La pobreza en Venezuela tiene muchas caras. Afecta a los niños, a las mujeres, a los hombres, a los trabajadores, pero también a los desempleados. También está en todos los estados. Pero de todas esas manifestaciones, hay una que es especialmente preocupante. Llegar a la vejez sin la protección necesaria para enfrentar la última etapa de la vida.
A los venezolanos les ha ido mal con la protección de la vejez. Los desaciertos en el manejo del fondo de pensiones del IVSS, a finales de los setenta y comienzos de los ochenta, ocasionaron su eliminación. La pérdida del respaldo para las inversiones que debían estar en el Fondo trajo como consecuencia que no era posible mantener los beneficios. El Fondo no fue ajustado oportunamente para garantizar que los egresos fueran menores a los ingresos. A partir de ese momento, el dinero para las pensiones pasó a depender de los recursos que aportara el fisco nacional.
El efecto concreto fue que el número de cotizaciones dejó de ser el indicador para estimar el monto de las pensiones. Es decir, personas con diferencias en las semanas cotizadas empezaron a recibir pensiones por el mismo monto. De allí que dejara de ser un incentivo la incorporación al mercado laboral.
El otro efecto perverso fue la discriminación de las personas que trabajaban en el sector informal. Al no haber cotizado regularmente, no podían tener derecho al beneficio de la pensión. Esta es la razón por la cual se incorpora acertadamente en la Constitución de 1999 la previsión de las pensiones no contributivas. Es decir, aquellas pensiones que no requieren aportes por parte del futuro beneficiario. Sin embargo, la actual administración no ha logrado presentar y aprobar una legislación que garantice lo previsto en la Constitución de 1999. El régimen de pensiones es otra más de las grandes omisiones de la actual política social.
El resultado de toda esta dejadez e irresponsabilidad se conoce poco. En estos momentos, de acuerdo con estudios parciales, el 72% de las mujeres por encima de los 70 años no tiene pensión. En el caso de los hombres es 50%. Esto significa que una fracción muy alta de la población de adultos mayores no está en condiciones de enfrentar los gastos ordinarios por sus propios medios. Si a ello sumamos que esta población tiene mayor probabilidad de presentar problemas de salud con sus complicaciones, es evidente que sus condiciones de vida se hacen mucho más vulnerables.
Todo lo anterior genera que la atención de los adultos mayores se ha convertido más en un problema “privado” de las familias que una responsabilidad pública. Los mecanismos de protección simplemente no existen para esta población. En Venezuela envejecer se ha convertido en una condición de gran vulnerabilidad y desigualdad. Muestra de los enormes déficits de nuestra protección social.
A los venezolanos les ha ido mal con la protección de la vejez. Los desaciertos en el manejo del fondo de pensiones del IVSS, a finales de los setenta y comienzos de los ochenta, ocasionaron su eliminación. La pérdida del respaldo para las inversiones que debían estar en el Fondo trajo como consecuencia que no era posible mantener los beneficios. El Fondo no fue ajustado oportunamente para garantizar que los egresos fueran menores a los ingresos. A partir de ese momento, el dinero para las pensiones pasó a depender de los recursos que aportara el fisco nacional.
El efecto concreto fue que el número de cotizaciones dejó de ser el indicador para estimar el monto de las pensiones. Es decir, personas con diferencias en las semanas cotizadas empezaron a recibir pensiones por el mismo monto. De allí que dejara de ser un incentivo la incorporación al mercado laboral.
El otro efecto perverso fue la discriminación de las personas que trabajaban en el sector informal. Al no haber cotizado regularmente, no podían tener derecho al beneficio de la pensión. Esta es la razón por la cual se incorpora acertadamente en la Constitución de 1999 la previsión de las pensiones no contributivas. Es decir, aquellas pensiones que no requieren aportes por parte del futuro beneficiario. Sin embargo, la actual administración no ha logrado presentar y aprobar una legislación que garantice lo previsto en la Constitución de 1999. El régimen de pensiones es otra más de las grandes omisiones de la actual política social.
El resultado de toda esta dejadez e irresponsabilidad se conoce poco. En estos momentos, de acuerdo con estudios parciales, el 72% de las mujeres por encima de los 70 años no tiene pensión. En el caso de los hombres es 50%. Esto significa que una fracción muy alta de la población de adultos mayores no está en condiciones de enfrentar los gastos ordinarios por sus propios medios. Si a ello sumamos que esta población tiene mayor probabilidad de presentar problemas de salud con sus complicaciones, es evidente que sus condiciones de vida se hacen mucho más vulnerables.
Todo lo anterior genera que la atención de los adultos mayores se ha convertido más en un problema “privado” de las familias que una responsabilidad pública. Los mecanismos de protección simplemente no existen para esta población. En Venezuela envejecer se ha convertido en una condición de gran vulnerabilidad y desigualdad. Muestra de los enormes déficits de nuestra protección social.
Politemas, Tal Cual, 11 de mayo de 2011
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