viernes, 2 de enero de 2026

Los futuros de América Latina y el Caribe

El cierre del año es tiempo de balances. Lo que sucedió, los éxitos, los fracasos, lo que se pudo hacer mejor. Forma parte de la vida de las personas y de las familias. Y también de los países. Por otra parte, el fin de año es una oportunidad para imaginar lo que puede pasar en el próximo año. Lo que será continuación de lo que viene, lo que puede constituir un cambio moderado o radical. El fin de año es por ello tiempo de pensar en el futuro.

Imaginar el futuro es cosa seria. Muchas veces el futuro no corresponde con la división en años. Más bien se trata de períodos que están vinculados a cambios de las sociedades. Lo cual por supuesto hace más complicado la tarea de imaginar.

La práctica de imaginar el futuro es justamente para poder construirlo. Es decir, los futuros son posibles en la medida que se tomen las decisiones adecuadas. Esto vale para las personas y familias, pero también para los países. En consecuencia, imaginar el futuro es apenas el primer paso. Lo más complicado viene después. Proponer el futuro debe conducir a la definición de las políticas públicas que, con el conocimiento y las prácticas existentes, lo pueden concretar. Y como esto puede llevar un tiempo considerable, la imaginación del futuro siempre nos lleva al largo plazo, varias décadas al menos.

Para imaginar el futuro se requieren análisis y acuerdos. La prospectiva es el conjunto de enfoques y métodos que permiten elaborar esos futuros. Los estudios prospectivos son esfuerzos sistemáticos de numerosos especialistas que trabajan por amplios períodos para acordar determinados futuros. Estos estudios constituyen la base para que otros grupos de especialistas examinen la viabilidad y requerimientos de las propuestas de futuros.

De allí que un requisito de primer orden es tener a la disposición los estudios prospectivos elaborados. Por ejemplo, los que se hayan preparado teniendo como centro de atención la región de América Latina y el Caribe.

Este fue el aporte fundamental de la base de datos Global Trends, proyecto conjunto del Inter-American Dialogue y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Durante varios años en este proyecto se identificaron y ordenaron cientos de estudios prospectivos relacionados con América Latina y el Caribe. Lamentablemente esta iniciativa dejó de actualizar los estudios disponibles. Los últimos estudios incluidos fueron publicados en 2021.

Para consultar los estudios más recientes una alternativa es el Repositorio ORBIS, base de datos perteneciente al Parlamento Europeo. Sin embargo, el método de búsqueda no es tan efectivo como debería, y no dispone de la clasificación de los estudios por áreas del mundo.

Otra alternativa disponible es consultar los números de la Revista de Prospectiva y Estrategia publicada por el Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. En cada uno de los números se reseñan estudios prospectivos recientemente publicados en ámbitos relacionados con América Latina y el Caribe. Por ejemplo, en el último número disponible en el sitio web de la revista (junio-julio 2025) se incluye un estudio prospectivo de la educación superior en América Latina hacia el 2050.

En este estudio se proponen tres escenarios. El escenario optimista se caracteriza por el proceso de expansión y diversificación de las ofertas de educación públicas y privadas, acompañado por la reducción de las brechas de acceso en los ámbitos nacionales y subnacionales, y mejoras en los indicadores de equidad y eficiencia. En el escenario pesimista se amplían las brechas del acceso favoreciendo especialmente a los estratos de ingresos altos y medios, las universidades públicas confrontan una crisis de legitimidad política y social, y las alternativas privadas se multiplican sin regulación con impacto negativo en la formación. El tercer escenario es el señalado como posible. Se caracteriza por el impacto de innovaciones para la generación de nuevas modalidades de planificación, evaluación y gestión, y por la consolidación de la robotización, inteligencia artificial, y las plataformas educativas como principales recursos de aprendizaje.

Este ejemplo ilustra la importancia de generar y difundir estudios prospectivos sobre los múltiples aspectos de la realidad de América Latina y el Caribe. Ojalá se pueda contar pronto con un repositorio actualizado de estos estudios. En la medida que los estudios prospectivos sean incorporados en el ciclo de diseño e implementación de políticas públicas, los futuros imaginados tendrán más posibilidades de convertirse en realidad. Esperemos que en 2026 se pueda avanzar en el desarrollo de más y mejores capacidades para imaginar futuros promisorios para la región.

Politemas, Tal Cual, 18 de diciembre de 2025

Democracia e innovación en el próximo gobierno de Chile

El próximo domingo 14 de diciembre se realizará la segunda vuelta de la elección presidencial de Chile. Jeannette Jara y José Antonio Katz se disputan las preferencias electorales. El resultado de la elección determinará la persona que estará a cargo de la gestión del gobierno de Chile en los siguientes cuatro años.

Los programas de gobierno de Jara y Katz contienen sus respectivas visiones de las gestiones que se proponen realizar. Ambos programas se encuentran disponibles en el sitio web del Servicio Electoral de Chile (SERVEL). Si bien es cierto que las preferencias electorales son determinadas por múltiples variables, no es menos cierto que los programas de gobierno pueden ser útiles para mostrar las tendencias previsibles de la gestión presidencial. Por supuesto, tales tendencias pueden ser modificadas de manera algunas veces abrupta. En consecuencia, los contenidos de los programas deben ser tomados solo como referencias en construcción.

El punto de partida para el análisis de un programa de gobierno requiere definir criterios. Estos criterios deberían considerar las acciones para mejorar la democracia y promover la creación de valor, vale decir, innovación, en los ámbitos de aplicación (sean países, regiones, o localidades). El mejoramiento de la democracia permite aumentar la calidad de las políticas públicas. El diseño, implementación, y evaluación de políticas públicas requiere la mayor amplitud para el intercambio de ideas y creación de consensos sociales. La creación de valor o innovación permite generar los recursos y sostenibilidad para alcanzar mayores niveles de bienestar para los ciudadanos. Democracia e innovación se convierten en premisas básicas para visualizar las posibles tendencias de un gobierno.

Veamos ahora la situación de Chile con respecto a la democracia y la innovación. Es el punto de partida para valorar las acciones propuestas en cada aspecto. En el Gráfico 1 se muestra la evolución del Índice de Democracia Liberal (IDL) de Chile entre 2013 y 2024, según las estimaciones del proyecto Variedades de Democracia (V-Dem). También se incluye en el gráfico la evolución del IDL de Dinamarca (país del mundo con mayor IDL en 2024), Costa Rica (país de América Latina con mayor IDL en 2024), y Uruguay.

Gráfico 1
Chile: Índice de Democracia Liberal. IDL, 2013-2024
Fuente: Variedades de Democracia (V-dem)

En 2013 el valor de IDL para Chile, Uruguay, y Costa Rica era similar: (0,85). El valor máximo del IDL es 1 (Dinamarca tiene 0,88 en 2024). Esto significa que, en 2013, y también en 2024, estos tres países constituyen las democracias plenas de la región. Nótese que en Chile (línea azul en el gráfico) el IDL disminuyó a partir del año 2017. En 2024 el IDL de Chile es 0,79. En otras palabras, el IDL muestra un discreto desmejoramiento de las condiciones democráticas de Chile con respecto al valor de 2013.

La situación de la innovación (creación de valor) en Chile se puede evidenciar a través del Índice de Complejidad Económica (ICE) elaborado por la Universidad de Harvard. Este índice es negativo cuando el país tiene menos capacidades para generar riqueza que el promedio de los países. En el Gráfico 2 se puede apreciar que Chile ocupa en 2023 el lugar 88 de 145 países. El valor del ICE es negativo, exactamente -0,44, indicativo de que Chile tiene menos capacidades para producir valor que el promedio de los países del mundo.

Puede observarse también en el Gráfico 2 que el ICE de Chile ha decrecido desde 1995 y que está a 31 puestos de Costa Rica (país con el valor positivo del ICE más bajo de América Latina). El valor del ICE en Chile es menor que el de Nueva Zelanda. Para ambos países la distancia que los separa de los grandes centros productivos del mundo puede ser un factor que contribuye a explicar el valor del ICE.

