El aumento en la utilización de la inteligencia artificial es un fenómeno global y transversal. Se desarrolla en todos los contextos geográficos y políticos, y también en la gran diversidad de las actividades humanas. En todos los espacios sociales la inteligencia artificial se aplica cada día más y con múltiples expresiones.
La gestión de los gobiernos es un ámbito privilegiado para la utilización de la inteligencia artificial. Las posibilidades que brinda para mejorar la provisión de servicios y la calidad de las decisiones públicas son significativas. Este es justamente el tema de una reciente publicación de la OECD. Dada la masiva expansión de la inteligencia en la ejecución de funciones de los gobiernos, la publicación sistematiza los hallazgos de 200 casos de estudio en países de la OECD.
Se indica en el documento que las áreas en las cuales se aprecia la mayor utilización de la inteligencia artificial son los servicios públicos, la administración de justicia, y la participación ciudadana Las áreas en las cuales se utiliza relativamente menos la inteligencia artificial son la evaluación de políticas, la administración de impuestos, y la reforma de los servicios civiles. Se resalta que la inteligencia artificial es de especial utilidad en la gestión pública que requiere la coordinación de múltiples trámites.
También se refleja en el documento que la inteligencia artificial es menos aplicada en aquellas tareas relacionadas con el seguimiento de la acción de los gobiernos. Este hallazgo puede resultar llamativo dada la potencialidad que tiene la inteligencia artificial para manejar inmensas cantidades de información. Sin embargo, visto en detalle, no resulta tan contradictorio.
El seguimiento de los gobiernos es una actividad de gran complejidad. El requisito fundamental del seguimiento es que exista la explicitación detallada de objetivos y medios, y, especialmente, las vinculaciones entre ellos. Y esta actividad requiere dos procesos que son bastante infrecuentes en la gestión pública: la conceptualización de problemas públicos y, consecutivamente, de políticas públicas, y la coordinación de múltiples ámbitos de acción. Estos procesos requieren equipos humanos con las competencias adecuadas y la información sistematizada que permita realizar el seguimiento. Dado lo infrecuente que resultan estos procesos, no es de extrañar que no existan las condiciones para que la inteligencia artificial pueda ser incorporada.
La tendencia actual es que el uso de la inteligencia artificial aumente mucho más en la gestión de los gobiernos. Se alerta en el documento sobre dos aspectos relevantes. En primer lugar, sobre la mala utilización de la inteligencia artificial que afecte la vigencia de los derechos humanos y la transparencia. Y, en segundo lugar, sobre las limitadas capacidades de los gobiernos para adoptar de manera holística las aplicaciones de inteligencia artificial. Esta dificultad para la adopción aumentará la brecha con respecto a lo que suceda en los ámbitos privados.
La inteligencia artificial, como toda innovación, es al final de cuentas un medio. Las competencias del usuario determinarán el provecho que se pueda obtener de la utilización de la innovación. Sucede que la formación del usuario es un proceso previo, o paralelo, a la utilización de la innovación. Este proceso debe ser sistemático si se pretende que sea más efectivo. El problema que se plantea para el desarrollo de la inteligencia artificial en los gobiernos es que existe una brecha inicial de competencias para el diseño e implementación de políticas públicas. Superar esta brecha es prácticamente una precondición para que la adopción de la inteligencia artificial sea efectiva. Dicho de otro modo, sin enfrentar la reducción de esta brecha de competencias no será posible tener gobiernos exitosos en la aplicación de la inteligencia artificial. Tendremos gobiernos con inteligencia artificial que seguirán siendo inefectivos.
Politemas, Tal Cual, 27 de noviembre de 2025
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