Gobierno armado, pueblo indefenso

El número desconcierta. Las dimensiones son difíciles de precisar a primera vista. La noticia indica que el gobierno venezolano ha comprado armas por un valor de 15.000 millones de dólares en los últimos años. Peor aún, se destaca que tal cifra pudiera ser el doble. Es decir, el equivalente al total de las reservas internacionales del país.

La noticia incluye el análisis que se hace en América Latina y en Estados Unidos sobre tal magnitud de compras de armas. Se señala que tales compras se han realizado de manera improvisada y en contravención de los mecanismos de transparencia que deben regir la asignación de recursos públicos. El corolario está asociado con los efectos que tales acciones tienen en nuestros vecinos y el estímulo a la adquisición de armas en la región.

Para un país como el nuestro, donde los más elementales criterios de bienestar son menospreciados diariamente por la gestión del gobierno, es verdaderamente dramático que tal cantidad de recursos vaya a parar en manos de los fabricantes de armas. Peor aún es la posibilidad de que muchas de estas armas sean transferidas a enemigos de la institucionalidad democrática, estén dentro o fuera del país.

Ya todo lo anterior sería suficiente para iniciar una averiguación sobre la compra de armas realizada por esta administración durante estos doce años. El país debe conocer la forma en que se han utilizado recursos que deben estar dirigidos a mejorar la calidad de vida, no a proseguir una carrera desenfrenada por armar al gobierno en desmedro de los intereses de todos los venezolanos.

La cifra en cuestión, 15.000 millones de dólares, representa la tercera parte de todos los recursos del gobierno central en el año 2011. Y también significa seis veces el presupuesto de defensa, casi tres veces el presupuesto de educación. Con tal cantidad de recursos se podría financiar los gastos de salud de la administración central por casi cinco años. Y los de energía eléctrica por casi diez años. Toda esa cantidad equivale a dos veces el monto del situado constitucional del año en curso. Sencillamente increíble.

Estas compras de armas apuntan claramente a diferentes objetivos que los sostenidos por la gran mayoría de los venezolanos. Anteponen los intereses de las élites compradoras y vendedoras de armas a los reales problemas de los ciudadanos. Contribuyen a reforzar la idea en el actual gobierno de que es necesario defenderse de supuestos enemigos externos. Pero lo más grave es que el uso reiterado de tal cantidad de recursos para conseguir armas, es demostrativo de que la inversión en el mejoramiento de las condiciones concretas de los venezolanos no es realmente el centro de la acción del gobierno. Es un gobierno armado en medio de un pueblo indefenso, empobrecido. Es una afrenta al porvenir de todos.

Politemas, Tal Cual, 23 de marzo de 2011

Presidente sin jóvenes

La verdad es que se hubiera podido esperar mucho más. Después de 12 años de gobierno y su supuesta “conexión” con el electorado, fue bastante evidente la falta de creatividad que mostró el Presidente el pasado viernes. Las demandas crecientes del sector estudiantil, especialmente el vinculado con las universidades públicas, dejó al primer mandatario fuera de base.

Lo “mejor” que se le ocurrió al Presidente fue anunciar la creación de un “Ministerio para la Juventud y para los Estudiantes”. Luego dijo una frase que transmite mucha originalidad: “sin juventud no habría patria”. Mucho tiempo sin oír algo tan novedoso. Y con esa propuesta, consideró que el mandado estaba hecho. El regreso de los jóvenes al campo del oficialismo es cuestión de días, al menos eso es lo que parece pensar el Presidente.

Nada más alejado de la realidad. El Presidente debería tomar en cuenta que ya se acerca a los sesenta años. Y lo que es más evidente, que ha ejercido el gobierno en los últimos doce años. Muchos de los jóvenes que tienen ahora un poco más de veinte años sólo han conocido un presidente: el actual. Y esa imagen tiene referentes concretos. Las principales demandas de los jóvenes venezolanos son justamente aquellas que este gobierno ha sido más incapaz en cumplir: seguridad y empleos.