Gráfico 2
Chile: Índice de Complejidad Económica (ICE), 1995-2023
Fuente: Atlas de Complejidad Económica, Universidad de Harvard

Dada la situación descrita, los programas de gobierno para Chile deberían incluir las opciones de políticas públicas que contribuyan a ampliar los logros alcanzados en el desarrollo democrático, y a modificar sustancialmente la tendencia de baja capacidad de innovación de los últimos treinta años. Veamos entonces lo que proponen ambas alternativas para la presidencia de Chile.

En el programa de gobierno de Jeannette Jara se dedica una sección a las propuestas relacionadas con “Estado y Democracia”. Se menciona dentro de ellas la Creación del Consejo de Modernización del Estado, la reducción de la brecha de inversión pública entre las comunas con mayores y menores recursos, así como medidas para ampliar la digitalización de las instituciones públicas. Estas propuestas no se encuentran en la versión del programa que se encuentra en el SERVEL (de agosto de 2025), sino en el sitio web de la candidatura (de octubre de 2025). No existe ninguna otra mención referida a la calidad de otros ámbitos de la democracia, tales como, balance de poderes, relaciones entre las distintas instituciones del Estado, entre otros.

En el ámbito de la innovación, el programa de gobierno de Jara está concentrado en las siguientes propuestas: (1) creación de Juntas Sectoriales de Innovación, entendidas como corporaciones voluntarias de empresas dentro de una industria específica, (2) aumentos de los incentivos tributarios para investigación y desarrollo, (3) expansión de los centros de innovación regional, (4) aumento de los recursos del Fondo de Investigación en Universidades, entre otras.

En el programa de gobierno del candidato Katz no se incluyen propuestas relacionadas con la calidad de la democracia ni con innovación. Ambos aspectos no son tocados en el programa. El énfasis del programa está exclusivamente en las medidas para atender las tres emergencias que confronta el país: seguridad, económica, y social.

La gran mayoría de las encuestas electorales que se realizan en Chile reportan que el candidato que puede obtener la mayoría de los votos es Kast. En caso de que resulte electo Katz, se tendrá que esperar hasta su discurso de toma de posesión para conocer sus propuestas para mejorar la democracia e impulsar la innovación como eje del progreso del país. Quizás en ese momento pueda explicar en detalle sus propuestas. O quizás tampoco lo hace. Veremos.

Politemas, Tal Cual, 11 de diciembre

América Latina: pobreza de datos y de políticas

Reducir la pobreza a su mínima expresión es posible. La experiencia internacional demuestra los éxitos obtenidos por muchos países en la reducción de la pobreza. En todos esos casos lo fundamental ha sido asumir como objetivo de las sociedades la disminución sistemática de la pobreza. Luego de definir ese objetivo se requiere diseñar y ejecutar las políticas adecuadas para cumplirlo. En principio, esto parece bastante directo. Lamentablemente, resulta mucho más complicado.

La publicación del Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025 por la CEPAL la semana pasada es una buena oportunidad para examinar lo que han avanzado los países de la región en la reducción de la pobreza. Lo primero que se debe señalar es la importancia del trabajo de la CEPAL para recopilar con gran dedicación las bases de datos que permiten conocer la situación de pobreza en los países, y además, elaborar los análisis requeridos. Este esfuerzo está realizado por múltiples instituciones y personas a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe.

El resumen de la situación se puede apreciar en la tabla que se encuentra en la página 74 de la publicación referida. Se muestran en la tabla los porcentajes de pobreza de los países entre 2022 y 2024. Este es el primer aspecto que se debe considerar: el año de la última medición, esto es, 2024.

Siendo que el reporte se publica a finales de 2025, lo ideal hubiera sido tener alguna idea de la situación de pobreza por lo menos a mediados de 2025. Es posible obtenerlo. Para ello se requiere contar con la base de datos de una encuesta nacional por muestreo. Con los recursos para el procesamiento de datos disponibles en la actualidad sería relativamente fácil tener reportes mensuales.

Si la muestra de la encuesta es acumulativa entonces a mediados del año se podía tener un estimado del porcentaje de la población en pobreza para el primer semestre de 2025. Algunos países de la región tienen esas estimaciones. Lamentablemente no están incluidas en la publicación, quizás porque se ha definido previamente que el período se extiende hasta 2024. La consecuencia de esta limitación es que entonces el análisis de la situación de pobreza se refiere a lo que sucedía un año atrás, y las posibilidades de vincular esta realidad con las políticas más cercanas en el tiempo disminuyen considerablemente.

Esto significa que en la práctica el análisis que se deriva de la tabla señalada corresponde a la situación de hace un año. Concentremos el análisis en el porcentaje de pobreza extrema, esto es, las personas que no tienen los recursos para comprar los alimentos cada día.

Examinemos primero el número de países que no tienen información oficial disponible sobre pobreza extrema desde 2021 (se indica en la tabla que esos países no están incluidos). Son cuatro países: Cuba, Venezuela, Nicaragua, y Haití.

En el segundo grupo están los países que no tienen información de pobreza extrema en 2024 (aunque hayan tenido en alguno de los años anteriores del período). Estos países son seis, a saber: Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, y Panamá.

De manera que diez países de América Latina (es decir, la mitad de los países) no disponen de información sobre el porcentaje de población en pobreza extrema en el año 2024.

Al considerar la pobreza extrema en los 10 países con datos para 2024 encontramos que solo tres de ellos (Uruguay, República Dominicana, y Costa Rica) tienen un porcentaje menor al 5% de la población. El menor porcentaje se registra en Uruguay: 1,5%. Los países con mayor porcentaje de población en pobreza extrema son Honduras (40,1%), Ecuador (12,7%), y Colombia (11,7%).

En este contexto las perspectivas para lograr reducciones significativas de la pobreza extrema en la región lucen poco promisorias. En una mitad de los países ni siquiera se cuenta con la medición. En la otra mitad de los países las evidencias señalan que en la mayoría de ellos en 2024 las políticas para reducir la pobreza distan mucho de ser efectivas. Ni hablar de cómo están funcionando a finales de 2025. Si el primer paso no se logra (tener datos), todo lo que venga después no tendrá fundamentos sólidos. Queda mucho por hacer para reducir la pobreza en la región. Mucho por mejorar.

Politemas, Tal Cual, 4 de diciembre de 2025

Inteligencia artificial para gobernar bien

El aumento en la utilización de la inteligencia artificial es un fenómeno global y transversal. Se desarrolla en todos los contextos geográficos y políticos, y también en la gran diversidad de las actividades humanas. En todos los espacios sociales la inteligencia artificial se aplica cada día más y con múltiples expresiones.

La gestión de los gobiernos es un ámbito privilegiado para la utilización de la inteligencia artificial. Las posibilidades que brinda para mejorar la provisión de servicios y la calidad de las decisiones públicas son significativas. Este es justamente el tema de una reciente publicación de la OECD. Dada la masiva expansión de la inteligencia en la ejecución de funciones de los gobiernos, la publicación sistematiza los hallazgos de 200 casos de estudio en países de la OECD.

Se indica en el documento que las áreas en las cuales se aprecia la mayor utilización de la inteligencia artificial son los servicios públicos, la administración de justicia, y la participación ciudadana Las áreas en las cuales se utiliza relativamente menos la inteligencia artificial son la evaluación de políticas, la administración de impuestos, y la reforma de los servicios civiles. Se resalta que la inteligencia artificial es de especial utilidad en la gestión pública que requiere la coordinación de múltiples trámites.

También se refleja en el documento que la inteligencia artificial es menos aplicada en aquellas tareas relacionadas con el seguimiento de la acción de los gobiernos. Este hallazgo puede resultar llamativo dada la potencialidad que tiene la inteligencia artificial para manejar inmensas cantidades de información. Sin embargo, visto en detalle, no resulta tan contradictorio.

