Oscurantismo del Siglo XXI

En 1999, en su discurso de toma de posesión, el presidente Chávez no habló de conocimientos ni de empleos. Tampoco mencionó que se requiere utilizar y crear conocimientos para alcanzar el mayor estado de bienestar posible. En aquel discurso la única mención a la ciencia fue cuando la vinculó a lo militar y a lo político. Nada dijo sobre las posibilidades que ofrece la ciencia para mejorar el nivel de vida de las personas y las comunidades.

De aquel día hasta hoy han pasado casi trece años. En este período el mundo se ha transformado totalmente. Los países, desarrollados y en desarrollo, han internalizado que el conocimiento, su utilización y creación, es el dinamo para progresar. Se trata de fomentar en todos los espacios y niveles que los avances son el resultado de la aplicación de la inventiva, la investigación, el orden sistemático para resolver problemas. Cada día más empresas se comportan como universidades, centros académicos participan en empresas, gobiernos crean unidades técnicas, organizaciones de ciudadanos inventan ideas para el desarrollo. El conocimiento se ha convertido en el hecho social del siglo XXI. De allí que se usa más frecuentemente el término “sociedad del conocimiento”. Para caracterizar a aquellos países que potencian las capacidades para identificar, producir, procesar, transformar, diseminar, y usar información para construir y aplicar conocimiento para el desarrollo humano.

Y es acá que en Venezuela el mismo Presidente, sigue sin hablar de esas cosas. Luego de trece largos años, en su último discurso a la Asamblea Nacional, en enero pasado, el Presidente tampoco mencionó ni una vez a la sociedad del conocimiento. Ni una sola vez, en siete horas de discurso. Tampoco habló de puestos de trabajos creados, ni de la calidad del empleo.

De manera que hay una gran consistencia en todo esto. El actual gobierno ha llevado a Venezuela a las antípodas de la sociedad del conocimiento. Las evidencias están allí. Hoy menos del 5% de toda nuestra exportación está representada por bienes manufacturados. Luego de haber alcanzado el 50% a mediados de los noventa. Hoy la investigación en nuestras universidades está reducida con las penurias en el financiamiento público. Hoy la relación entre el mundo científico-técnico y el sector productivo es lejana, condicionada por todas las restricciones a los derechos de propiedad y a la inversión privada.

Hoy se cierran postgrados y se crean carreras de bajos estándares. Hoy gran parte de la capacidad científica y tecnológica del país se ha marchado a otros lugares del planeta. Hoy tenemos 200.000 niños que no pueden pasar al séptimo grado porque no tienen cupo. Hoy 40% de nuestros jóvenes no son bachilleres. El actual gobierno preside la etapa de mayor oscurantismo en la historia de la República. Esto debe cesar.

Politemas, Tal Cual, 16 de noviembre de 2011

Tragedia de gobierno

Ya bastante es la severidad del tiempo que aflige a los venezolanos. Varias semanas de lluvia, incesante en muchas partes del país, han afectado severamente a cientos de miles de venezolanos. En algunos casos se han perdido vidas de compatriotas. Miles de familias venezolanas se han quedado sin los servicios básicos y han debido acudir a refugios o a protegerse en casa de familiares.

Los pronósticos indican que todavía quedan días de lluvia por venir. Todo lo cual aumenta la preocupación y la sensación de desamparo. Ahora bien, las calamidades de la naturaleza ocurren en todas partes. Se trata de minimizar las posibilidades, pero muchas veces no es posible eliminarlas.

Lo que debería ser más predecible es la conducta de los gobiernos ante los imponderables del tiempo. Los ciudadanos esperan un gobierno que ofrezca protección, que sea capaz de organizar la ayuda, de anteponer cualquier otro interés a la vida y la salud de sus ciudadanos. En estas circunstancias los ciudadanos esperan respuestas rápidas, pero más que todo esperan que haya preocupación por sus circunstancias, esfuerzo mancomunado, dedicación a los pequeños detalles que deben traer un poco de bienestar en las ya difíciles situaciones.

Lamentablemente la conducta del actual gobierno nacional no ha estado regida por esos criterios. Antes que hacer un llamado al trabajo con todos los gobiernos regionales y locales, han pasado ya varias semanas sin que se convoque el Consejo Federal de Gobierno. Esa hubiera sido la instancia para establecer las mejores pautas, coordinar los mecanismos de rescate y el tratamiento de la contingencia. También hubiera sido el espacio para analizar todo lo que se necesita para la atención más allá de lo inmediato. Pensemos solamente en las inversiones que se requieren para recuperar todos los daños en la infraestructura del país. Pensemos en la afectación que sufren los planes de atención de los servicios públicos. A todas las dificultades que se conocían, ahora se suman las ocasionadas por las lluvias del último mes.

Pero no bastó la tradicional indiferencia y la incapacidad para coordinar esfuerzos por parte del actual gobierno. El gobierno procedió a dividir más a los venezolanos. Las palabras del presidente Chávez el domingo en Higuerote pueden considerarse como una expresión de la más alta irresponsabilidad en el manejo de situaciones de crisis. El Presidente promovió el desorden, la anarquía, el irrespeto a derechos consagrados en la Constitución, y, especialmente, contribuyó a crear zozobra en la población. Antes que impulsar las labores de rescate y la tranquilidad, el Presidente agravó las preocupaciones de los venezolanos. El Presidente demostró que las únicas tragedias no provienen de las condiciones climáticas.

Politemas, Tal Cual, 8 de diciembre de 2010

Puerto de drogas

Después de revisar el informe anual de la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen (ONUDC) del año 2010, no queda ninguna duda de que Venezuela se ha convertido en uno de los países con mayor tráfico de drogas en el mundo. Todo lo cual debe significar una profunda reflexión para toda la sociedad, y especialmente para el liderazgo político democrático. Es también muy evidente que esta situación se ha agravado en los últimos años, lo cual deja muy mal paradas las políticas públicas implementadas.

No es casual que la Oficina de Naciones Unidas se encargue al mismo tiempo de las drogas y el crimen. El auge del tráfico y consumo de drogas tiene su correlato en el aumento de la criminalidad. De manera que los efectos son amplios, masivos, generando desde las muertes relacionadas con la violencia hasta el deterioro institucional que acompaña al crimen organizado. Venezuela vive en consecuencia un serio problema de Estado. No se puede catalogar de otra forma.

El informe destaca que los efectos de las políticas de control de drogas, asociadas con el Plan Colombia, han ocasionado una migración de los núcleos de narcotráfico a países vecinos, especialmente Venezuela y Ecuador. Se señala también que entre 2006 y 2008, el 51% de los envíos de cocaína por vía marítima a Europa provinieron de Venezuela. En el caso de Colombia alcanzó al 5%.

Todo lo cual fundamenta la aseveración de que Venezuela ha emergido como un prominente sitio de trasbordo de cocaína. En el caso de cocaína que se transporta a los Estados Unidos, el informe señala que se origina en aeropuertos en territorio venezolano colindante con Colombia, y se allí viaja a República Dominicana, Honduras y otros países de Centro América y el Caribe, así como a países de África Occidental. En el caso de Francia, el 21% de la cocaína decomisada proviene de Venezuela. Para agravar más las cosas, se señala que ha aumentado el cultivo ilegal del opio, así como el procesamiento de cocaína en territorio nacional. Según el informe, existen en el país 10 laboratorios de cocaína.

No es de extrañar, como se señala, que haya aumentado el consumo de drogas en el país, así como la violencia criminal. Argumenta el informe que esto último se debe a la participación de grupos ilegales de Colombia en el comercio de cocaína, así como a la existencia de factores de riesgo como el Frente Bolivariano de Liberación y la existencia de milicias armadas, asociadas al auge del crimen organizado en otros países.

Todo lo anterior ha debido sobrar para abrir una investigación de marca mayor en la Asamblea Nacional. El país requiere una explicación de toda la cadena de responsables en la prevención y control del narcotráfico en el país. Esperemos que a partir del 5 de enero este tema sea de especial consideración de los nuevos parlamentarios. Es un asunto de Estado.

Politemas, Tal Cual, 1 de diciembre de 2010

Giordani persigue el azar

No se puede negar que el ministro Giordani tiene ideas persistentes. El anuncio de las cifras de la economía en el tercer trimestre del año, fue otra oportunidad para que nos ofreciera su análisis acostumbrado. Dijo el ministro que “ya estamos casi a nivel de cero”. Así, imperturbable, directo, a los ojos. Como si le hubiera dado un hit a Félix Hernández. Esa es toda la ambición que tiene el Ministro de Planificación y Finanzas de un país de 29 millones de habitantes, con la peor crisis económica en casi una década. La expectativa del Zar de la “economía” es crecer 0%.

Para cualquier ciudadano es evidente que crecer a la “astronómica” cifra de 0% es un monumental problema. Si la población crece al 2%, por ponerlo bajo, eso significa que somos más y no crecemos. Entonces, ¿cómo se hace para generar los bienes y servicios para los que están llegando? ¿Y cómo se hace para que a los que ya están acá no se les siga deteriorando la vida? Eso lo debe saber el encargado de la economía. Es lo que se supone, pero no es así.

Ya son varios los trimestres de decrecimiento de la economía. Hay que recordar que el año pasado se contrajo la actividad económica en 3,3%. También hay que recordar que el 5 de septiembre Giordani había dicho “no hay duda de que la economía se va a recuperar en el tercer o cuarto trimestre”. Vale decir, casi aseguró que en algún momento esto crece, no puede ser que se quede estancada. Basta con la voluntad de hacerlo. Punto. Y porque si se dice desde el gobierno, “todo entra en su cauce”.

Días más tarde arremetió contra el Fondo Monetario. No le gustó el pronóstico de que la economía venezolana sería la única de la región que no crecería. Pero el ministro no indicó cuál es la lógica a través de la cual una economía que espanta las inversiones, y que quiere poner todo en manos del Estado, genera alto crecimiento con estabilidad. Para el ministro basta que la “revolución” lo indique para que se rindan los mercados y se produzca riqueza y bienestar para todos.

