La mayor destrucción de valor

El colmo del voluntarismo y de la incompetencia en el manejo del Estado. Es lo menos que puede decirse. Ahora resulta que el gobierno, por arte de una expresión verbal, decreta que en Venezuela se comenzará a exportar. Así de sencillo. Basta que alguien se acordara del “pequeño detalle” de que se acaban lo dólares y que lo que aporta el petróleo no es suficiente, para que aparezca el recurso de última hora, la solución mágica: exportar cosas diferentes al petróleo. Listo, genial, unas cuantas órdenes por acá y otras gestiones por allá, y el país se convertirá en una potencia exportadora de otros bienes que no sean barriles de petróleo. 

Es evidente que en el gobierno la previsión y el conocimiento no son recursos en abundancia. Para exportar bienes y servicios que agreguen valor, se necesita una economía muy diferente a la actual. Se requiere un marco institucional que provea estabilidad y confianza. Para que aquellos que tengan ideas y recursos pueden desarrollar la cadena de valor que le permita elaborar productos atractivos en el mercado internacional. A sabiendas, por supuesto, de que los estándares de calidad en ese mercado internacional son cada día más rigurosos porque la competencia es cada vez mayor. Tiene que ser un excelente producto para que se hagan pedidos y se paguen en una moneda sólida. Y para que eso pase, el precio tiene que ser atractivo. Si la tasa de cambio ocasiona que cueste mucho al que está pensando pagar, el asunto se resuelve comprando en otra parte donde el precio en la moneda de cambio sea más atractivo. Es decir, al final del camino, lo que determina que un país exporte valor agregado son condiciones adecuadas para producir, y condiciones adecuadas para vender en el mercado externo. 

En ambos aspectos, producir y vender en el mercado externo, Venezuela está en los peores niveles en el planeta. La destrucción de la producción está por doquier. La práctica anti sector productivo, y la estatización de la vida económica, son los ingredientes para que no exista inversión, y se paralice toda creación de valor. Nada más ver lo que está pasando con los alimentos, da una buena idea de lo que está sucediendo en toda la economía. Y por supuesto, ligado a lo anterior, está la persistencia de un régimen de controles, que hace completamente inviable que se pueda producir y competir en el mundo. 

En 1998, Venezuela obtenía 32% de las divisas por la exportación de bienes diferentes al petróleo. Eso significaba aproximadamente 5 mil millones de dólares. La destrucción económica que se ha realizado en el país, por las erradas políticas de los últimos tres lustros, han provocado que en 2014 (según cifras de la OPEP), Venezuela solo obtuviera 4% de divisas por exportaciones no petroleras. Eso significa menos de la mitad del monto de exportaciones no petroleras de 1998. Esta proporción se ha mantenido en esos niveles desde 2008. Por supuesto, casi la totalidad de la capacidad productiva que existía en 1998 ya ha desaparecido o se encuentra en gran deterioro. 

Ese es el dramático resultado de la visión estatista y totalitaria en el manejo de la sociedad venezolana. Se ha producido el mayor daño posible a la capacidad de generación de valor en el país. Si a ello se le suma el éxodo de recursos humanos de la mayor calificación y la estrategia para cercar a la universidad pública, generadora de conocimientos y posibilidades, se tiene una idea bien precisa de las consecuencias de estas nefastas políticas para el desarrollo del país. Es claro que todo esto puede ser revertido. Algunos aspectos serán de solución más rápida que otros. Pero es también muy evidente de que la única forma de hacerlo es enrumbando al país hacia una economía abierta, respetuosa de los derechos de propiedad, garante de la inversión y de la innovación, sin controles y distorsiones, en fin, creadora de riquezas y valor. Nada parecido al patrón seguido por el actual gobierno.

Politemas, Tal Cual, 19 de agosto de 2015

Inflación en el Siglo XXI: RD del Congo

La República Democrática del Congo es uno de los cinco países del mundo que han tenido períodos con tasas de inflación anual superiores a 100% en el Siglo XXI. Los otros países son: Angola, Bielorrusia, Zimbabwe y Venezuela (Fuente: FMI). Ver: http://ow.ly/QOh5t

La República Democrática del Congo obtuvo la independencia de Bélgica el 30 de junio de 1960. El primer nombre del país fue República del Congo. Entre 1964 y 1971 se denominó República Democrática del Congo. Entre 1971 y 1997 se llamó Zaire. Desde 1997 recobró el nombre de República Democrática del Congo. El 24 de noviembre de 1965 se produjo un Golpe de Estado por el cual asume Joseph Desiré Mobutu (conocido luego como Mobutu Sese Seko). Mobutu fue depuesto en 1997 por Laurent Desiré Kabila quien fue asesinado en 2001 y sustituido por su hijo Joseph Kabila, actual Presidente de la República, electo en 2006 y reelecto en 2011. 

Entre 1989 y 2001, la tasa de inflación se mantuvo por encima de 100% en once años (de los trece del período). Entre 1991 y 1997 la tasa de inflación fue superior a 100% en todos los años, llegando a 23.773% en 1994 (una de las tasas más altas en la historia). Se ha considerado que entre 1990 y 1996 la economía de Zaire experimentó una hiperinflación.

Dentro de las causas que precipitaron la hiperinflación se encuentran la crisis política y el aumento del gasto fiscal producto de grandes aumentos en los salarios del gobierno, así como la reducción en los ingresos de la actividad minera. Sin embargo, en la década anterior el gobierno había tomada medidas de expropiaciones que junto con la amplia corrupción del gobierno, ocasionaron un deterioro significativo de la economía del país. 

Nota: Esta es una entrada en progreso. Cada vez que sea ampliada o revisada será notificado por @marinojgonzalez

Inflación en el Siglo XXI: Angola

Angola es uno de los cinco países del mundo que han tenido períodos con tasas de inflación anual superiores a 100% en el Siglo XXI. Los otros países son: República Democrática del Congo, Bielorrusia, Zimbawbe, y Venezuela (Fuente: FMI). 

La independencia de Angola fue otorgada por Portugal en noviembre de 1975, después de una larga lucha armada. Al declararse la independencia, el país se vio envuelto en una guerra civil que duró hasta 2002. Durante todo el período post-independencia, Angola ha sido gobernada por el partido Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA), con dos presidentes: Agostinho Neto (fallecido en el cargo en 1979), y José Eduardo dos Santos (hasta la fecha).

En los diez años siguientes a la independencia, la economía de Angola adoptó la planificación centralizada. 

En 1987 se inicia la transición a una economía de mercado con la adopción del “Programa de Saneamiento Económico y Financiero (SEF)”. Los principales objetivos de este programa fueron: (1) estabilizar la situación financiera, reduciendo los desequilibrios que estaban generando las presiones inflacionarias y el déficit del sector público, (2) reformar el sistema económico para incrementar la productividad. En 1989 se aprueba el "Programa de Recuperación Económica (PRE)".

Las reformas incluidas en ambos programas, sin embargo, fueron infructuosas. Entre 1989 y 2000, el gobierno de Angola implementó 12 programas de estabilización económica. En promedio cada programa tuvo una duración de 10,6 meses. Las fallas en estos programas de estabilización ocasionaron que la inflación siguiera creciendo de manera desproporcionada. Desde 1992 hasta 2002 Angola experimentó tasas anuales de inflación superiores a 100%, alcanzando 4.146% en el año 1996.

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Nota: Esta es una entrada en progreso. Cada vez que sea ampliada o revisada será notificado por @marinojgonzalez

Última actualización: 15 de agosto de 2015

La destrucción económica del Siglo XXI

Absolutamente inaceptable. Los datos están ahí. En lo que va del siglo XXI la economía venezolana se ha convertido en la de mayor inflación en el mundo. Así con todas sus letras. Ya no es solamente la más alta en los últimos tres años. Venezuela tiene el promedio más alto de inflación en los años transcurridos entre 2002 y 2015, según los registros del Fondo Monetario Internacional. 

El último país con una tasa de inflación superior a 100% fue Zimbabwe en 2008 con 157%. A principios del siglo XXI, Angola tuvo tres años seguidos con tasas superiores a 100%, esto es de 2000 a 2002, pero desde ese último año todas las tasas de inflación han sido menores. La República Democrática del Congo llegó a tener 550% en 2000 y 357% en 2001. El otro país con una tasa de inflación superior a 100% fue Bielorrusia con 168% en 2000. En ningún otro país del mundo ha habido tasas de inflación superiores a 100% en lo que va de siglo. 