El seguimiento de los gobiernos es una actividad de gran complejidad. El requisito fundamental del seguimiento es que exista la explicitación detallada de objetivos y medios, y, especialmente, las vinculaciones entre ellos. Y esta actividad requiere dos procesos que son bastante infrecuentes en la gestión pública: la conceptualización de problemas públicos y, consecutivamente, de políticas públicas, y la coordinación de múltiples ámbitos de acción. Estos procesos requieren equipos humanos con las competencias adecuadas y la información sistematizada que permita realizar el seguimiento. Dado lo infrecuente que resultan estos procesos, no es de extrañar que no existan las condiciones para que la inteligencia artificial pueda ser incorporada.

La tendencia actual es que el uso de la inteligencia artificial aumente mucho más en la gestión de los gobiernos. Se alerta en el documento sobre dos aspectos relevantes. En primer lugar, sobre la mala utilización de la inteligencia artificial que afecte la vigencia de los derechos humanos y la transparencia. Y, en segundo lugar, sobre las limitadas capacidades de los gobiernos para adoptar de manera holística las aplicaciones de inteligencia artificial. Esta dificultad para la adopción aumentará la brecha con respecto a lo que suceda en los ámbitos privados.

La inteligencia artificial, como toda innovación, es al final de cuentas un medio. Las competencias del usuario determinarán el provecho que se pueda obtener de la utilización de la innovación. Sucede que la formación del usuario es un proceso previo, o paralelo, a la utilización de la innovación. Este proceso debe ser sistemático si se pretende que sea más efectivo. El problema que se plantea para el desarrollo de la inteligencia artificial en los gobiernos es que existe una brecha inicial de competencias para el diseño e implementación de políticas públicas. Superar esta brecha es prácticamente una precondición para que la adopción de la inteligencia artificial sea efectiva. Dicho de otro modo, sin enfrentar la reducción de esta brecha de competencias no será posible tener gobiernos exitosos en la aplicación de la inteligencia artificial. Tendremos gobiernos con inteligencia artificial que seguirán siendo inefectivos.

Politemas, Tal Cual, 27 de noviembre de 2025

Alertas sobre el desarrollo productivo en América Latina y el Caribe

El reciente documento sobre la perspectiva económica de América Latina y el Caribe, elaborado por la OECD, CEPAL, CAF y la Comisión Europea, expresa en detalle los severos riesgos sobre el desarrollo productivo de la región. Estos riesgos afectan no solo los escenarios de corto plazo. También tienen implicaciones estructurales para la evolución de mediano plazo en todos los países.

Se destaca en primer lugar en el documento la desaceleración del crecimiento económico que experimenta la región. El crecimiento se ha convertido más bien en estabilidad. Peor aún es el efecto en la productividad. Mientras entre 1991 y 2024 la productividad aumentó 1,2% anualmente a escala global, en América Latina y el Caribe aumentó 0,9%. Muy vinculado con este bajo desempeño en la productividad está la composición del mercado laboral: el 55,1% de los empleos en la región son informales. Apenas el 2,1% de los empleos se encuentran en sectores de mediana o alta intensidad tecnológica.

La tendencia de baja productividad, que se manifiesta de manera crónica en la región, solo puede progresar, de mantenerse, a una mayor pérdida de recursos humanos de altas capacidades, por la vía de la migración o reubicación en otras áreas de menor intensidad tecnológica. Y, obviamente, esto repercutiría en la agravación del círculo vicioso de baja productividad y bajo crecimiento. Además de ello, la inversión requerida para subsanar la baja productividad tendría menos posibilidades de trasladarse a la región. En este contexto cobran también especial relevancia los efectos que tiene la duplicación de las emisiones de gases con efectos negativos en el ambiente. En otras palabras, se está experimentando un estado de bajo crecimiento con deterioro ambiental.

La manera de enfrentar esta situación, según se señala en el documento, es la implementación de políticas de desarrollo productivo (PDP) que permitan crecer más, con mejor desempeño, y menor afectación ambiental. Sin embargo, en este aspecto nuevamente la región muestra restricciones significativas. Estas políticas de desarrollo productivo reciben recursos equivalentes al 3% del PIB en los países de la OECD, mientras en América Latina y el Caribe la asignación es menor al 0,5% del PIB. Se indica en el documento que estas asignaciones corresponden más a consultas que a acciones directas y efectivas.

De lo anterior se desprenden al menos dos líneas de acción. En primer lugar, se requieren más recursos. El déficit de financiamiento, de fuentes públicas y privadas, se estima en el documento en cerca de 100 mil millones de dólares anuales hasta 2030. Suplir este déficit requerirá aumentar las fuentes internas y las externas. Para aumentar las fuentes internas se requerirá revisar la proporción que deriva de impuestos (actualmente 21% del PIB), mucho menos del 34% en países de la OECD. Las fuentes externas dependerán de los acuerdos con organismos multilaterales e instituciones financieras privadas.

La segunda línea de acción se deberá concentrar en los cambios de los contextos productivos en los países, promoviendo el mejoramiento productivo y la creación de nuevas empresas. En esta línea de acción se deberán incluir transformaciones sustantivas de los sistemas educativos y de innovación, así como notables inversiones en mejoras y ampliaciones de infraestructura.

Las alertas indicadas en este documento se suman a las notables limitaciones en el diseño e implementación de políticas públicas en la región. No se pueden conseguir buenos resultados cuando no se cumplen las premisas básicas para la calidad de las políticas públicas. En otras palabras, no se puede llegar a ninguna parte cuando no se identifica la ruta ni se tiene un buen mapa. Es tan sencillo como eso.

Politemas, Tal Cual, 21 de noviembre de 2025

Rol de fuentes externas en la salud en América Latina y el Caribe

La suspensión, y en algunos casos eliminación, de fuentes internacionales para la salud en las economías de bajos ingresos está empeorando las condiciones de vida en muchos países. Estas fuentes han sido fundamentales para la ejecución de los programas de atención, y para garantizar la institucionalidad básica del funcionamiento de los sistemas de salud (por ejemplo, sistemas de información, cadenas de frío, comunicaciones, entre otros aspectos).

De acuerdo con la información disponible en la base de datos global de gastos de la salud de la OMS, (GHED, por sus siglas en inglés), es posible analizar las implicaciones que tendría esta reducción de fuentes externas para los países de América Latina y el Caribe. Para 2022 (año de la última información disponible) se tienen datos de 32 países de la región. Según el porcentaje de financiamiento de fuentes externas con respecto al total del gasto en salud en 2022, se pueden dividir los países en cuatro grupos.

En el primer grupo están los países que no reciben ningún tipo de aporte externo para el financiamiento de la salud. Estos países son: Chile, México, San Cristóbal y Nieves, y Uruguay. En el segundo grupo están los países con financiamiento de fuentes externas menor al 2% del gasto total en salud. En este grupo se encuentran 19 países.

El tercer grupo está conformado por los países que tienen financiamiento externo entre 2 y 6% del gasto total en salud. En este grupo se encuentran 7 países: Belice, Bolivia, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Guyana, y Nicaragua. En el cuarto grupo están los países que tienen financiamiento externo superior al 10% del gasto total: Santa Lucía con 13,44% y Haití con 30,96%.

De acuerdo con estos datos, que obviamente han podido variar entre 2022 y la actualidad, las repercusiones de la reducción de la ayuda internacional afectará con más severidad a Haití y Santa Lucía. Ambos países tendrán que realizar esfuerzos significativos para sufragar este déficit que resultará de la reducción que se pueda producir. En el tercer grupo también se deberán desarrollar estrategias de compensación, pero no en las magnitudes requeridas en los casos de Santa Lucía y Haití.

En el segundo grupo (con financiamiento externo menor al 2% del gasto total) los efectos de la reducción pueden ser significativos en programas específicos, y dependerá también de las condiciones concretas de los países, especialmente de la evolución de la economía. La atención a las asignaciones de recursos con mayor detalle también deberá ser una tarea de especial importancia en este grupo de países.

