Brasil se queda sin ideas

Este fin de semana se elige el nuevo gobierno de Brasil. De acuerdo con lo establecido, el presidente a elegir el domingo estará en funciones por cuatro años y podrá optar por la reelección por un solo período. De manera que los electores brasileños elegirán al gobierno que podría dirigir al país en los próximos ocho años. 

Para examinar la relevancia de Brasil en el contexto internacional, bastan pocos indicadores. Es el quinto país en población del mundo, solo superado por China, India, Estados Unidos e Indonesia. Poco más de doscientos millones de habitantes se encuentran distribuidos en la inmensidad del territorio brasileño. También Brasil es el quinto país por extensión, con poco más de 8,5 millones de kilómetros cuadrados. En lo que respecta al tamaño de la economía, Brasil es la octava del mundo, cerca de Francia, India y el Reino Unido. La influencia internacional de Brasil, aunque ligada a la magnitud de sus proporciones, se extiende a las dimensiones culturales, deportivas, musicales. No es posible entender América Latina sin tomar en cuenta a Brasil. Sin dejar de considerar sus notables influencias en los ámbitos diplomáticos y financieros. 

Las previsiones de Brasil para los próximos años no lucen compatibles con las inmensas posibilidades. Además de la inestabilidad política de los últimos años, la economía brasileña muestra signos de disminución de la capacidad de crecimiento, así como en la exportación, si se le compara con la experimentada en la década pasada y principios de la actual. También se aprecia un aumento en la proporción de población en pobreza, así como en las emisiones de dióxido de carbono. Estimaciones del Banco Mundial señalan que el ingreso per cápita se ha reducido en un tercio entre 2012 y 2017. 

En la actual coyuntura de Brasil hay razones para esperar que la elección presidencial hubiera sido una excelente oportunidad para plantear alternativas para el futuro. Considerando especialmente la enorme repercusión que tienen de entrada los cambios que se produzcan en un país con las características de Brasil. Se supone que esas ideas deberían estar en los programas de los principales candidatos por la presidencia. Pero eso termina siendo mera ilusión. 

Los programas de los candidatos que disputan la elección final, no son compatibles con las urgencias que confronta el país. En un caso, Haddad, se ofrece más bien una vuelta al pasado gobierno de Lula. Solo con el título se deja evidente: “Brasil feliz de nuevo”. La explicación de cómo puede volver a ser feliz de nuevo un país que tiene tal magnitud de problemas estructurales brilla por su ausencia. El programa de Bolsonaro no ofrece tampoco mayores pistas. Más allá de la libertad, respeto a la propiedad privada, apoyo a la familia, lucha contra la corrupción, no hay ideas específicas. No extraña entonces que en ninguno de los programas se mencionen temas como “sociedad del conocimiento”, “inteligencia artificial”, así como las complejas transformaciones que está experimentando el mundo al finalizar la segunda década del siglo XXI. 

No queda duda entonces que cualquiera sea el resultado de la elección del domingo, Brasil estará sometido a las pugnas por el predominio de políticas públicas, sin una visión integral de la sociedad brasileña y de sus principales problemas. Es muy probable que la sorpresa sea el signo característico de las políticas de Brasil en los próximos años. Pensar antes sigue siendo una rareza para los gobiernos de América Latina.

Politemas, Tal Cual, 24 de octubre de 2018

El reto de Chile para ser un país desarrollado

En la página 11 del programa de gobierno del actual gobierno de Chile se señala: “Nuestra misión es transformar a Chile en ocho años en un país desarrollado y sin pobreza”. Como objetivo de la gestión de un gobierno, no cabe duda de que es auto-explicativo, marca una dirección. Y eso es de aplaudir, especialmente cuando muchos gobiernos de la región, y también de otras zonas del mundo, evitan señalar metas para las gestiones. 

Ahora bien, el tema de fondo es examinar si ese objetivo es consistente con las políticas que se proponen en el resto de las 194 páginas que tiene el programa de gobierno. Solo la coherencia entre el objetivo y los medios nos puede decir lo esperable como resultado final. Lo primero es definir “país desarrollado”. Se podría partir de consideraciones normativas, o se podría partir de los resultados alcanzados. En este último caso, solo basta analizar la característica distintiva de esos países q En la página 11 del programa de gobierno del actual gobierno de Chile se señala: “Nuestra misión es transformar a Chile en ocho años en un país desarrollado y sin pobreza”. Como objetivo de la gestión de un gobierno, no cabe duda de que es auto-explicativo, marca una dirección. Y eso es de aplaudir, especialmente cuando muchos gobiernos de la región, y también de otras zonas del mundo, evitan señalar metas para las gestiones.

Ahora bien, el tema de fondo es examinar si ese objetivo es consistente con las políticas que se proponen en el resto de las 194 páginas que tiene el programa de gobierno. Solo la coherencia entre el objetivo y los medios nos puede decir lo esperable como resultado final. Lo primero es definir “país desarrollado”. Se podría partir de consideraciones normativas, o se podría partir de los resultados alcanzados. En este último caso, solo basta analizar la característica distintiva de esos países que hoy se llaman “desarrollados”. En esos países, el rasgo fundamental es que la creación de riqueza (en ue hoy se llaman “desarrollados”. En esos países, el rasgo fundamental es que la creación de riqueza (en sentido amplio) es una orientación que influye en toda su institucionalidad. El sentido de “riqueza” de Adam Smith es lo frecuente. Es decir, son países o sociedades donde la diversificación de lo que se produce es la norma. Y entonces, mientras más diversidad exista, más sostenibilidad puede alcanzarse en el futuro. 

En los últimos años es posible medir con detalle lo que Adam Smith llamaba en 1776 la “cantidad de ciencia” de los países. Mediciones del MIT y de la Universidad de Harvard, a través de la estimación del Índice de Complejidad Económica (ICE), nos dan una buena idea de la “cantidad de ciencia” de los países. Disponemos en el sitio web del MIT de datos del ICE desde 1964 hasta 2016. Un período significativo para saber cómo se podrían comportar en el futuro los países en función de las políticas que implementen. 

El ICE tiene valores positivos o negativos. Cuando un país tiene un ICE positivo significa que tiene una “cantidad de ciencia”, es decir, sabe hacer más cosas, que el promedio de los países del mundo. De la misma manera, cuando el ICE es negativo significa que un país sabe hacer menos cosas que el promedio. Los países que tengan mayores niveles de ICE son los que tienen mayor “cantidad de ciencia”, y por ende, han alcanzado un estadio más alto de creación de riqueza. Por ejemplo, según el MIT, en 2016 el país con mayor ICE es Japón con 2,2, y el país con menor ICE (de los 126 incluidos en ese año) es Guinea con -1,98. La brecha entre ambos países con respecto al ICE expresa las diferencias en “cantidad de ciencia”. 

