viernes, 22 de diciembre de 2017

Shock hiperinflacionario

El año 2018 comienza con el país sumido en la hiperinflación. Por primera vez en la historia de Venezuela un fenómeno tan destructivo se ha apoderado de la psiquis colectiva. Desde octubre de 2017 la hiperinflación se ha instalado con toda su fuerza en la sociedad. Más de tres décadas de vivir con altas tasas de inflación contribuyeron a la creencia de que se podía tolerar la destrucción sistemática de la moneda. Desde 1996 la tasa de inflación del país ha sido superior a la tasa de inflación promedio del mundo, y también a la tasa de inflación promedio de los países de América Latina.

Los venezolanos incorporaron en sus prácticas cotidianas que el aumento de los precios (algunas veces por encima de 100% en un año) no era un fenómeno extraño. Dado que la economía experimentaba tasas de crecimiento, aunque no en todos los años, se tenía la impresión de que la inflación se podía encubrir. Cuando en casi todos los países de la región se habían alcanzado tasas de inflación de un solo dígito, los venezolanos coexistían en una economía con tasas entre cinco y diez veces superiores (entre 20 y 30% anual de tasa de inflación). La política monetaria pareciera haber establecido ese límite, es decir, aceptar una tasa de inflación muy superior a la deseable.

En los últimos cuatro años la situación ha sido mucho peor. Las potestades constitucionales del BCV para controlar la oferta monetaria ya no existen en la práctica. Con una economía en total contracción desde 2014 y sin mayor restricción de la creación de moneda, los efectos están a la vista. Venezuela experimenta la segunda hiperinflación del siglo XXI, la primera en un país petrolero sin guerra civil, la primera en América Latina desde hace casi treinta años. No hay palabras para describir un desastre de estas dimensiones.

Los pronósticos de especialistas nacionales e internacionales indican que en los primeros meses de 2018 la hiperinflación puede ser aún mayor a la tasa de 60% registrada en noviembre pasado. Es decir, que los incrementos para los ciudadanos se presentarán en proporciones nunca vistas en el país. Las consecuencias para la compra de bienes de primera necesidad, especialmente alimentos y medicamentos, así como servicios, artefactos, piezas de vehículos, útiles en general, implicará en la práctica una caída aún mayor de la actividad productiva. No es exagerado imaginar una progresiva paralización de las actividades fundamentales del país. 

Esta dramática situación encuentra al gobierno concentrado en la supervivencia. Toda la información oficial está dirigida a eludir las tremendas angustias de los venezolanos ante el alza indetenible de los precios. Para el gobierno, aceptar la realidad de tener una tasa de inflación superior a 2.000%, es sencillamente impensable. Peor aún, las prácticas del gobierno solo contribuyen a complicar la situación. La estrategia del gobierno es contingente con el escenario electoral. El diferimiento de medidas económicas será lo esperable.

Los actores políticos alternativos se encuentran también presionados por la coyuntura electoral. Las demandas por parte de ellos para que el gobierno asuma la responsabilidad en la génesis de la hiperinflación, así como la exigencia de un programa de estabilización, no están en este momento en su agenda de acciones. En consecuencia, de manera más creciente la población apreciará que sus contingencias cotidianas, expresadas solo en la preocupación de lidiar con una hiperinflación que arropa, no tienen expresión pública. Todo ello agravará la sensación de desprotección.

En la medida que la hiperinflación se exacerba, las restricciones sobre el futuro del país se harán más notables. La hiperinflación está colocando de manera muy visible las limitaciones de la viabilidad del país. Y dentro de estas limitaciones están las debilidades de los liderazgos para comprender la situación crítica y los riesgos involucrados. Podría decirse que ya la hiperinflación se ha convertido en asunto de Estado. Solo la conciencia de las dimensiones del descalabro y los acuerdos políticos y sociales que conduzcan a un programa de estabilización, en el marco de una nueva estrategia de desarrollo, podrán evitar a los venezolanos la prolongación de esta espiral de destrucción.

Politemas, Tal Cual, 20 de diciembre de 2017

Lecciones de la estabilización en Perú

El sábado 28 de julio de 1990 tomó posesión Alberto Fujimori como presidente de Perú. Luego de la segunda vuelta del 10 de junio en la cual derrotó a Mario Vargas Llosa. Durante la campaña electoral, realizada en el inicio del segundo episodio de hiperinflación del país, el candidato Fujimori había ofrecido que no seguiría la política gradualista del presidente García, pero tampoco la política de “shock” que ofrecía su adversario Vargas Llosa. Dada la victoria que obtuvo Fujimori, es muy probable que una fracción muy importante del electorado que terminó votando por él, no se imaginaba en detalle las políticas que habría de implementar para enfrentar la hiperinflación. Al menos el candidato no se había encargado de explicarlas.