El hecho de que en la gran mayoría de los países de la región el financiamiento externo no supere el 6% del total del gasto indica que los gobiernos tienen un margen de mayor flexibilidad para la asignación de recursos dentro de los sistemas de salud. Por supuesto, esta posibilidad requiere un examen detallado de las mejores opciones para utilizar los recursos disponibles. En otras palabras, los gobiernos de la gran mayoría de los países de la región pueden ejercer gran autonomía en la determinación de las prioridades de políticas. Esto exige, en consecuencia, mayores esfuerzos por mejorar la calidad del diseño e implementación de las políticas de salud.

Es deseable que uno de los objetivos estratégicos sea la plena autonomía en la generación y utilización de los recursos para salud, especialmente cuando todas las tendencias indican que deberán ser mayores para garantizar la atención de población creciente con alta proporción de adultos mayores, y en contextos de aumentos de costos ligados al desarrollo de nuevas tecnologías para el diagnóstico y tratamiento. Es bastante claro que no es solamente un problema de la cantidad de recursos disponibles.

Politemas, Tal Cual, 12 de noviembre de 2025

Mejor protección social para tener mejores empleos

Una tendencia, más predominante que lo deseable, propone que la protección social es el resultado de tener empleos de calidad. La lógica de esta tendencia se fundamenta en la generación de recursos que traen consigo esos empleos de calidad. Las mayores remuneraciones se reflejan en mayor capacidad para pagar contribuciones de trabajadores y empleadores. Y entonces, con esas contribuciones el Estado puede garantizar la cobertura de la protección social.

Desde esta perspectiva, es tarea del sector privado promover esos empleos de calidad (es decir, formales) a través de las inversiones respectivas, sean con fondos propios (de los empresarios) o con el acceso a créditos en el sector financiero. Y el rol de Estado es encargarse de la gestión adecuada de los servicios de protección social.

La realidad demuestra tercamente que esa lógica no funciona. En América Latina, por ejemplo, lo que predomina es la informalidad, es decir, empleos de la menor calidad. Según una publicación reciente de la OECD, en 15 países de la región (sobre un total de 19 incluidos en el análisis) la proporción de empleos informales es superior al 50% del total de empleos. En Haití, Bolivia, Guatemala, Honduras, y Nicaragua, la proporción de empleos informarles es superior al 80%. Solo en Uruguay y Chile esta proporción es menor a 30%.

La publicación señalada se une a las propuestas ya abundantes en la experiencia comparada que argumentan la necesidad de invertir los factores. Esto es, que la implementación de mejores sistemas de protección social es una vía más efectiva para la creación de mejores empleos.

La razón es bastante clara. Los costos de creación de empleos (por los aportes que deben hacer las empresas a los organismos de seguridad social), reducen la posibilidad de que se puedan hacer las inversiones que produzcan nuevos empleos. Tan sencillo como eso. Lo que procede es más bien flexibilizar los mecanismos para crear empleos, es decir, eliminar los pagos a la seguridad social por parte de trabajadores y empresas. El incentivo de las empresas es que esos nuevos empleos formen parte del círculo virtuoso de creación de riqueza.

Ahora bien, si se reducen estos costos a las empresas y trabajadores, ¿cuál sería la forma de financiar los servicios de protección (por ejemplo, pensiones, beneficios por incapacidad, salud, entre otros)? La propuesta reiterada en la publicación de OECD se basa en dos reformas fundamentales. La primera es eliminar la división de la protección social entre trabajadores informales y formales. Esto significa que toda la población tendría los mismos derechos de protección social (independientemente de su condición laboral).

La segunda reforma, consecutiva de la anterior, consiste en definir que la fuente para financiar la protección social universal se deriva de los ingresos fiscales, esto es, de los impuestos generales que se recaudan todos los años en los niveles nacionales de los países. Es a partir del conjunto de estos impuestos que se pueden financiar y programar los servicios de protección social en el tiempo. Esto repercutiría en una mayor flexibilidad de las empresas para crear más empleos formales.

Estas reformas tienen considerables restricciones en los países. En primer lugar, porque son mecanismos que promueven la inclusión en sociedades muy segmentadas como las de América Latina. En la práctica esto significaría la reformulación de los acuerdos sociales, muchos de ellos con siglos de evolución. Y la segunda gran restricción es la dificultad de acordar sobre los medios y lapsos para financiar la protección social en sociedades que envejecen a un paso acelerado. Estas dos reformas, en la práctica, constituyen la prueba más exigente para los liderazgos políticos de la región en las próximas décadas. Lamentablemente, no hay muchos indicios de que estos temas estén en la agenda del futuro en la región. Lamentablemente, hay que insistir.

Politemas, Tal Cual, 6 de noviembre de 2025

La carga de enfermedad en América Latina y el Caribe

La carga de enfermedad es una medida del efecto que tienen distintas afecciones en la salud de las personas. Se define a partir de la mortalidad que se hubiera podido evitar (mortalidad prematura) combinada con los años de discapacidad que ocasionan estas afecciones. La carga de enfermedad se expresa en años de discapacidad (DALYs, por sus siglas en inglés). A partir de esta información se pueden diseñar las políticas de salud que permitan evitar la mortalidad prematura y reducir el efecto de las afecciones en los años de discapacidad.

Obtener esta información es fundamental para los organismos encargados del diseño y seguimiento de las políticas de salud. Las deficiencias en los registros de mortalidad y morbilidad ocasionan que las estimaciones sean menos precisas, y, por ende, la efectividad de las políticas no sea la deseable. Ofrecer datos de calidad se convierte en un requisito de primer orden. Esta es la importancia de la última publicación de la revista The Lancet sobre las estimaciones de la carga de la enfermedad en el contexto global y regional en 2023.

A escala global las tres principales causas de años de discapacidad (DALYs) son: enfermedad isquémica cardíaca, accidentes cerebrovasculares, y diabetes. Las causas que han aumentado más desde 2010 son los trastornos de ansiedad, depresión, y diabetes. Las mejores más notorias se han experimentado en las enfermedades infecciosas, maternas, neonatales, y nutricionales.

América Latina y el Caribe (ALC) es una de las super-regiones analizadas en la publicación. Las cinco mayores causas de DALYs en ALC son: enfermedad isquémica cardíaca, diabetes, muertes por violencia, trastornos neonatales, y accidentes cerebrovasculares. En el ámbito de los países andinos las cinco mayores causas son: infecciones respiratorias bajas, trastornos neonatales, ansiedad, accidentes viales, y enfermedad isquémica cardíaca.

En la publicación también se presentan los factores de riesgo que condicionan estas causas de la carga de enfermedad. La reducción de estos factores de riesgo puede conllevar a su vez la disminución de la carga de enfermedad. En América Latina y el Caribe los cinco principales factores de riesgo son: alta concentración de glucosa en ayunas, alto índice de masa corporal, aumento de la presión arterial sistólica, trastornos renales, y contaminación. Los dos primeros factores han aumentado desde 2010. En los países andinos los cinco principales factores de riesgo son: alto índice de masa corporal, alta concentración de glucosa en ayunas, aumento de la presión arterial sistólica, contaminación, bajo peso al nacer y embarazos de corta duración.

A partir de estas evidencias se pueden diferenciar al menos tres tipos de estrategias para ser implementadas de acuerdo con las especificidades de cada país de la región. En primer lugar, la identificación de personas y comunidades con mayor frecuencia de riesgos cardio-metabólicos. Esto implica el diagnóstico precoz de hipertensión arterial y diabetes. En segundo plano, la identificación de las mujeres con riesgos prenatales. Y, en tercer lugar, la identificación de personas y comunidades en situación de riesgos ambientales.