Un país dado puede incrementar el ICE solamente a través de políticas públicas adecuadas. Se entiende que la “cantidad de ciencia” es el resultado de la combinación de políticas públicas en varios sistemas (institucional, económico, educativo, de protección social, de infraestructura, de ciencia, tecnología, e innovación, entre otros). En consecuencia, solo los países con políticas exitosas en esos sistemas podrán aumentar el ICE de manera sostenida. Un buen ejemplo es Corea del Sur que aumentó el ICE de 0,65 en 1964 a 1 en un período de 30 años. Y de 1 a 2 en veinte años más. Para tener una idea de la exigencia involucrada se puede indicar que solo once países tienen un valor de ICE superior a 1,5 en 2016. También como resultado de políticas públicas, los países pueden experimentar reducciones del ICE. Casos notables son los del Reino Unido y Francia. Esta medida de complejidad económica es compatible con uno de los criterios establecidos por el FMI para considerar una economía como avanzada, tal cual es la diversificación de exportaciones. 

En este contexto, ¿qué se puede decir de la complejidad económica de Chile? ¿es compatible su actual nivel con la posibilidad de que sea un país con una “cantidad de ciencia” que lo catalogue como “desarrollado”? En general, el ICE de Chile ha sido generalmente negativo (la “cantidad de ciencia” ha sido menor al promedio de los países del mundo). De hecho, desde 1976 las mediciones de ICE de Chile según el MIT siempre han sido negativas. Ya se señalaba que a Corea del Sur le tomó 30 años para pasar de 0,65 a 1 en el valor del ICE. La probabilidad de que Chile con un ICE de -0,21 en 2016 llegue al nivel de ICE compatible con un país desarrollado, y especialmente en un período de ocho años, lucen realmente limitadas. 

El planteamiento anterior solo toma en cuenta la experiencia de los países. Por supuesto, el desempeño en términos avances en el ICE no es igual a lo largo del tiempo. Puede influir tanto los cambios en la disponibilidad de “cantidad de ciencia” como en la efectividad de las políticas, entre otro factores. Lo que si es cierto, es que ahora sabemos que las políticas que incrementan más la “cantidad de ciencia” deben tomar en cuenta aquellas posibilidades que tienen mayor capacidad de expandir la diversificación productiva. Y esto nos lleva a alternativas como la inteligencia artificial, nanotecnología, entre otras, que tienen especial valor porque generan mayores ramificaciones productivas. En otras palabras, se puede aumentar más rápido la “cantidad de ciencia” en país dado, tratando de impulsar posibilidades que están en la frontera del conocimiento. 

Desde esa perspectiva, el programa del actual gobierno de Chile decepciona, no contiene pistas de que pretenda implementar políticas en la dirección de la mayor diversificación productiva posible. Las veces que se menciona “sociedad de conocimiento” son para referirlas al sistema educativo. Ya es bien sabido que la “sociedad de conocimiento” es mucho más que “acceso a conocimientos”, es una total transformación de la manera de organizar, producir e interactuar en los países. Y es también significativo que temas como “inteligencia artificial”, “nanotecnología”, “diversificación productiva” no aparecen mencionados ni en una sola oportunidad en el texto. Las prioridades de exportaciones señaladas en el programa de gobierno, quedan restringidas a las tradicionales en Chile: minería, pesca, acuicultura y turismo. En esa dirección las posibilidades de aumentar la complejidad económica para llegar a ser un país desarrollado, lucen, lamentablemente, muy distantes. El reto se hace, en consecuencia. más relevante y de mayores dimensiones.

Politemas, Tal Cual, 17 de octubre de 2018

Destrucción sin límites

Solo el titular es un gran sobresalto. Buscar en la base de datos actualizada ayer por el FMI, completa la impresionante noticia. Para el año 2019, el FMI pronostica que Venezuela puede tener una tasa de inflación de 10.000.000%, diez millones por ciento, en caso de usted, amigo lector, piense que se han colocado ceros de más. La inflación pronosticada para el año en curso es 1.370.000%. También señala el FMI que la tasa de inflación que Venezuela tendrá a final de año es 2.500.000%, vale repetir, dos millones y medio por ciento. 

Realmente las dimensiones de esta destrucción son descomunales. Se debe recalcar que la hiperinflación es, antes que nada, un proceso de destrucción de capacidades productivas. Es de hacer notar que la primera vez que el FMI alertó sobre un proceso de hiperinflación en Venezuela, fue en abril de 2016, dos años y medio atrás. Para ese momento, el FMI estimaba que la tasa de inflación al final de 2018 podría ser 3.000%. Ha resultado ser casi 900 veces más. 

La magnitud de esta debacle debería significar una profunda reflexión para todos los venezolanos, donde quiera que estén, y para todos aquellos con preocupación sincera por el país. Esta es una situación dramática, con proporciones de destrucción nunca vistas. Con afectación directa y sin precedentes en las condiciones de vida de millones de personas, los que están en el país, y todos los que han emigrado. Ahora bien, esto no es fortuito, esto no es un cataclismo natural. Este nivel de destrucción es el resultado de ideas, de políticas públicas. De una forma de entender el desarrollo de las personas y de los países. Esto es el resultado de una ideología equivocada, prepotente, y de una gestión de gobierno del mayor nivel de incompetencia que se pueda imaginar. 

Las consecuencias de la destrucción de capacidades productivas están a la vista de todos. La intervención del Estado en todas las esferas de la vida social, la aniquilación de derechos, la persecución en todas sus formas, ha conducido a esta situación que pone en entredicho la viabilidad de la sociedad venezolana. El gobierno está en su estrategia de minimizar la situación y tomar medidas, todas ellas conducentes a agravar la situación. El escenario del FMI para 2019 expresa las fundadas razones que indican que las propuestas del gobierno solo complicarán las condiciones de vida de los venezolanos. 

También es completamente sorprendente que una crisis de esta naturaleza, no haya sido un factor de consenso entre los líderes alternativos. Que toda esta devastación que contempla la sociedad venezolana, no haya sido motivo para acordar las líneas fundamentales de un país diferente. Mientras los efectos ocasionados por la hiperinflación se profundizan, el país contempla que se no dan los pasos necesarios para anteponer el bienestar de la gran mayoría a cualquier otro interés. 

Para muchos la hiperinflación iba a ser un proceso “pasajero”. Un somero ejercicio de revisión histórica indica que eso no es cierto. La duración de la hiperinflación de Bolivia fue 18 meses, y la Nicaragua, 58 meses. Tampoco es cierto que luego de tomar medidas antiinflacionarias los países adoptan un modelo de desarrollo diferente. Bielorrusia demostró que no es así necesariamente. La hiperinflación está llevando a la sociedad venezolana a los límites. Esperemos que los acuerdos sean posibles y rápidos.

Politemas, Tal Cual, 10 de octubre de 2018

¿Son equitativas las metas de Desarrollo Sostenible?