Los jóvenes venezolanos son los más afectados por la violencia en América Latina. La tasa de homicidios es la más alta de la región, y los homicidas se encuentran justamente, de manera predominante, en ese grupo de edad. Eso lo saben los jóvenes venezolanos que sufren las consecuencias de la violencia, en todos los estratos sociales, pero especialmente en los sectores más pobres, esos en los cuales ya el actual gobierno es un “periódico de ayer”. Nada nuevo que ofrecer, todo lo obsoleto que se pueda imaginar.

Y si se trata de empleos, el actual gobierno se ha convertido en la primera causa de frustración de los jóvenes venezolanos. No solamente por la aniquilación de fuentes de trabajo en el país, sino por el estímulo que ha significado para que muchos jóvenes, cientos de miles para ser exactos, contemplen el futuro en otros países diferentes de Venezuela. En realidad, el presidente Chávez, con su lenguaje ofensivo y desconsiderado, así como con las políticas de su gobierno, se ha convertido en la principal causa de la migración forzosa de nuestros recursos humanos más jóvenes. Y para remate, con sus pretensiones de “mandar para siempre” no ha hecho otra cosa que agravar lo anterior.

Este presidente es el mismo que ahora ofrece un escuálido ministerio. Como una promesa completamente fuera de contexto, alejada de las reales necesidades de la juventud del país. El viernes pasado el Presidente perdió todo resto de conexión con la mayoría abrumadora de los jóvenes venezolanos.

Politemas, Tal Cual, 16 de marzo de 2011

La Venezuela del hambre

Grande tiene que ser la desconexión entre el presidente Chávez y la realidad del país. Inmensa, puede decirse. Lo suficiente para que haya dicho, sin mayor desparpajo, que en Venezuela no hay hambre. También cabe que haya lanzado la mentira para distraer, para transmitir la falsa creencia.

Lo cierto del caso es que la frase fue muy clara. Según el Presidente, en Venezuela sencillamente no hay hambre. Cree que el hambre sube en todas partes, pero no acá en el país. Señala que la alimentación es “sagrada”. El juicio anterior, por supuesto, se hace sin ninguna evidencia, no hay fuentes, ni datos. Simplemente lo dice el Presidente y todos lo deben aceptar.

Lo primero que llama la atención es que las fuentes de información sobre el tema ya no están disponibles. Desaparecieron de la web. De hecho, los últimos datos oficiales corresponden al año 2007. “Nada más” un retraso de casi cuatro años. Por otro lado, las pocas fuentes disponibles son contradictorias. Hace poco más de un año, el propio gobierno reconocía que existía un déficit nutricional que afectaba al 3,7% de la población de menores de cinco años. Y citaban que la fuente era el Instituto Nacional de Nutrición. Y para ello señalaban que el indicador seleccionado para la comparación era el peso para la edad de los niños.

Lo cierto del caso es que tal indicador no es el más adecuado para medir la desnutrición. Se utiliza especialmente para los niños menores de un año. Para remate, las cifras que se encuentran en los informes oficiales del INN de 2007 (últimas disponibles) son muy diferentes a las señaladas con insistencia por parte del gobierno. El déficit es casi tres veces más, exactamente 11,2% en los menores de dos años. En el caso de la desnutrición crónica, la que ha dejado ya efectos en la talla de los niños, alcanza al 30% de los que se tienen entre 7 y 14 años.

Es obvio que la Venezuela del hambre no tiene cabida en la realidad del Presidente. Probablemente para escapar de ella se acude a la exageración y al invento. Por supuesto eso no resuelve para nada las condiciones concretas de millones de niños venezolanos que están en situación de déficit nutricional. Y más grave aún es que las últimas cifras disponibles sean las de 2007. No hay forma de conocer al día de hoy cómo ha evolucionado este problema.