Por cada una de estas estrategias se requiere que los sistemas de información sean capaces de identificar riesgos personales y colectivos, y que esos datos sean utilizados para el diseño adecuado de las intervenciones. De la capacidad para actuar en esos dos aspectos dependerá la posibilidad de disminuir efectivamente las personas en riesgo, y, consecutivamente, reducir la carga de enfermedad. La tarea por realizar es bastante evidente. Las capacidades institucionales deben estar a la altura de estas exigencias.

Politemas, Tal Cual, 30 de octubre de 2025

La brecha de innovación en América Latina

La decisión del comité para otorgar el Premio Nobel de Economía de 2025 ha puesto nuevamente en la agenda pública la importancia de la innovación. Los galardonados de este año han realizado notables contribuciones para comprender mejor la evolución de las prácticas de innovación, así como los procesos que permiten potenciarlas. La innovación es un factor clave para el crecimiento sostenido, condición a su vez del bienestar de las sociedades.

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés) publica desde hace 18 años el Índice Global de Innovación (IGI). El más reciente informe del IGI corresponde al año 2025. El IGI es el resultado de procesar múltiples indicadores en siete áreas relacionadas con las políticas de innovación, a saber: (1) instituciones, (2) capital humano e investigación, (3) infraestructura, (4) sofisticación de los mercados, (5) sofisticación de los negocios, (6) productos de conocimientos y tecnologías, y (7) productos creativos. Con la combinación de estos indicadores se calcula el índice (en el año 2025 se incluyeron datos de 139 países).

En el gráfico se muestran los valores del IGI correspondientes a los países de América Latina con información disponible (Cuba y Haití no fueron incluidos). También se muestra en el gráfico a Suiza (país con el valor más alto del IGI, 66). Se pueden apreciar tres grupos de países. En el primer grupo (de color verde en el gráfico) están los países con IGI superior a 30. Estos países son: Chile (con el valor más alto de la región), Brasil, y México.

América Latina: Índice Global de Innovación (IGI),
por países, 2025
Fuente: WIPO, IGI 2025

El segundo grupo (con IGI entre 20 y 29) está conformado por nueve países (en color azul): Uruguay, Colombia, Costa Rica, Argentina, Perú, Panamá, República Dominicana, El Salvador, y Paraguay). En el tercer grupo están los países con IGI menor a 20 (en color rojo): Bolivia, Ecuador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, y Venezuela (país con el menor IGI de la región, lugar 136 entre 139 países a escala global).

La brecha de innovación en los países de América Latina (en términos del IGI) varía entre la mitad con respecto a Suiza (en el caso de Chile), y la quinta parte (en el caso de Venezuela). Las causas de esa brecha son específicas con respecto a las condiciones de los países, pero están relacionadas con las diferencias en cada una de las áreas de indicadores que forman parte del IGI. Para superar esta brecha, que obviamente condiciona la sostenibilidad del desarrollo en todos los países, se requieren estrategias detalladas. Esto implicaría en la práctica analizar de qué manera los planes de innovación nacionales están orientados a mejorar en cada una de las áreas.

De acuerdo con el informe del IGI 2025, a escala global el crecimiento de la inversión en innovación está en el mínimo histórico, y coincide con una desaceleración en la adopción de innovación. Estos dos aspectos complican más los escenarios de progreso para América Latina. Fundamentalmente porque los esfuerzos para acortar la brecha de innovación son ahora más dependientes de las capacidades nacionales. Lo cual destaca con mayor relevancia la necesidad de acometer cambios profundos en la calidad de las políticas de innovación en la región.

Politemas, Tal Cual, 23 de octubre de 2025

Acuerdos por la productividad en América Latina y el Caribe

Nuevamente es noticia la baja productividad de América Latina y el Caribe. Se ha convertido en una tendencia crónica. Hasta el punto de que la perspectiva de que se produzca otra década perdida está bastante fundamentada. La reciente publicación de la CEPAL ilustra esta profunda crisis de productividad que experimenta la región.

Se señalan en el documento varios rasgos de esta baja productividad. En primer lugar, que la baja productividad no es un fenómeno global. En otras áreas del mundo no existe el decrecimiento de la productividad. América Latina y el Caribe es una anomalía. Desde 2017 la productividad de la región es más baja que el promedio mundial.

El segundo rasgo es la alta proporción del empleo en los sectores de menor productividad. En los sectores de menor productividad (agricultura y comercio), la proporción del empleo es superior en América Latina y el Caribe que en la Unión Europea. En general, la productividad de América Latina y el Caribe es un tercio de la que se registra en la Unión Europea. El tercer rasgo consiste en la reducción de la productividad territorial (en los 172 territorios de la región con las respectivas series de tiempo). El cuarto rasgo se expresa en la baja productividad en todos los tamaños de empresas, pero es especialmente más baja en las empresas de menor tamaño.

Desde esta perspectiva es notorio que el desarrollo sostenible es una gran ilusión si no se producen cambios en las políticas públicas que afectan la productividad. Para ello en el documento se proponen seis líneas de acción. La característica común en estas líneas es la importancia de articular acuerdos que puedan perdurar y profundizarse. Sólo a través de acuerdos amplios y sistemáticos se podrá avanzar para mejorar la productividad.

Estos seis acuerdos se requieren en las siguientes áreas: (1) en la alineación de las políticas de ciencia, tecnología e innovación con las políticas de desarrollo productivo, (2) en la gobernanza general con participación de múltiples actores (entes gubernamentales, sector privado, el mundo académico, y la sociedad civil), (3) en el fortalecimiento de las instancias rectoras y administradoras de ciencia, tecnología e innovación, (4) en la diversificación de instrumentos de apoyo financiero para la innovación, (5) en el aumento de la inversión pública y privada en ciencia, tecnología e innovación, y (6) en el aprovechamiento de oportunidades de cooperación regional y extrarregional.

Estos seis acuerdos tienen a su vez dos requisitos. El primero es la voluntad política de líderes y gobiernos. Acuerdos de esta naturaleza solo son posibles con orientaciones explícitas surgidas de amplios consensos políticos. La falta de continuidad de esta voluntad política es la primera restricción para el éxito, fundamentalmente porque estos cambios requieren tiempo y maduración institucional. La experiencia de los países exitosos en el aumento de la productividad demuestra que son transformaciones a lo largo del tiempo, nunca de corto plazo.

El segundo requisito es la constitución de espacios de políticas públicas. Esto es, rutinas institucionales, en el gobierno y en la sociedad, a través de las cuales se realiza el seguimiento de las políticas que afectan la productividad, y se proponen alternativas para mejorarlas o ampliarlas. El funcionamiento efectivo de estos espacios de políticas públicas es la mejor vía para que se concreten los compromisos políticos señalados. Las mejoras en la productividad de la región serán, en consecuencia, el resultado de la capacidad para generar acuerdos, voluntad política, y espacios funcionales de políticas públicas.

Politemas, Tal Cual, 16 de octubre de 2025

La brecha de inteligencia artificial en América Latina

La semana pasada fue publicada por CEPAL la tercera edición del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA). El propósito de este índice es contribuir con la difusión de información y el seguimiento de las políticas públicas relacionadas con los avances de la inteligencia artificial (IA). El índice se ha elaborado desde 2023. Solo dos países de la región no están incluidos: Haití y Nicaragua.

El índice es calculado a través del registro de más de cien indicadores, clasificados en tres dimensiones: (1) factores habilitantes (infraestructura digital, talento humano, datos), (2) investigación, desarrollo y adopción, y (3) gobernanza. Se señala en el reporte la heterogeneidad de la región que resulta al clasificar las específicas realidades de los países.

En el gráfico se muestran los valores del ILIA en 2025. De acuerdo con este valor, en el reporte se clasifican los países en el tres grupos. En el primer grupo están los países “pioneros” (en color verde en el gráfico). Estos países tienen un ILIA superior a 60 puntos. En el segundo grupo está los países “adoptantes” (en color azul en el gráfico) con valores de ILIA entre 35 y 60 puntos, Estos países tienen avances intermedios. El tercer grupo está conformado por los países “exploradores” (en color rojo en el gráfico) con valores de ILIA menores a 35 puntos. Tienen ecosistemas incipientes y limitada capacidad para desarrollar la inteligencia artificial.