En el año 2015 se aprobaron las metas de Desarrollo Sostenible que deberán cumplir todos los países para el año 2030. El supuesto fundamental es que las brechas de desarrollo (expresadas en las dimensiones de las condiciones de vida) impiden que la humanidad alcance la máxima sostenibilidad que se deriva de superar las diferencias sociales y económicas. Para ello se establecieron cifras referenciales (metas) que deberán ser alcanzadas por todos los países. La definición de estas metas requiere seleccionar un criterio que maximice la viabilidad, y que al mismo tiempo, represente un logro significativo, especialmente para los países con mayor rezago. 

Examinemos las consecuencias de la selección de tales metas. Tomemos en cuenta indicadores significativos y con sistemas de información más desarrollados. Tal es el caso de la mortalidad materna y la mortalidad en menores de un mes de nacidos (mortalidad neonatal). Ambos indicadores toman en cuenta una dimensión crítica como es el bienestar de las mujeres embarazadas y los recién nacidos. Concentremos el análisis en América Latina. 

La meta de mortalidad materna en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) expresa que todos los países deberán tener una razón de mortalidad materna de al menos 70 defunciones maternas por cada 100.000 nacidos vivos registrados (nvr). Examinemos el valor de la razón de mortalidad materna en el año de aprobación de los ODS (2015) en los países de América Latina. Lamentablemente en siete de esos países no está reportada la razón de mortalidad materna en el sitio web de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para el año en cuestión: Bolivia, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, Perú, Venezuela. 

De los trece países restantes, once de ellos ya habían alcanzado la meta. Solamente Paraguay y República Dominicana tenían cifras superiores en 2015 a la meta estimada para 2030. Es bastante probable que en el período hasta 2030 estos dos países también alcancen la meta. Ahora bien, la diferencia entre el mejor desempeño en mortalidad materna en América Latina, en este caso el de Chile, y el mejor desempeño en el mundo (representado por Islandia y Finlandia) es cinco veces. Esto significa que para los países de menor desempeño la brecha puede ser de treinta veces. En otras palabras, el problema no es alcanzar la meta, sino reducir la brecha con los países en los cuales las condiciones de las mujeres embarazadas han alcanzado los mejores niveles. 

Una situación similar encontramos al analizar la mortalidad neonatal. En este caso la meta para el 2030 es alcanzar en todos los países al menos la tasa de mortalidad neonatal de 12 muertes en menores de un mes por cada 1000 nvr. Para 2015 no se han reportado las tasas de mortalidad neonatal de los siguientes países (Bolivia, Colombia, Haití, Honduras, Nicaragua, Venezuela). De los catorce países restantes, todos menos República Dominicana habían alcanzado en 2015 la meta establecida para el año 2030. Al igual que en la mortalidad materna, la brecha del país con mejor desempeño (Cuba) con respecto al país de mayor desempeño en el mundo (Islandia) es más del doble, pero en el país de menor desempeño (República Dominicana) es 16 veces. 

Tres serias implicaciones se derivan de lo anterior. En primer lugar, la meta definida para el año 2030 (aunque haya sido alcanzada) expresa significativas diferencias en la equidad de los sistemas de salud. No solo entre la cifra del país con respecto a la mínima cifra ya existente en el contexto internacional, como se ha señalado, sino entre países de la región. Por ejemplo, la tasa de mortalidad neonatal de Perú o Guatemala (que han cumplido la meta), es cinco veces superior a la de Cuba. Pero a esto hay que agregar que las cifras nacionales pueden esconder a su vez notables diferencias regionales. Por ejemplo, las cifras de mortalidad neonatal en las zonas de selva de Perú o Brasil son superiores a las de los centros urbanos de la costa en ambos países. Esta situación expresa entonces notables restricciones en cuanto al cumplimiento de derechos de los ciudadanos. 

Una segunda consecuencia es de carácter institucional. El cumplimiento de la meta en tales condiciones opera de manera conformista. Las políticas de salud y las consecuencias gerenciales que se derivan, dejan de tener en el radar los efectos en la mortalidad neonatal. Y esta práctica puede ocasionar descuidos en la atención permanente, con el consiguiente retroceso en los logros alcanzados. Los sistemas de salud se acostumbran entonces a la “ley del mínimo esfuerzo”. 

La tercera implicación es de carácter general en políticas de desarrollo. Para que un país se acerque a los valores de mortalidad neonatal y materna de países como Finlandia, Islandia, requiere que se den una serie de condiciones institucionales que también se dan en esos países, por ejemplo, estabilidad política, crecimiento con baja inflación, diversificación productiva, protección social, preservación del ambiente, entre otros factores. Es decir, no es que tienen baja mortalidad neonatal o materna porque tienen adecuadas políticas de salud. No, es que tienen adecuadas políticas de salud en el contexto de adecuadas políticas en muchos sistemas. Y la única forma de preguntarse por las condiciones múltiples que son necesarias para el desarrollo es plantearse las mismas metas que en los países de mejor desempeño. Las metas propuestas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible no pareciera que están estimulando esas preguntas. Y sin preguntas, no puede haber políticas efectivas. Es así de simple.

Politemas, Tal Cual, 3 de octubre de 2018

Brechas de mortalidad infantil en América Latina

En esta semana se reúne en Washington el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Supongamos que los representantes de los países utilizaran el sitio web de la OPS para analizar la situación actual de la mortalidad infantil en la región. Este indicador es uno de los más utilizados al comparar el nivel de desarrollo de los países. Entre otras razones, porque el auge de los sistemas de información de mortalidad ha permitido contar con datos de mayor calidad. 

Ahora definamos un criterio para establecer la oportunidad de la información, en este caso, de mortalidad infantil. Estimemos que seis meses sea un plazo razonable entre el momento que termina un año y que aparezca la información definitiva de mortalidad en un país dado en el sitio web de OPS. Si ese fuera el criterio, ya se debería disponer de la información de 2017 para todos los países de América Latina (20 países). Lo cierto del caso es que a la fecha no se encuentra disponible la tasa de mortalidad infantil de 2017 de ninguno de los países de América Latina (en realidad para ningún país de América). Si tomamos como referencia el año 2016, encontramos que apenas cinco países (Costa Rica, El Salvador, Cuba, República Dominicana y Uruguay) tienen la información reportada para ese año. 

En el 2015 se encuentra que 14 países han reportado la tasa de mortalidad infantil correspondiente. Los seis países sin la tasa de mortalidad infantil para ese año son: Honduras, Nicaragua, Haití, Bolivia, Colombia y Venezuela. Es decir, que en ninguno de estos casos es posible señalar si la tasa de mortalidad ha aumentado o disminuido, o cualquier comparación con el resto de los países. 

