En las calles de Minsk

Un día después de las elecciones del 19 de marzo, los ciudadanos de Bielorrusia han salido a las calles de su capital, Minsk. La oposición, especialmente la liderizada por Aliaksandr Milinkevich, ha rechazado el resultado electoral. El régimen autoritario de Aliaksandr Lukashenka anunció que obtuvo el 82,5% del total de votos y que el segundo candidato, Milinkevich, alcanzó apenas el 6%.

El informe preliminar de la Misión de Observación de la Unión Europea indica que las elecciones en Bielorrusia no alcanzaron los estándares internacionales para ser calificadas como realmente democráticas. Vale la pena intentar un examen de las lecciones que brinda el caso de Bielorrusia en la actual situación venezolana.

Por todos los ángulos que se examine, el gobierno de Lukashenka es autoritario. Electo en 1994 en los últimos comicios libres que recuerda el país, Lukashenka procedió a concentrar la mayor suma de poder político a través de la reforma constitucional de 1996. Llegó al extremo de eliminar el parlamento electo democráticamente y sustituirlo por una Asamblea Nacional designada por su voluntad. Su régimen se ha caracterizado por reprimir a la oposición política, el control de los medios de comunicación y la anulación del equilibrio de poderes. En 1999 aumentó la duración del período presidencial a través de un referéndum. Las elecciones parlamentarias de 2000, así como las presidenciales de 2001 y el referéndum de 2004 (que aprobó la reelección indefinida) han sido criticadas por la Unión Europea por incumplir con los estándares democráticos.

Por estas permanentes violaciones al estado de derecho y a las normas de una democracia, Bielorrusia ha sido severamente cuestionada por la Unión Europea. De allí que Bielorrusia esté excluida de los beneficios de la Política de Vecindad de la alianza europea. 

Las demandas de la Unión Europea han sido muy claras. Para recobrar pleno reconocimiento, el gobierno de Bielorrusia debe devolver el poder al parlamento, asegurar la representación de la oposición en la Comisión Electoral, garantizar el acceso equitativo a los medios a los sectores de oposición, y adaptar la legislación electoral a los estándares internacionales. 

Todas estas demandas han sido rechazadas por el gobierno de Lukashenka. Tres días antes de las elecciones de 2006, el gobierno procedió a detener a miembros de la oposición y de organizaciones no gubernamentales, así como a negar la entrada de misiones internacionales y periodistas. 

El informe preliminar de la Misión de Seguimiento de la Unión Europea esboza un conjunto de cuestionamientos a la forma en que se realizó el proceso comicial. El gobierno tildó a la oposición como terrorista, hubo restricciones e interpretaciones arbitrarias para favorecer al gobierno. También se menciona el abuso del gobierno en el manejo de los medios y la propaganda electoral. Se ejercieron presiones sobre empleados públicos y estudiantes, expresadas en el temor a la pérdida del empleo o a la expulsión de universidades. El gobierno ha prohibido la realización de manifestaciones públicas de protesta y el uso de los símbolos representativos de la disidencia del régimen.

Indica también la Unión Europea que no existió real independencia en los órganos electorales debido a la exclusión de la oposición en todos los niveles del sistema. Por si fuera poco, se critica la intimidación de los escasos medios no gubernamentales, así como la falta de transparencia en el ejercicio del voto, expresado en la ausencia de registros y la nula información sobre el registro de electores. De hecho nadie supo antes de las elecciones el número de ciudadanos inscritos. 

Los próximos días irán descubriendo la validez de las razones por las cuales la oposición bielorrusa decidió participar en unos comicios controlados totalmente por la fuerza del régimen autoritario. Queda claro, sin embargo, que la lucha contra el autoritarismo se coloca ahora en otra esfera. En las frías calles de Minsk.

Politemas, Tal Cual, 22 de marzo de 2006