Las consecuencias son más que evidentes. El rendimiento de nuestros estudiantes está claramente condicionado por la disponibilidad de alimentos. Cuando no existen en el hogar, es deber del gobierno facilitarlo en las escuelas. De lo contrario se estimula la deserción escolar y se incrementa la desigualdad de oportunidades. Todo esto es lejano a los responsables de la política del gobierno en esta materia. Inaceptable en un país que recibirá este año más de 70.000 millones de dólares en ingresos por venta de barriles de petróleo.

Politemas, Tal Cual, 26 de octubre de 2011

Sitiados por el narcotráfico

En menos de 24 horas, dos declaraciones de responsables ejecutivos han llamado la atención sobre los efectos del narcotráfico en las sociedades de América Latina. El presidente de Perú, Alan García, señaló que la falta de atención al narcotráfico ha ocasionado la creciente presencia de mafias de la droga en su país. Perú, junto con Colombia y Bolivia, producen, según Naciones Unidad, la totalidad de la cocaína que se consume en el mundo. El gobernador de Nueva Esparta, Morel Rodríguez, advirtió también que si no se toman medidas en Venezuela, podríamos seguir los pasos de Colombia y México en lo que respecta al impacto del narcotráfico en la violencia.

El auge del narcotráfico y sus severos efectos sociales es el tema del momento en América Latina. Ya hace poco el Secretario General de la OEA había señalado la ausencia de progresos por parte de los países de la región. Todo parece indicar que la situación ha empeorado en los últimos años.

La iniciativa de los ex-presidentes Cardoso, Gaviria y Zedillo, a través de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, ha insistido en la urgencia de abrir un debate audaz en todas nuestras sociedades. Se trata de poner el tema sobre la mesa y evaluar con profundidad los resultados de la actual estrategia de control y prevención. Las Naciones Unidas han informado que más de 200 millones de personas en todo el mundo utilizan drogas ilícitas al menos una vez al año. El 15% de ellos sufren problemas crónicos de dependencia. El crimen organizado controla un mercado de cientos de miles de millones de dólares.

La nueva estrategia, señala un informe de la Comisión, debe considerar que los adictos son por definición pacientes del sistema de salud. Esto supone un esfuerzo de reconocimiento de la drogadicción como problema de salud, así como el desarrollo de programas de información y educación sobre los peligros del consumo de drogas para las personas y las familias. Para ello el esfuerzo debe centrarse en los jóvenes, quienes son los principales consumidores y los principales afectados por las secuelas de violencia. Otro aspecto fundamental es vincular la lucha contra el narcotráfico con una estrategia amplia para enfrentar el crimen organizado.

Estos son los temas, estos son los efectos. En nuestro país de esto no se habla. El principal responsable para enfrentar este problema es el gobierno nacional. El diseño y la evaluación de las políticas en esta materia es su responsabilidad. Nada ganamos como colectivo si el gobierno esconde el problema e impide que la sociedad aporte ideas, sugerencias, apoyos. Una generación completa de jóvenes venezolanos se encuentra a merced del narcotráfico, directa o indirectamente. El gobierno nacional tiene 12 años evadiendo el tema. Su silencio ya es atronador.

Politemas, Tal Cual, 9 de marzo de 2011

Anarquía inflacionaria

El ministro Giordani no ha podido ser más “elocuente”. Al explicar la interpretación que tiene de la inflación, dejó las cosas en orden. Para Giordani la inflación es un desarreglo menor que tiene origen en la inercia. Los países tienen la inflación que está determinada por el pasado. Es decir, los países están condenados a tener inflación, y las políticas para su control son un “lujo” que no pueden permitirse ciertos gobiernos.

Para el actual gobierno, la inflación es un problema alejado de las personas. Según los altos funcionarios del área económica, la inflación se mide, pero no se vincula con las condiciones de vida de la gente. Es decir, si el dinero alcanza menos para el mercado, si se consumen los ahorros para compensar los gastos mensuales, si las familias deben acudir al endeudamiento, todos esos son problemas “menores”. No tienen que ver con el fondo de la política económica de las “revoluciones”, el cual es garantizar la supremacía del gobierno ante la sociedad.