Pero todos los países anteriores tendrán este año 2015 tasas de inflación que son impensables en Venezuela. En Bielorrusia la tasa de inflación para este año se ha estimado en 22%, en Angola el estimado es 8%, en la República Democrática del Congo 2,3% y en Zimbabwe 1%. 

Las evidencias son contundentes. Si la tasa de inflación de Venezuela alcanza los niveles pronosticados, los cuales aumentan a medida que avanza el año, será la más alta en la historia del país, la más alta del mundo por tercer año seguido, la primera superior a 100% en el mundo desde 2008, y la primera superior a 100% en América desde 1995. Lo que en todas las economías es cada vez una excepción, se ha convertido en Venezuela en una realidad asfixiante, cotidiana, angustiante.

La inflación destruye las economías. Porque es un círculo vicioso: no se produce, escasean los bienes, el sector público gasta más de lo que recibe, aumentan nuevamente los precios, y así sucesivamente. Venezuela tiene 32 años con tasas de inflación que son inaceptables en el mundo de la actualidad. 

Al destruirse la economía, se destruyen los recursos de las personas y familias, se pierden ahorros y capacidad productiva, en general, se deteriora la calidad de vida y la adquisición de bienes y servicios. Es por ello que Venezuela presenta signos evidentes de la mayor destrucción económica en el mundo en lo que va de Siglo XXI. La tolerancia con la inflación, basada en el irresponsable manejo de la política económica y de la gestión pública, ha traído estas consecuencias. Todos los efectos de tener la inflación más alta del mundo por casi tres lustros, son atribuibles a la dirección económica que ha tenido el país. 

Ante esta terrible situación, padecida por toda la población, pero mucho más crítica en los sectores de menores ingresos, la respuesta del gobierno es el inmovilismo, la ausencia de información, la evasión, la asignación de culpas sin revisar las acciones. Todas esas vías conducen al mismo punto: no resolver el problema y prolongar el sufrimiento de los ciudadanos. Para toda la población debe estar cada día más claro que la inflación es nociva, destructora, inaceptable, y que los gobiernos que son incapaces de controlarla o que la promueven irresponsablemente, deben ser rechazados con el voto en cada oportunidad que se presente.

Politemas, Tal Cual, 12 de agosto de 2015

El mito comunista

Lo que está a la vista no necesita anteojos. La agresión sistemática contra la propiedad privada, expresada tanto en el lenguaje como en la práctica, a través de tomas de empresas, confiscaciones, no deja ya mucho espacio para la duda. La “revolución” ha decidido aclarar de una buena vez que el proyecto del Socialismo del Siglo XXI pasa por tomar control de la propiedad. Tal como había sido expresado en la propuesta de reforma constitucional de 2007.

Lo que no se pudo imponer por los votos, ahora simplemente se realiza a través de actos administrativos. Quizás en pocos días ya habrá “bases legales” que permitan ir más lejos. Todo lo cual deja claro que el gobierno tiene muy claro que su objetivo es minar el concepto de propiedad individual y colectiva. Justamente la base del capitalismo. Sin derechos de propiedad de los bienes, y todos los que de ella se derivan, como por ejemplo el derecho de creación, no hay forma de generar los incentivos sociales para que la producción de riqueza sea sostenible.

No se trata, obviamente, y menos después de diez años de Petro-Estado bolivariano, de asumir propiedades para que sean más productivas. Esa no una característica de un Estado petrolero que se respete. Acá de lo que se trata es el control de todo el aparato estatal, o de una gran parte, para que la provisión de empleos esté completamente dirigida por la élite gobernante. Porque el control de la nómina es la forma de garantizar la continuidad revolucionaria.

Los estados que pretendieron dominar a las sociedades a través del control del empleo público tienen un nombre muy claro. Fueron los estados comunistas. Prácticamente todo el siglo XX presenció el surgimiento y desaparición del llamado comunismo. En 1989, año del inicio del fin del comunismo, los países bajo ese tipo de gobierno se encontraban en el 17% del territorio del mundo y tenían el 9% de la población mundial. Nada despreciable. 

En todos esos países uno de los rasgos característicos era la preponderancia del gobierno (o de las empresas del estado) en el empleo. Mientras en los países de Occidente la proporción de empleo de fuentes públicas escasamente pasaba de 21% en 1988, en los países comunistas la proporción alcanzó a 90%. En Checoeslovaquia alcanzaba a casi el 99%. En la Unión Soviética a más de 96%.

En tales condiciones no es muy complejo imaginar que la productividad de las economías comunistas distaba mucho de sus contrapartes en economías de mercado. Lo que en las comunistas requería más tiempo, más recursos, y menos avance de tecnologías, en las otras era mucho más eficiente. Esta situación no fue la única causa de la caída del comunismo. Pero, sin duda, tuvo mucho que ver.

Y es acá, entonces, que en la primera década del siglo XXI, el gobierno actual, después de malbaratar muchos de los recursos provenientes del boom de precios petroleros, procede a ocupar más espacios para maximizar la creación de empleo público y aumentar la dependencia que, según ellos, debe tener la sociedad frente al Estado. 

Sabemos, sin embargo, que la ruina del comunismo fue real. Que de sus cenizas emergieron muchos países, y algunos de los anteriores recobraron un marco de pluralismo político y modernización económica. Para nuestros gobernantes esta historia simplemente no existió. En un arranque de prepotencia e ignorancia se disponen a imponer a la sociedad venezolana una “receta” fracasada y obsoleta. Dicen que los grandes mitos también llevan a grandes fracasos. Estamos en puertas de uno estrepitoso.

Politemas, Tal Cual, 20 de mayo de 2009

El peor de los mundos

La crisis social no es cuento. No puede serlo en un país que ha tenido ingresos multimillonarios y contempla cada día a casi tres millones de personas yendo a la cama sin comer adecuadamente. Ese es el nombre concreto del autoritarismo incompetente que nos gobierna.

Ya estamos próximos a la mitad de año. El declive de la actividad económica es franco. El asedio a lo que queda de inversión privada es permanente. El gobierno no tiene para pagar deudas. Y su solución es muy simple: tomar las empresas. Poco habla el gobierno de la atención a las condiciones concretas de los ciudadanos afectados por el rumbo perdido de nuestras políticas públicas.

Mientras muchos vecinos de la Región han procedido con rapidez para fortalecer el sistema de protección social, en Venezuela el gobierno luce impotente, indolente. Cuando hoy en día ya se sabe cuáles son las condiciones que deben tener los programas de protección social en coyunturas como la actual, nuestro gobierno actúa como si no tuviera idea de las lecciones aprendidas. 

Al menos cinco condiciones deben tener los programas de protección social. La primera es que se inscriban dentro de políticas públicas que apunten a la solución del problema, no a aumentarlo. Es lo que se denomina “políticas contra-cíclicas”. Esto es, si existe una recesión o disminución del ritmo de crecimiento, las políticas deben contribuir a la reanimación del ritmo económico. Para eso el gobierno debe utilizar sus ahorros y canalizarlos en programas de inversión, muchas veces en infraestructura o en áreas de servicios prioritarios. Acá no sabemos ni siquiera si el gobierno tiene de verdad tales ahorros. Muchos menos habrá oído usted sobre programas de inversión.

La segunda es que la inversión se realice con la mayor flexibilidad. Atendiendo justamente a las condiciones locales, para que esté más apegada a los problemas de la población. Otra justificación de la descentralización de los servicios y de las decisiones. No se puede conocer en Caracas todo lo que pasa en el país. Acá las cosas van por otro lado. El gobierno del presidente Chávez ha eliminado la descentralización. Del Estado Federal Descentralizado no queda ni el nombre.

La tercera condición es que exista una red de protección que funcione. De manera que en la situación de crisis se logren canalizar recursos a través de esos mecanismos. Nada más un vistazo a la caída de la inversión de las Misiones deja muy claro que el gobierno ya no las tiene entre sus objetivos. Las Misiones son cascarones de ilusiones que marchan a la deriva. A nadie se le ocurre canalizar más recursos a través de ellas.

La cuarta condición es que los subsidios que se otorguen deban tener una contrapartida por parte de las familias. Por ejemplo, que los niños vayan a la escuela, o al centro de salud para el control de niños sanos. Se trata de que el subsidio genere un cambio en la acumulación de capital humano. Que facilite a las familias la superación definitiva de la pobreza. Y eso sólo se logra a través de mejorar las capacidades productivas de las familias. 

