viernes, 2 de enero de 2026

Los futuros de América Latina y el Caribe

El cierre del año es tiempo de balances. Lo que sucedió, los éxitos, los fracasos, lo que se pudo hacer mejor. Forma parte de la vida de las personas y de las familias. Y también de los países. Por otra parte, el fin de año es una oportunidad para imaginar lo que puede pasar en el próximo año. Lo que será continuación de lo que viene, lo que puede constituir un cambio moderado o radical. El fin de año es por ello tiempo de pensar en el futuro.

Imaginar el futuro es cosa seria. Muchas veces el futuro no corresponde con la división en años. Más bien se trata de períodos que están vinculados a cambios de las sociedades. Lo cual por supuesto hace más complicado la tarea de imaginar.

La práctica de imaginar el futuro es justamente para poder construirlo. Es decir, los futuros son posibles en la medida que se tomen las decisiones adecuadas. Esto vale para las personas y familias, pero también para los países. En consecuencia, imaginar el futuro es apenas el primer paso. Lo más complicado viene después. Proponer el futuro debe conducir a la definición de las políticas públicas que, con el conocimiento y las prácticas existentes, lo pueden concretar. Y como esto puede llevar un tiempo considerable, la imaginación del futuro siempre nos lleva al largo plazo, varias décadas al menos.

Para imaginar el futuro se requieren análisis y acuerdos. La prospectiva es el conjunto de enfoques y métodos que permiten elaborar esos futuros. Los estudios prospectivos son esfuerzos sistemáticos de numerosos especialistas que trabajan por amplios períodos para acordar determinados futuros. Estos estudios constituyen la base para que otros grupos de especialistas examinen la viabilidad y requerimientos de las propuestas de futuros.

De allí que un requisito de primer orden es tener a la disposición los estudios prospectivos elaborados. Por ejemplo, los que se hayan preparado teniendo como centro de atención la región de América Latina y el Caribe.

Este fue el aporte fundamental de la base de datos Global Trends, proyecto conjunto del Inter-American Dialogue y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Durante varios años en este proyecto se identificaron y ordenaron cientos de estudios prospectivos relacionados con América Latina y el Caribe. Lamentablemente esta iniciativa dejó de actualizar los estudios disponibles. Los últimos estudios incluidos fueron publicados en 2021.

Para consultar los estudios más recientes una alternativa es el Repositorio ORBIS, base de datos perteneciente al Parlamento Europeo. Sin embargo, el método de búsqueda no es tan efectivo como debería, y no dispone de la clasificación de los estudios por áreas del mundo.

Otra alternativa disponible es consultar los números de la Revista de Prospectiva y Estrategia publicada por el Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. En cada uno de los números se reseñan estudios prospectivos recientemente publicados en ámbitos relacionados con América Latina y el Caribe. Por ejemplo, en el último número disponible en el sitio web de la revista (junio-julio 2025) se incluye un estudio prospectivo de la educación superior en América Latina hacia el 2050.

En este estudio se proponen tres escenarios. El escenario optimista se caracteriza por el proceso de expansión y diversificación de las ofertas de educación públicas y privadas, acompañado por la reducción de las brechas de acceso en los ámbitos nacionales y subnacionales, y mejoras en los indicadores de equidad y eficiencia. En el escenario pesimista se amplían las brechas del acceso favoreciendo especialmente a los estratos de ingresos altos y medios, las universidades públicas confrontan una crisis de legitimidad política y social, y las alternativas privadas se multiplican sin regulación con impacto negativo en la formación. El tercer escenario es el señalado como posible. Se caracteriza por el impacto de innovaciones para la generación de nuevas modalidades de planificación, evaluación y gestión, y por la consolidación de la robotización, inteligencia artificial, y las plataformas educativas como principales recursos de aprendizaje.

Este ejemplo ilustra la importancia de generar y difundir estudios prospectivos sobre los múltiples aspectos de la realidad de América Latina y el Caribe. Ojalá se pueda contar pronto con un repositorio actualizado de estos estudios. En la medida que los estudios prospectivos sean incorporados en el ciclo de diseño e implementación de políticas públicas, los futuros imaginados tendrán más posibilidades de convertirse en realidad. Esperemos que en 2026 se pueda avanzar en el desarrollo de más y mejores capacidades para imaginar futuros promisorios para la región.

Politemas, Tal Cual, 18 de diciembre de 2025

Democracia e innovación en el próximo gobierno de Chile

El próximo domingo 14 de diciembre se realizará la segunda vuelta de la elección presidencial de Chile. Jeannette Jara y José Antonio Katz se disputan las preferencias electorales. El resultado de la elección determinará la persona que estará a cargo de la gestión del gobierno de Chile en los siguientes cuatro años.