Los catorce países con tasa de mortalidad infantil disponible en 2015, se pueden dividir en tres grupos según el valor del indicador. En el primer grupo están los países de mejor desempeño: Cuba, con 4,3 defunciones por cada 1000 nacidos vivos registrados (nvr), Chile (6,9), Uruguay (7,5) y Costa Rica (7,8). En un segundo grupo se encuentran: Ecuador, Argentina, El Salvador, Panamá y México, con valores entre 8,9 y 12,5 defunciones por cada 1000 nvr. En el tercer grupo se encuentran los países de menor desempeño: Paraguay, Perú, Brasil, Guatemala y República Dominicana. En este grupo de países la tasa de mortalidad infantil varía entre 14,2 y 22,9 defunciones por cada 1000 nvr. 

De acuerdo con los valores anteriores, el país con la tasa de mortalidad infantil más alta en la región en 2015, de los países que reportaron, es República Dominicana (22,9 defunciones por cada 1000 nvr), es decir, más de cinco veces la tasa de mortalidad infantil de Cuba. Pero si se incorpora un criterio más estricto, como es la tasa de mortalidad más baja del mundo (Islandia con 1,7 defunciones por 1000 nvr), entonces la brecha asciende a trece veces. 

Estas diferencias indican que en un aspecto de relativa baja complejidad como es la reducción de la mortalidad infantil, existen significativas inequidades. También señalan que un primer paso sería que los organismos internacionales hagan más esfuerzos para que los países tengan la información al día y la difundan. Sin datos adecuados no puede haber políticas efectivas. Y el segundo paso es evitar la creencia de que las reducciones de mortalidad infantil serán espontáneas. Justamente por creer en la inercia es que en muchos países el rezago es más bien la regla.

Politemas, Tal Cual, 26 de septiembre de 2018

Las brechas de desarrollo humano

La publicación de las nuevas cifras del Índice de Desarrollo Humano (IDH) por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), constituye otra contundente alerta sobre el deterioro de las condiciones de vida en Venezuela. Indica el PNUD que en el período 2012-2017, Venezuela descendió 16 puestos en la clasificación mundial. Este descenso solo es superado por el de Siria, Libia y Yemen, países sometidos a graves conflictos bélicos en el período. 

Las cifras del PNUD se elaboran a partir de los datos oficiales disponibles y, en el caso de los países sin información, con estimaciones. De allí que siempre hay que tener en cuenta que las cifras son aproximaciones con el propósito de comparar el desarrollo en todos los países del mundo. En el caso de Venezuela, debe señalarse que las cifras oficiales en las áreas sociales y económicas no se publican desde hace varios años. En consecuencia, el margen de diferencia con lo que puede estar pasando en la realidad es mayor. 

La mayor razón involucrada en la caída registrada para Venezuela es la reducción del ingreso. Desde finales de 2013 la economía venezolana no crece. Es más, experimenta la reducción del ingreso más grande de la historia de América Latina, y una de las más grandes del mundo. Por supuesto esta reducción está asociada con la destrucción de capacidades productivas, característica central de las políticas seguidas en las dos últimas décadas. Ahora bien, esta situación no tiene perspectivas de mejorar. Los efectos destructivos han sido aumentados por la hiperinflación que confronta el país desde noviembre de 2017. De tal manera que la situación crítica señalada en el informe de PNUD, se ha profundizado en lo que ha transcurrido del año 2018. Lo más probable es que continúe empeorando mientras se mantenga la hiperinflación. 

Otro aspecto preocupante señalado en el informe es el estancamiento en la escolaridad. Los años de escolaridad constituyen una referencia de gran utilidad para estimar las capacidades productivas. En la medida que aumente, la población tendrá mayores competencias para asumir los retos de producción en un mundo mucho más competitivo y guiado por la ciencia y la tecnología. 

El informe de PNUD indica que los años de escolaridad en Venezuela no han aumentado en los últimos años (10 en promedio). También se señala que los años de escolaridad estimados (si se mantuviera la cobertura de los primeros años de educación) deberían ser 14. Es decir, una manifiesta brecha de posibilidades. Este aspecto es coincidente con el hallazgo de la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2017 con respecto a la disminución de la cobertura educativa en el grupo de población entre 18 y 24 años, esto es, pérdida de 13% en las mujeres y de 7% en hombres con respecto a 2016. Al igual que sucede con otros países de América Latina, la desigualdad en Venezuela es un fenómeno cada día más evidente. También los hallazgos de ENCOVI 2017 indican que la desigualdad es la más alta experimentada en el país desde 2014 y la más alta de América Latina. 

Por donde se mire, sea desde la perspectiva del desarrollo humano, o desde el análisis de aspectos económicos y sociales específicos, Venezuela está en proceso sistemático de deterioro. Las políticas desarrolladas en las dos últimas dos décadas constituyen la demostración de todo lo contrario que se debe realizar para alcanzar el desarrollo humano sostenible. Las evidencias no pueden ser más contundentes. Estos resultados son una llamada de atención a toda la sociedad venezolana. El gran riesgo es que desaparezca el futuro.

Politemas, Tal Cual, 19 de septiembre de 2018

¿Qué podemos aprender de Japón?

La hiperinflación de Venezuela ya cumplió diez meses. Los análisis de especialistas, dentro y fuera del país, señalan que la hiperinflación no parece tener final en lo inmediato. De manera que, tal como ha sucedido en el último año, cada día de hiperinflación aumentará la destrucción de capacidad productiva en el país. Los signos ya son muy evidentes y significativos. Este proceso hiperinflacionario es el único en el mundo en la actualidad, no es ocioso repetirlo. Además es el segundo en el siglo XXI. Habían pasado casi treinta años sin hiperinflación en América Latina. Solo los venezolanos sufren las consecuencias de una hiperinflación en este momento de la historia de la Humanidad. 

Podría existir la idea de que en estas condiciones, al resolver la hiperinflación, el panorama del país cambia automáticamente. Nada más ajeno de la realidad. La hiperinflación es más bien el resultado de una larga cadena de desaciertos de políticas que han ocasionado la mayor destrucción de capacidades productivas en América Latina desde que se tenga registro, y quizás la más grande en el mundo en el siglo XXI. Ahora bien, también es importante contestar cuál sería la dirección del modelo del desarrollo del país al resolver efectivamente la hiperinflación. Otras preguntas aparecen inmediatamente: ¿Cuál es la brecha de desarrollo que tiene el país? ¿De qué manera se ha ensanchado en las últimas dos décadas? ¿Qué debemos aprender de este deterioro? ¿Podemos recuperar el tiempo perdido? ¿Cómo dejamos de ser una sociedad inviable? ¿Cuáles son los referentes para esa travesía? ¿Es posible obtener éxitos tempranos en esa nueva dirección? Dejemos las preguntas de ese tamaño por los momentos. 