Y es aquí que llegó el informe del tercer trimestre y nada que llega la ansiada cifra. Ese “cero” que desesperadamente busca Giordani. Para que se le quite el signo negativo al crecimiento. Y entonces pueda difundir a los cuatro vientos que estamos “escribiendo un nuevo capítulo en la teoría económica”. Crecemos a cero, a partir de ahora todo irá muy bien. Caerá la inflación sin que haya producción, se producirán nuevos empleos sin inversiones y sin derechos de propiedad, se reducirá el déficit del sector público sin que haya nuevos ingresos por concepto de nuevas empresas.

En el mundo de los responsables económicos del actual gobierno, la realidad está equivocada. Sólo hace falta esperar el próximo informe del BCV para que vuelvan a decir que el crecimiento vendrá en el próximo trimestre. En alguna parte el azar no les puede fallar.

Politemas, Tal Cual,  24 de noviembre de 2010

Sordera en el Alto Gobierno

No hay peor sordo que el que no quiere oír. Verdad como un templo. Todo el que se haya percatado del mensaje enviado en las elecciones del 26 de septiembre, debe reconocer que fue una señal clara, nítida. Después de doce años de “revolución bonita”, los efectos devastadores que ha tenido en la vida concreta de los venezolanos no dejan dudas. El rumbo planteado por el actual gobierno no es compartido por las dos terceras partes de la población. Hasta el punto que la mayoría fue a las urnas para expresar su rechazo. Pero más que ello, para dejar en evidencia que ya ha optado por una alternativa democrática que promueva la democracia y el bienestar.

La resonancia de ese mensaje no ha sido aceptada por el Alto Gobierno. En su empeño por desmeritar las demandas de modificación de rumbo, el gobierno ha arreciado su curso. Las recientes “expropiaciones” no son más que expresiones de la utilización del poder para presionar, amedrentar, y aumentar el tamaño del Estado en perjuicio de las condiciones de vida de la población. La estrategia que predomina es la creencia de que el uso sistemático de estos mecanismos de presión, terminará minando la paciencia de las fuerzas democráticas. Que tal insistencia contribuirá a fragmentar la alianza alternativa, y que cualquier exceso podría manifestarse en actos ajenos a las prácticas institucionales.

Para el gobierno dos años es un período largo. En el cual, con la debida combinación de eventos externos (de allí la insistencia en el precio del barril a 100 dólares), y la provocación deliberada de los adversarios, podría concretarse la recuperación del fervor popular y de allí disputar la reelección del 2012. Allí radica la sordera del Alto Gobierno. En no percatarse que su tiempo pasó. Que la indulgencia concedida a lo largo de estos doce años ha llegado a su fin. Que se expresa en multitud de protestas todos los días en todos los rincones de Venezuela. Y que antes que ponderarlas, conocerlas, el gobierno arremete contra ellas. Nada más su conducta con respecto a la protesta de la semana pasada en el Metro ilustra el punto.

También pretende desconocer el gobierno que a la par de las protestas, un sentimiento se extiende por el país. La certeza de que se está gestando una nueva etapa de transformaciones, que a través de la articulación y el esfuerzo unitario se crearán nuevas oportunidades de progreso. Y que todo ello conducirá a la sustitución del actual gobierno a través del voto de los venezolanos. Existe la constatación de que para la mayoría de los ciudadanos esa nueva etapa está mucho más extendida de lo que el actual gobierno puede imaginar. De allí que los jerarcas cada día oyen menos, se alejan más de las calles, utilizan más la represión para acallar. Quieren convertir en silencio lo que es ya un clamor atronador. No podrán.

Politemas, Tal Cual, 17 de noviembre de 2010

Milagro del "Creador"

Al Presidente del Banco Central de Venezuela no le quedó otra. De todas las opciones de política económica acudió a la más “factible”. A la que puede “controlar” con más posibilidades. Ante la pregunta sobre las alternativas para reducir la inflación, Nelson Merentes se miró a si mismo, a la institución de la cual es Presidente, luego volteó hacia el gobierno, a toda la burocracia que lo acompaña en la ejecución de la “política económica”, dudó un milisegundo, y finalmente lo dijo: “Hay que llamar al Creador”. La inflación en Venezuela está en manos divinas. Así de simple.

Tal apelación a lo sobrenatural es el reconocimiento de que el liderazgo que administra la economía venezolana no tiene las competencias para resolver lo que ha dejado de ser un problema en casi todo el mundo. Ningún país de América tiene una tasa de inflación más alta que Venezuela. En ninguno de ellos, que se sepa, han nombrado ministros de finanzas entre la corte celestial, o presidentes de los bancos centrales entre los ángeles o arcángeles. Tampoco los buscan en alguna secta especial, ni les preguntan por la religión que profesan.

En todos los países de la región han sido menos ambiciosos. Buscan a personas competentes, con experiencia en el manejo de los asuntos públicos, con un conocimiento amplio de las políticas que han hecho de la inflación prácticamente una rareza. Simplemente le piden que cumplan con lo establecido en el “librito” de las buenas prácticas económicas.

Pero ese no es el caso en la “revolución bonita”. Acá se piensa que la inflación es un mal que puede durar decenios. Que no es posible solucionar porque es una manifestación perniciosa del “capitalismo”. Y diciendo eso no se cae en cuenta que la gran mayoría de los países que han eliminado la inflación son capitalistas, en los cuales las “fuerzas del mercado” se la han arreglado para generar la estabilidad de precios y permitir que las familias no tengan que pasar las penalidades de tener una inflación de 30%, por decir lo menos. Hasta podría decirse que para los jerarcas del actual gobierno, la inflación es casi inevitable. No se puede enfrentar. Hay que llamar al Creador.

Buena práctica sería que el Presidente del Banco Central revise el artículo 318 de la Constitución. Allí se señala que las competencias monetarias serán ejercidas de “manera exclusiva y obligatoria” por el BCV. Más adelante se señala que el objetivo fundamental del BCV es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria. Y no es ocioso repetir que el BCV debe formular y ejecutar la política monetaria, participar en el diseño y ejecución de la política cambiaria, regular la moneda, el crédito y las tasas de interés. Para frustración de Merentes no se habla de las responsabilidades del “Creador” en esta materia.

Politemas, Tal Cual, 10 de noviembre de 2010

Gobierno pierde energía

Se le nota en la cara al Presidente. Las palabras suenan cada vez más vacías, no convencen, los acólitos cada vez creen menos lo que dice. Es evidente que el gobierno pierde energía, es una “revolución” en fase de descompensación. Hasta acá nada nuevo.

Lo que si se tenía bastante escondido el gobierno es su baja eficiencia en el manejo de la energía eléctrica. Hasta ahora toda la propaganda oficial ha estado dirigida a desviar la atención de los verdaderos problemas del sector. Que si el Niño y sus efectos en el nivel de Guri. Luego las especulaciones sobre la construcción de plantas termoeléctricas.

La verdad es que los cortes de electricidad son muy frecuentes en todo el país. Hay estados en los cuales superan las seis horas y se presentan varias veces cada semana. La pérdida de equipos y el malestar de la población son inmensos. El gobierno trata de justificar lo injustificable. La caída de las inversiones y el desplome de todo el aparato institucional del sector eléctrico, entre otros factores, apuntan a que las causas de estos sinsabores tienen que ver con una monumental incompetencia. Agravada con el paso del tiempo. Podríamos decir que la desprofesionalización del sector es cada día más evidente y preocupante. El panorama descrito hasta ahora deja muy claro la naturaleza y profundidad de la crisis eléctrica.

Pero lo que es menos conocido es que este gobierno no sólo es incapaz de producir electricidad para todos los venezolanos. También es responsable de que la energía que se genera no llegue en su totalidad. Los servicios eléctricos tienen entre sus objetivos reducir las llamadas pérdidas por distribución. Las razones son obvias. En la medida que la mayor cantidad de electricidad llegue a sus destinatarios, en esa medida se reducen los costos, y se reducen los efectos ambientales. Los sistemas de electricidad tienden a llevar esas pérdidas al menor valor. Los países desarrollados han logrado éxitos en esta tarea, pero siempre persiste un porcentaje de pérdidas. En Inglaterra y Estados Unidos las pérdidas por distribución están alrededor del 7% de la energía producida. En el caso de Chile encontramos 8,4% de pérdidas, notable cuando se compara con otros países desarrollados. En Costa Rica es un poco mayor: 10%. Brasil, Argentina y México tienen alrededor de 16% de estas pérdidas.

Y es acá cuando la “revolución bonita” se la “come”. La electricidad perdida por causas de distribución alcanza el 27%. Quizás una de las más altas del mundo. De cada 100 kWh de electricidad, se pierden casi 30. Esto significa que las familias se ven expuestas con mayor rigor a los racionamientos y los cortes. Es un sistema eléctrico que desperdicia electricidad cuando más la necesita. Es otro nombre de la más absoluta incompetencia en el manejo de los servicios públicos que conozca la República.

Politemas, Tal Cual, 3 de noviembre de 2010

Tapando votos con "leyes"

Es así. La historia lo demuestra. Llegado un momento los gobiernos en decadencia dejan de prestarle la atención a la realidad. Construyen su propia manera de ver las cosas. Y se meten allí, se quedan allí. El actual gobierno no podía actuar de otra manera.

Desde el 26 de septiembre el gobierno viene resintiendo de la magnitud de la derrota. Tratando de buscarle la vuelta. De esconderla. Pero la derrota sigue ahí. Para la mayoría de los venezolanos este gobierno dejó de ser la alternativa. Y lo peor: para muchos de los que lo apoyan, también. Estos tres meses el gobierno ha intentado reinventarse, tratar de ver las posibilidades de que pueda salir victorioso en 2012. Todos los escenarios le resultan cuesta arriba. Ya el viento ha cambiado de dirección. Está en la parte final del tango.