También hay evidencias de que el gobierno recién juramentado experimentó unos primeros días de vacilación. Se ha indicado que Fujimori no tenía mucha idea de las implicaciones que tenía el programa económico que sus asesores preparaban. De hecho, una de las primeras medidas del gobierno fue decretar un feriado bancario para el lunes 30 y el martes 31 de julio, con lo cual se descartó que las medidas se anunciaran inmediatamente. Luego se esperó que las medidas se anunciaran después del feriado. Tampoco fue así. En realidad, en ese fin de semana que toma posesión el gobierno, se duplican los precios de los alimentos y aumenta el precio de la cotización del dólar. 

Las medidas son anunciadas finalmente el 8 de agosto de 1990 en un mensaje televisado del presidente del Consejo de Ministros Juan Carlos Hurtado Miller. Le tocó a este funcionario explicar al país la gravedad de la situación y las medidas que se requerían. Que haya pasado una semana entre el feriado bancario y el anuncio de las medidas indica, por una parte, que no existía un plan concertado con la suficiente especificación, y, en segundo lugar, que la gravedad de las medidas implicaba cierto tiempo para que el vocero asumiera en plenitud la responsabilidad que le tocaba. En la primera frase de su alocución, Hurtado Miller lo deja muy explícito, dice que se presenta ante los peruanos para “informarles sobre las medidas precisas con que el gobierno se propone enfrentar la inflación explosiva que hemos heredado de la administración anterior”. Ese era el principal problema de Perú y a eso se refirió en detalle el vocero. No había lugar para retórica.

Las medidas anunciadas fueron drásticas. Se eliminó el dólar controlado. El precio de la gasolina aumentó de 21.000 intis el galón a 675.000, aunque se incorporó un subsidio de 20.000 intis para el transportista por cada pasaje urbano. La lata de leche evaporada aumentó de 120.000 a 330.000 intis. El kilo de azúcar aumentó de 150.000 a 300.000 intis. El pan francés aumentó de 9.000 a 25.000 intis. Los aumentos estuvieron vigentes al día siguiente. También se anuncia que el gobierno solo gastaría los ingresos que percibiera. Se decreta un arancel máximo de 50% para las importaciones, así como una bonificación para trabajadores de los sectores públicos y privados equivalente al 100% del monto del sueldo del mes de julio de 1990. Para la compensación social se asignan 450 millones de dólares por parte del gobierno, más 150 millones de dólares provenientes de donaciones privadas y organismos internacionales. Los efectos de la estabilización, algunos de ellos muy difíciles en las primeras etapas para los peruanos, trajeron crecimiento, control de la inflación y una etapa de reducción de la pobreza nunca experimentada. Los resultados a la larga fueron notablemente positivos. 

En Venezuela avanzamos, ojalá más temprano que tarde, al anuncio de un programa de estabilización que enfrente la hiperinflación ya establecida desde hace pocas semanas. El gobierno que diseñe ese programa debe tener en cuenta al menos, como la experiencia peruana lo demuestra, que los detalles hay que pensarlos antes, que las medidas deben informarse lo más inmediato que se pueda, y que la compensación social requerirá elaboración técnica y muchos recursos. Esperemos que haya aprendizaje.

Politemas, Tal Cual, 13 de diciembre de 2017

De la emergencia a la estabilización

Se acaban las palabras para describir la situación de las familias venezolanas. A pocas semanas del fin de año, la coyuntura no puede ser más crítica. El mes de noviembre culmina con la mayor tasa de inflación mensual en la historia del país. A pesar de que no existen cifras oficiales desde finales de 2015, las estimaciones de la Asamblea Nacional y de especialistas dentro y fuera del país, no dejan dudas. Venezuela se encuentra en el inicio de una hiperinflación. La primera en casi 30 años en América Latina. La segunda del siglo XXI en el mundo, y la primera de un país de la OPEP sin guerra civil. 