Una forma de aproximarse a esas preguntas es examinar la experiencia de los países que se encuentran en estadios más avanzados. El análisis de sus recorridos nos puede dar pistas. Si tratamos de identificar el criterio de mayor logro en la ruta de desarrollo, otra forma de expresar la creación de riqueza, ya es casi una premisa que solo aquellos países que alcanzan altos niveles de diversificación productiva tienden a ser los más exitosos. Adam Smith lo había anticipado con claridad en 1776. De acuerdo con las últimas mediciones de la complejidad económica (2016), otra forma de expresar la diversificación productiva, Japón es el país que ocupa el primer lugar, tanto en la clasificación del Observatorio de Complejidad Económica del MIT como en el Atlas de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard. 

De allí que conocer la brecha con Japón es útil para ponderar posibilidades y restricciones. La actual estrategia de ciencia, tecnología e innovación de Japón coloca su centro en convertirse en el “país más favorable a la innovación en el mundo”. Resulta llamativo que el país de mayor complejidad económica en la actualidad considere que todavía puede avanzar más. Y para ello se señalan tres modalidades según las cuales las políticas de ciencia, tecnología e innovación pueden influir en las dinámicas del desarrollo. La primera modalidad es contribuir a consolidar el desarrollo sostenible. La segunda modalidad, un nivel superior a la anterior, es impulsar el desarrollo basado en la ciencia, tecnología e innovación. Y la tercera, también un nivel superior a la segunda, es entrar en la dinámica de que sea el conocimiento el eje fundamental del desarrollo. 

Dentro de estos niveles, la estrategia de Venezuela, en la ruta que se vislumbre al superar la hiperinflación, debe dirigirse justamente a ganar tiempo en estas etapas. Eso significa que debería ser el conocimiento el criterio central sobre el cual fundamentar esta nueva etapa de desarrollo del país. Dicho en otras palabras, el eje de la construcción de conocimiento debe ser la base de los cambios a acometer. Determinar adecuadamente la dirección del primer paso, sería el éxito temprano más importante.

Politemas, Tal Cual, 12 de septiembre de 2018

¿Cómo enfrenta América Latina el futuro?

Al final de la segunda década del siglo XXI, parece estar muy claro que el futuro de las sociedades está cada día más ligado a la ciencia y la innovación. Esa premisa no es nueva. Ya Adam Smith la había postulado en 1776, al preocuparse por explicar las causas de la riqueza de las naciones. Su interés era dilucidar los factores que influían en que algunas naciones fueran ricas y otra no. A finales del siglo XVIII la pregunta era de gran importancia. Las dinámicas del poder político en Europa y la existencia de todo un mundo más allá de los mares (América, Asia, Africa), hacían la pregunta muy relevante. Lo cierto es que la interpretación de Adam Smith era extraordinariamente sencilla: las naciones son ricas cuando aumentan la diversidad de lo que producen. 

Lo que sucede en el siglo XXI es que el nivel de diversidad de lo que se produce está en topes históricos. Los descubrimientos de las últimas décadas han favorecido la producción de bienes que eran difíciles de imaginar incluso pocos años atrás. Ahora se producen dispositivos de inteligencia artificial que pueden volar, ir al fondo del océano, reconocer imágenes de exploraciones diagnósticas, realizar funciones cada día más avanzadas. También se puede identificar los genes que influirán en la aparición de enfermedades años más adelante. En fin, pareciera que la creación de posibilidades científicas y tecnológicas tiene cada día menos límites. 

En la medida que se ha elevado la diversificación en la producción de bienes, también ha aumentado la brecha entre los países. Aquellos que han reformulado las políticas públicas para adaptarse a estas nuevas dinámicas han alcanzado estadios más avanzados. Para medir el nivel de diversificación productiva, se ha propuesto desde hace una década el Índice de Complejidad Económica (ICE). Este índice permite clasificar los países en función de la complejidad económica. A mayor índice, mayor complejidad económica, es decir, mayor diversificación productiva, y, en consecuencia, mayores posibilidades de sostenibilidad y riqueza. El índice varía entre valores positivos y negativos. Los países con índice positivo producen más bienes que el promedio de los países, los países con índice negativo producen menos bienes que el promedio de los países. La sostenibilidad de la creación de riqueza es mayor en la medida que el índice sea más alto. 

En el sitio web del Atlas de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard se pueden encontrar los valores del ICE para 2016 (último año disponible). Solo cuatro países del mundo tienen valores superiores a 2 en el ICE (Japón, Suiza, Corea del Sur y Alemania). Otros países tienen valores superiores a 1,5 (Singapur, Austria, República Checa, Suecia, Finlandia, Estados Unidos, Hungría). La inclusión de países como Corea del Sur, Singapur, República Checa, Hungría, en este selecto grupo indica que al final de cuentas las mejoras en la complejidad económica son expresiones de políticas. Así como se pierde complejidad, también se puede aumentar a través de decisiones de la sociedad. 

Visto este escenario, cabe preguntarse por el desempeño de los países de América Latina con respecto al ICE. En 2016 el único país con ICE superior a 1 fue México (1,1). Otros países tienen valores positivos del ICE: Panamá (0,67), Costa Rica (0,25), El Salvador (0,13), Brasil (0,13). Los restantes países de la región (15) tienen valores negativos. 

Si comparamos con la medición de ICE disponible para 1996, se aprecia que para esa fecha América Latina tenía cuatro países con valores positivos (México, Brasil, Uruguay y Argentina). Solo México aumentó el valor de ICE en 2016. De hecho, Uruguay y Argentina dejaron de tener valores positivos, y Brasil disminuyó notablemente. 

En este contexto, existen indicios claros de que la complejidad económica no es la característica preponderante de América Latina. En pocos países se nota un ritmo de desarrollo compatible con la creación de riqueza. Las consecuencias son, por supuesto, lamentables. En la medida que la diversificación productiva no sea un referente para las políticas públicas, las condiciones de vida de los latinoamericanos no alcanzarán los niveles exigidos en el siglo XXI. Pareciera que la región se ha convertido en un mero espectador de los profundos cambios que está experimentando el mundo. Otra forma de mostrar las grandes deficiencias de las políticas públicas, están impidiendo la construcción de un mejor futuro.

Politemas, Tal Cual, 5 de septiembre de 2018

¿Que pasó en Ucrania al no enfrentar la hiperinflación?

No es posible resolver un problema si primero no se reconoce. Esta pauta tan sencilla vale tanto para los problemas cotidianos de las personas, como para los problemas de las sociedades. Ahora bien, no es posible reconocer un problema si no existe capacidad de análisis. Pero antes de eso, debe haber una suficiente dosis de apertura, basada especialmente en la autocrítica y sensatez. Cuando existe una manera de ver la realidad, impermeable a la capacidad de análisis, autocrítica y sensatez, entonces tampoco existe la flexibilidad para el diseño e implementación de políticas públicas adecuadas. Y existe menos posibilidad de que se asuman las mejores prácticas para resolver el problema. La experiencia de Ucrania en el manejo de la hiperinflación puede servir de referencia para lo señalado. 

