Cuando un problema público se convierte en extraordinario, cuando sus consecuencias afectan la vida de más de una generación, estamos en presencia de un problema de Estado. El actual gobierno ha convertido la salud de los venezolanos en un problema de Estado. No es que antes la salud estuviera de mil maravillas. No. Tenía muchas restricciones, es verdad. Pero la naturaleza de tales limitaciones no habían llegado al punto de exigir, quizás como en ninguna época de nuestra historia, un esfuerzo profundo por remediar los enormes desequilibrios que hoy confronta nuestro sistema de salud.
La interpelación realizada el pasado jueves en la Asamblea Nacional puso de relieve, especialmente por las omisiones, las graves fallas de conducción de la salud pública nacional. La primera gran omisión está vinculada con los resultados del sistema de salud. No se mencionó cuáles son los supuestos avances en las condiciones de vida de los venezolanos. Tal omisión expresa lo que es ya una clara constatación. En términos comparados nuestro sistema de salud retrocede en el contexto de la Región. En el área materno-infantil no hemos cumplido las Metas del Milenio, y tampoco estamos en la dirección correcta para cumplirla para el año 2015. El resurgimiento de enfermedades endémicas, como el dengue o la malaria, implica un retroceso de veinte años. En la atención de enfermedades crónicas, como la diabetes y la enfermedad coronaria, ocupamos los últimos lugares. En otras palabras, nuestro sistema de salud tiene uno de los peores desempeños de la Región, especialmente si tomamos en cuenta la cantidad de recursos que ha administrado en los últimos doce años.
Todo lo anterior es maquillado por el gobierno señalando una supuesta atención del 81% en el sistema público. Eso es un gran invento de la propaganda oficial. Para que ello fuera cierto se requiere que toda esa población tenga establecidos los servicios que debe recibir en cada institución pública, y lo más importante, que se le pueda garantizar. En realidad, el 70% de la población no tiene ninguna protección para las contingencias de salud. Viven al azar, literalmente.
Para remate, el actual gobierno ha desmantelado con desastrosas políticas de recursos humanos una gran parte de la capacidad técnica en el sector. Miles de profesionales de todas las áreas han salido del sector público al sector privado o fuera del país. Es una de las más dramáticas pérdidas de recursos humanos sufrida por un país que no haya pasado por una guerra o una gran calamidad natural.
Por todas esas razones, la salud se ha convertido en un problema de Estado. Y es evidente que sus actuales responsables no han entendido la gravedad del daño. Están confundidos ante un paciente que requiere atención compleja e inmediata. Son los “moralistas” de turno.
Politemas, Tal Cual, 16 de febrero de 2011
La interpelación realizada el pasado jueves en la Asamblea Nacional puso de relieve, especialmente por las omisiones, las graves fallas de conducción de la salud pública nacional. La primera gran omisión está vinculada con los resultados del sistema de salud. No se mencionó cuáles son los supuestos avances en las condiciones de vida de los venezolanos. Tal omisión expresa lo que es ya una clara constatación. En términos comparados nuestro sistema de salud retrocede en el contexto de la Región. En el área materno-infantil no hemos cumplido las Metas del Milenio, y tampoco estamos en la dirección correcta para cumplirla para el año 2015. El resurgimiento de enfermedades endémicas, como el dengue o la malaria, implica un retroceso de veinte años. En la atención de enfermedades crónicas, como la diabetes y la enfermedad coronaria, ocupamos los últimos lugares. En otras palabras, nuestro sistema de salud tiene uno de los peores desempeños de la Región, especialmente si tomamos en cuenta la cantidad de recursos que ha administrado en los últimos doce años.
Todo lo anterior es maquillado por el gobierno señalando una supuesta atención del 81% en el sistema público. Eso es un gran invento de la propaganda oficial. Para que ello fuera cierto se requiere que toda esa población tenga establecidos los servicios que debe recibir en cada institución pública, y lo más importante, que se le pueda garantizar. En realidad, el 70% de la población no tiene ninguna protección para las contingencias de salud. Viven al azar, literalmente.
Para remate, el actual gobierno ha desmantelado con desastrosas políticas de recursos humanos una gran parte de la capacidad técnica en el sector. Miles de profesionales de todas las áreas han salido del sector público al sector privado o fuera del país. Es una de las más dramáticas pérdidas de recursos humanos sufrida por un país que no haya pasado por una guerra o una gran calamidad natural.
Por todas esas razones, la salud se ha convertido en un problema de Estado. Y es evidente que sus actuales responsables no han entendido la gravedad del daño. Están confundidos ante un paciente que requiere atención compleja e inmediata. Son los “moralistas” de turno.
Politemas, Tal Cual, 16 de febrero de 2011
No hay comentarios:
Publicar un comentario