Ruptura del orden constitucional

En la sesión del pasado domingo 23 de octubre, la Asamblea Nacional ha colocado las cosas en su sitio. En Venezuela se ha producido una ruptura del orden constitucional. Es bueno que una Asamblea Nacional electa con los votos de los venezolanos haya tomado en cuenta toda la cantidad de actos inconstitucionales que se han suscitado en el último año, y cuyo grado extremo ha sido alcanzado con la suspensión de la manifestación de voluntad para la solicitud del referendo revocatorio.

Ahora bien, la ruptura del orden constitucional no es de ahora. Todo lo contrario. La ruptura constitucional se produjo prácticamente en los primeros momentos de vigencia de la Constitución de 1999. Con un país conmocionado por los efectos del Desastre de Vargas, luego de la aprobación a través del referendo del 15 de diciembre, se puso en movimiento la secuencia de decisiones que culminaron con la anulación de los mecanismos establecidos para el nombramiento de los Poderes Públicos en la Carta Magna. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) cesó los poderes públicos y procedió, en contradicción con las bases comiciales que la originaron, a nombrar a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral, así como los representantes de la Fiscalía y la Contraloría. Para ello fueron vulnerados los procedimientos señalados en la Constitución. Puede decirse, entonces, que el equilibrio de poderes establecido en la Constitución de 1999 nunca existió. En otras palabras, siempre hemos tenido la ruptura constitucional originaria. 

A partir de esta decisión, y de que la Constitución no tuviera plena vigencia, todo lo demás fue paulatino. Se fue desmontando progresivamente todo el andamiaje constitucional, de forma que el afán de control y poder fue minando sistemáticamente las prácticas de un Estado moderno, democrático, respetuoso de los procedimientos que le dan expresión cabal a la ciudadanía. Y las consecuencias están a la vista de todos. El gobierno que comenzó el deterioro de la constitucional no ha tenido ya ningún límite. Primero fueron alienados los derechos económicos y sociales, luego los políticos, y ahora los electorales. Ni siquiera el acto de elegir forma parte de las prácticas institucionales. Que se haya suspendido el referendo revocatorio, y que las elecciones de gobernadores fueran diferidas por seis meses, sin mayor rubor por parte de la mayoría del CNE, son evidencias muy contundentes.

La Constitución de 1999, por tanto, ha sido absolutamente anulada por aquellos que la impulsaron. Sin embargo, en pleno ejercicio de la concepción democrática, las disposiciones constitucionales constituyen el espacio en el que se pueden restablecer los acuerdos fundamentales de nuestra sociedad. Para ello se requiere que sean revertidas todas las decisiones y prácticas que la han dejado sin vigencia. En la medida que seamos capaces de renovar esos contenidos, tendremos la capacidad para enfrentar los grandes retos que tenemos por delante. Pero ello supone que los primeros cambios sean los relacionados con los mecanismos de elección, esto es, que se cumpla lo establecido con el referendo revocatorio en 2016 y con las elecciones de gobernadores con la mayor prontitud. Solo así será posible iniciar la restitución del orden constitucional dejado sin vigencia en diciembre de 1999, hace casi 17 años.

Politemas, Tal Cual, 26 de octubre de 2016