El inicio de la hiperinflación se produce luego de cuatro años de caída en la actividad económica, hasta el punto de que se ha registrado una reducción de un tercio del PIB del país, constituyendo una de las mayores debacles en países no sometidos a procesos bélicos. En tales condiciones, la principal afectación son las condiciones de vida de los ciudadanos. Los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2016, realizada por investigadores de la UCV, UCAB, USB, Fundación Bengoa, entre otras instituciones, indicaban que el 51% de los hogares se encontraba en situación de pobreza extrema (sin los ingresos para comprar los alimentos requeridos en el día). Todo indica que a finales de 2017 esta proporción debe ser mayor.

La exigencia de atender con la debida celeridad esta situación, caracterizada por la escasez de medicamentos y alimentos, sumado al aumento indetenible de los precios, ya es compartida por toda la sociedad. Incluso en el ámbito internacional, organizaciones de Naciones Unidas y gobiernos, han señalado insistentemente la necesidad de implementar opciones que logren reducir a la brevedad esta penuria que afecta a millones de venezolanos. A pesar de ello, las gestiones han sido infructuosas, más bien se percibe una gran indiferencia por parte del gobierno. La negociación que se encuentra en curso en estas semanas tiene entre sus puntos de mayor relevancia llegar a acuerdos sobre esta materia.

Lamentablemente las perspectivas para asumir la gravedad del este drama por parte de las instituciones responsables no son alentadoras. Con lo cual el problema de fondo, cual es la solución a la grave crisis económica, agudizada por la hiperinflación, mucho menos aparece en la agenda gubernamental. La solución estructural es un programa de estabilización que introduzca cambios profundos a todo el descalabro económico y social que se ha producido en el país. Esperemos que se puedan generar los acuerdos políticos y sociales que faciliten pasar de la emergencia a la estabilización en el menor tiempo posible. La situación realmente apremia.

Politemas, Tal Cual, 6 de diciembre de 2017

domingo, 3 de diciembre de 2017

Hiperinflaciones en América Latina

El reciente aumento de los precios ha trastocado aún más la vida de los venezolanos. Cuando las variaciones superan la marca de 50% mensual, los países entran en hiperinflación. Todas las evidencias, especialmente las provenientes de la única fuente de información de un poder público, cual es, la Asamblea Nacional, indican que la hiperinflación de Venezuela se manifestó claramente en octubre de este año. Dada la ausencia de medidas para enfrentar la hiperinflación por parte del gobierno, es muy probable que la tasa de inflación del mes de noviembre sea la más alta en la historia del país. 

Los efectos de estos aumentos de precios hacen mella en los ciudadanos. Especialmente porque la perspectiva de solución a la hiperinflación no es la predominante en la actualidad. Ahora bien, la inflación ha sido un acompañante permanente de la vida de los venezolanos en los últimos 35 años. El último año con una tasa de inflación de un dígito fue 1983 cuando se registró 6,2%. Entre 1984 y 2012, la tasa de inflación promedio del país fue 32%. Podría decirse que la inflación era un evento “normal” en la vida de los venezolanos, cuando en el resto del mundo la tasa de inflación más frecuente tendía a ser un solo dígito. De allí que el aumento de la tasa de inflación en los últimos años tenga efectos desastrosos en el ánimo y en la capacidad de compra de las personas. En los últimos años, se ha pasado a una tasa promedio de tres dígitos, con perspectiva de que a final de 2017 alcance los cuatro dígitos (1.133%), como advirtió el FMI hace pocas semanas.

En este contexto, es conveniente analizar de manera comparada los procesos de hiperinflación que se han producido en América Latina, tal cual han sido reportados por los investigadores de la Universidad Johns Hopkins, Steve Hanke y Nicholas Krus. El propósito de la comparación es tener presente las referencias para identificar similitudes y diferencias con la hiperinflación que está en marcha en Venezuela. Antes de la hiperinflación actual en Venezuela, en América Latina se habían sucedido episodios de hiperinflación en seis países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Nicaragua y Perú. En este último país se registraron dos episodios de hiperinflación (1988 y 1990). 

Quizás el episodio de hiperinflación menos conocido es el de Chile. Este episodio se produjo en el mes de octubre de 1973, al mes siguiente del golpe militar que derrocó a Salvador Allende. Esta hiperinflación fue expresión de los desajustes económicos precedentes. La tasa de inflación alcanzó casi 88% durante ese mes. La siguiente hiperinflación fue la de Bolivia, iniciada en abril de 1984 y finalizada por las medidas del recién electo gobierno de Paz Estenssoro en septiembre de 1985 (con una duración de 18 meses). El mes con la mayor tasa de inflación en Bolivia fue febrero de 1985 cuando alcanzó 183%, los precios se duplicaban cada 20 días.