Los programas de gobierno de Jara y Katz contienen sus respectivas visiones de las gestiones que se proponen realizar. Ambos programas se encuentran disponibles en el sitio web del Servicio Electoral de Chile (SERVEL). Si bien es cierto que las preferencias electorales son determinadas por múltiples variables, no es menos cierto que los programas de gobierno pueden ser útiles para mostrar las tendencias previsibles de la gestión presidencial. Por supuesto, tales tendencias pueden ser modificadas de manera algunas veces abrupta. En consecuencia, los contenidos de los programas deben ser tomados solo como referencias en construcción.

El punto de partida para el análisis de un programa de gobierno requiere definir criterios. Estos criterios deberían considerar las acciones para mejorar la democracia y promover la creación de valor, vale decir, innovación, en los ámbitos de aplicación (sean países, regiones, o localidades). El mejoramiento de la democracia permite aumentar la calidad de las políticas públicas. El diseño, implementación, y evaluación de políticas públicas requiere la mayor amplitud para el intercambio de ideas y creación de consensos sociales. La creación de valor o innovación permite generar los recursos y sostenibilidad para alcanzar mayores niveles de bienestar para los ciudadanos. Democracia e innovación se convierten en premisas básicas para visualizar las posibles tendencias de un gobierno.

Veamos ahora la situación de Chile con respecto a la democracia y la innovación. Es el punto de partida para valorar las acciones propuestas en cada aspecto. En el Gráfico 1 se muestra la evolución del Índice de Democracia Liberal (IDL) de Chile entre 2013 y 2024, según las estimaciones del proyecto Variedades de Democracia (V-Dem). También se incluye en el gráfico la evolución del IDL de Dinamarca (país del mundo con mayor IDL en 2024), Costa Rica (país de América Latina con mayor IDL en 2024), y Uruguay.

Gráfico 1
Chile: Índice de Democracia Liberal. IDL, 2013-2024
Fuente: Variedades de Democracia (V-dem)

En 2013 el valor de IDL para Chile, Uruguay, y Costa Rica era similar: (0,85). El valor máximo del IDL es 1 (Dinamarca tiene 0,88 en 2024). Esto significa que, en 2013, y también en 2024, estos tres países constituyen las democracias plenas de la región. Nótese que en Chile (línea azul en el gráfico) el IDL disminuyó a partir del año 2017. En 2024 el IDL de Chile es 0,79. En otras palabras, el IDL muestra un discreto desmejoramiento de las condiciones democráticas de Chile con respecto al valor de 2013.

La situación de la innovación (creación de valor) en Chile se puede evidenciar a través del Índice de Complejidad Económica (ICE) elaborado por la Universidad de Harvard. Este índice es negativo cuando el país tiene menos capacidades para generar riqueza que el promedio de los países. En el Gráfico 2 se puede apreciar que Chile ocupa en 2023 el lugar 88 de 145 países. El valor del ICE es negativo, exactamente -0,44, indicativo de que Chile tiene menos capacidades para producir valor que el promedio de los países del mundo.

Puede observarse también en el Gráfico 2 que el ICE de Chile ha decrecido desde 1995 y que está a 31 puestos de Costa Rica (país con el valor positivo del ICE más bajo de América Latina). El valor del ICE en Chile es menor que el de Nueva Zelanda. Para ambos países la distancia que los separa de los grandes centros productivos del mundo puede ser un factor que contribuye a explicar el valor del ICE.

Gráfico 2
Chile: Índice de Complejidad Económica (ICE), 1995-2023
Fuente: Atlas de Complejidad Económica, Universidad de Harvard

Dada la situación descrita, los programas de gobierno para Chile deberían incluir las opciones de políticas públicas que contribuyan a ampliar los logros alcanzados en el desarrollo democrático, y a modificar sustancialmente la tendencia de baja capacidad de innovación de los últimos treinta años. Veamos entonces lo que proponen ambas alternativas para la presidencia de Chile.

En el programa de gobierno de Jeannette Jara se dedica una sección a las propuestas relacionadas con “Estado y Democracia”. Se menciona dentro de ellas la Creación del Consejo de Modernización del Estado, la reducción de la brecha de inversión pública entre las comunas con mayores y menores recursos, así como medidas para ampliar la digitalización de las instituciones públicas. Estas propuestas no se encuentran en la versión del programa que se encuentra en el SERVEL (de agosto de 2025), sino en el sitio web de la candidatura (de octubre de 2025). No existe ninguna otra mención referida a la calidad de otros ámbitos de la democracia, tales como, balance de poderes, relaciones entre las distintas instituciones del Estado, entre otros.

En el ámbito de la innovación, el programa de gobierno de Jara está concentrado en las siguientes propuestas: (1) creación de Juntas Sectoriales de Innovación, entendidas como corporaciones voluntarias de empresas dentro de una industria específica, (2) aumentos de los incentivos tributarios para investigación y desarrollo, (3) expansión de los centros de innovación regional, (4) aumento de los recursos del Fondo de Investigación en Universidades, entre otras.