De otra forma no se explica que los responsables de la política económica, acudan a la curiosa explicación de la “inercia” inflacionaria. Desconocen casos concretos en los cuales la política anti-inflacionaria tuvo efectos en pocos años. Tomemos el caso de Argentina entre 1987 y 1990. En 1989 la tasa de inflación alcanzó más de 3.000 %. En 1990 se “redujo” a 2.300%. Sin embargo, en 1994 la tasa de inflación ya era 4%. Igual puede decirse de Brasil. En 1990 la tasa de inflación casi alcanza 3.000 %. Se hizo incontrolable los cuatro años siguientes. Pero ya en 1996 la tasa de inflación era 16%, y un año después estaba en menos de 7%. En los últimos doce años la tasa de inflación promedio en ambos países se encuentra entre 7 y 8%.

En consecuencia, no es que haya una “condena” inflacionaria. Lo que hay son malas políticas para controlar la inflación. Esas malas políticas son perjudiciales para los ciudadanos. Pero son beneficiosas para los gobiernos. Una economía con alta inflación está en desorden. La gran cantidad de dinero es útil para el gobierno porque le sirve puede financiar sus desequilibrios. Para ello cuenta con la complacencia del respectivo Banco Central. Ello trae como resultado que no exista ningún incentivo para poner orden en las cuentas del gobierno ni controlar el endeudamiento.

La inflación amplía las distorsiones de la economía y evidencia restricciones en la asignación de recursos. Además, favorece que algunos sectores, los más cercanos a los gobernantes, reciban compensaciones mucho más fácilmente que los que están opuestos. El ministro Giordani ha demostrado reiteradamente que la alta inflación es algo que no le preocupa. Que mientras la inflación genere la anarquía que necesita el gobierno para subsistir, los venezolanos no pueden aspirar otra cosa. Todo está muy claro.

Politemas, Tal Cual, 2 de marzo de 2011

La "revolución" por una promesa

La escena es fácilmente imaginable. Ha debido suceder después del mensaje anual del 15 de enero. Allí el Presidente ofreció construir 150.000 viviendas en 2011, y 200.000 en el año 2012. Eso significaba 350.000 en los próximos 22 meses. Mucho más que las construidas por el gobierno en estos doce años.

Dijo el Presidente en la Asamblea Nacional que ese plan era “muy agresivo”. Hasta prometió trabajar junto con gobernadores y alcaldes. Para “levantar” la producción de arena, piedra picada, cemento. El Presidente no se quedó allí. Agregó que se aumentaría la producción de todos los insumos de la construcción. Y para remate anunció la reducción de costos y de precios.

Alguien ha debido explicarle al Presidente que esas 350.000 viviendas era una oferta “difícil” de cumplir. Nadie en su “sano juicio” se enfrenta con el Presidente. El lenguaje debe ser poco preciso. Los asesores se limitan a poner los datos sobre la mesa. De manera que se entendiera que será poco probable que se puedan construir todas esas viviendas en los próximos años.

Quizás algún funcionario del Alto Gobierno le recordó al Presidente que era muy riesgoso que en año electoral la oposición tuviera una meta tan precisa para hacer seguimiento de la gestión. A medida que se acercara la elección presidencial se haría más evidente la desproporción entre la oferta y la realidad. Es obvio que el actual gobierno no podrá aumentar casi diez veces las viviendas que construye por año. Todas las fallas de política imaginable las presenta el gobierno. Una economía que no crece y tiene alta inflación. Un clima de negocios de los peores del mundo. Un deterioro del salario de la población formalizada. Un marco que promueva más bien la economía informal, antítesis para el financiamiento del mercado de viviendas. No hay que ser muy perspicaz para entender que esa promesa era muy peligrosa para el gobierno. Lo pone de frente con la abismal incapacidad que ha demostrado en esta área.