En junio de 1986 se inició la hiperinflación de Nicaragua, la cual se extendió por 58 meses (hasta marzo de 1991), la más larga documentada en el mundo. La mayor tasa de inflación se registró justamente en el mes final (marzo de 1991), al alcanzar 261%, con una duplicación de precios cada 16 días. La siguiente hiperinflación se produjo en Perú en el mes de septiembre de 1988 cuando la tasa mensual alcanzó 114%. Aunque la tasa de inflación de Perú se mantuvo alta entre esta fecha y julio de 1990, solo en este último mes fue superior a 50%. De hecho, la tasa de inflación del mes de agosto en Perú ha sido la más alta registrada en América Latina (397%). Los precios se duplicaban cada 13 días. 

Entre 1989 y 1990, Argentina y Brasil experimentaron episodios de hiperinflación. La de Argentina se extendió entre mayo de 1989 y marzo de 1990. El mes con la mayor tasa de inflación fue julio de 1989 con 197%, con una duplicación de precios cada 19 días. En el caso de Brasil, la hiperinflación se extendió entre diciembre de 1989 y marzo de 1990. El mes con la mayor tasa de inflación fue marzo de 1990 (82%), con una duplicación de precios cada 35 días.

Aunque los episodios de hiperinflación en América Latina han sido muy diversos, ofrecen lecciones relevantes para caracterizar estos procesos. En primer lugar, los episodios de corta duración (uno a dos meses) fueron resultado de rápidas medidas tomadas con la instalación de nuevos gobiernos (Chile y Perú). En todos los casos, los procesos de hiperinflación han traído como consecuencia cambios de gobiernos (aún en los casos de Bolivia y Nicaragua que tuvieron los períodos más largos de hiperinflación), y modificaciones económicas sustantivas (cambios de moneda, programas de estabilización, transformaciones estructurales). También es muy evidente la afectación social que deriva de que las poblaciones en todos los países fueron sometidas a las inmensas dificultades en el acceso a bienes y servicios, en el deterioro del ingreso y en el clima de frustración social que predomina en estos procesos. 

En las actuales circunstancias, la hiperinflación que se inicia en Venezuela tiene al menos dos rasgos característicos. En primer lugar, se inicia el proceso después de una reducción productiva de más de un tercio de la economía, quizás la más grande registrada en el mundo en países sin conflictos bélicos. En segundo lugar, las grandes dificultades que se aprecian para darle a este problema la grave entidad que tiene. Ojalá que las circunstancias cambien y se puedan evitar las desastrosas consecuencias sociales que tendría una larga hiperinflación en Venezuela.

Politemas, Tal Cual, 29 de noviembre de 2017

viernes, 24 de noviembre de 2017

¿Cómo se enfrentó la hiperinflación en Perú?

La crisis hiperinflacionaria de Perú tuvo una larga gestación. Al igual que en Venezuela, la destrucción del aparato productivo, iniciada con el gobierno de Velasco Alvarado en 1968, fue un factor fundamental. Se expropiaron muchas empresas en diversas áreas de la actividad económica, con lo cual la producción quedó en muchos casos en manos del Estado. La vuelta a la democracia a finales de los setenta requería consolidar una nueva institucionalidad, así como atender las demandas de cambios económicos. El gobierno de Belaúnde Terry (1980-1985) no fue muy exitoso en lo segundo. La tasa de inflación se mantuvo entre 60 y 75% en los primeros años de ese gobierno. En los últimos años la tasa de inflación ya había superado 100%, coincidiendo con una caída relevante de la actividad económica (casi 10% en 1983). 

A mediados de 1985 se inicia el primer período presidencial de Alan García. Las medidas económicas implementadas estuvieron basadas en el control de precios y en el control de la tasa de cambio, así como en el aumento del circulante y del gasto fiscal. Al mantener los precios de los servicios públicos relativamente bajos, el gobierno logró reducir temporalmente la tasa de inflación mensual (de 10 a 3%). De allí que la tasa de inflación de los primeros años del gobierno de García alcanzara menos del 100% anual. 

