Muchos recursos, poca calidad

En la medida que las sociedades son más abiertas y exigentes, en esa misma medida crece la demanda a los gobiernos para prestar mejores servicios. Ya no basta con aumentar el número de servicios, en términos, por ejemplo, de escuelas construidas, camas de hospitales disponibles, patrullas de policía incorporadas, o sentencias dictadas por los jueces. Es más complejo que eso. Se trata de atender con la mayor calidad posible cada una de esos servicios.

En el caso de la salud se trata de la atención oportuna, con diagnóstico certero, con la menor molestia al paciente, y en el menor tiempo de recuperación posible. En la educación el objetivo es garantizar el aprendizaje de los contenidos, así como la incorporación de prácticas ciudadanas. En la seguridad el objetivo es prevenir delitos, y evitar pérdidas de vidas y bienes. Si no hay cambios en los resultados de esa prestación de servicios, mal puede decirse que se han resuelto los problemas. Los gobiernos pueden hacer gastos, muchas veces dispendiosos, de recursos sin tener impacto en las condiciones concretas de la vida de las personas.

Todo lo anterior lo saben las personas, no importa su nivel de información o preparación. No se necesita ser un gran experto para saber si el hospital funciona, si la escuela sirve para aprender, si la policía evita delitos. Todos los que han estado en esas instituciones tienen bases para opinar. 

En la última encuesta de Latinobarómetro (2010) se pregunta a los entrevistados por su satisfacción por el funcionamiento de servicios públicos, especialmente hospitales, escuelas, policía, justicia, y de expedición de documentos de identidad. En Venezuela los peores catalogados son los servicios de policía y de justicia. Menos del 33% de los entrevistados expresó satisfacción con estos servicios. En el caso de la salud el porcentaje de la población satisfecha fue 36,8%. En los servicios de educación pública el porcentaje de satisfacción fue 58,5%. En la expedición de los documentos de identidad, el porcentaje de satisfacción fue el más alto (63,7%).

Lo deseable sería que estas diferencias en la apreciación de los servicios fueran mucho menores. Que la magnitud de la brecha, especialmente la relacionada con los servicios de protección ciudadana, fuera también menor. Una meta de 80% de satisfacción, deseable por las exigencias que plantea, no es alcanzada en este momento por ninguno de los servicios públicos mencionados. 

Todo lo anterior es más decepcionante cuando sabemos que en el caso venezolano no es la falta de recursos el factor fundamental. El caudal de recursos de la venta de petróleo no suple las incompetencias y la ausencia de buenas políticas. Ojalá que en tiempos de elecciones municipales, la calidad de los servicios se convierta en factor preponderante a la hora de votar.

Politemas, Tal Cual, 25 de septiembre de 2013