Y finalmente, el enfrentamiento de la crisis debe generar empleo para las familias, especialmente para los adultos. Tales empleos pueden ser no especializados, pero pueden suponer opciones de reentrenamiento de la fuerza laboral. También las crisis pueden ser oportunidades para desarrollar las capacidades de los trabajadores. 

Las políticas del actual gobierno no cumplen con ninguna de las condiciones anteriores. Para los sectores que deben ser protegidos, el porvenir no puede ser más sombrío.

Politemas, Tal Cual, 13 de mayo de 2009

La pobreza en los estados

La situación económica está apretando. Todos los indicadores señalan que la economía está en desaceleración. Las perspectivas para el bienestar de las familias, especialmente las pobres, son desalentadoras. Nada más con observar la indiferencia del gobierno para enfrentar el deterioro del ingreso de las familias más pobres, se reafirma la convicción de que andamos sin rumbos, sin respuestas a las expectativas de la población.

En este marco cabe preguntarse por las posibilidades de los gobiernos de los estados para proteger a los sectores más pobres del país. A pesar de la arremetida centralizadora, es conveniente examinar las opciones de políticas que tienen estos gobiernos, aún bajo la merma de sus ingresos.

Suponga usted, entonces, que los gobiernos de los estados quieran desarrollar una gestión que ponga el acento fundamental en la reducción de la pobreza. Lo primero que se requiere es saber cuáles son las dimensiones del problema. Para ello, lamentablemente, hay pocos datos. Y los que existen, están ya atrasados.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) nos reporta un solo indicador para comparar la pobreza, expresada en términos de ingresos de las familias, en los estados. Se trata del componente de ingreso del “Índice Estatal de Nivel de Vida (IENV)”. Este indicador se define como el porcentaje de personas en hogares con ingreso mayor a la canasta básica para un año dado. El último año con información es 2007.

Un examen de las cifras del INE permite identificar, a rasgos generales, dos grupos de estados. El primer grupo está conformado por los estados en los que menos del 60% de las personas alcanza el ingreso suficiente para adquirir la canasta básica de bienes (esto incluye alimentación, educación, transporte, salud, entre otros rubros). El estado con mayor proporción de personas con ingreso por debajo de la canasta básica es Barinas (sólo 47% de las personas alcanzan este nivel de ingresos). Otros estados en este grupo son Apure, Bolívar, Guárico, Lara, Portuguesa, Sucre, y Vargas. En todos ellos la proporción de personas que tienen ingresos suficientes para adquirir la canasta básica de bienes oscila entre 50 y 60%. 

En todos los demás estados la proporción de personas que alcanza la cesta básica se encuentra entre 60 y 81%. Destacan en este grupo el Distrito Capital (81%) y Miranda (75%). De manera que en muchos de estos estados más del treinta por ciento de la población no alcanza el ingreso de la cesta básica. 

Esto, repetimos, era para el año 2007. Lamentablemente no se cuenta con información sobre las condiciones de ingresos de las familias para el año 2008. Asumiendo, lo cual no es necesariamente así, que la caída del ingreso será proporcional en todos los estados, es evidente que en el primer grupo la proporción de personas que no alcanzan la cesta básica puede aumentar hasta 60%. Es también evidente que en el segundo grupo también tendremos una reducción ostensible del ingreso de las personas. 

Todo esto apunta a la necesidad de contar con programas de compensación del ingreso de las familias. En el corto plazo. Para muchas de estas familias, esta compensación será fundamental. Sea en especies o en dinero efectivo. Lo cierto es que los gobiernos de los estados podrían financiar parte de estas compensaciones. Para ello se requiere tomar decisiones sobre reajustes de gastos, así como contar con mecanismos de identificación de beneficiarios. No tomar estas decisiones ahora seguramente comprometerá aún más el bienestar de millones de familias en el país.

Politemas, Tal Cual, 6 de mayo de 2009

Sin Constitución

El país se ha quedado sin Constitución. Esto es, se ha quedado sin un acuerdo que regule al poder. La Constitución no es otra cosa que la limitación de la acción de los poderes públicos con el fin de garantizar los objetivos de la sociedad. 

Tal acuerdo debe ser compartido. Los actores políticos y sociales aceptan convivir y manejarse en un marco establecido por la Constitución. Es otra forma de llamar a las “reglas de juego”. De manera que existen garantías: “tenemos estos derechos”; “no se pueden arrinconar a los contrarios”, “podemos acudir a la siguiente instancia”. Todas estas premisas se originan en el respeto estricto a lo establecido en la Constitución. En muchos países la Constitución es, entonces, el espacio de encuentro y aceptación de los actores de la sociedad.

Lamentablemente, eso no lo tenemos en Venezuela. Es verdad que no es la primera vez que pasa, pero también es cierto que hoy en día las consecuencias de no tener Constitución real son más graves y preocupantes.

La Constitución de 1999 surgió de una Asamblea Nacional Constituyente que, visto todo lo que ha pasado en estos diez años, fue poco representativa de la diversidad del país. El cuarenta por ciento de la población que no votó por el presidente Chávez en 1998 obtuvo solamente el cinco por ciento de la representación en la Asamblea Nacional Constituyente. De allí que una discusión que involucrara a todos los sectores del país no fue el signo característico de la nueva Constitución.

La aprobación de la Constitución en un referéndum popular en diciembre de 1999 tampoco fue una garantía del respeto debido. Cuando todavía no se había secado la tinta con la que se había impreso la nueva Constitución, una “jugada” política poco percibida por la población, ocupada, por cierto, en los sucesos de los deslaves de Vargas, determinó que los mecanismos establecidos para el nombramiento de los representantes de los poderes públicos quedaran sin efecto. Esto es, los nombramientos del Tribunal Supremo, el Poder Electoral y el Poder Ciudadano, se realizaron fuera de lo establecido en la Constitución.

De manera que aquellas lluvias, trajeron estos lodos. En este año hemos visto cómo una opinión del Tribunal Supremo, no caracterizado casualmente de ser respetuoso del equilibrio de poderes, es utilizado por la Asamblea Nacional, tampoco expresión de autonomía frente al Poder Ejecutivo, para aprobar una ley que anula varios de los artículos de la Constitución y acaba de un solo viaje con la concepción de Estado Federal Descentralizado. 

También hemos visto que muchos de los procedimientos judiciales para iniciar las investigaciones de casos de corrupción, especialmente la de líderes de la oposición, son realizadas sin tomar en cuenta las previsiones constitucionales, entre ellas, el debido proceso. También hemos visto cómo la utilización de la mayoría parlamentaria no tiene otro miramiento que la aprobación de mandatos específicos del Poder Ejecutivo. 

Es así como progresivamente nos hemos ido quedando sin reglas aceptadas por todos. No solamente ha sido la ejecución de un abuso de poder originario, el de finales de 1999, sino que a medida que se ha profundizado la falta de equilibrio de poderes, la Constitución ha sufrido los embates. En otras palabras, ya se ha modificado tanto el texto constitucional en la práctica que los primeros que deben respetarla, se deben estar preguntando cuál es el verdadero texto. Signo evidente de que ya no tenemos un acuerdo constitucional. Lo que tenemos es el manejo abusivo del poder. Nos hemos quedado sin garantías.

Politemas, Tal Cual, 29 de abril de 2009

Indefensos ante el hambre

Para finales del año pasado, según nos informan en el sitio web del Instituto Nacional de Estadística, nueve de cada cien venezolanos se iban a dormir sin haber comido completo. Esa es la proporción de la población que se encuentra en pobreza extrema. 

Se dice muy rápido, pero la reflexión que debe generar es monumental. Un gobierno que ha recibido cientos de miles de millones de dólares en ingreso de venta de petróleo, no puede seguir diciendo que vivimos en el mejor de los mundos. Esta cifra indica con todo su drama la gran incompetencia que ha significado la década de la administración Chávez.

Eso ya es muy preocupante. Pero no podemos pararnos allí. Tenemos que imaginar las condiciones de vida de esas familias en situación de pobreza extrema en la actualidad. Si para finales del año pasado les costaba conseguir los alimentos, qué podemos esperar para el 2009 cuando todos los signos apuntan a una caída brutal del ingreso petrolero y a una inflación superior. No hay duda de que para estas familias la magnitud del déficit de alimentos aumentará. No se necesitan muchas cuentas para saber eso.