En septiembre de 1988 la tasa de inflación mensual alcanzó 114% con lo cual se produce el primer episodio de hiperinflación (el criterio de hiperinflación es una tasa de inflación mayor a 50% mensual). La tasa de inflación de 1988 alcanzó 666% y la de 1989 alcanzó cerca de 3.400%. A pesar de que se mantuvo por debajo de 50% mensual desde septiembre de 1988 hasta julio de 1990, la inflación acumulada fue inmensa. Entonces se produce el segundo episodio de hiperinflación en julio de 1990 con una tasa de inflación mensual de casi 400% (la tasa mensual más alta de todas las hiperinflaciones de América Latina). 

El gobierno de Fujimori se inicia en agosto de 1990 con la implementación de las medidas para enfrentar la franca hiperinflación del mes precedente. Este conjunto de medidas se conoce coloquialmente como el “Fujishock” y tienen un gran parecido con las ejecutadas en Bolivia en 1985. Dentro de las medidas se encontraban las siguientes: realizar un balance riguroso de los ingresos y gastos que debía realizar el gobierno, control estricto de la oferta monetaria, libre flotación de la tasa de cambio, aumento de los ingresos fiscales por nuevos impuestos y eliminación de excepciones, formulación y puesta en marcha de un programa de reformas estructurales para construir una economía basada en un Estado más facilitador que interventor con un sociedad más participante de la creación de riqueza. 

Los resultados de este programa lograron la recuperación del crecimiento económico a partir de 1991(entre 1988 y 1990 la economía se había contraído 9% promedio). La tasa de inflación pasó de 7.500% en 1990 a 400% en 1991. A partir de 1992 tasa de inflación disminuyó hasta llegar a un solo dígito en 1997. En el período 1997-2016 la tasa promedio de inflación anual fue 3,3%. En el mismo período, la tasa de crecimiento anual promedio de Perú ha sido 4,5%. El impacto ha sido evidente. El manejo de la hiperinflación en Perú abrió el camino para un país diferente. Lecciones a aprender.

Politemas, Tal Cual, 22 de noviembre de 2017

lunes, 20 de noviembre de 2017

¿Cuanto dura una hiperinflación?

La hiperinflación está aquí. No se habla de otra cosa. El aumento de los precios adquiere características nunca padecidas por los venezolanos. La creencia o intención del gobierno de que podía hacer olvidar la situación con cualquier anuncio distractor, ya no la cree nadie. Lo cierto del caso es que las previsiones del FMI, reportadas en abril de 2016, es decir, hace 18 meses, se han concretado con toda su intensidad. Especialmente porque se inicia la hiperinflación con una contracción económica de casi cuatro años de evolución. Es decir, el país entra en una nueva fase de destrucción económica, la más grande que puede padecer una sociedad, en las peores condiciones.

De acuerdo con los investigadores de la Universidad Johns Hopkins, Steve Hanke y Nicholas Krus, la de Venezuela es la hiperinflación número 57 documentada en el mundo. Es la segunda hiperinflación del siglo XXI, después de la Zimbabwe entre 2007 y 2008. Además, es la segunda hiperinflación de un país de la OPEP, pero es la primera en un país de esta organización sin guerra civil. Por otra parte, es la primera hiperinflación en América Latina desde la sufrida por Perú en 1990. En otras palabras, esto es un desastre descomunal. Es indudable que la hiperinflación dividirá en dos la historia reciente del país.

Ya entrando entonces en esta nueva etapa, con la hiperinflación en cada esquina donde los venezolanos vayan a comprar algo, y en la total desprotección producida por la inmensa negligencia del gobierno, quizás sea bueno preguntarse cuánto tiempo puede durar. Especialmente cuando sabemos que cada día que pase es destrucción del ingreso, de la capacidad de compra de las familias, de hambre, de pérdida de protección en los servicios públicos. La hiperinflación va a trastocar la vida cotidiana de los venezolanos, en toda su extensión.

Para conocer la posible duración de los episodios de hiperinflación, se puede examinar lo que ha sucedido con los anteriores procesos. El promedio de duración de los 56 episodios previos es 11 meses. La minoría de los episodios son de la menor duración posible, esto es, un mes. Más de la mitad de los episodios duran al menos tres meses. Casi la mitad de los episodios han durado al menos un año, teniendo casos extremos como los de Nicaragua (57 meses), y de Azerbaiyán y Ucrania, casi 36 meses en ambos países. 

