Reto de Estado

Los resultados de las elecciones del 6 de diciembre constituyen un mandato contundente. Luego de un proceso laborioso de construcción de una nueva mayoría política, la Unidad Democrática alcanza una representación sin precedentes en la composición de la nueva Asamblea Nacional. De acuerdo con los anuncios realizados, aunque no confirmados oficialmente por el CNE al redactar esta columna, la Unidad Democrática alcanza la cota de diputados que le garantiza la mayoría calificada de las dos terceras partes en la Asamblea Nacional. Tal magnitud de representación otorga las más amplias facultades de acuerdo con la Constitución. Se trata de un reto equivalente a la posibilidad de contribuir realmente en la marcha del Estado. Es definitivamente un reto de Estado. 

La Unidad Democrática puede impulsar una renovación en la forma de asumir lo público en el manejo del Poder Legislativo. Con la incorporación de prácticas democráticas en las tareas rutinarias de la Asamblea, esto es, modificando las normas internas, se abre un gran abanico de opciones para que se produzca la inclusión de todos los parlamentarios en el cumplimiento de las tareas. De esa manera los ciudadanos percibirán inmediatamente la diferencia entre ejercer el poder para dominar, y hacerlo para facilitar el diálogo y la cooperación. En ese marco es posible entonces acordar medidas que faciliten la normalización de la vida política en el país. Esto es, el regreso de los presos políticos a sus casas y al desempeño de todos sus derechos, así como el retorno de todos aquellos que tuvieron que salir del país por persecución y represión. 

La nueva Asamblea Nacional tomará posesión en un clima social y económico muy preocupante. El deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos es galopante. Afecta todas las áreas, desde el ingreso de las familias, hasta sus perspectivas de trabajo y realización productiva. Uno de los ejes prioritarios de la acción de la nueva mayoría debe ser justamente cómo generar acciones y cambios que tengan efecto en la vida concreta de los ciudadanos, especialmente porque el actual gobierno tiene todas las atribuciones para el manejo de la administración pública. El escenario ideal es que se pueda encontrar un piso común entre ambos poderes públicos. De lo contrario, existiría el riesgo de que las funciones de control y legislación no generen modificaciones sustantivas.

De especial relevancia es la severidad de la crisis económica. La definición de alternativas para contrarrestar los efectos de las políticas económicas del actual gobierno, requiere un nuevo marco de referencia en el cual exista la cooperación habitual entre el gobierno y los sectores productivas, en un clima con favorezca la inversión y el crecimiento sostenible. Es obvio que tal aproximación no es la compartida por el actual gobierno. De allí que el primer esfuerzo a realizar es justamente encontrar las posibilidades de acuerdo en una materia de especial trascendencia y urgencia.

Las amplias facultades otorgadas por la Constitución en el ejercicio de la mayoría de las dos terceras partes, constituyen una extraordinaria posibilidad. Se requiere un plan de acción que abarque al menos las tareas del próximo año con especial énfasis en la normalización política y en el enfrentamiento de la colosal crisis socio-económica. Todas las opciones que se consideren y aprueben deberían tener como guía su contribución a la estabilidad y el bienestar de los venezolanos.

Politemas, Tal Cual, 9 de diciembre de 2015