En el programa de gobierno del candidato Katz no se incluyen propuestas relacionadas con la calidad de la democracia ni con innovación. Ambos aspectos no son tocados en el programa. El énfasis del programa está exclusivamente en las medidas para atender las tres emergencias que confronta el país: seguridad, económica, y social.

La gran mayoría de las encuestas electorales que se realizan en Chile reportan que el candidato que puede obtener la mayoría de los votos es Kast. En caso de que resulte electo Katz, se tendrá que esperar hasta su discurso de toma de posesión para conocer sus propuestas para mejorar la democracia e impulsar la innovación como eje del progreso del país. Quizás en ese momento pueda explicar en detalle sus propuestas. O quizás tampoco lo hace. Veremos.

Politemas, Tal Cual, 11 de diciembre

América Latina: pobreza de datos y de políticas

Reducir la pobreza a su mínima expresión es posible. La experiencia internacional demuestra los éxitos obtenidos por muchos países en la reducción de la pobreza. En todos esos casos lo fundamental ha sido asumir como objetivo de las sociedades la disminución sistemática de la pobreza. Luego de definir ese objetivo se requiere diseñar y ejecutar las políticas adecuadas para cumplirlo. En principio, esto parece bastante directo. Lamentablemente, resulta mucho más complicado.

La publicación del Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025 por la CEPAL la semana pasada es una buena oportunidad para examinar lo que han avanzado los países de la región en la reducción de la pobreza. Lo primero que se debe señalar es la importancia del trabajo de la CEPAL para recopilar con gran dedicación las bases de datos que permiten conocer la situación de pobreza en los países, y además, elaborar los análisis requeridos. Este esfuerzo está realizado por múltiples instituciones y personas a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe.

El resumen de la situación se puede apreciar en la tabla que se encuentra en la página 74 de la publicación referida. Se muestran en la tabla los porcentajes de pobreza de los países entre 2022 y 2024. Este es el primer aspecto que se debe considerar: el año de la última medición, esto es, 2024.

Siendo que el reporte se publica a finales de 2025, lo ideal hubiera sido tener alguna idea de la situación de pobreza por lo menos a mediados de 2025. Es posible obtenerlo. Para ello se requiere contar con la base de datos de una encuesta nacional por muestreo. Con los recursos para el procesamiento de datos disponibles en la actualidad sería relativamente fácil tener reportes mensuales.

Si la muestra de la encuesta es acumulativa entonces a mediados del año se podía tener un estimado del porcentaje de la población en pobreza para el primer semestre de 2025. Algunos países de la región tienen esas estimaciones. Lamentablemente no están incluidas en la publicación, quizás porque se ha definido previamente que el período se extiende hasta 2024. La consecuencia de esta limitación es que entonces el análisis de la situación de pobreza se refiere a lo que sucedía un año atrás, y las posibilidades de vincular esta realidad con las políticas más cercanas en el tiempo disminuyen considerablemente.

Esto significa que en la práctica el análisis que se deriva de la tabla señalada corresponde a la situación de hace un año. Concentremos el análisis en el porcentaje de pobreza extrema, esto es, las personas que no tienen los recursos para comprar los alimentos cada día.

Examinemos primero el número de países que no tienen información oficial disponible sobre pobreza extrema desde 2021 (se indica en la tabla que esos países no están incluidos). Son cuatro países: Cuba, Venezuela, Nicaragua, y Haití.

En el segundo grupo están los países que no tienen información de pobreza extrema en 2024 (aunque hayan tenido en alguno de los años anteriores del período). Estos países son seis, a saber: Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, y Panamá.

De manera que diez países de América Latina (es decir, la mitad de los países) no disponen de información sobre el porcentaje de población en pobreza extrema en el año 2024.

Al considerar la pobreza extrema en los 10 países con datos para 2024 encontramos que solo tres de ellos (Uruguay, República Dominicana, y Costa Rica) tienen un porcentaje menor al 5% de la población. El menor porcentaje se registra en Uruguay: 1,5%. Los países con mayor porcentaje de población en pobreza extrema son Honduras (40,1%), Ecuador (12,7%), y Colombia (11,7%).

En este contexto las perspectivas para lograr reducciones significativas de la pobreza extrema en la región lucen poco promisorias. En una mitad de los países ni siquiera se cuenta con la medición. En la otra mitad de los países las evidencias señalan que en la mayoría de ellos en 2024 las políticas para reducir la pobreza distan mucho de ser efectivas. Ni hablar de cómo están funcionando a finales de 2025. Si el primer paso no se logra (tener datos), todo lo que venga después no tendrá fundamentos sólidos. Queda mucho por hacer para reducir la pobreza en la región. Mucho por mejorar.

