El deterioro de las condiciones sociales es marcado y sistemático. No puede ser de otra manera. Una economía en el tercer año seguido de recesión, con la inflación más alta del mundo por cuarto año en fila, solo puede tener consecuencias negativas para los servicios sociales. Y esto es justamente lo que está sucediendo. El efecto de la crisis es absoluto, especialmente en aquellas áreas de máxima prioridad para la conservación y protección de las condiciones de las personas, como son la nutrición, la educación y la salud.
Una caída de las magnitudes señaladas afecta con especial intensidad a la inversión pública. Ya sabemos que los servicios sociales requieren cantidades significativas de recursos, al igual que los procesos que garanticen la mayor calidad. Para estimar las consecuencias actuales de la crisis económica en la salud, deberíamos contar con la información básica. Sin embargo, las fuentes oficiales no están disponibles. El último año con información de mortalidad es 2012. El registro de los casos de las enfermedades notificables no está disponible desde mediados del año pasado (casi 10 meses de retraso). Tampoco se dispone de registros del desempeño de los servicios, y mucho menos de las condiciones de salud exploradas por encuestas de hogares.
A pesar de lo anterior, es posible plantear algunas tendencias en la evolución de algunos indicadores. Si la tasa de mortalidad infantil estaba prácticamente estancada en 2012, lo más probable es que la caída de la inversión pública repercuta en la atención de los niños, especialmente aquellos que han nacido en condiciones adversas tales como no tener adecuado control prenatal o atención del parto de calidad. Esto puede significar un aumento de la brecha con respecto a los países de la Región. En el caso de la mortalidad materna, el deterioro es aún mayor. La razón de mortalidad materna ha retrocedido a la cifra de 1975. Las coberturas de inmunizaciones como el sarampión, triple, polio, se encuentran entre las más bajas de América. Si a ello sumamos las distintas epidemias que afectan al país, todas ellas con los peores récords históricos, es bastante evidente que en lo que se refiere a las actividades de prevención y control el país atraviesa una crisis de grandes proporciones.
El desempeño del sistema de salud se agrava al considerar la atención de las enfermedades crónicas. Más de dos tercios de las personas con hipertensión arterial o diabetes, no saben que tienen la enfermedad. Y muchos de los que están diagnosticados no pueden adquirir los medicamentos esenciales para el control. Más de la mitad de la población no cuenta con cobertura de seguros, y el gasto del gobierno es uno de los más bajos de América (sólo superando a Guatemala y Haití). De hecho, Venezuela tiene el gasto de bolsillo más grande de América, con lo cual queda en evidencia la privatización del financiamiento de la salud de mayor proporción en la Región en lo que va del Siglo XXI.
El escenario hiperinflacionario que confronta el país no hará sino complicar más lo señalado. Cada día que pase sin las medidas adecuadas para que el país pueda avanzar por una notable transformación económica, no hace sino agravar la situación. La salud de los venezolanos está en las peores condiciones. Los resultados de esta larga gestión son evidentes. Suficiente motivo para cesar por los medios constitucionales disponibles a la peor gestión de gobierno en la historia del país.
Politemas, Tal Cual, 11 de mayo de 2016
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