Asumir todo lo anterior con entereza no es una opción para el gobierno. Ha trabajado mucho para que ahora se resigne a los nuevos tiempos. El gobierno, especialmente cuando se siente que expresa una “revolución”, no puede sino seguir hacia delante. El precipicio es su destino.

De manera que las conductas de estas semanas, especialmente la aprobación de “leyes” que a todas luces violan disposiciones constitucionales, no han sido nada sorprendentes. Estaba cantado que el gobierno optaría por la vía radical. Tratar de alcanzar la mayor cantidad de “objetivos” antes de que finalice el lapso de vigencia de la actual Asamblea Nacional. Y en eso se apareció la “emergencia”. Un poco de análisis en la Sala Situacional les dio la solución: convirtamos la “situación de las lluvias” en el eje de la nueva estrategia. Cada día una cadena con el Presidente entregando bonos a los damnificados, luego un paseo a la sala del Consejo de Ministros para animar a los muchachos, más tarde una visita al comando militar en el cual la “revolución” se concreta y profundiza, donde es de verdad. El hombre de la “risa fácil” será el encargado de convertir este “reality show” en la gran política. Más claro no canta un gallo.

Hay un “pequeño detalle” que la majestuosa “revolución” no toma en cuenta, o no quiere tomar. El 5 de enero se instala una nueva Asamblea Nacional. En menos de 20 días. Las consecuencias de tal hecho son amplias. Aunque el gobierno quiera minimizarlo, allí estará un liderazgo unitario que expresará las nuevas alternativas. Será más notoria la pobreza de argumentos con los que el gobierno pretende enfrentar la grave situación social, económica e institucional que vive el país. Independientemente de los excesos y atropellos a la propia Constitución, que se realizarán en los días finales del año, habrá 5 de enero. Es decir, se abrirá un mar de posibilidades para enfrentar la vocación totalitaria del actual gobierno, en los espacios y opciones que establece el marco constitucional. En cuestión de pocos días.

Politemas, Tal Cual, 15 de diciembre de 2010

Innovación en puertas

El país está a pocos pasos de una profunda transformación política. Más que la sustitución democrática del gobierno actual, se trata de la irrupción en la vida política del país de innovaciones sustantivas de actores, liderazgos, partidos, programas, prácticas. Esas innovaciones tienen en común la posibilidad de inaugurar una etapa de bienestar, con la incorporación de millones de venezolanos que se encuentran ahora decepcionados y rezagados en su progreso personal y familiar.

El actual gobierno, con sus monumentales fracasos e incompetencias, ha sido una vitrina del tipo de propuestas que no satisfacen a los venezolanos. Luego de trece años se siente con mucha fuerza la frustración y el cansancio. Las promesas incumplidas y las opciones atrasadas no pueden contener más las opciones de innovación que se abren a los venezolanos.

La Unidad Nacional ha sido un factor de gran influencia para condicionar esta transformación. Porque la Unidad, antes que unanimidad, ha significado la posibilidad de disentir, de matizar pareceres, de encontrar nuevas posibilidades. La Unidad ha sido el caldo de cultivo para explorar el alcance, viabilidad y velocidad de los cambios por venir. En el ejercicio de la coincidencia y del disenso se ha podido apreciar también los riesgos que esta transformación supone, especialmente porque todo lo que es novedoso y desconocido siempre exige una mayor dosis de paciencia y moderación.

También influye, por supuesto, las ansias de renovación en una sociedad dinámica como la venezolana. El liderazgo del actual gobierno luce cansado, sin ideas, repetidor, alejado de la emoción de nuevos horizontes. Contrapuesto a este escenario de atraso, existe una amplia legión de líderes políticos y sociales nacidos mucho después de 1958. Han podido apreciar las virtudes y limitaciones del proceso democrático de las últimas cinco décadas. Por razones generacionales están mucho más cerca de interpretar a los venezolanos más jóvenes, inmersos en las grandes encrucijadas que hoy ofrece el país.

Tales liderazgos no llegan por una simple sustitución generacional. Han desempeñado con éxito responsabilidades en la gestión pública y social, en la organizaciones de grupos y partidos, en la lucha ciudadana. Llegan con la experiencia de haber aprovechado nuestra herencia democrática, en tiempos de autoritarismo, pero con la gran convicción de que los cambios se realizan de manera directa, sin evasiones.

De manera que el tránsito del año 2012 es el que conducirá, a través de la decisión libre y soberana de los venezolanos, al inicio de una masiva innovación política. Que debe hacerse valorando el pasado y las enseñanzas que deja, así como integrando a todos los venezolanos. El país vive tiempos de innovación. Trabajemos para que sea sostenible, duradera y beneficiosa para todos.

Politemas, Tal Cual, 9 de noviembre de 2011

Se firma pero no se cumple

A pocos días de conocerse que tres personas murieron en una de las sedes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), en condiciones absolutamente inaceptables en una sociedad democrática respetuosa de los derechos humanos, se reúne en El Salvador la Asamblea General de la OEA. El tema seleccionado es el problema público más importante en muchos países de la región: el auge incontrolado de la violencia, y su efecto en la vida y bienes de millones de habitantes.

La declaración de la OEA expresa las posiciones de los gobiernos de los países signatarios. En primer lugar, se establece que la lucha contra la violencia es una prioridad en la atención de los gobiernos. Y que esa prioridad debe llevarse a la práctica en el marco de la democracia y en el pleno ejercicio de la vigencia de los derechos humanos.  También acuerdan los gobiernos que la lucha contra la violencia, a través de políticas de seguridad pública, debe dirigirse a las causas. Es decir, no basta atender los efectos, hay que ir al fondo de la generación del problema.

En la lucha contra la inseguridad, ratifican los gobiernos, es fundamental centrar la atención en los individuos.  Esto es, promover comunidades más seguras, sostenibles y coherentes. Para que la atención a las familias y las personas sea directa, efectiva, garantizando la reducción de los riesgos para sus vidas y sus bienes.  También la declaración ratifica que estas políticas requieren la participación de múltiples actores: los individuos organizados, los gobiernos de todos los niveles, la sociedad civil, los medios de comunicación, las universidades, el sector privado. O participamos todos, o sufrimos todos las consecuencias.

También indica la declaración que se debe fortalecer al Estado para que cuente con políticas públicas de largo plazo, que atiendan las condiciones de los grupos de mayor riesgo. Debe ser un Estado capaz de garantizar derechos, a través de los múltiples canales institucionales que requiere un problema de esta complejidad. Y dentro de ello debe tener especial importancia la prevención, rehabilitación y reinserción social, de manera que la atención del problema sea lo más integral posible. Al mismo tiempo se señala que las políticas públicas educativas deben promover la cultura que permita la eliminación de la violencia en las familias.

Para alcanzar lo anterior se requieren políticas que promuevan el acceso universal a la justicia, y a toda la protección de un sistema penal efectivo y confiable. La declaración lo deja bien establecido, así como la promoción de sistemas penitenciarios basados en el respeto a la persona humana y a los derechos humanos.

La declaración señala todas las acciones que se deben ejecutar en los países para que se reduzca la violencia, la inseguridad y la delincuencia. Cada una de ellas indica una amplia área de tareas que deben realizarse. La responsabilidad de los gobiernos es fundamental. Muchas de estas acciones requieren compromisos de gran aliento, sostenibles, efectivos.

El auge de la violencia en Venezuela, expresado en el aumento de las tasas de homicidios, y otros delitos contra personas y bienes, deja muy claro que las recomendaciones de la OEA no son la guía de las políticas en el área en nuestro país. Sin embargo, el gobierno la firmará. Evidencia muy clara de que una cosa es lo que se firma y otra lo que se cumple.

Columna de Acuerdo Social, Últimas Noticias, 12 de junio de 2011

Entre los peores de la Región

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en América Latina al menos 230 millones de personas no están protegidas por ningún tipo de seguro de salud. Tal fue el tema de la participación oficial de la OPS en el I Congreso Latinoamericano de Salud celebrado hace pocas semanas en Bolivia. Según la  nota de prensa, este Congreso contó con la participación de organizaciones no gubernamentales de catorce países. También se señala que las autoridades de los gobiernos habían ofrecido asistir, pero ninguna delegación se presentó finalmente.

El poco interés de los gobiernos para asistir a este encuentro, cuyo punto central era identificar vías para alcanzar una mayor cobertura y equidad en el sistema de salud, es muy preocupante, especialmente porque la ponencia oficial de la OPS señala también que América Latina es la región más inequitativa del mundo en un aspecto tan importante.

No puede haber cobertura universal de la salud sin la participación financiera del sector público. El mercado de la salud es muy imperfecto. Los usuarios de los servicios están en una posición desventajosa porque poseen muy poca información de las opciones y de los tratamientos. Además, la organización del sistema implica la participación de múltiples instituciones, muchas veces con intereses contrapuestos.

Para que todo ello pueda subsanarse,  se debe contar con la participación del Estado, especialmente a través del gasto público. La garantía de financiamiento, proveniente de fuentes públicas, permite que muchos de los ciudadanos, especialmente aquellos de los sectores con menos recursos, puedan contar con el acceso regular a servicios de salud. En todos los países desarrollados con cobertura universal de salud, el gasto público es superior al gasto privado. Es verdad que no es la única condición, pero es evidente que no puede haber cobertura universal sin un rol preponderante para el financiamiento público.

De manera que examinar el porcentaje de la población que no cuenta con seguros de salud es probablemente uno de los mejores indicadores que reflejan el grado de equidad del sistema de salud. De acuerdo con las cifras de OPS, el 46% de la población de América Latina no tiene seguro de  salud. En el caso de Venezuela, por diversos estudios, e incluso con fuentes oficiales de la III Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares, este porcentaje oscila entre 70 y 80% según las fuentes. Esta diferencia es dramática. Eso significa que un altísimo porcentaje de la población no tiene posibilidad ni siquiera de entrar al sistema de salud. Tal porcentaje nos coloca entre los países de la Región en los cuales la cobertura, establecida como la incorporación real a los beneficios de salud, está entre las más bajas. Si a ello sumamos que apenas 42% de todo el gasto proviene de fuentes públicas,  quedan muy evidentes las grandes restricciones para la cobertura salud que tenemos en Venezuela.