Politemas, Tal Cual, 4 de diciembre de 2025

Inteligencia artificial para gobernar bien

El aumento en la utilización de la inteligencia artificial es un fenómeno global y transversal. Se desarrolla en todos los contextos geográficos y políticos, y también en la gran diversidad de las actividades humanas. En todos los espacios sociales la inteligencia artificial se aplica cada día más y con múltiples expresiones.

La gestión de los gobiernos es un ámbito privilegiado para la utilización de la inteligencia artificial. Las posibilidades que brinda para mejorar la provisión de servicios y la calidad de las decisiones públicas son significativas. Este es justamente el tema de una reciente publicación de la OECD. Dada la masiva expansión de la inteligencia en la ejecución de funciones de los gobiernos, la publicación sistematiza los hallazgos de 200 casos de estudio en países de la OECD.

Se indica en el documento que las áreas en las cuales se aprecia la mayor utilización de la inteligencia artificial son los servicios públicos, la administración de justicia, y la participación ciudadana Las áreas en las cuales se utiliza relativamente menos la inteligencia artificial son la evaluación de políticas, la administración de impuestos, y la reforma de los servicios civiles. Se resalta que la inteligencia artificial es de especial utilidad en la gestión pública que requiere la coordinación de múltiples trámites.

También se refleja en el documento que la inteligencia artificial es menos aplicada en aquellas tareas relacionadas con el seguimiento de la acción de los gobiernos. Este hallazgo puede resultar llamativo dada la potencialidad que tiene la inteligencia artificial para manejar inmensas cantidades de información. Sin embargo, visto en detalle, no resulta tan contradictorio.

El seguimiento de los gobiernos es una actividad de gran complejidad. El requisito fundamental del seguimiento es que exista la explicitación detallada de objetivos y medios, y, especialmente, las vinculaciones entre ellos. Y esta actividad requiere dos procesos que son bastante infrecuentes en la gestión pública: la conceptualización de problemas públicos y, consecutivamente, de políticas públicas, y la coordinación de múltiples ámbitos de acción. Estos procesos requieren equipos humanos con las competencias adecuadas y la información sistematizada que permita realizar el seguimiento. Dado lo infrecuente que resultan estos procesos, no es de extrañar que no existan las condiciones para que la inteligencia artificial pueda ser incorporada.

La tendencia actual es que el uso de la inteligencia artificial aumente mucho más en la gestión de los gobiernos. Se alerta en el documento sobre dos aspectos relevantes. En primer lugar, sobre la mala utilización de la inteligencia artificial que afecte la vigencia de los derechos humanos y la transparencia. Y, en segundo lugar, sobre las limitadas capacidades de los gobiernos para adoptar de manera holística las aplicaciones de inteligencia artificial. Esta dificultad para la adopción aumentará la brecha con respecto a lo que suceda en los ámbitos privados.

La inteligencia artificial, como toda innovación, es al final de cuentas un medio. Las competencias del usuario determinarán el provecho que se pueda obtener de la utilización de la innovación. Sucede que la formación del usuario es un proceso previo, o paralelo, a la utilización de la innovación. Este proceso debe ser sistemático si se pretende que sea más efectivo. El problema que se plantea para el desarrollo de la inteligencia artificial en los gobiernos es que existe una brecha inicial de competencias para el diseño e implementación de políticas públicas. Superar esta brecha es prácticamente una precondición para que la adopción de la inteligencia artificial sea efectiva. Dicho de otro modo, sin enfrentar la reducción de esta brecha de competencias no será posible tener gobiernos exitosos en la aplicación de la inteligencia artificial. Tendremos gobiernos con inteligencia artificial que seguirán siendo inefectivos.

Politemas, Tal Cual, 27 de noviembre de 2025

Alertas sobre el desarrollo productivo en América Latina y el Caribe

El reciente documento sobre la perspectiva económica de América Latina y el Caribe, elaborado por la OECD, CEPAL, CAF y la Comisión Europea, expresa en detalle los severos riesgos sobre el desarrollo productivo de la región. Estos riesgos afectan no solo los escenarios de corto plazo. También tienen implicaciones estructurales para la evolución de mediano plazo en todos los países.

Se destaca en primer lugar en el documento la desaceleración del crecimiento económico que experimenta la región. El crecimiento se ha convertido más bien en estabilidad. Peor aún es el efecto en la productividad. Mientras entre 1991 y 2024 la productividad aumentó 1,2% anualmente a escala global, en América Latina y el Caribe aumentó 0,9%. Muy vinculado con este bajo desempeño en la productividad está la composición del mercado laboral: el 55,1% de los empleos en la región son informales. Apenas el 2,1% de los empleos se encuentran en sectores de mediana o alta intensidad tecnológica.