A lo anterior hay que agregar el porcentaje de familias que el año pasado tenían los ingresos para comprar los alimentos, pero que para este año ya no les “alcanza”. Son aquellas familias que van a los mercados y compran menos que el año pasado. Un kilo, cuando antes compraban dos. Un paquete, cuando el año pasado llevaban tres. Obviamente, esto les pasa a todas las familias del país. Pero hay algunas que antes tenían para comprar completo y que ahora no tienen. Esas familias pasarán a engrosar el número de familias en situación de pobreza extrema. Lamentablemente, nos enteraremos de la cifra oficial el año que viene por esta época, cuando ya el efecto haya ocurrido. 

Lo más grave de todo esto es que usted no oye ni ve al gobierno expresando alguna preocupación sobre este aspecto. Central, por lo demás. Sin comida, después de la vida la necesidad más básica, el cuento de la “revolución” simplemente no existe. Sin la protección del ingreso de los más pobres, aquellos que tienen literalmente que sobrevivir en una economía que se dice “socialista”, se acaban los dobles discursos. El número de personas que no tienen para comer completo, casi tres millones, es la demostración más palmaria de que acá lo que tenemos es un gobierno y unos gobernantes preocupados de adquirir más poder, no de ayudar a resolver los problemas de la gente, y dentro de ellos los problemas de los más pobres.

Prueba de esta indolencia es que, según las propias cifras oficiales, fácilmente ubicables en el sitio web del Ministerio de Planificación y Desarrollo, en el año 2007 teníamos a 18,4% de la población entre siete y catorce años, nuestros niños en las escuelas, en situación de desnutrición. En el grupo de niños entre 2 y 6 años la desnutrición afecta al 20,44%. En los menores de 2 años la desnutrición afecta al 11%. Podrá usted imaginarse el futuro que puede tener el llamado “socialismo” cuando no ha podido resolver la alimentación de una quinta parte de sus niños. Cuando todo eso ocurre con un ingreso tan grande en petrodólares.

Pero eso no es lo peor. El porcentaje de niños que nacían con desnutrición (con bajo peso al nacer) en 2007 es el más alto desde el año 1999. Nueve de cada cien recién nacidos llegan al “Socialismo del Siglo XXI” con desnutrición. Sólo un gran cinismo puede esconder la total responsabilidad que tiene la actual administración del presidente Chávez sobre este problema. Para estos millones de venezolanos la indefensión no puede ser mayor.

Politemas, Tal Cual, 22 de abril de 2009

Sobre la pobreza de 2013

La última información sobre pobreza, medida en términos de ingreso, que está disponible (con la serie completa de datos) en el sitio web del INE es la correspondiente al año 2013. También está disponible la serie para la medición de necesidades insatisfechas hasta el mismo año. 

En épocas de alta inflación y caída de la actividad económica es mucho más importante la medición de la pobreza por ingresos. Porque es justamente el ingreso la condición que está variando más, en este caso disminuyendo. De allí que sea fundamental determinar el porcentaje de familias que están en situación de pobreza, para que se diseñen e implementen las correspondientes acciones por parte del gobierno.

Debe recordarse que Venezuela tiene la tasa de inflación más alta del mundo desde hace tres años (2013, 2014, 2015). Para este año los pronósticos son preocupantes. La información del BCV no está disponible desde diciembre del año pasado, pero analistas nacionales e internacionales han indicado que puede llegar a 200%, incluso más. De esa manera, la tasa de inflación de este año sería la más alta de Venezuela en toda su historia, y la más alta en América desde el año 1995. 

Con respecto al crecimiento económico, debe indicarse que estamos en el segundo año seguido de recesión. En el 2014 la economía disminuyó en 4%. Para este año está prevista una nueva caída, de casi 10% según analistas especializados. 

En condiciones de alta inflación y caída de la actividad económica, está demostrado que una fracción de la población que no puede compensar la caída relativa en sus ingresos, puede entrar en situación de pobreza. Esto es especialmente grave para las personas que no pueden adquirir los alimentos, porque son estos productos los que más están expuestos a la inflación.

Sabemos por los últimos datos del INE, para el segundo semestre de 2013 (hace casi dos años), que ya en ese momento la pobreza extrema afectaba a 612.000 hogares. Eso representaba el porcentaje más alto desde 2006. También nos indica el INE que 9,8% de los venezolanos en 2013 no tenían los recursos para comprar los alimentos. Es decir, estaban en situación de pobreza extrema. La cifra total de personas en esta condición era 2,7 millones. Hay que señalar también que en el año 2013 la pobreza extrema había aumentado 3% con respecto a 2012.

Dada la situación en agosto de 2015, traducida en aumentos del precio de los alimentos, y continuación de la recesión, es conveniente conocer de qué manera están afectadas las familias que ya estaban en situación de pobreza en 2013. Y también es fundamental conocer la proporción de familias que ahora no tienen los recursos para estar por encima del límite de la pobreza (medida de acuerdo con los ingresos). Es por ello que el INE quizás deba actualizar la serie de pobreza disponible en su sitio web, y además informar lo más pronto posible de los resultados de la primera medición de pobreza del año 2015. Con esa información, el gobierno podría indicar las decisiones que ha identificado para enfrentar la situación de pobreza en el país.

Columna de Acuerdo Social, Últimas Noticias, 9 de agosto de 2015

El peor de la clase

Ya se sabe que el año 2009 será el más adverso para la economía mundial en décadas. Las consecuencias de tales estragos la sufrirán especialmente los sectores más pobres en los países. Los países que menos se prepararon para enfrentar tal caída de la actividad económica, serán también los más afectados. De allí que exista preocupación en la comunidad internacional sobre la manera en que los gobiernos están manejando estas circunstancias.

En América Latina y el Caribe, la Cepal analizó las políticas que implementan los gobiernos de los países de la Región, muchos de ellos desde finales del año pasado. La fecha de elaboración del documento es el 20 de febrero del año en curso. El título es: “La reacción de los gobiernos de América Latina y el Caribe frente a la crisis internacional”. Las políticas analizadas fueron divididas en cinco grupos: monetaria y financiera, fiscal, cambiaria y de comercio exterior, sectoriales, y laborales y sociales. 

El análisis de la Cepal describe con detalles las políticas de muchos de los países incluidos. En algunos casos la descripción de las políticas se extiende por varias páginas. Cuando presenta la reacción de Venezuela, quizás fundamentado en la creencia de que “acá todo está controlado”, la Cepal sólo incluye una cita en el caso de la política fiscal. Dice así la nota: “El gobierno ha manifestado la intención de mantener un activo programa de inversión pública”. Nótese que se refiere a una “intención”. No aparece más nada en las cuatro restantes áreas de políticas. Para cualquier lector desprevenido es claro el mensaje: la Cepal no debe entender la ausencia de políticas en una economía tan volátil como la venezolana. 

En esta primera prueba el gobierno venezolano fue “aplazado”, como se dice en criollo. Nada más ver los vacíos de políticas es muy expresivo, especialmente cuando es un documento oficial de Cepal. El gobierno de Venezuela decidió ir a “reparación”. Preparó las llamadas “medidas anti-crisis”, anunciadas al país el 21 de marzo. Allí los resultados no pudieron haber sido peores. 

Para el gobierno del presidente Chávez la preocupación por el efecto de la crisis en los sectores más pobres de la población es sencillamente inexistente. Fueron dejados literalmente al garete. Nada para ellos. Se aumentó el IVA, se redujo el gasto público. Y se dijo a los cuatro vientos que se preservaría la “inversión social”. Digamos que el gobierno fue aplazado nuevamente. A repetir la materia. Especialmente cuando se compara con lo que están haciendo otros gobiernos.

Algunas muestras: el gobierno de Chile aprobó un bono de 60 dólares por carga familiar para las familias más vulnerables, el gobierno de Colombia acordó aumentar la cobertura del programa Familias en Acción en 1,5 millones de familias beneficiadas, lo cual significa una inversión de 740 millones de dólares, en Costa Rica se implementará un proyecto para ofrecer alimentación a niños y niñas durante los fines de semana en los centros infantiles en los 37 cantones de menor desarrollo, el gobierno de El Salvador aprobó fortalecer el programa Red Solidaria duplicando el monto de ayuda a cada familia, esto es de 150 a 300 dólares para aquellas que tengan niños y niñas estudiando primaria, en México se aumentó el gasto social a través de subsidios para el combustible, transporte, y alimentos.

Pare de contar. El gobierno del presidente Chávez abandonó a los más pobres a su suerte. Es, sin duda, el gobierno más indolente ante los sectores más amenazados por la crisis. Es el peor de la clase.