La disolución de la Unión Soviética en 1991 trajo como consecuencia la creación de repúblicas independientes. Muchas de estas repúblicas independientes experimentaron procesos de hiperinflación desde enero de 1992. En total fueron 14 procesos de hiperinflación que tuvieron una duración variable. En nueve de esas repúblicas las hiperinflaciones duraron entre uno y dos meses. En las cinco restantes las hiperinflaciones fueron más prolongadas. 

Las perspectivas de Ucrania al iniciarse el período post-soviético eran favorables, al comparar con otras repúblicas. Entre las razones que fundamentaban esa apreciación se encontraban el alto nivel educativo de su población, contar con diversidad de recursos naturales, y un alto nivel de industrialización. De allí que se llegara a considerar que Ucrania estaba en el grupo de los países como mayores posibilidades de éxito en la transición post-soviética. 

La evolución económica de Ucrania fue más bien en la dirección contraria. Los gobiernos que se sucedieron en las primeras etapas de la independencia tuvieron poca disposición a abandonar completamente la planificación central, es decir, la preponderancia del Estado en la conducción de la política económica. Este factor se sumó a la escasa comprensión que tuvieron los gobiernos sobre las alternativas más adecuadas para sortear los primeros tiempos de la transición. Las políticas implementadas tuvieron como rasgo central el control de precios y la tendencia a agravar el déficit fiscal a través de las distorsiones de la política monetaria. Todos estos factores se sumaron a la resistencia de los gobiernos ucranianos a acudir al apoyo financiero internacional. 

Las políticas implementadas en Ucrania fueron muy diferentes a las seguidas en Rusia, por ejemplo. En este último país, la hiperinflación fue enfrentada rápidamente (apenas duró un mes), implicó una opción contraria a la planificación central y contó con mayores capacidades institucionales, especialmente equipos técnico calificados, y apoyo internacional. La ausencia de estos factores en el caso de Ucrania conllevó a que la hiperinflación se prolongara por 35 meses. Cuando los gobiernos no enfrentan adecuadamente los procesos de hiperinflación, ocasionan terribles costos a las sociedades. Lecciones a aprender.

Politemas, Tal Cual, 29 de agosto de 2018

Más allá del Estado Omnipotente

Si algún rasgo caracteriza el desarrollo de Venezuela en el último siglo, es la amplia creencia, tanto del liderazgo político como de la población en general, que el Estado es el agente fundamental que genera el bienestar. Esta concepción ha sido fortalecida en la medida que el petróleo ha sido la base productiva de la sociedad venezolana. Son justamente los países en los cuales el petróleo tiene tal importancia, también llamados Petroestados, los que tienen una mayor tendencia a darle mayor preeminencia al Estatismo. 

Entre 1998 y 2010, se triplicó el porcentaje de la población que opinaba que el Estado es capaz de solucionar todos los problemas (de 16% a 47%). En el año 2017, a pesar de los evidentes efectos negativos del auge del Estatismo iniciado en 1999, todavía uno de cada cuatro venezolanos sostenía que el Estado puede solucionar todos los problemas de la sociedad. Ahora bien, esta creencia en el Estado Omnipotente, expresada en políticas implementadas especialmente en los últimos cincuenta años, ha configurado una manera de entender los límites entre el rol de lo público y lo que le corresponde a la sociedad. Así, los gobiernos suspendían garantías económicas, aprobaban regulaciones incompatibles con la flexibilidad requerida, o llegaban al extremo de expropiar empresas o crear cientos de ellas con simples decretos. Podríamos decir que se fue constituyendo un Estado Omnipotente capaz de intervenir en los mínimos detalles de la vida social y económica del país. 

Los anuncios sobre las medidas económicas informados el pasado viernes 17 de agosto, configuran una nueva tendencia del Estado Omnipotente. Se trata ahora de un Estado tan Omnipotente que pretende influir en los intangibles. Se pueden indicar una muestra de esos intangibles. El primer de ellos es asignar valor a una medida como el Petro, a sabiendas de que su demanda no se encuentra contabilizada. El supuesto es el valor que puede representar el petróleo que se encuentra en el subsuelo, sin considerar que tal referencia no está condicionada por aquellos que quieran adquirir ese bien. 

Otro ejemplo es la intención de intervenir en las expectativas de los sectores de la economía. Se aumenta el salario mínimo 35 veces y se ofrece que se pagará por la diferencia por un período de tres meses, y al mismo tiempo se establece que este aumento no puede afectar la fijación de precios. Es decir, se elimina toda posibilidad de que las empresas compensen los aumentos derivados de los salarios que tienen que pagar. De la misma manera, el aumento de impuestos no debe repercutir en variaciones de los precios. Y que esa medida se tome en una economía en recesión desde hace cinco años tampoco tiene mayor relevancia. Y por si fuera poco, aumentar los gastos públicos en menor proporción que los ingresos, traerá supuestamente una reducción del déficit fiscal a 0% (estimado en 20% en la actualidad). 

Las medidas económicas del 17 de agosto están concebidas para el mundo de las ilusiones. No tienen mayor asidero en la realidad, lo cual no es de extrañar. Están diseñadas para otras dimensiones, diferentes a la vida concreta de las personas, las que tienen que sobrevivir en una economía de agresiones y sufrimientos. Es por ello que contribuirán más bien para que la hiperinflación sea más dura, dividiendo en dos la historia de los venezolanos y dejando más visibles las terribles consecuencias de profesar la omnipotencia del Estado.

Politemas, Tal Cual, 22 de agosto de 2018

México vuelve al siglo XX

La importancia de México en el contexto global es cada día más creciente. Su interacción en múltiples áreas del escenario global coloca a México como una referencia de primer orden en los temas del desarrollo, especialmente por el efecto que tienen sus políticas tanto en el ámbito de la región de América Latina como en otros contextos. La elección de Andrés Manuel López Obrador y el inicio del gobierno que encabezará desde finales de este año, constituyen oportunidades para ponderar las posibles tendencias en las políticas públicas de México ya entrando en la tercera década del siglo XXI. 

Para ello una evidencia de primer orden es lo difundido en la campaña electoral como programa de gobierno. Si bien es cierto que no se puede asegurar que lo establecido en un programa de gobierno sea inmodificable, o que incluso en muchos casos no esté relacionado con las políticas que finalmente se decidan, también es un hecho que lo escrito es una demostración de las ideas que los grupos y asesores, y el propio candidato, consideraron relevantes para convencer al electorado de que era la mejor opción. 

Pocos días después de la elección de López Obrador se publicó un documento intitulado “Andrés Manuel López Obrador: Equipo de trabajo y agenda”, el cual contiene las ideas centrales de la gestión 2018-2024. Este documento es a su vez un resumen de una publicación más extensa “Proyecto de Nación 2018-2024”, presentada a finales de 2017. Llama la atención en ambos documentos la ausencia de una sección dedicada a condensar los principales postulados de la próxima gestión de gobierno. Más bien se detallan sectores sin mayor articulación. 