Todo lo anterior indica que si no existe la voluntad del gobierno para modificar esta situación, como es el caso de Venezuela, no queda duda de que la debacle hiperinflacionaria puede ser inmensa. Fundamentalmente porque la pretensión del actual gobierno no es resolver la hiperinflación, sino realizar unas elecciones que lo relegitimen. Pero eso no será necesariamente para emprender un programa de transformación económica. Nada de eso. De manera que, lamentablemente, lo que queda de 2017, y muy probablemente el año 2018, serán una etapa trágica para la vida de los venezolanos. La hiperinflación será el adversario más temible de todos los días. Sobre eso no habla el gobierno, por razones obvias. Los actores políticos y sociales apenas comienzan a apreciar la profundidad de la crisis hiperinflacionaria. Casi dos años después de que estaba en el horizonte. La historia determinará las responsabilidades de la tragedia que está destruyendo los medios de intercambios de los venezolanos. Keynes tenía mucha razón cuando dijo hace casi un siglo que la destrucción de la moneda es la mayor afectación de las sociedades.

Politemas, Tal Cual, 15 de noviembre de 2017

Negando la hiperinflación

La semana pasada el FMI presentó sus estimaciones económicas hasta el año 2022. De acuerdo con esos pronósticos, la tasa de inflación de Venezuela al final de este año sería 1.133%. Para el final de 2018 la inflación llegaría a 2.500%. Y de continuar esta tendencia, la tasa de inflación en 2022 sería 4.600%. Por supuesto, este es el escenario de continuar como van las cosas, esto es, sin que el gobierno nacional tome las medidas adecuadas a la brevedad posible.

La primera vez que el FMI señaló que la tasa de inflación de Venezuela llegaría a más de 1.000%, fue en abril de 2016. Ya se advertía en aquel momento la gravedad de la situación. Este año es el cuarto seguido en que la tasa de inflación del país es la más alta del mundo. Por primera vez en 25 años, América Latina y el Caribe tienen un país con una tasa de inflación superior a 100%. Solamente Zimbabwe tiene un récord inflacionario mayor que Venezuela en el siglo XXI. 

La situación inflacionaria del país ha superado ya todas las expectativas. El riesgo hiperinflacionario, esbozado el año pasado, es más creciente. Analistas nacionales e internacionales prácticamente han argumentado que estamos en los inicios del proceso hiperinflacionario. Si ello fuera el caso, sumaríamos a este rosario de calamidades que sería la segunda hiperinflación en un país de la OPEP, pero la primera en un país de la organización que no haya sido afectado por una guerra. No hay mucho más que agregar para ilustrar la magnitud de esta debacle económica.

A pesar de todas estas indicaciones, en la agenda pública el tema no recibe la atención que una emergencia de esta naturaleza exige. El gobierno ni siquiera ofrece cifras sobre la inflación. Desde finales de 2015 (es decir, casi dos años atrás), el BCV no publica los indicadores requeridos para conocer y analizar la marcha de la inflación. Por otra parte, las políticas económicas no han experimentado ningún cambio. Todo lo contrario, lo que se está implementado no hace otra cosa que agravar la situación. Llegado a cierto nivel, cada día más cercano, es más complicado intervenir para interrumpir la escalada hiperinflacionaria. 

En este contexto, la afectación de la población es total. La hiperinflación, de declararse definitivamente, es el peor estado de la destrucción de una economía. Todos los mecanismos de intercambio, incluyendo la velocidad que adquieren las transacciones, serán alterados y, por consiguiente, tendrán efectos devastadores sobre la moneda. Los ingresos de las familias, los bienes que consumen, los servicios que reciben, serán afectados en grado extremo. El deterioro social que se ha experimentado en los últimos cuatro años, se agravará de manera severa. 

Es totalmente irónico que una calamidad de estas proporciones esté avanzando sin que se aprecie como tema de discusión pública. La negación de la realidad está operando a toda marcha. De parte de los responsables de la política económica la evasión es total. Los efectos de sus acciones y omisiones se sentirán con toda fuerza en la medida que se desate más aún el deterioro inflacionario. Para toda la sociedad, especialmente para sus liderazgos políticos, productivos, laborales, eclesiales, académicos, esta es una situación que merece total atención. Está en juego, como decía Keynes, las bases fundamentales de la sociedad.

Politemas, Tal Cual, 18 de octubre de 2017

Desempleo tecnológico

En 1930, John Maynard Keynes se atrevió a visualizar el tipo de economía que se podría tener un siglo después. Lo escribió en el célebre ensayo “Economic possibilities for our granchildren”. La primera idea del ensayo era disentir de la posición que señalaba que el progreso de la humanidad había cesado y que el ritmo de mejoras en el bienestar también había disminuido. Keynes argumentó más bien su optimismo por las nuevas fronteras de progreso que se le abrían a la humanidad. Consideraba que un siglo después el mundo alcanzaría el estado en que se resolvería “el problema económico”.