La tendencia de baja productividad, que se manifiesta de manera crónica en la región, solo puede progresar, de mantenerse, a una mayor pérdida de recursos humanos de altas capacidades, por la vía de la migración o reubicación en otras áreas de menor intensidad tecnológica. Y, obviamente, esto repercutiría en la agravación del círculo vicioso de baja productividad y bajo crecimiento. Además de ello, la inversión requerida para subsanar la baja productividad tendría menos posibilidades de trasladarse a la región. En este contexto cobran también especial relevancia los efectos que tiene la duplicación de las emisiones de gases con efectos negativos en el ambiente. En otras palabras, se está experimentando un estado de bajo crecimiento con deterioro ambiental.

La manera de enfrentar esta situación, según se señala en el documento, es la implementación de políticas de desarrollo productivo (PDP) que permitan crecer más, con mejor desempeño, y menor afectación ambiental. Sin embargo, en este aspecto nuevamente la región muestra restricciones significativas. Estas políticas de desarrollo productivo reciben recursos equivalentes al 3% del PIB en los países de la OECD, mientras en América Latina y el Caribe la asignación es menor al 0,5% del PIB. Se indica en el documento que estas asignaciones corresponden más a consultas que a acciones directas y efectivas.

De lo anterior se desprenden al menos dos líneas de acción. En primer lugar, se requieren más recursos. El déficit de financiamiento, de fuentes públicas y privadas, se estima en el documento en cerca de 100 mil millones de dólares anuales hasta 2030. Suplir este déficit requerirá aumentar las fuentes internas y las externas. Para aumentar las fuentes internas se requerirá revisar la proporción que deriva de impuestos (actualmente 21% del PIB), mucho menos del 34% en países de la OECD. Las fuentes externas dependerán de los acuerdos con organismos multilaterales e instituciones financieras privadas.

La segunda línea de acción se deberá concentrar en los cambios de los contextos productivos en los países, promoviendo el mejoramiento productivo y la creación de nuevas empresas. En esta línea de acción se deberán incluir transformaciones sustantivas de los sistemas educativos y de innovación, así como notables inversiones en mejoras y ampliaciones de infraestructura.

Las alertas indicadas en este documento se suman a las notables limitaciones en el diseño e implementación de políticas públicas en la región. No se pueden conseguir buenos resultados cuando no se cumplen las premisas básicas para la calidad de las políticas públicas. En otras palabras, no se puede llegar a ninguna parte cuando no se identifica la ruta ni se tiene un buen mapa. Es tan sencillo como eso.

Politemas, Tal Cual, 21 de noviembre de 2025

Rol de fuentes externas en la salud en América Latina y el Caribe

La suspensión, y en algunos casos eliminación, de fuentes internacionales para la salud en las economías de bajos ingresos está empeorando las condiciones de vida en muchos países. Estas fuentes han sido fundamentales para la ejecución de los programas de atención, y para garantizar la institucionalidad básica del funcionamiento de los sistemas de salud (por ejemplo, sistemas de información, cadenas de frío, comunicaciones, entre otros aspectos).

De acuerdo con la información disponible en la base de datos global de gastos de la salud de la OMS, (GHED, por sus siglas en inglés), es posible analizar las implicaciones que tendría esta reducción de fuentes externas para los países de América Latina y el Caribe. Para 2022 (año de la última información disponible) se tienen datos de 32 países de la región. Según el porcentaje de financiamiento de fuentes externas con respecto al total del gasto en salud en 2022, se pueden dividir los países en cuatro grupos.

En el primer grupo están los países que no reciben ningún tipo de aporte externo para el financiamiento de la salud. Estos países son: Chile, México, San Cristóbal y Nieves, y Uruguay. En el segundo grupo están los países con financiamiento de fuentes externas menor al 2% del gasto total en salud. En este grupo se encuentran 19 países.

El tercer grupo está conformado por los países que tienen financiamiento externo entre 2 y 6% del gasto total en salud. En este grupo se encuentran 7 países: Belice, Bolivia, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Guyana, y Nicaragua. En el cuarto grupo están los países que tienen financiamiento externo superior al 10% del gasto total: Santa Lucía con 13,44% y Haití con 30,96%.

De acuerdo con estos datos, que obviamente han podido variar entre 2022 y la actualidad, las repercusiones de la reducción de la ayuda internacional afectará con más severidad a Haití y Santa Lucía. Ambos países tendrán que realizar esfuerzos significativos para sufragar este déficit que resultará de la reducción que se pueda producir. En el tercer grupo también se deberán desarrollar estrategias de compensación, pero no en las magnitudes requeridas en los casos de Santa Lucía y Haití.

En el segundo grupo (con financiamiento externo menor al 2% del gasto total) los efectos de la reducción pueden ser significativos en programas específicos, y dependerá también de las condiciones concretas de los países, especialmente de la evolución de la economía. La atención a las asignaciones de recursos con mayor detalle también deberá ser una tarea de especial importancia en este grupo de países.