Pero el Presidente no ha debido dar su brazo a torcer. Las razones técnicas de su equipo las ha debido confrontar una a una. Que si viene un aumento de los precios del petróleo. Que con esos recursos se puede financiar la Misión Vivienda. Que la economía se recuperará y por ende se abrirán nuevas posibilidades para involucrar al sector privado.

Y es acá que el Presidente tiene un arrebato de originalidad. Antes que ofrecer viviendas para un período en el cual sería responsable, el Presidente se va de una vez hasta el año 2017. Promete 2 millones de viviendas. Para ser construidas en su “nuevo” gobierno. De manera que se mete de una vez en la campaña electoral y deja sin efecto la anterior promesa. La “revolución” debe estar muy mal para mantenerla con promesas. Lo que no parece creer el Presidente es que sus promesas cada día valen menos, la magia se acabó.

Politemas, Tal Cual, 23 de febrero de 2011

Problema de Estado

Cuando un problema público se convierte en extraordinario, cuando sus consecuencias afectan la vida de más de una generación, estamos en presencia de un problema de Estado. El actual gobierno ha convertido la salud de los venezolanos en un problema de Estado. No es que antes la salud estuviera de mil maravillas. No. Tenía muchas restricciones, es verdad. Pero la naturaleza de tales limitaciones no habían llegado al punto de exigir, quizás como en ninguna época de nuestra historia, un esfuerzo profundo por remediar los enormes desequilibrios que hoy confronta nuestro sistema de salud.

La interpelación realizada el pasado jueves en la Asamblea Nacional puso de relieve, especialmente por las omisiones, las graves fallas de conducción de la salud pública nacional. La primera gran omisión está vinculada con los resultados del sistema de salud. No se mencionó cuáles son los supuestos avances en las condiciones de vida de los venezolanos. Tal omisión expresa lo que es ya una clara constatación. En términos comparados nuestro sistema de salud retrocede en el contexto de la Región. En el área materno-infantil no hemos cumplido las Metas del Milenio, y tampoco estamos en la dirección correcta para cumplirla para el año 2015. El resurgimiento de enfermedades endémicas, como el dengue o la malaria, implica un retroceso de veinte años. En la atención de enfermedades crónicas, como la diabetes y la enfermedad coronaria, ocupamos los últimos lugares. En otras palabras, nuestro sistema de salud tiene uno de los peores desempeños de la Región, especialmente si tomamos en cuenta la cantidad de recursos que ha administrado en los últimos doce años.

Todo lo anterior es maquillado por el gobierno señalando una supuesta atención del 81% en el sistema público. Eso es un gran invento de la propaganda oficial. Para que ello fuera cierto se requiere que toda esa población tenga establecidos los servicios que debe recibir en cada institución pública, y lo más importante, que se le pueda garantizar. En realidad, el 70% de la población no tiene ninguna protección para las contingencias de salud. Viven al azar, literalmente.

Para remate, el actual gobierno ha desmantelado con desastrosas políticas de recursos humanos una gran parte de la capacidad técnica en el sector. Miles de profesionales de todas las áreas han salido del sector público al sector privado o fuera del país. Es una de las más dramáticas pérdidas de recursos humanos sufrida por un país que no haya pasado por una guerra o una gran calamidad natural.

Por todas esas razones, la salud se ha convertido en un problema de Estado. Y es evidente que sus actuales responsables no han entendido la gravedad del daño. Están confundidos ante un paciente que requiere atención compleja e inmediata. Son los “moralistas” de turno.

Politemas, Tal Cual, 16 de febrero de 2011

A la buena de Dios

Para el gobierno actual hasta resultó fácil. Se propuso convencer al país de que la pobreza había sido eliminada en su gestión. Para ello contó con la complacencia de todos los poderes públicos. Luego aprovechó la coyuntura política del 2003-2004 para copiar la estrategia social de Cuba. Más adelante utilizó el auge de los ingresos petroleros para crear decenas de programas, llamados “Misiones”, con claro acento ideológico y de propaganda.