Una opción alternativa para el análisis, es indagar la forma de tratar temas claves en la actualidad, especialmente para la gestión de los gobiernos en todo el mundo. Dentro de estos temas se seleccionaron “sociedad del conocimiento”, “complejidad económica” e “inteligencia artificial”. Estos términos son en buena medida expresión de las tareas fundamentales que se deben emprender en los países para alcanzar grados sostenibles de desarrollo, y especialmente, para garantizar el mayor nivel de bienestar y riquezas. Pues bien, el término “sociedad del conocimiento” no aparece mencionado una sola vez en el documento del equipo de trabajo y agenda (de 117 páginas de extensión). En el documento ampliado, de 461 páginas, el término “sociedad del conocimiento” aparece mencionado una sola vez (en la página 94). La mención realizada condiciona el desarrollo de la “sociedad del conocimiento” a la inversión que se realice en ciencia y tecnología, cuando ya se sabe que solo a través de una transformación general de la sociedad es posible avanzar en esa dirección. Más aún, se coloca la meta en 1% del PIB para ciencia y tecnología cuando los países punta asignan cuatro o cinco veces más. 

En el caso de “complejidad económica” e “inteligencia artificial” no se encontró ni una sola mención en ambos documentos. Estos términos son claves por cuanto la dinámica del desarrollo, ya avanzado el siglo XXI, indica que la diversificación y la creación de tecnologías en los niveles más avanzados constituyen los procesos más relevantes a escala global. Es llamativa la ausencia de esas menciones, muy probablemente porque no se han concebido ni siquiera como problemas a enfrentar con adecuadas políticas públicas. Estas ausencias son más marcadas cuando se observan los lineamientos de políticas. Se menciona en ellos: erradicación de la corrupción, combate a la pobreza, recuperación de la paz, viabilidad financiera y austeridad, equidad de género, desarrollo sostenible y buen vivir, reconstrucción nacional, todos temas de gran importancia pero que requieren una definición del tipo de futuro para México, especialmente el que está basado en estadios superiores de conocimiento. 

México vuelve al pasado, es decir, a las políticas que miran más bien al siglo XX, cuando en realidad tiene los avances más sostenidos en complejidad económica de los países de América Latina. De hecho, de acuerdo con las cifras del Observatorio de Complejidad Económica del MIT para 2016, México es el país con mayor índice de complejidad económica en la región, cercano a “1” (Japón tiene el máximo con 2,29), ocupando el lugar 25 en el mundo. Este índice se ha mantenido cercano a “1” (incluso superior en algunos años) desde 2000. Las políticas que se deducen del programa de gobierno de López Obrador van en la dirección contraria a los avances obtenidos por México en complejidad económica. Más que volver al pasado, México debería implementar las políticas necesarias para convertirse en una sociedad en los diez primeros lugares en complejidad en el mundo. Esperemos que la realidad se atraviese con todas sus dimensiones para impedir la vuelta de México al siglo XX.

Politemas, Tal Cual, 15 de agosto de 2018

Destrucción de acuerdos

Se podría pensar que la hiperinflación es una formidable destrucción de la moneda, expresada fundamentalmente en la aniquilación de la estabilidad de precios. Y eso es verdad. Al iniciar el décimo mes de hiperinflación en Venezuela, es claro y notorio que han desaparecido todos los referentes para la definición de los precios de bienes y servicios. La velocidad en el deterioro de la capacidad de compra es proporcional a la dificultad de transar con una mínima dosis de normalidad. Nadie sabe cuánto pueden variar los precios incluso en un día. Mucho menos para pensar en la semana próxima o en el mes que viene. 

La desaparición de los precios como referentes, ya es una demostración de que la economía no está en capacidad de funcionar en los mínimos requerimientos de una sociedad. Los precios son acuerdos, mecanismos de transacción. Alguien ofrece una cantidad por algo y otra persona acepta recibirlo. La base de ese acuerdo es que lo que se recibe vale lo mismo que cuando se hizo la transacción. El problema deviene cuando lo que se recibe vale mucho menos porque está sometido al efecto de la hiperinflación. Entonces, los actores prefieren incrementar el precio calculando el efecto de ese deterioro, o sencillamente transar en otro medio de común acuerdo. Pero los precios no son los únicos acuerdos que desaparecen en una hiperinflación. 

Tomemos, por ejemplo, los acuerdos entre trabajadores y empresarios para la fijación de las remuneraciones. Los contratos colectivos son imposibles en una situación hiperinflacionaria, porque no hay forma de estimar las bases de las variaciones de esas remuneraciones. En consecuencia, la posibilidad de utilizar la contratación colectiva como medio de estabilidad en las relaciones de trabajo, simplemente desaparece. En tales condiciones, la mera discusión sobre productividad es un sinsentido. Algo similar sucede cuando los beneficiarios de los servicios de una empresa, se ven obligados a pagar a los trabajadores una cantidad extra muy superior a sus salarios por temor a que abandonen las empresas y, por ende, queden afectados. 

También desaparecen las pensiones para la población en situación de retiro. La pensión es un acuerdo, muchas veces intergeneracional, según el cual el trabajador recibe una cantidad que representa el beneficio por su vida laboral. La base de la pensión es que el valor que tiene en el mercado de bienes y servicios sirve para que se pueda acceder de manera estable a lo considerado necesario. Cuando el valor de la pensión se deteriora ante la arremetida hiperinflacionaria, entonces ese acuerdo de preservación del beneficio también desaparece. 

La inversión pública también es otro acuerdo que es afectado por la hiperinflación. En este caso, el acuerdo implica que los precios de los servicios públicos deben garantizar que se obtienen recursos para asegurar el mantenimiento y la calidad. Cuando ello no es posible, porque el aumento de los precios impide la utilización de recursos para garantizar los servicios previstos, entonces se produce la escasez y la afectación a los ciudadanos en su calidad de vida. 

De la misma manera, la escala de salarios de la administración pública no puede salir indemne de una hiperinflación. La distancia entre las remuneraciones y el aumento de los precios, obliga a trabajadores a abandonar el sector público, y a otros muchos, a ver deteriorada la calidad de vida. Y ellos es especialmente crítico cuando se introducen de manera discrecional mayores diferencias entre sectores de la administración pública. 

Finalmente, la hiperinflación aniquila los acuerdos de la sociedad en el mediano plazo. Conceptos como “plan” o “futuro” no tienen cabida ante el ritmo que impone la hiperinflación, muchas veces medido en días o semanas. La hiperinflación de Venezuela, en la medida que se prolonga, seguirá destruyendo acuerdos fundamentales. En un curso diferente será menester acometer la transformación de estas relaciones, de manera sostenible y moderna. De allí la urgencia que se debe asumir para detener la destrucción hiperinflacionaria. Es, sin dudas, el reto más profundo que tiene todo el liderazgo de la sociedad venezolana en la actualidad.