El hecho de que en la gran mayoría de los países de la región el financiamiento externo no supere el 6% del total del gasto indica que los gobiernos tienen un margen de mayor flexibilidad para la asignación de recursos dentro de los sistemas de salud. Por supuesto, esta posibilidad requiere un examen detallado de las mejores opciones para utilizar los recursos disponibles. En otras palabras, los gobiernos de la gran mayoría de los países de la región pueden ejercer gran autonomía en la determinación de las prioridades de políticas. Esto exige, en consecuencia, mayores esfuerzos por mejorar la calidad del diseño e implementación de las políticas de salud.

Es deseable que uno de los objetivos estratégicos sea la plena autonomía en la generación y utilización de los recursos para salud, especialmente cuando todas las tendencias indican que deberán ser mayores para garantizar la atención de población creciente con alta proporción de adultos mayores, y en contextos de aumentos de costos ligados al desarrollo de nuevas tecnologías para el diagnóstico y tratamiento. Es bastante claro que no es solamente un problema de la cantidad de recursos disponibles.

Politemas, Tal Cual, 12 de noviembre de 2025

Mejor protección social para tener mejores empleos

Una tendencia, más predominante que lo deseable, propone que la protección social es el resultado de tener empleos de calidad. La lógica de esta tendencia se fundamenta en la generación de recursos que traen consigo esos empleos de calidad. Las mayores remuneraciones se reflejan en mayor capacidad para pagar contribuciones de trabajadores y empleadores. Y entonces, con esas contribuciones el Estado puede garantizar la cobertura de la protección social.

Desde esta perspectiva, es tarea del sector privado promover esos empleos de calidad (es decir, formales) a través de las inversiones respectivas, sean con fondos propios (de los empresarios) o con el acceso a créditos en el sector financiero. Y el rol de Estado es encargarse de la gestión adecuada de los servicios de protección social.

La realidad demuestra tercamente que esa lógica no funciona. En América Latina, por ejemplo, lo que predomina es la informalidad, es decir, empleos de la menor calidad. Según una publicación reciente de la OECD, en 15 países de la región (sobre un total de 19 incluidos en el análisis) la proporción de empleos informales es superior al 50% del total de empleos. En Haití, Bolivia, Guatemala, Honduras, y Nicaragua, la proporción de empleos informarles es superior al 80%. Solo en Uruguay y Chile esta proporción es menor a 30%.

La publicación señalada se une a las propuestas ya abundantes en la experiencia comparada que argumentan la necesidad de invertir los factores. Esto es, que la implementación de mejores sistemas de protección social es una vía más efectiva para la creación de mejores empleos.

La razón es bastante clara. Los costos de creación de empleos (por los aportes que deben hacer las empresas a los organismos de seguridad social), reducen la posibilidad de que se puedan hacer las inversiones que produzcan nuevos empleos. Tan sencillo como eso. Lo que procede es más bien flexibilizar los mecanismos para crear empleos, es decir, eliminar los pagos a la seguridad social por parte de trabajadores y empresas. El incentivo de las empresas es que esos nuevos empleos formen parte del círculo virtuoso de creación de riqueza.

Ahora bien, si se reducen estos costos a las empresas y trabajadores, ¿cuál sería la forma de financiar los servicios de protección (por ejemplo, pensiones, beneficios por incapacidad, salud, entre otros)? La propuesta reiterada en la publicación de OECD se basa en dos reformas fundamentales. La primera es eliminar la división de la protección social entre trabajadores informales y formales. Esto significa que toda la población tendría los mismos derechos de protección social (independientemente de su condición laboral).

La segunda reforma, consecutiva de la anterior, consiste en definir que la fuente para financiar la protección social universal se deriva de los ingresos fiscales, esto es, de los impuestos generales que se recaudan todos los años en los niveles nacionales de los países. Es a partir del conjunto de estos impuestos que se pueden financiar y programar los servicios de protección social en el tiempo. Esto repercutiría en una mayor flexibilidad de las empresas para crear más empleos formales.

Estas reformas tienen considerables restricciones en los países. En primer lugar, porque son mecanismos que promueven la inclusión en sociedades muy segmentadas como las de América Latina. En la práctica esto significaría la reformulación de los acuerdos sociales, muchos de ellos con siglos de evolución. Y la segunda gran restricción es la dificultad de acordar sobre los medios y lapsos para financiar la protección social en sociedades que envejecen a un paso acelerado. Estas dos reformas, en la práctica, constituyen la prueba más exigente para los liderazgos políticos de la región en las próximas décadas. Lamentablemente, no hay muchos indicios de que estos temas estén en la agenda del futuro en la región. Lamentablemente, hay que insistir.

Politemas, Tal Cual, 6 de noviembre de 2025

La carga de enfermedad en América Latina y el Caribe

La carga de enfermedad es una medida del efecto que tienen distintas afecciones en la salud de las personas. Se define a partir de la mortalidad que se hubiera podido evitar (mortalidad prematura) combinada con los años de discapacidad que ocasionan estas afecciones. La carga de enfermedad se expresa en años de discapacidad (DALYs, por sus siglas en inglés). A partir de esta información se pueden diseñar las políticas de salud que permitan evitar la mortalidad prematura y reducir el efecto de las afecciones en los años de discapacidad.