Para Keynes, en 2030 el capital de la economía mundial habría crecido “siete veces y media”, suficiente para que el bienestar de las personas creciera entre “cuatro y ocho veces”. Señalaba Keynes que tales magnitudes permitirían a la humanidad resolver el problema económico. Y luego de alcanzar ese nivel, sigue Keynes, se produciría la pérdida de empleos por razones de desarrollo tecnológico. Es decir, personas perderían los empleos porque se habría producido un gran aumento en la creación de tecnologías. Sin embargo, esas pérdidas de empleo no representarían un gran problema: como se había resuelto el problema de la creación de riqueza, entonces se podrían tener trabajos de menos horas, se necesitaría trabajar menos tiempo para tener acceso a los bienes que derivarían de ese crecimiento. A ese fenómeno, Keynes identificó como “desempleo tecnológico”.

Poco menos de cien años después de este ensayo de Keynes, el mundo está presenciando cambios compatibles con lo pronosticado. Aunque la economía ha crecido más de ocho veces, es muy cierto que se ha producido un desplazamiento de empleos por la creación de nuevas tecnologías. Es verdad que se han generado nuevos tipos de empleos, pero no queda muy claro si esos empleos pueden ser desempeñados por todas las personas. En algunos países se ha producido una mayor automatización de los empleos, hasta el punto que se han empezado a implementar programas de “ingreso básico universal”, es decir, una asignación mensual que es independiente de la realización de un trabajo.

En todo este contexto, coloquemos la mirada en Venezuela. Las perspectivas que se le abren a una economía en franco proceso de destrucción son para empezar las peores para crear riqueza. A ella habría que sumar que la salida de recursos humanos del país, muchos de ellos con altos niveles de preparación, compromete la capacidad de crear riqueza en el mediano plazo. Y para remate, si los procesos de automatización, que avanzan a ritmo impresionante en países como Estados Unidos y China, van a traer como consecuencia el desplazamiento de empleos, entonces, ¿cómo quedaría nuestro país cuando está perdiendo calidad de empleos por todos los frentes? Es evidente que si hay algún país que está en estado de desprotección con respecto al desempleo tecnológico, ese es Venezuela.

Politemas, Tal Cual, 11 de octubre de 2017

Huyendo en autobús

La conciencia de que la inflación es un proceso de destrucción, es cada vez mayor en el país. El ritmo indetenible de los precios afecta cada día más el bienestar de las familias. Para la mayoría de los hogares no alcanza el ingreso para la compra de los alimentos. Lo más grave es que cada día que pasa, sin ninguna política alternativa, las condiciones se complican. Es por ello que la brecha entre los ingresos y lo que se puede comprar, crece sin control. Desde que el FMI anunció el escenario hiperinflacionario para Venezuela, ya ha transcurrido año y medio, sin ninguna política dirigida a resolver este inmenso problema.

Los ciudadanos, entonces, han quedado en total estado de desprotección. Sin la posibilidad para mantener una vida estable, la opción considerada por muchos es sencillamente escapar de Venezuela. Un grupo considerable de ellos, jóvenes, sin muchos recursos, han decidido huir en autobús. Viajan hasta la frontera con Colombia. Esperan la hora definida para cruzar. Llegan a Cúcuta para continuar el viaje en autobús, hacia la ciudad de Surámerica en la que tengan algún familiar o contacto. Entonces viajan sin cesar hasta llegar al destino. Toman la precaución de seleccionar los autobuses de manera que puedan dormir en ellos. No tienen recursos para llegar a hoteles o moteles. Preparan comida para varios días. Pueden viajar hasta una semana completa, si es que su destino es tan lejos como Buenos Aires. Cuentan que en un autobús pueden ir decenas de ellos. Estas odiseas personales o familiares ilustran el drama que hoy viven los venezolanos. Se está huyendo en autobús de la destrucción que significa la alta inflación que vive el país, aniquiladora de toda opción de futuro.