Politemas, Tal Cual, 15 de abril de 2009

Que los pobres se arreglen

Luego de diez años de “revolución” y de cientos de miles de millones de dólares de ingreso proveniente de la venta de petróleo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) nos informa que a finales de 2008, nueve de cada cien venezolanos no podía comprar la canasta mínima de alimentos. Es decir, para esa fecha era muy probable que nueve de cada cien venezolanos intentara conciliar el sueño sin haber comido completo. Nada menos que tres millones de personas. Cifras oficiales, no de la oposición. 

Ya nos podemos imaginar las piruetas de los líderes del gobierno para “demostrar” que durante la actual gestión ha disminuido la pobreza. Que si durante los años 2002 y 2003 se encontraba en más de 30% la pobreza extrema, que el efecto de las Misiones ha sido fundamental en tal reducción.

Los responsables del gobierno no admitirán que la reducción de la pobreza experimentada en el período 2004-2008 es producto, como tantas veces en nuestra historia, del inmenso caudal de recursos que ingresaron al fisco nacional. Como parte de ello se aumentó el gasto público, eje fundamental de nuestra actividad económica. 

Tal cantidad de recursos, sin embargo, no fueron dedicados a la creación de empleos productivos. Si ello hubiera sido así, el gobierno se tendría que haber sentado con el sector privado para definir los mejores planes para la creación de empleos. Sin esos empleos, decentes como también se les llama, no habrá solución definitiva a la pobreza. El gobierno no sólo no se sentó, sino que por todos los canales imaginables se empeñó en ahuyentar la inversión privada nacional e internacional.

Los resultados están a la vista. Hasta el propio INE los certifica. En la cuna de la “revolución bolivariana continental”, con todos esos recursos, el 9% de la población no tiene para comer bien diariamente. Lo cual deja muy claro también que para ese 9% de la población, sin duda el más pobre, los canales de “redistribución” del Petroestado Bolivariano, a través de las Misiones, sencillamente no llegan. Para el 9% de la población, insistimos, la más pobre, no hay un Estado que los defienda, una red de servicios que los beneficie de verdad.

Ya en el segundo trimestre de 2009 es bastante sensato suponer que la crisis económica llegará con mayor fuerza a ese 9% de la población. Ya sabemos el efecto de la inflación. Ya sabemos sobre las dificultades que tendrá la poca inversión privada. Ya sabemos también que ante la caída de recursos fiscales, el gobierno ha optado por disminuir el gasto público.

De manera que dos más dos son cuatro. Los pobres de finales de 2008 tienen más dificultades en este momento. Para ellos, sin embargo, el gobierno no tiene ninguna buena noticia. Simplemente les ha informado que reducirá la inversión social en términos reales, no otra cosa puede esperarse de la reducción del gasto público. También les ha informado que les subirá el IVA a 12% y que el aumento del salario mínimo no llegará a compensar el aumento de la inflación.

Tal pareciera que el gobierno del Presidente Chávez, supuesto adalid contra la pobreza, ha dejado a tres millones de venezolanos en la estacada. Les ha dicho que se arreglen con lo que hay (esto es, Misiones en decadencia). Mientras muchos gobiernos de la región están aumentando la inversión en programas de protección social, en Venezuela el gobierno prácticamente ha decidido dejar a la intemperie a millones de compatriotas. No hay más nada que agregar para demostrar que el objetivo de este gobierno no es hacer la vida más llevadera a los más pobres. Se acaba la ilusión. Ya no se ocultan las verdaderas intenciones.

Politemas, Tal Cual, 8 de abril de 2009

Votar es la estrategia

El gobierno del presidente Chávez es para siempre. Esa es la intención del liderazgo oficialista. Todos los pasos han sido dados en esa dirección. Los éxitos de la alianza democrática en la elecciones del 23 de noviembre de 2008, esto es, la victoria en algunos de los estados más importantes del país (Zulia, Carabobo, Miranda, Táchira, Miranda), junto con la Alcaldía Metropolitana, fueron asumidos por el gobierno como lo que son: oportunidades para realizar buenos gobiernos. Y promover opciones de cambio en la elección presidencial de 2012.

En consecuencia el gobierno “movió” todos los mecanismos para que se reformara la Constitución. Garantizar la posibilidad de reelección presidencial era el objetivo. Se puso a la orden la maquinaria del gobierno. Se fijó la fecha. En menos de tres meses ya se había reformado la Constitución. Desde la perspectiva oficialista el camino está más despegado.

Faltaba una parte de la operación: disminuir las competencias de los gobiernos, en este caso estadales. Tan sencillo como una “acción concertada” con la Asamblea Nacional. En pocos días ya se había aprobado una nueva versión de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público. A pesar de las reacciones de protesta, el gobierno mantiene su curso de minimización de los gobiernos regionales y locales. En algunos casos despacha “brigadas” a tomar por asalto dependencias o propiedades. La intención es evidente: copar todos los espacios y provocar al adversario. 

Tales atropellos generan un efecto colateral, bastante favorable a los objetivos del gobierno. Algunos sectores vuelven al argumento: ¿para qué sirven las elecciones si el gobierno hace lo que le viene en gana? Es tan poderosa la sensación que ya mucha gente se olvidó de las elecciones municipales. No se aprecia ninguna posición de la alianza democrática reclamando la realización de las elecciones a mediados de año, como estaba fijado. 

¿Qué se puede hacer, entonces, para enfrentar un gobierno tan autoritario e incapaz de aceptar las mínimas reglas de la convivencia democrática? Pues, reforzar la exigencia de que es la sociedad la que tiene que expresarse. Que existen mecanismos de participación basados en el ejercicio del voto directo, universal y secreto, que pueden contraponerse a la desmedida intención de anular la opinión contraria.

Es por ello que en días recientes hemos visto que algunos alcaldes y gobernadores, junto con la alianza de Consejos Legislativos de algunos estados, han acordado impulsar tales opciones de participación. Desde el referéndum consultivo hasta la elección de Asambleas Constituyentes estadales o municipales. Tales opciones pueden formar parte de una estrategia común que favorezca la participación de los ciudadanos. Que sean ellos los que pongan al gobierno nacional en su sitio.

En esa estrategia se debe considerar la solicitud de referendo abrogatorio de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público recientemente aprobada por la Asamblea Nacional. Tal posibilidad está contemplada en el artículo 74 de la Constitución. Allí se establece que la iniciativa puede ser solicitada por un número no menor al 10% de los inscritos en el registro electoral. 

La participación electoral, a través de esta convocatoria de referendo abrogatorio, sería una oportunidad de darle una lección al gobierno y a su Asamblea Nacional. Sería una excelente manera de defender a la Constitución con votos. Sería un mensaje muy claro.

Politemas, Tal Cual, 1 de abril de 2009

Presidente, serán millones de presos

Ya el país lo había visto y oído. El presidente Chávez anunció a los cuatro vientos que quería meter preso a Manuel Rosales. “Te voy a meter preso, Rosales”. A las pocas semanas ya se conoce que el Presidente hablaba en serio.

El presidente Chávez sabe que la Primera Magistratura no tiene entre sus funciones administrar justicia. También sabe que no fue electo como juez, ni como legislador. Pero el sólo hecho que utilice la tribuna presidencial para amenazar a un ciudadano con meterlo preso, nos indica cuán desequilibrada está nuestra democracia.

El Presidente no tiene contrapesos. Puede utilizar los grandes recursos del Estado para “escarmentar” al adversario político que quiera. Para hacerle sentir que puede descargar todo el peso de la connivencia de poderes. Para colocarlo en minusvalía. Nada de maquillajes, como por ejemplo, que la acusación proviniera exclusivamente de la Fiscalía. No, sencillamente ni las formas se cuidan.

En el caso del alcalde Rosales es evidente la sincronización. Basta la voluntad presidencial para que se genere una secuencia de decisiones en el resto de los poderes públicos. Todas orientadas a satisfacer las demandas presidenciales. Nadie puede pretender que el tratamiento de la investigación se ciña a lo pautado en las leyes y disposiciones. Manuel Rosales se enfrenta, en consecuencia, a una investigación fundamentalmente política.

Si el Presidente de la República, al amparo de la falta de equilibrio de poderes, sustento fundamental del actual gobierno, decide utilizar todos los recursos del Estado para concentrar sus baterías en un adversario político, es porque la política ha dejado de ser, desde la perspectiva oficial, un acto colectivo. Lo que ahora resulta determinante es la intención individual, la oportunidad para cobrar cuentas, la utilización del poder para la revancha. Todos estos son signos de involución en el manejo del poder. Mientras más se utilice el poder para que el gobernante imponga su voluntad, sin ninguna cortapisa, ningún ciudadano está a salvo, ni siquiera los que de buena intención apoyan el “proceso”.