En la práctica, la situación de aquellos que no cuentan con seguro de salud, se hace más vulnerable. No existen instituciones en las cuales puedan exigir ese derecho. De manera que la cobertura se convierte en un evento aleatorio, que sólo es accesible a una minoría de los ciudadanos. Es por ello que el aumento de la cobertura real de los servicios de salud se ha convertido en una meta inaccesible para los venezolanos.

Columna de Acuerdo Social, Últimas Noticias, 10 de abril de 2011

Doce años sin hablar de empleos

Entre 1999 y 2011, el presidente Chávez ha dirigido el gobierno más largo en la historia republicana, después del presidido por el general Juan Vicente Gómez. Tiempo suficiente para evaluar si las líneas del progreso del país están bien encaminadas. Para identificar si estamos transitando las opciones que nos llevan a construir una democracia moderna, capaz de garantizar progreso y bienestar para todos los venezolanos.

Una somera mirada a las perspectivas del país en estos días no resulta halagadora. La aprobación de las leyes a finales del año pasado, a través de un proceso atropellado, distante de la consulta y la participación republicana, dejan signos evidentes de que nuestra democracia no goza de buena salud. A las fallas de no contar con un equilibrio de poderes, con el respeto estricto a los derechos humanos, con un sistema electoral equitativo, se suma ahora la construcción de instituciones (dentro de ellas, por ejemplo, las derivadas del Poder Comunal) que vulneran lo establecido en la Constitución de 1999.

También es cuesta arriba el panorama social y económico del país. Entramos al tercer año de una economía en recesión, con toda la afectación en la calidad del bienestar que ello implica, y con la ausencia de una política de crecimiento sostenible, promotora de la inversión. Sumemos a ello las dificultades en el ámbito social, con la caída en la cobertura de las Misiones, con falta de discusión sobre su calidad, con fallas evidentes en la prestación de servicios públicos, y con un clima de inseguridad que trastoca en todo sentido el quehacer de los venezolanos.

Si se pudiera identificar un aspecto sobre el cual pudiéramos centrar las bases de un acuerdo posible para enrumbar las cosas, es evidente que la calidad del empleo sería un buen candidato. Crear empleo exige que estén dadas las condiciones para emprender, sea en forma de empresas, o en forma de grupos especializados. Se requiere respeto a la propiedad y a las inversiones, pensar en horizontes largos, atender al ámbito nacional e internacional. Pero también presupone preocuparse por la protección del empleo y de los beneficios que se derivan. Es decir, lo que decidamos hacer con el empleo es una buena muestra de si somos capaces de crear un ambiente propicio para el progreso sostenible.

 Lamentablemente, el tema de la creación del empleo ha estado ausente en los doce años últimos años en el gobierno de Venezuela. En el discurso de toma de posesión del actual Presidente, en 1999, no se encuentra ninguna mención a la creación de empleos. Mucho menos de empleos de calidad. Tampoco se menciona la creación de puestos de trabajo. Sólo existe mención a “buscar empleo”. Los gobiernos, todo lo contrario, deberían promover la creación del empleo.

Se pudiera esperar que este período de doce años ha sido suficiente para que la importancia de la creación de empleos haya llegado a la élite gobernante. No ha sido así. En su último discurso de informe anual, el pasado 15 de enero, el Presidente tampoco mencionó ni una vez la palabra “empleos”, ni “puestos de trabajo”. Las veces que se refirió al “empleo” (9 en total), así, en singular, fue para caracterizarlo, para hablar de él. No para decirnos cuántos empleos se han creado en el país en su administración.

No podemos aspirar al desarrollo sin que definamos una estrategia donde el empleo sea fundamental. En este momento, al igual que en los últimos doce años, marchamos en la dirección contraria a la creación de empleos de calidad.

Columna de Acuerdo Social, Últimas Noticias, 6 de febrero de 2011

Presidente reprobado

El día sábado ha debido ser muy duro para el Presidente. Tener que asistir a un parlamento plural, aunque inequitativo, a rendir, según lo establecen las normas constitucionales, el informe de su gestión en el año anterior.

Por los resultados ya sabemos que el Presidente se preparó bastante mal para este examen. En primer lugar, porque no se puede maquillar con palabras las gigantescas fallas de su gestión. Son doce años de incompetencia muy evidentes. En segundo lugar, porque trató de evadir las preguntas que la sociedad se hace de manera incesante. Las reales preocupaciones de la gente: la inseguridad, la recesión económica, la creación de empleo, la protección social, los derechos políticos.

El Presidente habló siete horas. La transcripción oficial del texto del mensaje requirió 146 páginas tamaño carta, casi 50.000 palabras. Un sencillo examen de la atención que le prestó a los problemas de los venezolanos, demuestra que están muy distantes del lenguaje y de la ocupación presidencial.

La palabra “inseguridad” apareció cuatro veces en el mensaje. En una de ellas para señalar que no se sentía responsable de ese problema. Que la responsabilidad era de todos. Desconociendo las obligaciones que le exigen la Constitución y las leyes para preservar la vida y bienes de los ciudadanos. Todas las cientos de miles de muertes ocurridas en estos doce años están relacionadas con la incompetencia del Presidente en el manejo de la seguridad pública. La carencia de políticas efectivas han traído esas consecuencias. Hoy quiere evadirlas, escurrir el bulto en una supuesta responsabilidad colectiva.

La “recesión” nunca apareció en el discurso. Entrando al tercer año de una economía en crisis, sabida por todos, es inaceptable que ni siquiera la mencione. Mucho peor es que el Presidente no utilizó ni una sola vez en su largo mensaje las palabras “empleos”, ni “trabajos”, ni “puestos de trabajo”. No existe ninguna mención del número de empleos creados. Tampoco se menciona ni una sola vez la palabra “productividad”. Para el Presidente, la riqueza (mencionada sólo cuatro veces) siempre aparece vinculada al petróleo. Muy llamativo es que la palabra “Misiones” no fue mencionada por el Presidente ni una sola vez. Al igual que el término “derechos políticos”. Obvio, el Presidente no puede decir que los derechos políticos están en plena vigencia en Venezuela.

Las palabras han retratado al Presidente. Ante la inseguridad no asume responsabilidad. No le preocupa la situación económica. No tiene la creación de empleos entre sus objetivos. Tampoco la protección social, ni la cultura, ni los derechos políticos. La gestión del presidente Chávez es un monumental fracaso. No queda otra cosa que reprobarlo y continuar trabajando para sustituirlo en 2012 con el voto de los venezolanos.

Politemas, Tal Cual, 19 de enero de 2011

La peor salud

El actual gobierno no se caracteriza por garantizar la calidad de sus políticas. A todo lo largo de estos trece años ha sido patente el menosprecio por el conocimiento, por la búsqueda de los especialistas, por invitar a los mejores talentos. Las consecuencias están allí, en la incompetencia abismal que ha generado tantos retrocesos y dificultades para el bienestar de los venezolanos. Ya eso es grave e inaceptable.

Lo que supera tal circunstancia es que por las acciones y omisiones del actual gobierno, se coloque la salud de los venezolanos en peligro. Y especialmente la salud de aquellos venezolanos que deben acudir a nuestros centros públicos porque no tienen la posibilidad de seleccionar otra alternativa.

La mayoría de la atención de la salud se dispensa en instituciones públicas. Los médicos que trabajan en esos servicios han estudiado seis años en nuestras escuelas de medicina. Luego han trabajado al menos dos años en centros ambulatorios y hospitales, y cursado estudios de postgrado de tres años de duración. Muchos de ellos tienen más de un postgrado. Al menos 11 años de formación. Realizada a través de la atención a pacientes, con la supervisión de profesores y residentes, de guardias regulares, con registro de las actividades en cada etapa. No en balde los profesionales egresados de nuestras escuelas de medicina (todas ellas públicas) son admitidos en postgrados en el exterior. Y en los últimos años son altamente atractivos para muchos países.

Esos médicos se formaron en hospitales y universidades públicos. Y es aquí entonces que el actual gobierno, poseído de la dosis más alta de irresponsabilidad y mediocridad, procede a vulnerar todos los criterios de calidad en la formación de recursos humanos, para implementar la carrera de Medicina Integral Comunitaria.

Luego de seis años, aprobada sólo en una universidad del país, se encuentran a punto de obtener sus títulos 8.300 estudiantes de dicha carrera. Según lo han demostrado algunas de nuestras escuelas de medicina y la propia Academia de Medicina, tales estudiantes se han “formado” a través de videos, sin supervisión por personal calificado, no han realizado guardias en servicios de emergencias, no han entrado a quirófanos, no han recibido clases en medicina tropical, entre otras carencias. Todos ellos han sido víctimas de un fraude.

Así como también será un fraude para los pacientes. Esta irresponsabilidad ha sido denunciada desde hace seis años por todo el liderazgo de la medicina venezolana. Y la respuesta ha sido la indiferencia. Los gobernantes de turno han antepuesto sus preferencias ideológicas, su obediencia ciega e irreflexiva, a la atención de calidad. Con su negligencia e improvisación han debilitado nuestra formación de recursos humanos, lo peor que le puede pasar a la salud de los venezolanos.

Politemas, Tal Cual, 2 de noviembre de 2011

Compromiso por la Unidad Nacional

La Unidad Nacional es un compromiso. Ese es uno de los mensajes centrales que la Unidad Democrática ha presentado al país con el acto de principios de semana. Se reunieron allí los representantes de los partidos que conforman la Mesa de la Unidad, así como los gobernadores de estado que forman parte de la alianza, y aquellos que han manifestado su intención de participar como candidatos a la nominación presidencial en las elecciones primarias del 12 de febrero de 2012. Todos reunidos para demostrar que la Unidad tiene una visión compartida de lo que quiere proponer a los venezolanos. Y además, convencidos de que esa visión se llevará a la práctica con el concurso de todos los sectores reunidos en la Unidad Nacional.