América Latina: Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA),
por países, 2025
Fuente: CEPAL, ILIA 2025

Entre el país con el mayor puntaje de ILIA (Chile con 70,56) y el país con el menor puntaje (Venezuela con 24,65) existe una brecha de casi 50 puntos. Esta brecha se debe a diferencias notables en la capacidad para adoptar efectivas políticas públicas. En el documento se señalan diferencias con respecto a la conectividad, utilización de software abierto, disponibilidad de datos, recursos humanos especializados, capacidad de cómputo de alto rendimiento, utilización de IA generativa, utilización de IA en participación ciudadana, desempeño en investigación, implementación de estrategias nacionales de IA, sostenibilidad de industrias de centros de datos, y entornos de innovación y emprendimiento.

La brecha de adopción de la IA en América Latina es similar a la incorporación de otras tantas tecnologías. Es más bien una condición estructural. Si los entornos sociales y económicos no son favorables a la diversidad, como es el caso de América Latina, es obvio que también afecta el desarrollo de nuevas opciones tecnológicas. Es decir, el problema no es la característica de la tecnología. El problema corresponde con las bajas capacidades generales para crear valor, y asumirlo como guía de las políticas. Esto explica la carencia de espacios de políticas públicas que permitan acordar las modificaciones de esos patrones. Con el agravante de que la brecha entre países, y entre sectores de la población dentro de los países, puede aumentar, lamentablemente. Es una excelente noticia, sin embargo, que la región cuente con la metodología y datos del ILIA para diseñar políticas que permitan reducir esta significativa brecha.

Politemas, Tal Cual, 9 de octubre de 2025

Por mejores análisis para reducir la deserción escolar

Es bastante fácil decirlo: sin buenos datos no se pueden ejecutar buenas políticas públicas. Habría que añadir que los datos no son suficientes. Se requiere analizar los datos con la debida precisión. Y luego del análisis se podrán diseñar mejores políticas. El siguiente paso es realizar el seguimiento para que se ponga en práctica lo que se diseñó. Suena bastante sencillo, pero ya sabemos que las deficiencias de las políticas públicas son bastante frecuentes.

En la gran mayoría de los países de América Latina la norma es no contar con buenos datos. Los sistemas de información tienen rezago en la recolección y ordenación de la información. Fuentes como las encuestas de hogares son poco utilizadas, y su retraso en la realización se mide en ocasiones en décadas. Si ya es bastante crítica la carencia de buenos datos, mucho más lo es la escasez de buenos análisis.

Desde esta perspectiva, es bastante directo concluir que dentro de las primeras prioridades de los gobiernos debe estar actualizar, con el desarrollo tecnológico actual, los sistemas de información para la toma de decisiones. Es por ello de gran valor identificar las experiencias exitosas en la región para analizar datos. Dejando en claro que el análisis solo es posible cuando existen los datos.

Una publicación del Banco Mundial centra la atención en experiencias exitosas en América Latina en el análisis de datos para mejorar las políticas públicas. Se incluye en la publicación el caso de la reducción de la deserción escolar en Guatemala. En este país era tradicional que el 40% de la población escolar abandonara la escuela antes de llegar al noveno grado de educación.

En 2017, el Ministerio de Educación de Guatemala, con el apoyo del Banco Mundial, empezó a desarrollar la Estrategia Nacional para la Transición Exitosa (ENTRE) con el objetivo de identificar a los estudiantes que tenían mayor riesgo de abandonar la escuela al pasar de la educación primaria a la secundaria. Para ello se mejoraron los registros de las actividades de los estudiantes (datos familiares, asistencia, resultados en las pruebas, entre otros aspectos). También se creó un código de identificación para cada estudiante, de manera que se pudiera seguir su evolución, aunque se mudara de residencia. La estrategia se puso en práctica en 4.000 escuelas primarias públicas (aproximadamente el 17% de las escuelas primarias de Guatemala).

Con esta información, actualizada de manera regular, se procedió a identificar aquellos estudiantes que tenían más riesgo de abandonar la escuela. La lista con estos estudiantes era comunicada a los directores de las escuelas para que coordinaran actividades de apoyo de acuerdo con el riesgo de abandono. Para ello fue fundamental la participación de los maestros y el seguimiento de estas actividades.

En el primer año de ejecución de la estrategia (ENTRE) se redujo la deserción en 9% en las escuelas primarias seleccionadas. Este resultado demostró que la estrategia se podía ampliar a todo el país. Esta experiencia en Guatemala demuestra que es posible enfrentar relevantes problemas públicos con la combinación efectiva de datos, análisis, y adecuada implementación. Esta combinación de factores es posible también en múltiples áreas y países de la región. Es cuestión al final de que exista el compromiso político y las buenas prácticas que permitan avanzar para mejorar el impacto de las políticas públicas.

Politemas, Tal Cual, 25 de septiembre de 2025

Retos de los gobiernos en la transición verde

Los impactos del cambio climático han transformado de manera sistémica las pautas y escenarios sociales para las próximas décadas. La posibilidad de combinar el desarrollo armónico con la preservación del ambiente global se ha convertido en un requisito de la viabilidad de las políticas públicas. Una reciente publicación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) profundiza en los retos que deben afrontar los gobiernos para garantizar que la transición verde pueda realizarse en las mejores condiciones para los países.

Se distinguen en el documento tres frentes que deben considerarse para examinar las alternativas para encarar la transición verde. En el primer frente se identifica la importancia de que los gobiernos aumenten los canales de comunicación con los ciudadanos. Se reporta que en los países de la OCDE sólo el 30% de la población indica que puede expresarse dentro del sistema político.

El segundo frente corresponde con la falta de credibilidad de los ciudadanos con respecto a la capacidad de los gobiernos para satisfacer la seguridad ante los cambios sociales y económicos. Casi el 60% de las personas en los países de la OCDE indica que la inflación es una de las tres preocupaciones más importantes. Poco menos del 40% de las personas cree que los gobiernos pueden balancear adecuadamente las necesidades de diferentes generaciones. La valoración de la calidad de los servidores públicos ha permanecido sin variaciones desde 2014.

En el tercer frente se encuentran las opciones para mejorar la eficiencia de los gobiernos. Entre ellas se destacan las revisiones de los gastos públicos, la introducción de mejoras de desempeño a partir de la utilización de aplicaciones digitales y bases de datos de acceso libre, y la optimización de los sistemas de procura (casi el 13% del PIB de los países de la OCDE requiere procedimientos de procura en el ámbito público).

La implementación de nuevos mecanismos para actuar efectivamente en estos tres frentes puede facilitar la transición verde. Más de la mitad de los países de la OCDE (18 de 37) han establecido instancias independientes para monitorear el progreso en la transición verde. Sin embargo, en muchos casos los roles de estas instancias independientes no están bien definidos. Sólo 11 países de la OCDE han desarrollado metodologías para medir el impacto ambiental de los sistemas de procura verde. Sólo 7 países realizan evaluaciones ex post para conocer el grado de alineación del impacto ambiental con los estándares de sostenibilidad nacional e internacional.

El reporte señalado evidencia las brechas de gestión gubernamental para avanzar en la transición verde. Estas brechas son seguramente mucho mayores en los países de menor desarrollo institucional y de políticas públicas. La tardanza en disminuir estas brechas multiplicará los efectos negativos en la afectación de personas y ambientes en regiones como América Latina y el Caribe. Mientras no se fortalezca la institucionalidad para las políticas de transición verde se afectarán negativamente múltiples servicios públicos. Examinar la calidad de las políticas de transición verde se convierte en un tema crucial para el presente y futuro de la región.