Lo que el Presidente quiere combatir es la disidencia. Es la política como reducción del adversario. No se trata de reconocer y aceptar diferencias. No se trata de entendernos, a pesar de que no se compartan todas las visiones. No se trata de construir acuerdos y reglas de convivencias. Se trata de imponer las posiciones, de que exista una sola voz y una sola obediencia.

La prisión fue durante mucho tiempo la forma de doblegar a los adversarios políticos. Nada más pensemos en la Rotunda gomecista, o en la Guasina de Pérez Jiménez. Enviar a alguien a la cárcel era la mayor demostración de fuerza que podía hacer el dictador de turno. Luego de la cárcel, venía en algunos casos el exilio. Muchos murieron en la cárcel. La madurez democrática desplazó a la cárcel y el exilio con el parlamento, la prensa, el libre debate de las ideas. Nada más pensar que en pleno siglo XXI se quiera volver al uso de la cárcel como mecanismo de lucha política, desdice mucho de la condición democrática de los gobernantes.

Especialmente, porque disentir es un supremo valor de los ciudadanos. Porque la cultura democrática de los venezolanos no acepta al gobernante autoritario, que utiliza las instituciones para satisfacer sus deseos personales. Es por eso, Presidente, que si quiere eliminar la disidencia en Venezuela tendrá que meter presos a millones de venezolanos que lo adversan. Deje de estar amenazando con la cárcel a sus opositores. Simplemente, concéntrese en gobernar para todos.

Politemas, Tal Cual, 25 de marzo de 2009

Gobierno anti-federal

Para nadie es un secreto que el actual gobierno ha estado sistemáticamente en contra de la transferencia de responsabilidades y competencias a los estados y municipios. Ya desde la primera campaña electoral, el presidente Chávez dejó muy claro que no estaba de acuerdo con el proceso de descentralización que vivió el país desde finales de los ochenta. Tal rechazo ha sido una de las constantes de esta gestión.

El hecho de que la Asamblea Nacional Constituyente (1999) aprobara en el artículo 4 que la República Bolivariana de Venezuela es un “Estado federal descentralizado” fue un acuerdo político que sobrepasó la posición del gobierno. Está ahora claro que esa no era su visión de las cosas. Para este gobierno lo mejor hubiera sido que se aprobara a la República como Estado unitario centralizado.

En estos diez años, como con muchas disposiciones constitucionales, el actual gobierno simplemente se hizo de la vista gorda. No existió ninguna vocación por el Estado federal descentralizado. Nunca se convocó al Consejo Federal de Gobierno, órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el “desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios”. En la práctica el proceso de descentralización fue completamente obstaculizado.

Hasta esta semana el gobierno no se había atrevido a formalizar su rechazo al Estado federal descentralizado. Algunas de las leyes que planteaban la reversión de servicios, como en el caso de sector salud, no han sido aprobadas. Todo lo cual es un reflejo de que en el interior del “proceso” no ha habido consenso sobre este aspecto.

Los resultados de las elecciones del 23 de noviembre de 2008 han obligado al gobierno nacional a llevar las cosas más lejos. No cabe duda del rol que tiene en todo esto la aparición de liderazgos competitivos en los gobernadores y alcaldes de la alianza democrática. Ellos tienen peso propio en sus comunidades y hacen esfuerzos para impulsar gestiones efectivas, a pesar de todas las maniobras oficialistas para impedirlo.

En este empeño anti-federal el gobierno ha sobrepasado los límites. Es en la propia Constitución de 1999 donde se establece (en el artículo 164) que las vías terrestres estadales y la administración de carreteras nacionales, puertos y aeropuertos comerciales, son competencias exclusivas del Poder Público Estadal. Según el Diccionario de la Lengua Española, exclusivo es “único, solo, que excluye a cualquier otro”. De manera que ningún otro Poder Público, según la Constitución de 1999, tiene competencia sobre estas materias.

La Asamblea Nacional, en un acto claramente anti-constitucional, ha modificado la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, para devolver las vías terrestres, los puertos y aeropuertos a la competencia del Poder Público Nacional. Ya algunos gobernadores de estados han solicitado recursos de amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo sobre esta materia. La ausencia de equilibrio de poderes en el país deja muchas dudas sobre la independencia de los magistrados para expresar opiniones contrarias a las del Poder Ejecutivo.

Como resultado de todo lo anterior, el país vive circunstancias difíciles. Nuevamente se irrumpe contra las reglas de convivencia democrática para aumentar la concentración de poder presidencial. Nuevamente, como en los últimos veinte años, los estados y municipios saldrán a defender al Estado federal descentralizado.

Politemas, Tal Cual, 18 de marzo de 2009

Petroestado inflacionario

La inflación se ha apoderado de la sociedad venezolana. Ha llegado con toda su fuerza. Ya no es solamente que la economía no crece (2015 será el segundo año seguido de decrecimiento), sino que ahora tenemos una tasa de inflación alrededor de 200% según estimados diversos. Será el tercer año seguido con la inflación más alta del mundo. Esos son los hechos.

El gobierno no habla sobre eso. Y mucho menos informa. En algunas oportunidades asomaba la tesis de que como Venezuela es un Petroestado, entonces el flujo de divisas creaba distorsiones en la liquidez disponible, con el consiguiente aumento de la inflación. Si ese fuera el caso, entonces deberíamos tener alta inflación en todos los países considerados como Petroestados. Los hechos demuestran lo contrario. 

Tomemos a los países de la OPEP (Arabia Saudita, Argelia, Angola, Ecuador, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, y Venezuela). Examinemos sus cifras de inflación anual entre 1980 y 2015 (estimada), según el FMI. Solo dos países han tenido en algún momento de esos 35 años una tasa de inflación superior a 100%. El primero es Angola, en todos los años entre 1992 y 2002. La guerra civil en ese país trajo como consecuencia grandes desequilibrios económicos en ese período. La inflación llegó a más de 4.000% en 1996. El segundo país es Venezuela por la inflación estimada para este año. De cumplirse los pronósticos, Venezuela sería el primer país de la OPEP en tener una inflación de más de 100% desde el último año que Angola alcanzó esa cifra en 2002.

En el período de 35 años, la tasa de inflación promedio de Venezuela es la segunda más alta de los países de la OPEP (solo superada por Angola), con un valor de 31%. Sin embargo, en la última década, la tasa de inflación de Venezuela es la más alta de los países de la OPEP (33%), casi el doble que la de Irán que ocupa el segundo lugar en el período. 

El grado de dependencia de la exportación de petróleo (lo cual es una manera de evidenciar las dimensiones de un petroestado), no se traduce necesariamente en alta inflación. Países como Kuwait y Libia, con más de 93% de ingresos por exportaciones derivadas del petróleo tienen tasas de inflación menores a 5% y previsiones aún menores para el año 2020. Arabia Saudita, con casi 80% de ingresos por exportaciones de petróleo, ha tenido una tasa de inflación promedio de 1,23% entre 1980 y 2015. 

Por donde quiera que se mire la gestión económica de Venezuela es de muy bajo desempeño. Es la responsable de la inflación más alta de los países de la OPEP y la más alta del mundo. Como se demuestra en el caso de países con alta dependencia de los ingresos petroleros, la inflación no es la regla. Es más bien la excepción. Si se excluye a Venezuela de la cuenta, el promedio de la tasa de inflación de los países de la OPEP no llega a 5%. Venezuela se ha convertido también en el Petroestado con la peor economía.

Politemas, Tal Cual, 5 de agosto de 2015

¿Cómo mejorar el Acuerdo Unitario?

Es verdad que los sectores democráticos del país han avanzado mucho. Entre otros logros se puede citar la elaboración de una plataforma de acción común y amplia. Tal estrategia ha tenido sus frutos. Los resultados electorales del 23 de noviembre expresaron los avances, esta vez en las victorias en gobernaciones y alcaldías, algunas de ellas símbolos importantes y muy apetecidas por el gobierno.

También se debe mencionar los resultados del referéndum por la enmienda constitucional. Poco más del 45% de los venezolanos no aprobó tal enmienda. A pesar de los abusos de poder del actual gobierno. A pesar de las restricciones de recursos que se derivan de la prohibición constitucional del uso de recursos públicos para financiar a los partidos políticos (como es la norma en casi toda América Latina). 

