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martes, 15 de diciembre de 2015

¿Qué pasa después del cierre?

Todo indica que el gobierno del presidente Chávez no dará marcha atrás. El domingo 27 de mayo será el último día de transmisiones de RCTV. Una nueva programación comenzará un poco después de la medianoche. Tal programación será un paso más en el camino autoritario que hemos transitado los venezolanos en los últimos nueve años.

En términos de su concepción autoritaria, en la historia reciente de América Latina sólo ha habido un gobierno comparable a la administración del presidente Chávez: el de Alberto Fujimori en Perú. 

También el gobierno de Fujimori la emprendió contra los medios. Casualmente uno de los primeros en sufrir sus embates fue el Canal 2, también llamado Frecuencia Latina. En los primeros meses del año 1997 este canal había transmitido diversas ediciones de su programa “Contrapunto” en los cuales se planteaban denuncias de situaciones irregulares en el Gobierno, incluyendo torturas y asesinatos en los servicios de seguridad, declaraciones de impuestos de funcionarios, entre ellos de asesores presidenciales, así como la realización de operaciones de espionaje realizadas por los servicios de inteligencia.

A estas denuncias siguió una averiguación parlamentaria, así como la realización de investigaciones irregulares de funcionarios de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria contra la empresa. Vuelos de helicópteros militares se hicieron frecuentes sobre las industrias del empresario Baruch Ivcher, principal accionista del canal 2.

La estación prosiguió con sus programas informativos, incluyendo denuncias de los planes del gobierno para amedrentar y espiar a periodistas y opositores del gobierno. El 23 de mayo de 1997 las Fuerzas Armadas de Perú difunden un comunicado acusando al empresario de dañar su prestigio. También recalcan la condición de ciudadano nacionalizado de Ivcher. Según las leyes peruanas está prohibido a extranjeros poseer medios de comunicación. Sin embargo, Baruch Ivcher había obtenido su nacionalización en 1984 a través de la respectiva resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores de la época. 

Para el gobierno de Fujimori, en control del resto de los poderes públicos y de las Fuerzas Armadas, era fácil encontrar una salida que permitiera neutralizar el creciente rol de Frecuencia Latina. El 11 de julio de 1997, el gobierno dejó sin efecto la nacionalización de Baruch Ivcher porque no se había “encontrado el expediente”. Con tal medida se facilitó que los accionistas minoritarios tomaran el control del Canal 2. Como era de esperar, la programación del Canal 2 dejó de ser crítica al gobierno. 

Luego del cierre del Canal 2, el gobierno de Fujimori inició procesos legales contra cuatro canales de TV y varias estaciones de radio. En todos los casos el resultado de la disputa legal fue una programación pro-gobierno o una mayor participación accionaria por parte de sus aliados. También el gobierno, a través de accionistas minoritarios, enfrentó las denuncias realizadas en el diario El Comercio sobre las irregularidades de las firmas obtenidas por Fujimori para su reelección.

Ante las presiones oficiales, expresadas a través del ofrecimiento de recursos para propaganda, muchos medios optaron por una línea editorial de concesiones al gobierno. El presidente Fujimori negaba las limitaciones a la libertad de prensa. Se escudaba en el argumento de que muchos de los propietarios de los medios eran privados. Nadie le creía, sin embargo. Siguió gobernando a Perú hasta que en el año 2000 tuvo que abandonar el país después de acusaciones de fraude y abuso de poder. 

El gobierno del presidente Chávez sigue los pasos de Fujimori. La semana que viene ya tendrá su canal 2. Ha señalado que proseguirá la creación de medios comunitarios y probablemente la adquisición de otros ya establecidos. Con la facilidad de contar con financiamiento para todas estas ansias de control comunicacional, es evidente que el país entra en una nueva de mayores restricciones a la libertad de expresión. La sociedad democrática tiene en puertas una lucha por valores fundamentales. En la acera de enfrente un gobierno autoritario, ávido de mayor poder. Definitivamente los riesgos para la recuperación de la democracia son más que evidentes.

Politemas, Tal Cual, 23 de mayo de 2007

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