Cuando cesó el “boom” económico y disminuyó la cantidad de recursos para dichos programas, el resultado no se hizo esperar: hoy existe una disminución franca de la cobertura de las Misiones, y no hay certeza de lo que ocurrirá con ellas de prolongarse la actual recesión económica. Sin incluir los problemas de calidad que muchas de ellas presentan.

En esta segunda década del siglo XXI hemos avanzado lo suficiente en el campo de las políticas sociales, para saber que no hay forma de disminuir la pobreza efectivamente que no pase por identificar con exactitud las familias y personas afectadas. Esto es, que para cada una de ellas exista la suficiente cantidad y calidad de información que permita establecer sus riesgos y carencias. Pero más importante, que permita saber si las intervenciones ofrecidas, sean ellas subsidios en especies o en efectivo, o la atención en los sistemas de salud y educación, así como en programas de capacitación laboral, están llegando adecuadamente.

Estos programas ya son un estándar en América Latina. Se conocen con el nombre de transferencias condicionadas. Es decir, las personas o las familias los reciben con la condición de que permanezcan en diferentes servicios. Esa es la razón por la que la División de Desarrollo Social de la CEPAL se propuso organizar una base de datos en línea sobre estos programas de transferencia condicionadas. A finales del año pasado, se anunció la primera información recabada de estos programas. Es por ello que sabemos, entre otras cosas, que estos programas benefician a más de 25 millones de familias (113 millones de personas) en toda la Región. Sabemos que el programa de la Bolsa Familia de Brasil llega a 52 millones de personas, casi la mitad de todos los beneficiarios. En el caso de Oportunidades de México, la población beneficiaria alcanza los 27 millones de personas.

Siendo que Venezuela entra en su tercer año de recesión, y que existe un gobierno “supuestamente” interesado en beneficiar a las familias pobres, las Misiones deberían estar en esa base de datos. Lamentablemente, tal como usted lo imaginaba, ningún programa venezolano aparece en esa base de datos. Las Misiones no califican, según Cepal, como programas de protección social. Los pobres en Venezuela no tienen gobierno que los proteja. Están literalmente a la “buena de Dios”.

Politemas, Tal Cual, 9 de febrero de 2011

La ciencia de la "revolución"

El gobierno de la “revolución bonita” se sinceró con la ciencia. Acabó con los “arrebatos” de sensatez que habían caracterizado su gestión en el área desde que se aprobó la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) en 2005. Todo volvió al redil. La centralización de las decisiones y la anulación de todo el aprendizaje de los últimos cinco años son los signos centrales de esta decisión “preclara”. La “revolución” recupera un bastión que había descuidado. Y los venezolanos ven alejarse la posibilidad de contar con nuevas maneras de entender la relación entre la academia, la empresa y el gobierno.

La LOCTI de 2005 fue un intento por generar un marco de cooperación moderno entre los actores del sistema nacional de innovación. Se trataba de acercar a las empresas, a los centros académicos, bajo la regulación del gobierno. La experiencia, con sus más y menos, fue positiva. Se abrió un canal para la mejora constante y la posibilidad de vincular directamente la generación del conocimiento con su utilización y con el aumento de la productividad y competitividad de las empresas. Para muchos siempre fue llamativo que tal ley fuera aprobada por esta administración. La nueva ley aprobada en la arremetida de diciembre de 2010 demostró que la dicha duró poco.

El liderazgo de la “revolución”, esto es, el encarnado por el actual Presidente, no puede ser más contrario a los objetivos de la LOCTI del año 2005. Desde 1999 hasta el 2011 el presidente Chávez ha expresado su indiferencia por conceptos como “productividad” y “competitividad”. Más aún, el Presidente no habló de creación de empleos en su discurso de toma de posesión en 1999, pero tampoco lo hizo en su informe anual del 15 de enero. La noción de “riqueza” del Presidente está vinculada al petróleo. Otros conceptos como “calidad” e “innovación” no aparecen ni de casualidad en el léxico presidencial. La “ciencia” del Presidente en 1999 era la militar y la política. Las demás no contaban. En 2011 la utiliza de manera instrumental. Las empresas no existían para el Presidente en 1999, ahora son las empresas del Estado y aquellas que están en la lista para estatizar.

