necesarios en el seno de la Fuerza Armada.
En los primeros meses del año algunos sectores, incluso dentro del ámbito oficialista, señalaron que si los cambios afectaban los diez primeros artículos de la constitución, debía convocarse una Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno replicó que nada que ver: los cambios dejarían intactos los primeros diez artículos. Los sectores que apoyaban al gobierno podían dormir tranquilos: nada de Asamblea Constituyente.
Fue así como se nombró un “Consejo Presidencial para la Reforma de la Constitución”. Integrada por representantes de otros poderes públicos, entre ellas las presidentas de la Asamblea Nacional y del Tribunal Supremo de Justicia. Vano intento de que la modificación constitucional luciera ajena a la voluntad del Poder Ejecutivo.
Pasados los meses los ciudadanos nos hemos enterado por los medios de que existe un proyecto de reforma que espera por la venia del presidente Chávez para ser enviado a una supuesta “discusión” en la Asamblea Nacional. También se supone que en esa discusión participarán todos los sectores de la vida nacional. Y que luego, tal como se establece en la “vigente” constitución, los ciudadanos irán a un referéndum para aprobar o rechazar tal propuesta de reforma.
Para todos los venezolanos ya está claro que todo lo anterior ha sido una completa farsa elaborada por el gobierno con la anuencia servil de todos los poderes del Estado. Es demasiado obvio que las modificaciones que se quieren realizar al texto constitucional son aquellas que decida el presidente Chávez. El resto tendrá que aceptar los dictados autoritarios. También es evidente que la modificación constitucional persigue un fin central: aumentar el poder de la presidencia de la República y acabar con el principio de la alternabilidad.
Lo más demostrativo de esta gran farsa es que el cambio constitucional ya se produjo. Amparado en las facultades otorgadas por la Asamblea Nacional a través de la Ley Habilitante, el presidente Chávez, en Consejo de Ministros, ha dictado un Decreto-Ley que elimina uno de los primeros diez artículos de la Constitución de 1999.
Este Decreto-Ley, No. 5.384 para más señas, publicado en la Gaceta Oficial del 22 de junio de este año, y denominado Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central de Planificación, establece que la estructura del Estado es centralizada. Que la planificación de todos los entes de la administración pública se ejecutará a través de directrices decididas por esta Comisión. Que esta planificación centralizada también afectará a todos los gobiernos de los estados y de los municipios, así como a todas las sociedades civiles del Estado, y a los actores del sector privado.
Todo eso se hace para “transitar hacia un modelo de sociedad socialista, que asegure la satisfacción de las necesidades del ser humano”. Por otra parte, se deja en manos del Presidente de la República la aprobación de los “lineamientos estratégicos, políticas y planes nacionales, regionales, sectoriales e internacionales” del país (artículo 7). En otras palabras, el único órgano de la administración del Estado que aprueba los planes es la máxima instancia del Poder Ejecutivo. Esta es probablemente uno de los actos más centralizadores del poder político en la historia de la República.
De tal manera que el cambio constitucional ya se consumó. Venezuela ha dejado de ser un Estado Federal descentralizado sin que se haya cambiado la constitución. Sin que hayan expresado su parecer millones de venezolanos. Todo lo cual demuestra que el actual gobierno es reiteradamente irrespetuoso del fondo y las formas democráticas. Una completa farsa, pues.
Politemas, Tal Cual, 18 de julio de 2007
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