Todos estos jóvenes van a encontrar en el trayecto países que han controlado la inflación, en los cuales los aumentos de precios de un año son los que se experimentan en Venezuela en un día. Muy probablemente no encuentren inicialmente el trabajo deseado, pero tendrán la posibilidad de vivir con mayor estabilidad que la que le puede ofrecer en este momento su país de origen. Para jóvenes veinteañeros este viaje es definitivamente volver a nacer. Muchos de ellos se adaptarán, con más o menos dificultad en su nuevo entorno, y podrán construir posibilidades que no tienen en Venezuela. Muchos harán una vida diferente a la que se imaginaron, tendrán nuevos arraigos y querencias. Ese viaje en autobús les enseñará una cara de la vida que seguramente nunca anticiparon.

Que un país presencie que la generación con mayor valor acumulado, en término de capacidades, en toda su historia, tenga que salir por cualquier vía, es ya una llamada de atención terrible. Pero también es una demostración evidente de la peor combinación de políticas económicas que hemos tenido en nuestra historia, y de la peor gestión económica en el mundo. Todo esto tiene origen en las políticas diseñadas e implementadas en el país en los últimos lustros. Los jóvenes que viajan en autobús para buscar opciones fuera de Venezuela son la demostración palpable del rumbo tan equivocado que se le ha impuesto a nuestra sociedad.

Politemas, Tal Cual, 4 de octubre de 2017

Las dimensiones de la mortalidad materna

La marcha de un sistema de salud se puede conocer por la situación de la mortalidad materna. Al igual que se toma solo una muestra para analizar la hemoglobina o los glóbulos blancos en toda la sangre del cuerpo, la mortalidad materna nos puede indicar en gran medida las características del funcionamiento del sistema de salud. En primer lugar, a pesar de que el número de muertes maternas es una pequeña proporción de las muertes totales en un país dado, su significación es muy alta. Porque la muerte de una madre tiene repercusiones familiares tremendas. Significan esposos sin su compañera, otros hijos sin su madre, y muy probablemente un recién nacido en riesgo. Por otra parte, las muertes maternas son altamente evitables, solo en eventos muy raros y complicados es difícil evitarlas. De manera que la reducción de la mortalidad materna al mínimo posible debería ser una meta fundamental de cualquier sistema de salud. Además, tendría un efecto sinérgico en otras áreas de atención como la mortalidad infantil o en salud reproductiva, solo por señalar dos.

La mortalidad materna se mide a través de la “razón de mortalidad materna”. Esto es, el número de muertes relacionadas con el embarazo, el parto y el período de 42 días siguientes al parto, independientemente de la duración de la gestación, con relación al número de nacidos vivos registrados en un año dado. 

En Venezuela, el dato más reciente de la razón de mortalidad materna corresponde al año 2013, exactamente 68,7 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos registrados de ese año, según se reporta en el sitio web de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Hay que señalar que ya deberíamos tener el valor de este indicador hasta 2016. La cifra de 2013 es 34,1% superior a la que presentaba el país en 1998, cuando la razón de mortalidad materna era 51,2 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos registrados. Dicho de otra manera, la razón de mortalidad materna de 2013 era similar a la de 1975. Es decir, prácticamente un retroceso de 40 años.

Veamos esta situación ahora desde una perspectiva comparada con los países de la región. Entre 1998 (o el año más cercano) y 2013, todos los países de la región disminuyeron la razón de mortalidad materna con excepción de tres: Cuba, Venezuela y Costa Rica (en orden de magnitud del aumento). El país con la menor razón de mortalidad materna en 2013 fue Chile con 15,2 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos registrados. El aumento de la mortalidad materna de Venezuela solo es superado por el experimentado por Cuba (47%). De un total de 20 países de la región, 12 de ellos presentaron en 2013 una razón de mortalidad materna menor a la de Venezuela. Los países que tenían una razón de mortalidad materna superior a la de Venezuela eran: Honduras, Perú, Paraguay, República Dominicana, Guatemala, Haití y Bolivia.

Tomando en cuenta solamente lo que sucede con la mortalidad materna, es bastante obvio que el sistema de salud de Venezuela tiene uno de los desempeños más bajos de la región. A las restricciones de recursos, aumentadas en los últimos años, se debe sumar las limitaciones en la estrategia para identificar riesgos específicos en el caso de las mujeres embarazadas. Es muy posible que esta situación haya empeorado en los últimos cuatro años. Sin duda, las mujeres venezolanas deben tener en este momento el riesgo más alto en la región para morir o complicarse por eventos relacionados con el embarazo y el parto.

Politemas, Tal Cual, 13 de septiembre de 2017