En menos de tres años, la alianza congregada bajo la Mesa de la Unidad ha recorrido un trayecto creciente de madurez y profundidad. Es bueno resaltar que la Mesa de la Unidad nace con un objetivo trascendente: construir una nueva mayoría política en Venezuela. Y para ello se requería una visión estratégica, una propuesta programática, una dirección política efectiva, una organización en todos los rincones del país. En las elecciones del 26 de septiembre del año pasado, esa mayoría se expresó ya con nitidez. Millones de venezolanos vieron en la propuesta de la Unidad una real alternativa de progreso y bienestar para los venezolanos. De allí que la agenda que fue presentada en las elecciones se convirtiera en la guía del trabajo político y parlamentario.

Con tales resultados, el horizonte de la Unidad se hizo más amplio y exigente. Desde finales del año pasado se han dado nuevos pasos. En primer lugar, definir con mayor precisión los objetivos del trabajo para los años 2011 y 2012. Dentro de ellos ha surgido con especial nitidez que los alcances de la Unidad superan la coyuntura electoral del año próximo. Se trata de avanzar para que el gobierno del próximo período abra para los venezolanos una nueva etapa, con prosperidad y bienestar, y con realización de derechos políticos y civiles. Y para ello era fundamental establecer los mecanismos para seleccionar el abanderado presidencial, así como todos los candidatos para las gobernaciones y alcaldías. Otro paso importante fue ratificar que el próximo gobierno será de Unidad Nacional, el cual estará basado en Lineamientos aprobados por toda la alianza.

Es en ese proceso de avances y de nueva institucionalidad, que cobra especial valor el documento de “Compromiso e Invitación por un Gobierno de Unidad Nacional”. Allí se establecen los rasgos característicos de la Unidad, así como las grandes áreas de acción del Gobierno de Unidad Nacional, y los compromisos de respaldar al candidato unitario en la campaña electoral y en el ejercicio de la Presidencia de la República. Compromisos firmes para servir a los venezolanos.

Politemas, Tal Cual, 28 de septiembre de 2011

Gobierno de Unidad Nacional

La Mesa de la Unidad Democrática ha establecido una nueva meta. Por unanimidad se ha acordado que el próximo gobierno será de Unidad Nacional. La alternativa democrática se propone gobernar a Venezuela con la más amplia coincidencia con las aspiraciones del país. Los venezolanos quieren concordia, sosiego, acercamiento, para lograr una etapa de progreso y bienestar para todos.

El gobierno de Unidad Nacional es una propuesta que nace del consenso, del intercambio entre aliados con visiones diferentes, pero convencidos de anteponer lo fundamental a cualquier consideración particular. Lo prioritario es el camino unitario. A dos años de su anuncio al país, la Mesa de la Unidad ha logrado establecer una alianza con objetivos precisos, basados en el diálogo democrático, con aspiraciones de servir a los venezolanos.

El gobierno de Unidad Nacional será de seis años. Sucederá a una administración de catorce años, la más larga desde el gobierno del Juan Vicente Gómez. Esta administración se ha caracterizado por el autoritarismo y la incompetencia. Los problemas centrales de los venezolanos se han agravado y las bases de la democracia se han deteriorado.

En ese contexto, el gobierno de Unidad Nacional deberá ser un espacio de encuentro, para promover un clima de amplitud y respeto entre todos los sectores de la sociedad. Tal aspiración le corresponde impulsarla a los partidos políticos, pero debe ir más allá. Se trata de incluir a todos los sectores del país, con sus diferencias, pero también con sus rasgos comunes.

En el próximo gobierno la Unidad Democrática tiene grandes retos. Al menos cinco grandes tareas deberán enfrentarse. La primera es fortalecer la institucionalidad democrática, tan venida a menos en el actual gobierno. En el respeto a las instituciones señaladas en la Constitución de 1999 están muchas de esas pistas. También se deberán acometer las iniciativas para contar con mejores gobiernos, no sólo en el ámbito nacional, sino también en los estados y municipios. Promover una sociedad productiva será el tercer gran objetivo. Esto es, impulsar políticas orientadas a convertir al empleo de calidad en el centro de la agenda pública. Al mismo tiempo, se deberá colocar a Venezuela en una perspectiva abierta y de cooperación con todos los países del mundo. Todo lo anterior deberá servir de marco para el diseño y ejecución de políticas que mejoren sustancialmente la calidad de vida de toda la población.

El gobierno de Unidad Nacional es un compromiso de la Mesa de Unidad Democrática. Para lograrlo se sigue una estrategia, se trabaja coordinadamente, y se convoca a los mejores. Las condiciones están dadas para convertir en realidad las demandas de los venezolanos por vivir y progresar en paz. De eso se trata la Unidad Nacional.

Politemas, Tal Cual, 3 de agosto de 2011

Traicionados por la ideología

El gobierno le tiene ganas. Desde el inicio de esta gestión, se ha obstaculizado sistemáticamente al sector privado de la salud. Es una lógica que muchas veces que se ha impulsado desde las altas esferas del gobierno. El propio Presidente la repite incesantemente.

El razonamiento es tan sencillo como ideológico. Se parte de la siguiente base: la salud es un servicio que sólo puede prestar el sector público. Aquellos que trabajan en el sector privado de la salud lo hacen porque son unos desalmados, que se aprovechan de las necesidades de las personas, y cobran por ello. Todo lo cual luce inaceptable para los altos jerarcas del gobierno.

Tal sistema de salud sólo existe en las concepciones atrasadas de los actuales gobernantes. En todas las democracias modernas existen las regulaciones y espacios para aceptar y promover la prestación de servicios de salud por instituciones privadas. El hecho de que la mayoría del financiamiento de la salud provenga de fuentes públicas, no excluye en modo alguno la participación privada. En algunos casos, tales modalidades privadas son complementarias del sector público y permiten un adecuado intercambio de recursos humanos, tecnología, recursos en general.

Al arremeter contra el sector privado, el actual gobierno partió de una premisa falsa. Se pensó que la gran mayoría de los servicios eran prestados por el sector público. Que el sector privado representaba una opción insignificante dentro del sistema de salud. De allí que se postulara: si se fortalece el sector público, a través especialmente de la Misión Barrio Adentro, el sector privado se quedará sin usuarios. Y dado que el objetivo es aniquilar todo vestigio de prestación privada, se asumió que tal estrategia conduciría a ese resultado.

No tomaron en cuenta los “estrategas” que las limitaciones de cobertura de los servicios públicos, sumado a la ausencia de una política de financiamiento equitativa, así como el impulso que han recibido las pólizas de hospitalización, cirugía y maternidad, han contribuido con el aumento relativo de la participación privada en el total de servicios. Casi el 35% de la utilización de servicios de salud está en manos del sector privado. Lo cual corresponde a más de 15% superior a la cobertura de seguros privados. Eso significa que muchas personas acuden a los servicios privados lo hacen con sus propios recursos, sin seguro de salud de ningún tipo.

De allí que el ataque no puede cesar. Se buscan todas las artimañas: regulaciones de precios, normativas para la estimación de costos, cumplimientos de normas inadecuadas, entre otras. Al final el resultado es el mismo: perseguir al sector privado y afectar las posibilidades de servicios de los venezolanos. Una estrategia tan fracasada como la actual gestión de la salud.

Politemas, Tal Cual, 27 de julio de 2011

Constitución a la intemperie

En 1998 muchos venezolanos votaron por el actual gobierno porque aceptaron la propuesta de una nueva Constitución. Se hizo ver que todos nuestros males derivaban del anacronismo de la Constitución de 1961. Poco se reparó que tal texto constitucional ha sido el de mayor vigencia en nuestra historia republicana. Durante el período de esa constitución, el país se consolidó como democracia y permitió el ejercicio del poder dentro del respeto a las formas y principios del estado de Derecho. Hay que resaltar que no todo fue perfecto. Que muchas de las disposiciones de la Constitución de 1961 (nada más citar la reelección a los diez años), no eran consistentes con las demandas de mayor democracia.

El actual presidente aprovechó la coyuntura. Convirtió a la Constitución de 1961 en el enemigo a vencer. Y con ella a todo el andamiaje del maltrecho orden político de la época. En su toma de posesión marcó la pauta. La llamó “moribunda”. Y allí la sentenció. Con la complacencia de los poderes de la época, se aprobó la posibilidad de elaborar una nueva constitución. Y así fue, en diciembre de 1999 el país aprobó la actual constitución a través del referéndum respectivo. Pocos días después se aprobó la designación de los poderes públicos a través de procedimientos que no estaban en el texto recién salido de los votos de los venezolanos. La Constitución de 1999 duró poco en realidad.

A partir de esa primera arremetida contra la Constitución, el gobierno actual ha ido progresivamente cercando a democracia venezolana. Baste nombrar las violaciones a los derechos humanos, las promesas incumplidas en los beneficios sociales, la eliminación del Estado Federal descentralizado, la ausencia de cumplimiento de las disposiciones en materia de aprobación de las leyes estipuladas en la Constitución. Sistemáticamente el actual gobierno convirtió la Constitución en un enunciado de artículos sin mayor relación con la realidad. La Constitución se fue convirtiendo en un estorbo para los excesos del actual gobierno.

Y así llegamos al episodio más reciente. El Presidente acude a la Asamblea Nacional a pedir permiso para ausentarse del país por tiempo no establecido, para cumplir tratamiento médico. No se explica a la Asamblea Nacional la naturaleza exacta de la enfermedad. Lo que es evidente es que la ausencia del Presidente no es para representar al Estado y al gobierno en un foro internacional o en una gestión ante otros países. La falta temporal debe conducir a que se encargue el Vice-Presidente. Todos los mecanismos señalados en la Constitución casos quedan a un lado. El gobierno ha impuesto su parecer, aprovechando la docilidad de la representación parlamentaria oficial. La Constitución es todavía menos la norma de orden y civilidad. Es una constitución a la intemperie.