Estos avances, sin embargo, también denotan las dificultades del camino por delante. Ya existe un consenso razonable sobre algunas de las tareas por delante. Desde una propuesta programática del país deseable, hasta los mecanismos para garantizar la sostenibilidad del Acuerdo Unitario, entre otros aspectos. Lo que también parece evidente es que no se puede reemprender la marcha sin conocer algunas de las limitaciones. Fundamentalmente, porque hay que corregirlas desde ahora.

El Acuerdo Unitario se propuso, justamente el 23 de enero de 2008, presentar un solo candidato(a) en cada una de las circunscripciones para las elecciones del 23 de noviembre pasado. La lógica indica que sólo así se puede maximizar las posibilidades ante un gobierno que no tiene contrapesos de ningún tipo. Muchos meses del año pasado fueron dedicados a llegar a esos acuerdos. 

En casi todos los estados se logró definir candidatos unitarios. Los resultados demostraron la efectividad de ese esfuerzo. En algunos casos, sin embargo, tales acuerdos no fueron posibles. En el estado Bolívar la división en el bloque unitario favoreció el triunfo del candidato oficialista. Con una abstención de más de 40% es posible pensar que muchos electores decidieron quedarse en su casa para expresar su rechazo. Si hubiera habido unidad, quizás la gobernación de un estado tan importante hubiera quedado en poder de la alianza democrática. En el caso de Barinas un acuerdo entre los candidatos con más opción también hubiera puesto en aprietos el triunfo oficialista en un estado tan emblemático para ellos.

En los municipios los resultados son más preocupantes. Los candidatos del Acuerdo Unitario resultaron ganadores en 49 alcaldías (casi 15% de las que estuvieron en disputa). Los candidatos del PSUV obtuvieron 265 alcaldías (poco más del 80%). Otras 14 alcaldías fueron obtenidas por otras alianzas. En muchas alcaldías no se pudo llegar a candidatos unitarios. 

Los resultados negativos no se hicieron esperar. De haberse definido candidatos unitarios, se hubiera tenido posibilidad de triunfo en 73 alcaldías adicionales. Eso hubiera significado un total de 122 alcaldías bajo la responsabilidad de los candidatos del Acuerdo Unitario (más del 37% de todas las alcaldías del país).

La diferencia entre lo que se obtuvo (49 alcaldías) y lo que se pudo obtener (122 alcaldías) nos indica la brecha entre lo ideal y lo real. Pero más que eso nos indica las dimensiones del trabajo político por delante. Ello supone dos cosas: asumir, en primer lugar, que la salida de este autoritarismo incompetente que nos gobierna pasa por la unidad efectiva, a todo evento. Y la segunda, que el Acuerdo Unitario no es sólo nacional o estadal, también debe llegar a las expresiones locales y comunitarias.

Politemas, Tal Cual, 11 de marzo de 2009

Reglas adecuadas, acuerdos efectivos

Venezuela tiene por delante cuatro años complejos. Los resultados del 15 de febrero le otorgan al gobierno la posibilidad de reelegirse en 2012. No queda ninguna duda de que la máxima aspiración del actual presidente es conducir el país a través del “gobierno eterno”. Esto es, la fase en la cual cesan todas las voluntades, excepto una: la que nos conducirá, vale decir, el único líder, el indispensable.

Tampoco debe quedar ninguna duda de que el gobierno hará todo lo posible para tal reelección se concrete en 2012. Desde ya deben estar en marcha todos los dispositivos. Un somero examen de la travesía del actual gobierno indica que hay que tomarlo en serio. No planificará las políticas públicas, pero sí lo hace cuando se trata de mantener o aumentar el poder.

El gobierno sabe que debe sortear exitosamente la crisis económica. Decimos económica solamente porque pareciera que lo social ya desapareció del tablero de controles del gobierno. Para ello su única política es una apuesta: que la economía mundial se recupere y aumente el precio del petróleo. Todo lo demás vendrá por añadidura.

Y el gobierno también sabe que cuenta con el fracaso de la alianza democrática para que su escenario del 2012 luzca más viable. Eso significa que la alianza democrática no se consolide, es decir, que no funcione como alternativa de cambio. Que no logren ponerse de acuerdo, que los intereses particulares se impongan a los intereses colectivos. Esa es la apuesta del gobierno.

Evitar lo anterior es justamente el mejor escenario para la alianza democrática. Para ello debe haber una clara estrategia en los próximos hitos del proceso de redemocratización de Venezuela: elecciones de Consejos Municipales y Juntas Parroquiales en 2009, elecciones de la Asamblea Nacional en 2010, elecciones de gobernadores y alcaldes en 2012, y elecciones presidenciales también en 2012. Pareciera obvio que el éxito en ese tránsito sólo es posible a través de un acuerdo unitario. Tal acuerdo debe tener reglas estrictas y adecuadas. Tanto para la estrategia electoral como para el ejercicio del poder. Ese ha sido el caso de las experiencias exitosas. 

En la Concertación chilena, por ejemplo, la regla electoral fue la selección de un solo candidato presidencial. Las diferencias se dirimían a lo interno, pero surgía un único candidato. Es por ello que los cuatro últimos presidentes chilenos han sido los abanderados de la Concertación. Luego se impusieron, fruto más de la experiencia que del diseño formal, reglas para dirigir las políticas públicas. Una de ellas es la eliminación de la pobreza extrema en Chile. De 13% a finales del gobierno de Pinochet se pasó a 3% a finales del gobierno de Lagos.

De allí que quizás ha llegado la hora de comenzar a debatir sobre las reglas de este acuerdo unitario. Mientras menos, mejor. Ya sabemos que no hay que complicar las cosas. Quizás con tres sea suficiente.

La primera es que la alianza democrática seleccione un solo candidato en cada una de las circunscripciones electorales, para todos los comicios desde ahora hasta el 2012. El método de selección se adaptará a las condiciones particulares. La segunda regla es que tal candidata(o) presente un programa de acción avalado por todos los sectores del acuerdo unitario. Y que una vez al año se revise la marcha del programa de acción en caso de que candidato(a) resultara electo. 

La tercera regla es que en cada nivel de gobierno o representación se asuma la erradicación de la pobreza extrema como guía de las políticas públicas. A lo mejor estas reglas son útiles para tener acuerdos efectivos.

Politemas, Tal Cual, 4 de marzo de 2009

Meta: mayoría en 145 municipios

Suponga usted que la alianza democrática se toma en serio el reto de conformar una mayoría en todo el país. Asuma usted que la base de partida, es decir, el electorado que pudiera acompañar tal aspiración, son todos los que se expresaron en contra de la enmienda constitucional.

Usted puede asumir que la votación por el “No” quiere un cambio sustancial en el presente orden de cosas. No están conformes con el rumbo que tiene el país. Tampoco están de acuerdo con el deterioro que se observa en muchas áreas de las políticas sociales y económicas. No entienden que el actual gobierno haya hecho tan poco. Entre los que votaron por el “No” están opositores de siempre al actual gobierno. Pero también están los que antes lo apoyaban y ahora ya quieren una renovación. Por eso votaron por el “No”. Para que se favorecieran las posibilidades de cambio.

También usted puede asumir que la construcción de nuevas mayorías en el nivel municipal es un paso sustantivo. No sólo por las repercusiones que traerá en las políticas públicas locales, sino porque permitirá la ampliación de los espacios políticos de la alianza democrática. Y finalmente, contar con nuevos espacios en los municipios es una antesala clave para las elecciones de la Asamblea Nacional del año 2010.

Es obvio, entonces, que las elecciones de Consejos Municipales y Juntas Parroquiales deben considerarse con la mayor seriedad. La participación de la alianza democrática debe comenzar lo más pronto posible. También se debe aspirar que se conquiste el mayor éxito. 

Cabe entonces preguntarse, ¿cuál es la meta a la que podría aspirar la alianza democrática? ¿en cuántos municipios podría alcanzarse la mayoría? Un buen punto de partida es conocer el número de municipios en los cuales la opción del “No” tuvo la mayoría. Esto nos da 53 municipios en los cuales se impuso el “No” con toda claridad. Eso incluye 14 municipios en Táchira, 8 en Zulia, 7 en Miranda y 6 en Mérida. En muchos de ellos las alcaldías ya se encuentran en manos de representantes de la alianza democrática. En todos ellos es necesario que los alcaldes cuenten con mayoría para impulsar las políticas de cambios que son necesarias. En todos estos municipios se debería ganar.