Obtener esta información es fundamental para los organismos encargados del diseño y seguimiento de las políticas de salud. Las deficiencias en los registros de mortalidad y morbilidad ocasionan que las estimaciones sean menos precisas, y, por ende, la efectividad de las políticas no sea la deseable. Ofrecer datos de calidad se convierte en un requisito de primer orden. Esta es la importancia de la última publicación de la revista The Lancet sobre las estimaciones de la carga de la enfermedad en el contexto global y regional en 2023.

A escala global las tres principales causas de años de discapacidad (DALYs) son: enfermedad isquémica cardíaca, accidentes cerebrovasculares, y diabetes. Las causas que han aumentado más desde 2010 son los trastornos de ansiedad, depresión, y diabetes. Las mejores más notorias se han experimentado en las enfermedades infecciosas, maternas, neonatales, y nutricionales.

América Latina y el Caribe (ALC) es una de las super-regiones analizadas en la publicación. Las cinco mayores causas de DALYs en ALC son: enfermedad isquémica cardíaca, diabetes, muertes por violencia, trastornos neonatales, y accidentes cerebrovasculares. En el ámbito de los países andinos las cinco mayores causas son: infecciones respiratorias bajas, trastornos neonatales, ansiedad, accidentes viales, y enfermedad isquémica cardíaca.

En la publicación también se presentan los factores de riesgo que condicionan estas causas de la carga de enfermedad. La reducción de estos factores de riesgo puede conllevar a su vez la disminución de la carga de enfermedad. En América Latina y el Caribe los cinco principales factores de riesgo son: alta concentración de glucosa en ayunas, alto índice de masa corporal, aumento de la presión arterial sistólica, trastornos renales, y contaminación. Los dos primeros factores han aumentado desde 2010. En los países andinos los cinco principales factores de riesgo son: alto índice de masa corporal, alta concentración de glucosa en ayunas, aumento de la presión arterial sistólica, contaminación, bajo peso al nacer y embarazos de corta duración.

A partir de estas evidencias se pueden diferenciar al menos tres tipos de estrategias para ser implementadas de acuerdo con las especificidades de cada país de la región. En primer lugar, la identificación de personas y comunidades con mayor frecuencia de riesgos cardio-metabólicos. Esto implica el diagnóstico precoz de hipertensión arterial y diabetes. En segundo plano, la identificación de las mujeres con riesgos prenatales. Y, en tercer lugar, la identificación de personas y comunidades en situación de riesgos ambientales.

Por cada una de estas estrategias se requiere que los sistemas de información sean capaces de identificar riesgos personales y colectivos, y que esos datos sean utilizados para el diseño adecuado de las intervenciones. De la capacidad para actuar en esos dos aspectos dependerá la posibilidad de disminuir efectivamente las personas en riesgo, y, consecutivamente, reducir la carga de enfermedad. La tarea por realizar es bastante evidente. Las capacidades institucionales deben estar a la altura de estas exigencias.

Politemas, Tal Cual, 30 de octubre de 2025

La brecha de innovación en América Latina

La decisión del comité para otorgar el Premio Nobel de Economía de 2025 ha puesto nuevamente en la agenda pública la importancia de la innovación. Los galardonados de este año han realizado notables contribuciones para comprender mejor la evolución de las prácticas de innovación, así como los procesos que permiten potenciarlas. La innovación es un factor clave para el crecimiento sostenido, condición a su vez del bienestar de las sociedades.

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés) publica desde hace 18 años el Índice Global de Innovación (IGI). El más reciente informe del IGI corresponde al año 2025. El IGI es el resultado de procesar múltiples indicadores en siete áreas relacionadas con las políticas de innovación, a saber: (1) instituciones, (2) capital humano e investigación, (3) infraestructura, (4) sofisticación de los mercados, (5) sofisticación de los negocios, (6) productos de conocimientos y tecnologías, y (7) productos creativos. Con la combinación de estos indicadores se calcula el índice (en el año 2025 se incluyeron datos de 139 países).

En el gráfico se muestran los valores del IGI correspondientes a los países de América Latina con información disponible (Cuba y Haití no fueron incluidos). También se muestra en el gráfico a Suiza (país con el valor más alto del IGI, 66). Se pueden apreciar tres grupos de países. En el primer grupo (de color verde en el gráfico) están los países con IGI superior a 30. Estos países son: Chile (con el valor más alto de la región), Brasil, y México.