Politemas, Tal Cual, 20 de julio de 2011

La madre de las faltas temporales

El canciller Maduro lo explicó con todas sus señas. El presidente Chávez fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas en La Habana. La primera tuvo una duración de cuatro horas. La segunda duró más de seis horas. Más de diez horas en total.

Es obvio que durante el tiempo de ambas operaciones, el presidente Chávez no estaba consciente. Dada la naturaleza de las intervenciones, ambas en la región pélvica, se requería la administración de distintos medicamentos anestésicos, junto con el monitoreo estricto de sus signos vitales. Durante ambos períodos, el Presidente no estaba en capacidad de llevar la administración del Estado. Es muy difícil imaginarse otra situación más clara en la que temporalmente el Presidente de la República no pueda ejercer sus funciones. La inconsciencia derivada de un acto quirúrgico es el grado máximo de la falta temporal.

La Constitución de 1999 establece en el artículo 234 el procedimiento a seguir cuando se produce una falta temporal. En este caso de debe suplir al Presidente, y para ello se encarga el Vice-Presidente hasta por un período de 90 días. En otras palabras, el Vice-Presidente asume el cargo de Presidente, hasta que cesa la falta temporal. En este caso, mientras el Presidente se encontraba inconsciente, producto de la anestesia, ha debido encargarse de la Presidencia el Vice-Presidente Jaua. Tan sencillo como eso, por lo demás un procedimiento habitual en el manejo del Estado.

Tal rutina no se siguió. Dentro de la concepción autoritaria del actual gobierno, el Estado es una apropiación que hace el gran líder. Es decir, el líder se coloca por encima del Estado, el cual deja de ser una entidad colectiva, para ser una dependencia del gobernante. Por lo tanto, no hay sentido de que se supla al Presidente, aún en esa condición. El Estado, dentro de esa lógica, puede ser conducido por el líder en toda circunstancia, aún anestesiado.

Toda esta secuencia de eventos demuestra en sumo grado el deterioro de la institucionalidad que se ha producido en este gobierno. Durante las diez horas que duró esta falta temporal evidente, todas las atribuciones que son inherentes al Presidente de la República quedaron suspendidas. Desde nuestras relaciones exteriores, pasando por la dirección de la Fuerza Armada, hasta la administración de la hacienda pública nacional. Sencillamente porque el Vice-Presidente no estaba formalmente a cargo para su manejo. El Estado quedó suspendido.

Luego de casi trece años de gobierno personalista y autoritario, el Estado venezolano ha quedado reducido al antojo del actual Presidente. Es muy irónico que todo ello se produzca cuando la República llega a su Bicentenario. Antes que el adecuado funcionamiento de las instituciones, el actual gobierno sólo preserva el poder. “El Estado soy yo” es la consigna del momento.

Politemas, Tal Cual, 6 de julio de 2011

Los cristalizadores

A la Unidad Democrática la tienen en la mira los “cristalizadores”. Estos son personajes que aparecen en los medios y dejan colar sus “valoraciones” de la situación nacional. Por alguna razón no identificada, les gusta el cristal. Quieren que las cosas siempre “cristalicen”. De allí su nombre.

El punto de central de estos personajes es que la oposición “no logra cristalizar”. Y dejan la idea hasta ahí. No elaboran. No explican qué quieren decir. Tampoco especifican el tipo de cristal al cual se están refiriendo. No, sencillamente emiten el juicio y pasan a otra cosa.

Lo interesante del asunto es que “cristalizar”, según el Diccionario de la Real Academia, tiene como una de sus acepciones: “tomar forma clara y precisa”. De manera que se puede concluir que si la oposición no cristaliza, es porque no tiene forma clara y precisa.

Una somera comparación del cuadro político actual con el que existía en febrero de 2009, muestra que es mucho más claro y preciso, desde la perspectiva de la oposición. En esa época se venía de la derrota electoral del referéndum de la enmienda. El clima general era de desaliento. En esas condiciones comienza un esfuerzo sostenido, paciente, sistemático, por construir una alternativa política que sustituya al actual gobierno.

Para ello se requería construir una dirección política, amplia, funcional. También la elaboración de una estrategia política de mediano plazo, así como la concreción de un acuerdo programático compartido. El siguiente aspecto era conformar una alianza electoral que se expresara en las elecciones parlamentarias de 2010. En año y medio la Unidad Democrática consiguió esos logros. De manera “clara y precisa”. La mayoría de los votos obtenidos y los 65 diputados son expresión muy contundente de los avances.

A finales de 2010 la Unidad se plantea los siguientes pasos. Apuntar a las elecciones presidenciales, y de gobernadores y alcaldes, de 2012. Para ello se requiere crear las bases para la selección de los candidatos. De allí el esfuerzo para establecer la base institucional para la celebración de las elecciones primarias. Y paralelo a esto, la Unidad acomete la difusión de sus propuestas, dentro de las restricciones amplias que se tienen, así como la elaboración del acuerdo de gobernabilidad y los lineamientos del programa del gobierno unitario. Y a ello debe agregarse la tarea de consolidar la organización en todos los municipios y estados del país.

Todos esos logros son claros y precisos. Pero para los “cristalizadores” esos logros no existen. Prefieren crear las dudas sobre la Unidad. Son felices obstaculizando. Contribuyendo con el adversario. Quisieran que la Unidad fuera de cristal, que fuera frágil. Pero no será así, la Unidad será fuerte, flexible, sostenible. A prueba de “cristalizadores”.

Politemas, Tal Cual, 22 de junio de 2011

Terror policial

En un centro de detención del Centro de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se producen tres muertes. Las informaciones indican que las personas murieron por aparentes excesos de funcionarios. Se señala la presunta comisión de delitos de trato cruel a detenidos, omisión de socorro, y quebrantamiento de pactos y acuerdos internacionales. Ya con esto es suficiente para entender que la violencia no sólo se ha apoderado de las calles del país, también ha tomado al sistema policial.

Todo ello explica la opinión que tiene el ciudadano sobre los cuerpos policiales. No hay confianza, no se denuncian lo delitos, el ciudadano la piensa más de una vez cuando está en el trance de solicitar apoyo policial. Sabe que su vida puede correr peligro, en la institución que está para defenderlo.

Es más grotesca la situación cuando se trata de una policía que debe ser modelo. Con los mejores funcionarios, con una carrera profesional de alto nivel, con asistencia técnica de primera, especializada y efectiva. Todo ello está reducido a su mínima expresión.

En las unidades de detención del CICPC nadie está a salvo. Eso de que el derecho a la vida es inviolable, tal como lo dice la Constitución en el artículo 43, no se cumple. Tampoco que el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de libertad. También se contraviene el artículo 46, el cual señala que toda persona tiene derecho que se respete su integridad física, psíquica y moral. En consecuencia, está prohibida la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Todas estas disposiciones son letra muerta en los sitios de aprehensión del CICPC.

El cúmulo de detalles que ha salido a la opinión pública indica que no es una situación nueva. Que es muy difícil que todo esto haya estado pasando sin el conocimiento de los responsables de la institución. Que las condiciones de hacinamientos en estos centros violan cualquier norma de los adecuados servicios. En otras palabras, los centros policiales se han convertido en instancias donde los más elementales derechos humanos son violados todos los días.

Es también evidente que estas prácticas condenables son rutina en muchos de estos centros. Que estas muertes son lamentablemente una expresión de un estado general de deterioro de nuestros servicios policiales. No debe extrañar la falta de confianza y el miedo que inspiran las policías.

Para todo esto no se conocen reacciones, correctivos. La Asamblea Nacional anuncia una investigación. Pero los altos responsables de esta situación, desde el Ministro hasta el Director del CICPC, no han puesto su cargo a la orden. Nadie ha salido ante los medios para decir que se investigará “hasta las últimas consecuencias”. La práctica del terror se ha apoderado de nuestros servicios policiales.

Politemas, Tal Cual, 8 de junio de 2011

El gradualismo como política

En poco más de dieciocho meses tendremos un nuevo gobierno en el país. Todos los signos indican que el actual gobierno puede perder la reelección, y que el candidato de la Unidad Democrática puede alcanzar los votos que lo lleven a Miraflores. Lo cual será el inicio de una nueva etapa de crecimiento sostenido de las fuerzas democráticas.

Ese nuevo gobierno tendrá por delante muchos retos. La actual gestión se ha caracterizado por su autoritarismo e incompetencia. Las consecuencias en la vida concreta de los venezolanos son palpables. Los problemas más urgentes y acuciantes, como la inseguridad, el desempleo y el empleo de baja calidad, los servicios públicos, la falta de vivienda, por decir sólo algunos, se han agravado en estos doce años. Muchas esperanzas se han evaporado. Todo lo cual ha confluido en la creciente aspiración de renovación que se siente en todo el territorio.

Entre otras consecuencias, el actual gobierno ha deteriorado, algunas veces sin saberlo y otras a plena conciencia, la calidad de nuestras instituciones. Todo lo cual conspira para restablecer una base adecuada para solucionar los problemas. De manera que las tareas que tendrá que asumir el nuevo gobierno serán difíciles y complejas. Sin embargo, con la debida preparación y los acuerdos necesarios es posible obtener éxitos tempranos y enrumbar al país por una senda de estabilidad y progreso. Esa es la oportunidad que se nos presenta.

Ante tal perspectiva, pudiera asomarse la posibilidad de realizar reformas abruptas, con la lógica de que mientras más rápido se hagan los cambios, los resultados también vendrán más rápido. También podría proponerse que los grandes “desequilibrios” que dejará la actual administración exigirán cambios bruscos en muchas áreas de políticas.