De manera que la aprobación de la LOCTI de 2005, fue más bien el esfuerzo entusiasta de cuerpos técnicos para resolver los problemas estructurales de la ciencia, tecnología e innovación en el país. Quizás con la esperanza de que tal ley lograra remediar la ausencia de una buena política. Es decir, el desarrollo requiere muchas empresas, muchos empleos, y para que eso suceda se necesita crecimiento sostenido, baja inflación, mucha inversión, respeto irrestricto a los derechos de propiedad, para empezar. Todo eso no lo quiere el actual gobierno. Por ello prefirió darle un zarpazo autoritario a la ciencia nacional.

Politemas, Tal Cual, 2 de febrero de 2011

Ministro sin credibilidad

El gobierno decidió anticipar la devaluación. Esperando que la gente se comiera el cuento, los funcionarios responsables aparecieron a pocas horas del final del año. Se trataba de disfrazar la devaluación como “unificación cambiaria”. Confiado en su aparato de propaganda, el propio Presidente le dedicó parte de su columna dominical. Así se aprecian las cosas en el gobierno. Se inventa un cuento, se va a los medios, se suelta el cuento, y se acabó. Con la ingenuidad de que los venezolanos vamos a decir, “¡Ah verdad, se trata de “unificación!”.

El encargado de anunciar la devaluación, con todas sus letras, fue el ministro Giordani. Habría que recordar que éste es el mismo ministro que se ha encargado de la planificación del país en casi todos estos 12 años. Es el mismo ministro que ha elaborado los planes de la nación y coordinado las políticas económicas en este largo período.

Es el mismo ministro, hay que insistir, que dijo a principios del año pasado que la economía iba a crecer, a despecho de la crisis eléctrica. Eso fue a finales de febrero. Señaló que se basaba en ese “cálculo” tomando en cuenta las “inversiones” que haría el gobierno. Se atrevió a decir que íbamos a crecer a 0,5%. No tomemos en cuenta que esa cifra es muy inferior al crecimiento de la población.

Fue el mismo ministro que a principios de septiembre del año pasado anunció que la recesión terminaría en el tercer o cuarto trimestre. Para luego “rematar” el año diciendo que terminaríamos con 0% de “crecimiento”. Cada uno de los “pronósticos” del ministro fue errado, muy distante de lo que sucedió.

Pero resulta que en este gobierno que ya tiene dos años seguidos de recesión en su haber, el ministro sigue despachando, y sin muchas turbaciones que digamos. Es así que se apareció sin rubores el jueves pasado para anunciar a los venezolanos una devaluación de 65% del cambio con el que se compran los alimentos, entre otras “minucias”. Esto es, una economía con la más alta inflación del mundo, con dos años de recesión a cuestas, se enfrenta a una devaluación de esa magnitud. Y he aquí que el ministro nos informa su último “pronóstico”: el año 2011 será de crecimiento económico.

Es evidente que las estimaciones que ha dejado el ministro sufren de la misma falla. Se trata de anteponer los deseos a las realidades. La economía venezolana no crece de manera sostenible porque las políticas implementadas no conducen a ese objetivo. No es posible que se produzca el crecimiento con tal combinación errónea de políticas. Pero lo más pasmoso es no tener la mínima autocrítica para reconocer las deficiencias. Se actúa con tal desfachatez, como si no hubiera registro de sus errores. Como si nadie se hubiera dado cuenta. Tenemos ministros sin credibilidad en un gobierno sin credibilidad. Esa es su función, echar cuentos.

Politemas, Tal Cual, 5 de enero de 2011