América Latina: Índice Global de Innovación (IGI),
por países, 2025
Fuente: WIPO, IGI 2025

El segundo grupo (con IGI entre 20 y 29) está conformado por nueve países (en color azul): Uruguay, Colombia, Costa Rica, Argentina, Perú, Panamá, República Dominicana, El Salvador, y Paraguay). En el tercer grupo están los países con IGI menor a 20 (en color rojo): Bolivia, Ecuador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, y Venezuela (país con el menor IGI de la región, lugar 136 entre 139 países a escala global).

La brecha de innovación en los países de América Latina (en términos del IGI) varía entre la mitad con respecto a Suiza (en el caso de Chile), y la quinta parte (en el caso de Venezuela). Las causas de esa brecha son específicas con respecto a las condiciones de los países, pero están relacionadas con las diferencias en cada una de las áreas de indicadores que forman parte del IGI. Para superar esta brecha, que obviamente condiciona la sostenibilidad del desarrollo en todos los países, se requieren estrategias detalladas. Esto implicaría en la práctica analizar de qué manera los planes de innovación nacionales están orientados a mejorar en cada una de las áreas.

De acuerdo con el informe del IGI 2025, a escala global el crecimiento de la inversión en innovación está en el mínimo histórico, y coincide con una desaceleración en la adopción de innovación. Estos dos aspectos complican más los escenarios de progreso para América Latina. Fundamentalmente porque los esfuerzos para acortar la brecha de innovación son ahora más dependientes de las capacidades nacionales. Lo cual destaca con mayor relevancia la necesidad de acometer cambios profundos en la calidad de las políticas de innovación en la región.

Politemas, Tal Cual, 23 de octubre de 2025

Acuerdos por la productividad en América Latina y el Caribe

Nuevamente es noticia la baja productividad de América Latina y el Caribe. Se ha convertido en una tendencia crónica. Hasta el punto de que la perspectiva de que se produzca otra década perdida está bastante fundamentada. La reciente publicación de la CEPAL ilustra esta profunda crisis de productividad que experimenta la región.

Se señalan en el documento varios rasgos de esta baja productividad. En primer lugar, que la baja productividad no es un fenómeno global. En otras áreas del mundo no existe el decrecimiento de la productividad. América Latina y el Caribe es una anomalía. Desde 2017 la productividad de la región es más baja que el promedio mundial.

El segundo rasgo es la alta proporción del empleo en los sectores de menor productividad. En los sectores de menor productividad (agricultura y comercio), la proporción del empleo es superior en América Latina y el Caribe que en la Unión Europea. En general, la productividad de América Latina y el Caribe es un tercio de la que se registra en la Unión Europea. El tercer rasgo consiste en la reducción de la productividad territorial (en los 172 territorios de la región con las respectivas series de tiempo). El cuarto rasgo se expresa en la baja productividad en todos los tamaños de empresas, pero es especialmente más baja en las empresas de menor tamaño.

Desde esta perspectiva es notorio que el desarrollo sostenible es una gran ilusión si no se producen cambios en las políticas públicas que afectan la productividad. Para ello en el documento se proponen seis líneas de acción. La característica común en estas líneas es la importancia de articular acuerdos que puedan perdurar y profundizarse. Sólo a través de acuerdos amplios y sistemáticos se podrá avanzar para mejorar la productividad.

Estos seis acuerdos se requieren en las siguientes áreas: (1) en la alineación de las políticas de ciencia, tecnología e innovación con las políticas de desarrollo productivo, (2) en la gobernanza general con participación de múltiples actores (entes gubernamentales, sector privado, el mundo académico, y la sociedad civil), (3) en el fortalecimiento de las instancias rectoras y administradoras de ciencia, tecnología e innovación, (4) en la diversificación de instrumentos de apoyo financiero para la innovación, (5) en el aumento de la inversión pública y privada en ciencia, tecnología e innovación, y (6) en el aprovechamiento de oportunidades de cooperación regional y extrarregional.

Estos seis acuerdos tienen a su vez dos requisitos. El primero es la voluntad política de líderes y gobiernos. Acuerdos de esta naturaleza solo son posibles con orientaciones explícitas surgidas de amplios consensos políticos. La falta de continuidad de esta voluntad política es la primera restricción para el éxito, fundamentalmente porque estos cambios requieren tiempo y maduración institucional. La experiencia de los países exitosos en el aumento de la productividad demuestra que son transformaciones a lo largo del tiempo, nunca de corto plazo.

El segundo requisito es la constitución de espacios de políticas públicas. Esto es, rutinas institucionales, en el gobierno y en la sociedad, a través de las cuales se realiza el seguimiento de las políticas que afectan la productividad, y se proponen alternativas para mejorarlas o ampliarlas. El funcionamiento efectivo de estos espacios de políticas públicas es la mejor vía para que se concreten los compromisos políticos señalados. Las mejoras en la productividad de la región serán, en consecuencia, el resultado de la capacidad para generar acuerdos, voluntad política, y espacios funcionales de políticas públicas.

Politemas, Tal Cual, 16 de octubre de 2025