Politemas, Tal Cual, 18 de septiembre de 2025

América Latina y el Caribe: de aprender a innovar

En un estudio del Banco Mundial publicado recientemente (“Recuperar el siglo perdido de crecimiento: Hacia economías de aprendizaje en América Latina y el Caribe”) se analizan las notables restricciones que tiene la región para crecer, y, por ende, para crear empleos de calidad y progresar. En el análisis se destaca que la brecha de crecimiento con respecto a otras regiones del mundo no se mide en décadas, sino en períodos más largos. Por eso se indica en el título: “el siglo perdido”.

La causa de esta brecha, según se explica en el estudio, radica en el “frustrado proceso de conversión en economías de aprendizaje” que ha experimentado la región. De allí que entonces se propongan alternativas para que los países se conviertan en economías de aprendizaje. Y si ello ocurriera, se produciría la transformación en el bienestar.

Desde otra perspectiva se puede argumentar que el aprendizaje es más bien un paso inicial de esa transformación. El ejemplo de Japón lo puede ilustrar. El inicio del proceso que llevó a Japón a convertirse en la sociedad de mayor complejidad económica en las últimas décadas (según el Índice de Complejidad Económica, ICE, de la Universidad de Harvard), estuvo basado en aprender cómo otros países producían. La imitación de tales procesos tuvo sus beneficios.

Pero luego de aprender, Japón se propuso identificar nuevas modalidades de producción que permitieran crear más y mejores bienes y servicios. Y para ello se requería invertir en ciencia y fomento de la tecnología. Solo después de cumplidas estas etapas fue posible el mayor salto, esto es, crear innovaciones que permitieran promover un círculo virtuoso de nuevos conocimientos para las siguientes innovaciones. Esta secuencia de políticas públicas ha sido imitada por otros países, como por ejemplo, Singapur (en 2023 el primer país del mundo en ICE), y Corea del Sur (el quinto país en ICE en el mismo año).

Se pueden identificar al menos cuatro etapas que pueden transitar los países en el progreso hacia “economías de innovación” más que “economías de aprendizaje”. En la primera etapa es fundamental el examen de las posibilidades productivas tomando en cuenta los condicionantes culturales, geográficos, políticos, y sociales. De este primer examen surgirán prioridades de desarrollo productivo. En la segunda etapa, se deben poner en marcha las mejoras de aprendizaje que van en paralelo con el aumento de la cobertura y calidad del sistema educativo, y con la promoción de un clima favorable al desarrollo de empresas y emprendimientos.

La tercera etapa se caracteriza por la identificación de las prioridades para la generación de conocimiento nuevo que permita crear mejores alternativas a las existentes (que ya fueron aprendidas). Para ello se requiere el fortalecimiento de la capacidad de investigación tanto en universidades como empresas, con recursos públicos y privados asignados sistemáticamente a estas tareas. La sociedad será más capaz de crear nuevos conocimientos para problemas locales o globales.

En la cuarta etapa se debe producir la sinergia de gobiernos, empresas, universidades, centros de investigación, para fortalecer ahora el paso de creación de conocimientos a utilización de conocimientos para que aumente a su vez el valor de los bienes y servicios. Esto es lo que se conoce como la conformación de “sistemas nacionales de innovación”. Los países con sistemas nacionales de innovación más avanzados son aquellos que cuentan con el círculo virtuoso de “más conocimientos para tener más innovación”. Estas innovaciones son las que traerán mayor bienestar a los ciudadanos de estos países.

En consecuencia, la brecha más relevante a tomar cuenta es la de innovación. Sí, es cierto, que en América Latina y el Caribe existe una brecha de aprendizaje. Pero no es suficiente superar la brecha de aprendizaje. Se requiere apuntar más alto. Se trata de acortar la brecha de innovación, que es otra forma de decir, crear más valor en lo que se produce. La meta es más compleja y exigente. Se trata de avanzar por todas las vías hacia economías de innovación, vale decir, hacia sociedades de innovación. De allí que la secuencia exitosa de las cuatro etapas señaladas constituye una prioridad de la mayor relevancia para América Latina y el Caribe.

Politemas, Tal Cual, 11 de septiembre de 2025

El programa de gobierno ideal para Bolivia

El próximo 19 de octubre se realizará la segunda vuelta para la elección del presidente de Bolivia. En la primera vuelta, los dos candidatos con las mayores votaciones (Rodrigo Paz y Jorge Quiroga) sumaron casi el 59% de los votos. Se puede presumir que en la segunda vuelta estos dos candidatos mantienen el voto de estos electores, y deberán ganarse el apoyo del 41% de los electores que no votó por ninguno de los dos.

El centro de la campaña electoral para la segunda vuelta es la elaboración de argumentos que permitan ganar el apoyo de los votantes. De allí que el programa de gobierno, es decir, la oferta para los electores, puede jugar un rol en la decisión final. En general, las preferencias electorales pueden estar definidas mucho antes de que los candidatos presenten sus programas. El porcentaje de la población que decide el voto exclusivamente por el programa de gobierno puede ser reducido.

El programa de gobierno, sin embargo, tiene otras connotaciones de relevancia. Por una parte, es una guía de los contenidos que los candidatos presentarán con insistencia en la campaña electoral. Y, además, es una referencia para identificar los rasgos del gobierno que puede presidir cada uno de los candidatos. Obviamente, luego de la elección pueden cambiar las prioridades del programa, pero ello debería ameritar una explicación especial, por los efectos que tiene en la confianza de los electores.

Por estas razones es importante identificar los marcos de referencia y las prioridades que contienen los programas de gobierno. Un buen punto de partida para esta identificación es conocer lo que se propone sobre la calidad de la democracia, y sobre la orientación general del desarrollo. Este enfoque vale para todos los países.

La calidad de la democracia debería ser la referencia inicial en un programa de gobierno. Fundamentalmente porque la efectividad de las políticas públicas está asociada estrechamente a la vigencia de una democracia plena. Solo en condiciones de amplia democracia es posible introducir y utilizar mecanismos que promuevan la participación de los sectores sociales para mejorar las políticas públicas. En otras palabras, la ausencia de democracia es sinónimo del bajo desempeño de las políticas públicas. Veamos entonces cuál es el desempeño de la democracia en Bolivia.

En el Gráfico 1 se muestra la evolución del Índice de Democracia Liberal (IDL) de Bolivia entre 1980 y 2024, según las estimaciones del proyecto Variedades de Democracia (V-Dem). También se incluye en el gráfico la evolución del IDL de Dinamarca (país del mundo con mayor IDL), y Costa Rica (país de América Latina con mayor IDL). Luego de un valor máximo del IDL en 2004, Bolivia ha experimentado una notable disminución de la calidad de la democracia. En 2024 el valor del IDL fue la mitad del que se estimó en 2004.

Gráfico 1
Bolivia: Índice de Democracia Liberal. IDL, 1980-2024
Fuente: Variedades de Democracia (V-dem)

El segundo aspecto a considerar, la orientación general del desarrollo, se puede evidenciar a través del Índice de Complejidad Económica (ICE) elaborado por la Universidad de Harvard. Este índice es negativo cuando el país tiene menos capacidades para generar riqueza que el promedio de los países. En el Gráfico 2 se puede apreciar que Bolivia ocupa el lugar 131 de 145 países (Chad es el país con menor ICE). Las brechas con respecto al país del mundo con mayor ICE (Singapur) y el país de América Latina con mayor ICE (México) ilustran las grandes restricciones del desarrollo de Bolivia para crear riqueza. En el último cuarto de siglo Bolivia ha descendido casi 50 puestos en el ICE.

Gráfico 2
Bolivia: Índice de Complejidad Económica (ICE), 1995-2023
Fuente: Atlas de Complejidad Económica, Universidad de Harvard

Tal como se puede apreciar, Bolivia confronta grandes retos para mejorar la democracia y la orientación general del desarrollo. Ambos retos deberían estar expresados en los programas de gobierno de los candidatos para la segunda vuelta, tal como están disponibles en el sitio web del Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia. Sin embargo, en ninguno de los programas se consideran estos grandes problemas. En el programa del candidato Rodrigo Paz no se menciona ni una sola vez la palabra “democracia”. En el programa del candidato Jorge Quiroga se incluyen medidas para mejorar la democracia dentro de un conjunto más amplio de prioridades. En los dos programas no aparecen ni una sola vez consideraciones estratégicas sobre diversificación productiva, competitividad, y productividad.