Politemas, Tal Cual, 1 de agosto de 2018

¿Cómo hizo Paraguay para erradicar la malaria?

La noticia fue tan grata como sorprendente. Paraguay es el primer país de América del Sur en alcanzar la certificación de “libre de malaria”. Se une a Cuba, declarada “libre de malaria” en 1973 (casi medio siglo atrás). Siendo que en muchos países de América del Sur están las condiciones ecológicas propicias para que la malaria se mantenga como endemia, es altamente aleccionador que un país haya alcanzado un logro de esta magnitud. Conviene, entonces, conocer las razones que han fundamentado este extraordinario éxito.

La primera condición que se puede señalar es la disposición política e institucional para lograr esta meta. Luego de un sistemático esfuerzo de control, el último caso de malaria en Paraguay fue reportado en 2011. A partir de ese momento se elaboró un plan de cinco años para lograr la certificación de eliminación. Para ello se desarrollaron actividades de vigilancia epidemiológica, información a las comunidades y el mejoramiento de los procedimientos de diagnóstico y tratamiento en zonas de alto riesgo.

En 2016 se inició un programa de formación para trabajadores de salud en las 18 regiones del país, con el propósito de desarrollar las destrezas que se requieren para el sistema de seguimiento de la enfermedad en los próximos años. Con este fin se obtuvieron recursos del Fondo Global para el Control de SIDA, Tuberculosis y Malaria. Al mismo tiempo, el Congreso de Paraguay acordó asignar los recursos necesarios para mantener la eliminación de la enfermedad en el mediano plazo.

A partir de la certificación ya obtenida, se requiere la mayor exhaustividad en las actividades de mantenimiento y de alerta. La eliminación de la enfermedad indica que no se deben producir nuevos casos, con el consiguiente ahorro de recursos que pueden ser dirigidos a otros problemas de salud. También implica que las actividades de control de las personas que ingresan a Paraguay de países vecinos deberán ampliarse, y especialmente colaborar con estos países para que se amplíe el área de eliminación. Por otra parte, la experiencia acumulada por los servicios y especialistas paraguayos estará al servicio de muchos países que también se han propuesto la eliminación de la enfermedad.

La experiencia de la eliminación de la malaria en Paraguay demuestra muy claramente que la primera fase de las políticas exitosas es reconocer el problema y decidir enfrentarlo. La forma en que las sociedades asuman el objetivo irá marcando la evolución de las etapas y la solución de los obstáculos que se irán presentando. Es por ello fundamental identificar los problemas públicos y diseñar las estrategias. Solo se obtienen éxitos cuando se han imaginado previamente. Las lecciones de Paraguay son extraordinarias para una América Latina esperando por políticas exitosas para sus problemas.

Politemas, Tal Cual, 11 de julio de 2018

Desafíos de un país en shock

Al llegar al octavo mes de hiperinflación, la sociedad venezolana experimenta con mayor rigor las circunstancias de un terrible shock. No solamente es la afectación económica y social, sino la imposibilidad de contar con recursos institucionales para generar los acuerdos que requiere una situación de esta naturaleza. Dos inmensos desafíos están planteados en la actualidad. En la capacidad que se tenga para enfrentarlos dependerán las posibilidades del país en los próximos años. 

El primer desafío es evitar mayores daños. El efecto destructivo de la hiperinflación no solo se expresa en la duración, sino en la intensidad. De acuerdo con los escenarios elaborados en la Asamblea Nacional, en 2018 Venezuela puede alcanzar la tasa de inflación más alta de todos los procesos de hiperinflación de América Latina (35.000%). Esa tasa de inflación también es superior a la experimentada en todos los procesos de hiperinflación del mundo desde 1980, con la excepción de Zimbabwe. Más grave es que la experiencia internacional indica que los países que no solucionan rápidamente las hiperinflaciones, tienen a prolongarlas. Los países independientes derivados de la disolución de la Unión Soviética, todos con visiones de planificación central, tuvieron desempeños diferentes en la implementación de los programas anti-inflacionarios. Algunos tuvieron éxitos tempranos, otros prolongaron las hiperinflaciones por periodos de hasta tres años. También es notorio que en algunos de esos países (por ejemplo, Bielorrusia), el éxito en la corrección de la hiperinflación no significó cambios en los modelos políticos y económicos. 

Los daños ocasionados por la hiperinflación son cada día más evidentes. Entre estos aspectos se destaca el aumento de la pobreza extrema, según las Encuestas de Condiciones de Vida (ENCOVI), de 24% en 2014 a 61% en 2017, así como la constatación de que 1,2 millones de niños menores de 3 años no pueden consumir los alimentos necesarios para su óptimo desarrollo. También se observa la reducción de la cobertura educativa en la población entre 18-24 años (7% en hombres y 11% en mujeres) entre 2016 y 2017, indicativa del deterioro en la formación de recursos humanos. La reducción de la capacidad de las familias para responder ante la disminución de los ingresos es la más alta en toda la historia del país. 

En estas condiciones se impone la ejecución de un Programa de Salvación Nacional que signifique en la práctica un rumbo completamente en las políticas públicas del país. Esto supone un marco general que promueva el desarrollo sostenible. Para que ese programa tenga un efecto significativo y contrario a lo que ha sido la estrategia del país hasta la fecha, se requiere que apunte a la diversificación de la economía venezolana. La compatibilidad entre la atención del corto plazo y los objetivos de mediano plazo, debe fundamentarse en metas que contribuyan a dar consistencia a la estrategia. Una meta fundamental es proponer que Venezuela sea la economía más diversificada de América del Sur para el año 2030, constituyendo una pujante sociedad del conocimiento, tal como es la tendencia en otras regiones del mundo. Todo ello supone la puesta en marcha de un nuevo modelo de desarrollo, con las respectivas implicaciones políticas y sociales que conlleva. 

Transitar en esta dirección requiere imaginar el futuro, y dar los pasos requeridos para alcanzarlo. La hora implica que la mejor inversión es ganar tiempo, es la única forma de disminuir la brecha que ahora confrontamos. Es fundamental, en consecuencia, promover una visión prospectiva global, que nos permita anticipar procesos, que implique la generación de nuevas modalidades de formación, con vínculos dentro y fuera del país. Es también el momento para que el sector productivo y las universidades trabajen de manera cooperativa en la visualización de las modalidades que conducen a una sociedad del conocimiento con esas características. En la medida que sepamos conjugar la atención a la gravedad de la crisis con la imaginación de las posibilidades, se construirán las bases de una sociedad que promueva el mayor bienestar posible para los ciudadanos.

Politemas, Tal Cual, 4 de julio de 2018