Pero eso no es todo. Una votación de al menos 40% es un excelente punto de partida, especialmente cuando sabemos que el desencanto con la gestión oficial, tanto nacional como en los estados y municipios, es creciente. En 92 municipios del país el “No” alcanzó al menos 40% de la votación. En muchos de esos municipios no se obtuvo la mayoría por pocos puntos de diferencia. Dentro de este grupo llaman la atención 14 municipios en Anzoátegui, 12 en Miranda, 11 en Táchira, 8 en Zulia, 7 en Nueva Esparta, 6 en Bolívar, y 5 en Aragua.

De allí viene la meta de 145 municipios. De la suma de ambos grupos. Los que presentan claras mayorías con aquellos que ofrecen buenas posibilidades. En ellos se puede concentrar casi el 80% de la población del país. Sin descuidar todos los demás, por supuesto. 

Para tener éxito en cada uno de ellos se requiere un efectivo trabajo político que combine la unidad de objetivos de los sectores que conformar la alianza democrática, así como la transmisión de un mensaje coherente que tenga en el centro la atención a los problemas de la gente, de los ciudadanos. Trazarse una meta de esta envergadura debe promover la conjunción de voluntades y la identificación más detalladas de las posibilidades y restricciones. Lo que está claro es que hay que empezar el trabajo cuanto antes, definir el rumbo y construir los acuerdos. Son los primeros pasos para el éxito.

Politemas, Tal Cual, 25 de febrero de 2009

¿Dónde está la nueva mayoría?

El triunfo del “Sí” en el referéndum del pasado domingo ha dejado nuevamente claro que el actual gobierno no tiene muchos miramientos a la hora de perseguir sus objetivos políticos. Bastaron tres meses de utilización de inmensos recursos públicos para alcanzar una pieza clave en la estrategia de la “revolución”. Como el propio presidente Chávez lo indicara a pocos minutos de conocerse los resultados, “el camino está despejado para el 2012”. 

No es buena fórmula en política “contar los pollos antes de nacer”. Todavía hay mucho que transitar en los próximos cuatro años. Para empezar el gobierno debería decir algo más allá del “aquí no está pasando nada”, con el cual ha enfrentado hasta ahora la coyuntura económica interna y externa. 

Los resultados electorales, sin embargo, haciendo abstracción del ventajismo, indican que el gobierno ha logrado la mayoría de los votos para aprobar la enmienda. Más allá de las desventajas que ello implica para la salud de nuestra democracia, es evidente que ya se ha aceptado que estamos entrando en una etapa en la cual la “postulación indefinida” será una variable clave para hacer política en Venezuela.

A pesar de haber logrado la mayoría en el voto nacional, hay manifestaciones muy claras de que en el país también está tomando espacio y fortaleza una “nueva mayoría”. Más temprano que tarde ya se pueden distinguir espacios de renovación política en los cuales han convergido muchos sectores de la alianza democrática alternativa.

La primera manifestación clara de esa nueva mayoría fue en el referéndum por la reforma constitucional de 2007. En ese proceso el “No” obtuvo la mayoría en nueve estados del país, a saber: Anzoátegui, Carabobo, Distrito Capital, Lara, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Táchira y Zulia. En los casos de Nueva Esparta, Zulia y Táchira se superó el 55% de los votos.

En las elecciones regionales de noviembre pasado la alianza democrática obtuvo triunfos notables en Carabobo, Distrito Metropolitano, Miranda, Nueva Esparta, Táchira y Zulia. De manera que en este momento se cuenta con las posibilidades de realizar gestiones exitosas, que coloquen el acento fundamental en la solución de los problemas de los ciudadanos.

El pasado domingo se dieron pasos importantes en la dirección de ampliar esta nueva mayoría en el país. A pesar de que en el estado Carabobo triunfó el “Sí”, debe señalarse que la opción del “No” aumentó ligeramente el porcentaje de votos obtenido por el actual gobernador. En el estado Mérida se logró la mayoría (50,89% de los votos). En otros tres estados, Anzoátegui, Bolívar y Lara, la opción del “No” superó el 40% de los votos. Pero lo más llamativo es el aumento del porcentaje de votos con respeto a los obtenidos en noviembre. 

El mayor aumento se aprecia en el estado Lara. La opción del “No” obtuvo el 45,15% de los votos, cuando en noviembre no había superado el 15%. En el caso de Bolívar se logró el 42% de los votos. En Anzoátegui se alcanzó casi el 48% de los votos, cuando en noviembre se había alcanzado el 40%. En estos tres estados ser mayoría es una cuestión de tiempo, unidad y trabajo.

De tal manera que esta nueva mayoría, hoy en día gobierno en gran parte de estos estados, podría alcanzar nuevas cotas en las elecciones municipales de este año y en las de Asamblea Nacional del año que viene. Estos estados concentran el 61% de la población del país. Lo que se haga en ellos sin dudas repercutirá en el resto de los estados, en lo bueno y en lo malo. Suficientes razones para seguir articulando esfuerzos unitarios y colocar en el centro de la acción una agenda pública a favor de la gente.

Politemas, Tal Cual, 18 de febrero de 2009

¡No! al Presidente eterno

El presidente Chávez ha fracasado estruendosamente. Pensó que bastaba su capacidad de convocatoria y una poderosa campaña, amparada en el manejo descarado de los recursos de la burocracia gubernamental en todos los niveles, para convencer a los venezolanos de que él debe ser presidente hasta que “se cumplan los objetivos revolucionarios”. Que es otra forma de llamar a su voluntad.

El Presidente se ha encontrado con una dura realidad. Las últimas cinco décadas no han pasado en vano. Para millones de venezolanos el aprendizaje democrático no es retórica. A pesar de todas las limitaciones de nuestra democracia, aumentadas en la década de la “revolución”, los venezolanos aprecian la importancia de tener un sistema que permita el cambio pacífico. Con la Constitución de 1961 el cambio se producía cada cinco años. Los gobiernos tenían tiempo exacto de duración. Con la Constitución de 1999 se amplió el período presidencial a seis años, pero se limitó la reelección a un solo período. Esas fueron las reglas de juego. Votadas y aceptadas.

Para millones de venezolanos tales reglas deben permanecer. Esa es la mayoría que se expresará el próximo domingo. Para muchos de ellos el mandato del presidente Chávez termina en enero de 2013. Fue decidido en 2006 y debe respetarse. Para otros tantos el sustituto del Presidente puede ser un dirigente de la “revolución”. De esa manera se daría un cambio para enfrentar las tantas debilidades que hoy ofrece la gestión del gobierno. Para otros, en 2012 es conveniente que asuma la dirección del país un liderazgo alternativo, diferente, que impulse una nueva agenda de cambios. Las posibilidades de que esta renovación se de en un marco de respeto y tolerancia es uno de los aspectos centrales de la decisión que tomaremos el 15 de febrero.

También ha influido en el rechazo a la propuesta de enmienda el ánimo que se siente en la calle. De acuerdo con estudios recientes de opinión pública, en concreto la encuesta 2008 de Latinobarómetro, el 53% de los venezolanos tiene miedo de estar desempleado en 2009. Este es el porcentaje más alto en América Latina. Apenas el 24% de los venezolanos piensan que las instituciones públicas funcionan bien. El 70% de los venezolanos piensa que los funcionarios públicos son corruptos. Menos del 50% de los encuestados aprueba la gestión del gobierno. Menos de la mitad expresa tener confianza en el gobierno. Menos de la mitad piensa que en el país está garantizada la propiedad privada. 

De manera que la “revolución” ya no tiene la mayoría. Lo que fue una ilusión de cambio, fundada en la implosión del orden político, se ha evaporado. Para millones de venezolanos las soluciones al desempleo, a la delincuencia, a la falta de protección de los más pobres, a las penurias de la salud y de la educación, brillan por su ausencia. 

Antes que enfrentar estos problemas, el presidente Chávez está concentrado en resolver la posibilidad de aspirar dentro de cuatro años. Tal dicotomía entre los problemas de la gente y las evidentes ansias de “mandar para siempre” han terminado de convencer a millones de venezolanos que hay que mantener el límite señalado en la Constitución. El presidente Chávez tiene cuatro años para mejorar su gobierno. Luego debe dar paso a nuevas ideas y a nuevos líderes.

La opción por el “No” expresa las inmensas posibilidades de cambio que requiere el país. De pasar de un gobierno centrado en los intereses y ambiciones de una persona, a un liderazgo inclusivo, renovado, que coloque el énfasis en los problemas de la gente. Tal es la dimensión de la elección que tomaremos este domingo.

Politemas, Tal Cual, 11 de febrero de 2009