Lo cierto del caso es que las reformas abruptas no son buenas consejeras. Las políticas de “shock” muchas veces han agravado las crisis de los países. En nuestra experiencia, especialmente sin los acuerdos necesarios, las reformas a “troche y moche” han acabado con las reservas de gobernabilidad. Más aún, los supuestos desequilibrios de un país con ingresos petroleros de 100 dólares por barril no tienen que manejarse con impulsividad. Especialmente porque las prioridades de ese nuevo gobierno deben estar orientadas a mejorar las mermadas condiciones sociales de la población.

De manera que el nuevo gobierno deberá asumir los cambios con el prudente gradualismo. Lo cual no es sinónimo de inmovilismo ni de pasividad. Todo lo contrario. Hay que moverse más, pero con pasos pequeños, sabiendo la dirección y los objetivos, pero con conciencia de que los cambios se sostendrán en la medida que sean progresivos, con resultados tangibles y sistemáticos. Gradualismo será la forma de lograr transformaciones duraderas.

Politemas, Tal Cual, 1 de junio de 2011

Salud al garete

Ya el gobierno poco habla de la salud. Parece haber caído en cuenta de que no es posible mejorar la salud a punta de propaganda. Han transcurrido dos años desde aquella declaración de “emergencia” de Barrio Adentro, cuando el Presidente, basado en un informe preparado “ad hoc” por el gobierno cubano, inició su actual campaña electoral para el 2012.

Pensaba el Presidente que era “soplar y hacer botellas”. Que bastaba con inyectar nuevamente recursos a través de las “tuberías” de Barrio Adentro para que aflorara nuevamente la atracción del electorado. Las cosas no han resultado tan fáciles. No hay recursos y esa “tubería” tiene muchos “huecos”. Los recursos no llegan y la gente lo sabe. Por eso el gobierno decide hablar de las viviendas. Con la creencia de que mostrar infraestructura le permitirá navegar la dura travesía que le espera.

Con la salud no puede improvisar tanto. Luego de casi trece años de desconocimiento de las normas establecidas en la salud pública moderna, el gobierno ya palpa su terrible fracaso. La caída en la cobertura de Barrio Adentro es monumental. Menos del 30% de la población señala que acude a estos centros (incluyendo los Centros de Diagnóstico Integral, CDI). Pero más crítico es que apenas el 7% de la población reconoce que allí recibe atención para las llamadas enfermedades crónicas (diabetes o hipertensión, por ejemplo).

Los hospitales públicos siguen siendo los centros de atención a los cuales acuden los venezolanos. Pero el estado de postración en el que se encuentran, producto de la deliberada política de crear otro sistema al amparo de Barrio Adentro, no puede ser más evidente. Si a ello le sumamos el dramático éxodo de profesionales de todas las áreas de la salud, no queda mucha duda de que este gobierno no sólo acabó con lo que funcionaba, también ha puesto tremendas trabas a las posibilidades de recomponer el sector salud.

Todo eso lo sufren los venezolanos en sus condiciones concretas. Las estadísticas comparadas indican que estamos entre los peores países en la atención de enfermedades de todo tipo en la Región. En las agudas y en las crónicas, en las que afectan a los niños y las que afectan a los adultos mayores. Baste nombrar que la probabilidad de morir por diabetes en los adultos entre 50 y 59 años es mayor en 2008 que en el año 2000. Según las propias cifras oficiales.

El actual gobierno puede considerarse como un “libro de texto” de lo que no se debe hacer con la salud de los venezolanos. El desempeño de sus políticas no puede ser peor. Por eso el Presidente ya no habla de la salud. Quizás en unas semanas cuando quiera apelar a los sentimientos, aparecerá otra vez en algún centro de salud, con alguna bata blanca, mostrando esta vez la “salud en maquetas”. La peor gestión de la salud en Venezuela desde 1936, cada día que pasa lo demuestran más. Y también lo sufren más los venezolanos.

Politemas, Tal Cual, 25 de mayo de 2011

Envejecer sin pensiones

La pobreza en Venezuela tiene muchas caras. Afecta a los niños, a las mujeres, a los hombres, a los trabajadores, pero también a los desempleados. También está en todos los estados. Pero de todas esas manifestaciones, hay una que es especialmente preocupante. Llegar a la vejez sin la protección necesaria para enfrentar la última etapa de la vida.

A los venezolanos les ha ido mal con la protección de la vejez. Los desaciertos en el manejo del fondo de pensiones del IVSS, a finales de los setenta y comienzos de los ochenta, ocasionaron su eliminación. La pérdida del respaldo para las inversiones que debían estar en el Fondo trajo como consecuencia que no era posible mantener los beneficios. El Fondo no fue ajustado oportunamente para garantizar que los egresos fueran menores a los ingresos. A partir de ese momento, el dinero para las pensiones pasó a depender de los recursos que aportara el fisco nacional.

El efecto concreto fue que el número de cotizaciones dejó de ser el indicador para estimar el monto de las pensiones. Es decir, personas con diferencias en las semanas cotizadas empezaron a recibir pensiones por el mismo monto. De allí que dejara de ser un incentivo la incorporación al mercado laboral.

El otro efecto perverso fue la discriminación de las personas que trabajaban en el sector informal. Al no haber cotizado regularmente, no podían tener derecho al beneficio de la pensión. Esta es la razón por la cual se incorpora acertadamente en la Constitución de 1999 la previsión de las pensiones no contributivas. Es decir, aquellas pensiones que no requieren aportes por parte del futuro beneficiario. Sin embargo, la actual administración no ha logrado presentar y aprobar una legislación que garantice lo previsto en la Constitución de 1999. El régimen de pensiones es otra más de las grandes omisiones de la actual política social.

El resultado de toda esta dejadez e irresponsabilidad se conoce poco. En estos momentos, de acuerdo con estudios parciales, el 72% de las mujeres por encima de los 70 años no tiene pensión. En el caso de los hombres es 50%. Esto significa que una fracción muy alta de la población de adultos mayores no está en condiciones de enfrentar los gastos ordinarios por sus propios medios. Si a ello sumamos que esta población tiene mayor probabilidad de presentar problemas de salud con sus complicaciones, es evidente que sus condiciones de vida se hacen mucho más vulnerables.

Todo lo anterior genera que la atención de los adultos mayores se ha convertido más en un problema “privado” de las familias que una responsabilidad pública. Los mecanismos de protección simplemente no existen para esta población. En Venezuela envejecer se ha convertido en una condición de gran vulnerabilidad y desigualdad. Muestra de los enormes déficits de nuestra protección social.

Politemas, Tal Cual, 11 de mayo de 2011

El estatismo de Humala

El programa de gobierno que se encuentra en el sitio web oficial de Ollanta Humala no ha sido modificado después de la primera vuelta. Sigue siendo la versión que se presentó en diciembre del año pasado. Debe considerarse hasta la fecha como la versión oficial.

El título del programa es “La Gran Transformación”. La forma de concretar tal transformación no es desconocida para los venezolanos. Se señala que el nacionalismo es la alternativa democrática a la “actual modernización neoliberal excluyente y desnacionalizadora”.

Tratando de disimular un poco el énfasis estatista, el programa presenta el concepto de “economía nacional de mercado”. Para colocar el mercado, quizás, en alguna parte. Decir a secas “economía nacional” hubiera llamado más la atención. Más adelante se señala: “los nacionalistas convocamos a esta amplia unidad para lograr que nuestras riquezas naturales y nuestras fuerzas productivas estén al servicio de nuestros pueblos costeros, andinos y amazónicos”.

Todo lo anterior demuestra que un potencial gobierno de Humala asumirá el nacionalismo como eje de políticas. Para que no queden muchas dudas se indica que las actividades estratégicas, aquellas que tienen que ver con el desarrollo, están ahora en manos de empresas extrajeras con posición de dominio en el mercado, con la consecuente subordinación de los peruanos a los intereses extranjeros.

Por ello no debe extrañar que el primer eje estratégico del programa sea justamente la nacionalización de las actividades estratégicas. Claro, “advirtiendo” que no se impulsarán estatizaciones. Todo lo cual se cae rápidamente cuando más adelante se indica que la única instancia en la que se puede confiar, a la que se debe acudir para salvar los activos es al Estado. Con todos los detalles se indica: “es el Estado y no el mercado, lo público y no lo privado, quien en esta crisis concita las esperanzas de todos”. No pareciera que haya mucho que agregar.

Pero se agrega: la economía nacional de mercado supone “la aplicación de reglas, controles y la soberanía necesaria que sólo el Estado podrá establecer para que el bienestar de todos sea alcanzado”. Se propone la recuperación de la soberanía sobre los recursos naturales, para lo cual se deberá proceder a la modificación de la Constitución de 1993, y fortalecer las “empresas estratégicas” del Estado para que sean eficientes y competitivas.

El programa de Humala establece las cosas con precisión. Se regresaría a una etapa ya conocida en la historia peruana: las tendencias colectivistas que arruinaron a la industria en el gobierno militar de Velasco Alvarado. Antes que la adecuada combinación de Estado y mercado, Humala prefiera una nueva ola de estatismo. El viejo fantasma que puede regresar para desdicha de los peruanos.

Politemas, Tal Cual, 4 de mayo de 2011

El programa de Dilma Rousseff

La actual Presidenta de Brasil fue directa al grano. Su desempeño como ministra resultó ser invalorable para apuntar con tino. Recientemente el ex-presidente Lula ha comentado que Dilma Rousseff conoce con mucho detalle las políticas que implementó en su gobierno. Muchas de ellas tienen su sello.

Tal parece que los dieciséis años precedentes, con los mandatos combinados de Fernando Henrique Cardoso y Lula Da Silva, han preparado el escenario para que Brasil continúe su marcha ascendente. Sin mayores estridencias, sin ideologías trasnochadas, ni cuentos de caminos. Todo está resumido en 13 puntos.