La toma de posesión del próximo presidente de Bolivia se realizará el próximo 8 de noviembre. Lo que se puede anticipar es que en la agenda de trabajo no aparecerán de manera destacada las prioridades para enfrentar las restricciones en la calidad de la democracia y en la orientación general del desarrollo. Asumiendo que aquello que no se considera como objetivo es muy difícil que se pueda alcanzar, es bastante factible que las políticas públicas que requiere Bolivia para superar estas restricciones no serán diseñadas. Los programas de gobierno lo dejan lamentablemente bastante explícito.

Politemas, Tal Cual, 3 de septiembre de 2025

Lecciones de liderazgo en el Plan de Barranquilla

Ninguno de ellos podía imaginarse lo que vendría después de firmar el documento. Algo que tenían en común los doce firmantes era la incertidumbre. Para empezar, estaban en un país extraño, peor aún, eran exiliados. Habían coincidido en Barranquilla, como lo explica Manuel Caballero, porque era una ciudad caribeña, más parecida a las ciudades del oriente de Venezuela, alejada de la fría Bogotá. También era más barata, especialmente para muchos de ellos que habían salido al exilio sin mayores medios para mantenerse, huyendo de la persecución gomecista, dejando atrás su universidad.

Era el 22 de marzo de 1931. Luego de varios meses de reflexiones y discusiones habían concluido el “Plan de Barranquilla”. Los doce firmantes eran: Rómulo Betancourt, Pedro A. Juliac, P. J. Rodríguez Berroeta, Mario Plaza Ponte, Valmore Rodríguez, Simón Betancourt, Raúl Leoni V., Ricardo Montilla, Juan J. Palacios, Carlos Peña Uslar, César Camejo, y Raf. Angel Castillo. Desde ese día sus nombres quedaron unidos en el proceso político venezolano. Cinco de ellos (Rómulo Betancourt, Leoni, Rodríguez, Montilla, y Camejo) participarán en la creación de Acción Democrática en 1941. Rómulo Betancourt y Raúl Leoni serán presidentes de la república por elección popular a partir del retorno a la democracia en 1958.

El Plan de Barranquilla es al mismo tiempo el cierre de un ciclo y el comienzo de otro. Muchos de ellos no habían cumplido veinticinco años. Ha debido ser una de las etapas de su vida, quizás la más intensa, en la cual tuvieron que madurar con rapidez, para seguir el paso de la dinámica que estaban viviendo. Tuvieron que construir una visión compartida para lo cual solo se tenían a ellos y los recursos que pudieran sumar: sus talentos, sus deseos de cambiar el país. Según Caballero, el único vicio “que profesan como posesos, es la política”.

Mirado con la perspectiva de lo transcurrido desde 1931 en la historia de Venezuela, la elaboración del Plan de Barranquilla constituye, sin dudas, un esfuerzo relevante de reflexión y praxis política. Fue realizado por representantes de la generación del 28 que marcarían la vida del país por el resto del siglo XX. En la génesis del Plan de Barranquilla se sucedieron prácticas que constituyen referencias para la institucionalidad política de los países. Examinar las lecciones que ofrece esta experiencia puede ser de utilidad en todos aquellos contextos en los cuales se promueva la plena vigencia de la democracia.

La primera lección está vinculada con la necesidad que tenía el grupo de reflexionar sobre la coyuntura y el futuro de Venezuela. Luego de la Semana del Estudiante de 1928 y los intentos insurreccionales que se sucedieron, era importante revisar lo realizado, identificar avances, y examinar la situación de la autocracia gomecista. Era oportuno hacer un alto en el camino y reflexionar con la mayor profundidad posible. Ayudaba que todos ellos estaban familiarizados, por lectura y discusiones, con los sucesos internacionales de la época. Algunos de ellos obtenían recursos a través de un boletín jurídico que habían empezado a publicar.

La reflexión necesaria requería un marco de referencia. Es decir, una perspectiva que diera sentido a los elementos de la reflexión. El grupo opta por la perspectiva que ofrece el análisis marxista. Manuel Caballero considera que el Plan de Barranquilla es “el primer ensayo venezolano de historiografía marxista”. Independientemente de que se considere adecuada la valoración del análisis marxista, la segunda lección consiste en la importancia de conformar una perspectiva común que permitiera integrar realidades, e identificar aquellos aspectos que estuvieran fuera de ese marco de referencia. Lo notable de este proceso es que lo realizan jóvenes con formación universitaria incompleta, guiados por las interpretaciones que construían a través del intercambio y el estudio sistemático.

Una reflexión de estas dimensiones, realizada con la perspectiva acordada, debía ser convertida en fundamento para la acción. De allí que la noción de “plan” era una forma pertinente de expresar la utilidad de la reflexión. En algún momento de este proceso han debido concluir que debían acordar un plan. Comenta Caballero que, aunque Rómulo Betancourt era el líder consolidado del grupo, este proceso de elaboración del plan se hizo a “varias manos”. La tercera lección está relacionada con la inversión en trabajo en equipo, coordinación, construcción de consensos, que ha debido suponer la elaboración del Plan de Barranquilla. La depuración de las ideas confluyó en el texto asumido por todos los miembros del grupo.

Ahora bien, una cosa es contar con una visión general o interpretación de la realidad de Venezuela que se articule como plan, y otra muy distinta es identificar las propuestas específicas que le daban direccionalidad al documento. Era necesario proponer las características que debía tener el gobierno que sucediera a la autocracia gomecista. Por esa razón se incorpora en la parte final del documento la sección del “programa”. Esta es la cuarta lección, el plan (la visión general) requiere un programa (definido como “mínimo”). Son ocho propuestas. La primera de ellas, que ya había sido expresada a finales de 1930 por tres miembros del grupo (Rómulo Betancourt, Leoni, y Montilla), era “hombres civiles al manejo de la cosa pública”. Luego se sucedían propuestas para garantizar la libertad de expresión, la confiscación de los bienes de la élite de la autocracia, la investigación de los delitos del despotismo, la protección de las “clases productoras”, la “desanalfabetización” de las masas obreras y campesinas, la revisión de contratos y concesiones, y la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Todas estas propuestas empezarán a formar parte de muchos de los programas que se sucedieron a partir de la muerte de Gómez. La Asamblea Constituyente propuesta se terminará eligiendo en 1946 para elaborar la Constitución aprobada en 1947.

Luego del plan y el programa, en el último párrafo del Plan de Barranquilla, escrito a mano, se señala que los que suscriben el plan se comprometen a luchar por las reivindicaciones que contiene y a “ingresar como militantes activos en el partido político que se organizará dentro del país sobre sus bases”. Es la quinta lección: el partido es el medio (no el fin) para llevar a cabo el plan y el programa. Primero el plan y el programa, luego el partido, no al revés. El partido se llamará Agrupación Revolucionaria de Izquierda (ARDI), antecesor de muchos de los partidos surgidos a partir de 1936. El texto del plan será ratificado después por otros líderes políticos dentro y fuera de Venezuela.

El impacto del Plan de Barranquilla, por los efectos que tuvo en el pensamiento político venezolano, se fundamentó en la secuencia de esas cinco lecciones: reflexión sobre la realidad, elaboración del marco de referencia, visión de plan, programa de transformaciones, y creación del partido. No se imaginaron los doce firmantes que a casi cien años de haber elaborado ese documento las rutinas que ellos siguieron con disciplina y pasión permanezcan como referencia para la acción política que conlleva desarrollar democracias plenas. Todo eso lo hicieron en las orillas del Caribe, en la inolvidable Barranquilla.

Politemas, Tal Cual, 13 de agosto de 2025