El primero de ellos es el fortalecimiento de la democracia brasilera. Se dará continuidad a la reforma del Estado y se respetará el equilibrio de poderes. También se garantizará de manera irrestricta la libertad de expresión y de prensa, así como los derechos humanos. Las nuevas modalidades de participación serán decididas en el Congreso Nacional.

El segundo de los puntos, sin mayores complejos para un gobierno de corte socialista moderno, es el crecimiento económico. Política macroeconómica compatible con las posibilidades fiscales. Se dará prioridad a disminuir los desequilibrios territoriales. El centro de la producción se colocará en la política industrial, en el emprendimiento y, en la agricultura familiar y el agronegocio. Se apuesta a la internacionalización de la política energética de fuentes renovables y limpias. En el desarrollo de infraestructura se dará prioridad a los ferrocarriles, puertos y aeropuertos.

La defensa del ambiente estará concentrada en las biomas más importantes (entre ellas la Amazonia), así como la ampliación de las fuentes de agua. La eliminación de la pobreza extrema es otros de los puntos. Para ello se ampliará el Programa Bolsa Familia, y se fortalecerá el programa de créditos a emprendedores. A los beneficiarios de Bolsa Familia se les integrará en el mercado laboral. La contratación colectiva y los derechos reconocidos por las instancias internacionales serán la guía de la acción.

La garantía de la educación de calidad será también una prioridad. Especialmente la educación de los jóvenes y el acceso a las universidades a través del programa ProUni, el cual favorece a los estudiantes de menos recursos económicos. Se espera que todas las ciudades con más de 50.000 habitantes tengan un Instituto Federal de Educación Tecnológica. También se propone la transformación de Brasil en una potencia científica y tecnológica. La ampliación de la cobertura de salud se realizará a través del suministro de medicamentos de manera gratuita. Especial mención reciben también las políticas de seguridad ciudadana, vivienda y hábitat, así como la presencia activa de Brasil en el mundo.

La oferta de Dilma convenció. Ahora queda concretarlas.

Politemas, Tal Cual, 27 de abril de 2011

Es la política social, estúpido!

Los resultados de las elecciones en Perú ponen en el tapete las tensiones de las políticas de desarrollo. La segunda vuelta se decidirá entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori. Ambas candidaturas constituyen expresiones de polos opuestos en la política peruana. Tales diferencias se irán haciendo más definidas en la medida que avance la campaña electoral para la segunda vuelta.

Que ambos contendores ocupen polos tan separados es consecuencia de la desaparición del centro político en estas elecciones. Por una parte influyó la imposibilidad del APRA para presentar un candidato atractivo. Y por la otra, las diferencias entre Toledo y Kuczynski que impidieron llegar a una candidatura consensual. Quizás porque cada uno pensó que tenía los votos para pasar a la segunda. Y se quedaron fuera los dos.

Lo llamativo de las elecciones peruanas va más allá de los arreglos políticos. Luego de casi veinte años de crecimiento sostenido, de gran magnitud, con aumento significativo del ingreso per cápita, quizás muchos pensaron que era automática la senda del progreso. Desde esa perspectiva hubiera bastado mantener los ciclos de crecimientos basados en la gran inversión que se recibe del exterior, especialmente en minerales y en el sector financiero. La votación que recibió Ollanta Humala es una demostración de que no había tal automatismo.

Que la votación se haya compartido con Keiko Fujimori es otro indicativo de que en algunos sectores hay añoranza por la política social de su padre. El propio presidente Alan García lo ha reconocido. Es muy posible, entonces, que la desaparición temporal del centro político esté vinculada a la interpretación de los contenidos de la política social. Toledo y Kuczynski no eran alternativas.

Entre 2004 y 2009 la pobreza en Perú se redujo en 28%. El auge económico indudablemente influyó en el aumento de los ingresos de las familias. Sin embargo, la desigualdad social se mantuvo casi inalterada. Mientras la pobreza de ingresos no llega a 15% en Lima, en las zonas rurales de la sierra y de la selva alcanza 60%. La indigencia afecta fundamentalmente a la población rural de la sierra y de la selva.

La razón de lo anterior es relativamente sencilla. La política social requiere una atención a los detalles. Se trata de llegar a todos los sectores, pero identificando necesidades y asignando beneficios, especialmente a través de mecanismos que disminuyan de verdad la pobreza. Es por ello que la población en redes de protección en Perú no es compatible con la magnitud de los requerimientos. En la segunda vuelta vamos a observar la pugna de ofrecimientos que mantengan los logros económicos pero que consideren las urgencias sociales. A Perú llegó el debate sobre la calidad de la política social. Eso es una excelente noticia.

Politemas, Tal Cual, 13 de abril de 2011

Los Sumos Sacerdotes

Han hecho su aparición. De diversas procedencias y colores. Dictan, desde las alturas de sus ideas, las recomendaciones más diversas. De obligatorio cumplimiento para los mortales. Difunden a los cuatro vientos juicios sobre la política nacional, pero especialmente contra los partidos políticos.

Los Sumos Sacerdotes actúan a veces solos, otras en grupo. Su primera característica es que parece que hubieran venido de otro planeta hace pocos días. Hablan de los años anteriores a 1999 como si no hubieran estado acá. Como si no hubieran tenido responsabilidades en la conducción política, social o económica del país. Como si las debilidades de lo que hoy tenemos son culpa de los “otros”, de aquellos a quienes adversan ahora, pero con quienes estuvieron cerca en épocas pasadas.

Aborrecen las debilidades de los partidos dominantes hasta 1998. Pero no señalan ninguna de sus virtudes. No reconocen que esos partidos, todos y cada uno de los que nacieron en el pasado siglo, trajeron a la vida política ideas, militancias, calle, participación. No reconocen que las prácticas democráticas de la segunda parte del siglo XX nos dieron estabilidad y progreso. Es verdad que esos partidos se desconectaron de la gente y de sus problemas. Que cometieron errores y que condicionaron con sus fallas el ascenso de la actual dirigencia política.

Pero los Sumos Sacerdotes son inclementes. Determinan que esos partidos no pueden cambiar, y que no es posible confiar nuevamente en ellos. Obvian que la experiencia internacional está llena de partidos que se renovaron para liderar nuevas etapas en sus países. Baste nombrar al PSOE, al APRA, al Partido Justicialista, a la Democracia Cristiana chilena, y pare de contar.

Tal desconfianza en esos partidos, es recelo y animadversión hacia todos los partidos. Es el rechazo a la institución que ellos representan: el manejo del poder político dentro de un marco de acuerdos y convivencia. Por eso la toman contra la Mesa de la Unidad Democrática. Porque saben que ese esfuerzo significa la revalorización social de los partidos, así como el regreso de las posibilidades de la Política Seria en nuestro país.

Por ello la tratan de debilitar, de crear sospechas sobre sus intenciones, de cuestionar sus métodos de apertura y crecimiento. No es sino la demostración de que la recuperación de esos espacios por parte de los partidos políticos (los de antes y los nuevos), es signo de autonomía, de que pueden decidir con libertad ante intereses de poderosos sectores de la sociedad. Tal muestra de independencia es inconveniente, a los ojos de los Sumos Sacerdotes.

De allí que la tarea de la Unidad Democrática es doble: derrotar al autoritarismo incompetente que nos gobierna y poner en su sitio a los Sumos Sacerdotes. Con los votos de la mayoría de los venezolanos.

Politemas, Tal Cual, 6 de abril de 2011

China, el nuevo FMI

Las vueltas que da la vida. El actual gobierno se dedica sistemáticamente a criticar al capitalismo internacional y a sus instituciones, como, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y a cualquiera de ellas que sea parte del mundo multilateral.


El argumento es simplón, pero funciona. Esas instituciones son unas desalmadas, velan por sus intereses y contribuyen a la explotación del mundo desarrollado sobre los países como el nuestro. Han contribuido, sigue el gobierno, a hacer más dependientes a los países menos desarrollados. Y además, están hechas para prestar dinero que luego se convierte en grandes deudas que deberán ser pagadas con la producción de los países, por largos períodos de tiempo.


Esta es la “leyenda anti-neoliberal” que la actual administración ha creado y difundido. Algunos otros países, especialmente los socios de la ALBA, profesan el mismo credo y utilizan todo lo que esté a su alcance para propagarlo. Claro, algunos son más vivos que otros, y se quedan callados, o van a Washington a pedir sus préstamos sin prestarle mucha atención a lo que se dice en Miraflores.


Para tan inmensa muestra de patriotismo y “auto-determinación” queda muy mal las noticias de las últimas semanas. Venezuela ha adquirido con China una deuda que ya alcanza los 30.000 millones de dólares. Tal cifra es unas cuantas veces la deuda que en su momento la República adquirió con el FMI, la cual tenía por objetivo apoyar al país en la renegociación de su deuda externa.


Esto significa que cerca del 25% de la deuda externa de la República está siendo adquirida con China. Las condiciones de pago de tal deuda contemplan la entrega de crudo. Es decir, el gobierno compromete en el presente una fracción significativa del crudo que exportaremos en el futuro. Toda esta operación se realiza sin las mínimas condiciones de transparencia y rendición de cuentas al país. Sin mayor miramiento a las consecuencias de tal endeudamiento.


Tal es la envergadura de esas operaciones, que China ha asumido funciones de ente contralor de los proyectos para los cuales solicita recursos Venezuela. Es por ello que China supervisa directamente los proyectos involucrados y sus cronogramas de ejecución. Al igual que con las misiones del FMI en tiempos pasados, ahora tendremos a las misiones de China revisando las cuentas de la administración y detallando la marcha de sus “inversiones”.


Es evidente que el actual gobierno ha mostrado gran irresponsabilidad en el manejo de un asunto de Estado como la deuda externa del país. Los países que nos prestan en esas condiciones optimizan sus ganancias y minimizan sus riesgos. Venezuela hace todo lo contrario. Independientemente de la prédica oficial, somos más dependientes, menos soberanos. Hemos terminado con una tremenda deuda china.

Politemas, Tal Cual, 30 de marzo de 2011