En un centro de detención del Centro de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se producen tres muertes. Las informaciones indican que las personas murieron por aparentes excesos de funcionarios. Se señala la presunta comisión de delitos de trato cruel a detenidos, omisión de socorro, y quebrantamiento de pactos y acuerdos internacionales. Ya con esto es suficiente para entender que la violencia no sólo se ha apoderado de las calles del país, también ha tomado al sistema policial.
Todo ello explica la opinión que tiene el ciudadano sobre los cuerpos policiales. No hay confianza, no se denuncian lo delitos, el ciudadano la piensa más de una vez cuando está en el trance de solicitar apoyo policial. Sabe que su vida puede correr peligro, en la institución que está para defenderlo.
Es más grotesca la situación cuando se trata de una policía que debe ser modelo. Con los mejores funcionarios, con una carrera profesional de alto nivel, con asistencia técnica de primera, especializada y efectiva. Todo ello está reducido a su mínima expresión.
En las unidades de detención del CICPC nadie está a salvo. Eso de que el derecho a la vida es inviolable, tal como lo dice la Constitución en el artículo 43, no se cumple. Tampoco que el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de libertad. También se contraviene el artículo 46, el cual señala que toda persona tiene derecho que se respete su integridad física, psíquica y moral. En consecuencia, está prohibida la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Todas estas disposiciones son letra muerta en los sitios de aprehensión del CICPC.
El cúmulo de detalles que ha salido a la opinión pública indica que no es una situación nueva. Que es muy difícil que todo esto haya estado pasando sin el conocimiento de los responsables de la institución. Que las condiciones de hacinamientos en estos centros violan cualquier norma de los adecuados servicios. En otras palabras, los centros policiales se han convertido en instancias donde los más elementales derechos humanos son violados todos los días.
Es también evidente que estas prácticas condenables son rutina en muchos de estos centros. Que estas muertes son lamentablemente una expresión de un estado general de deterioro de nuestros servicios policiales. No debe extrañar la falta de confianza y el miedo que inspiran las policías.
Para todo esto no se conocen reacciones, correctivos. La Asamblea Nacional anuncia una investigación. Pero los altos responsables de esta situación, desde el Ministro hasta el Director del CICPC, no han puesto su cargo a la orden. Nadie ha salido ante los medios para decir que se investigará “hasta las últimas consecuencias”. La práctica del terror se ha apoderado de nuestros servicios policiales.
Todo ello explica la opinión que tiene el ciudadano sobre los cuerpos policiales. No hay confianza, no se denuncian lo delitos, el ciudadano la piensa más de una vez cuando está en el trance de solicitar apoyo policial. Sabe que su vida puede correr peligro, en la institución que está para defenderlo.
Es más grotesca la situación cuando se trata de una policía que debe ser modelo. Con los mejores funcionarios, con una carrera profesional de alto nivel, con asistencia técnica de primera, especializada y efectiva. Todo ello está reducido a su mínima expresión.
En las unidades de detención del CICPC nadie está a salvo. Eso de que el derecho a la vida es inviolable, tal como lo dice la Constitución en el artículo 43, no se cumple. Tampoco que el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de libertad. También se contraviene el artículo 46, el cual señala que toda persona tiene derecho que se respete su integridad física, psíquica y moral. En consecuencia, está prohibida la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Todas estas disposiciones son letra muerta en los sitios de aprehensión del CICPC.
El cúmulo de detalles que ha salido a la opinión pública indica que no es una situación nueva. Que es muy difícil que todo esto haya estado pasando sin el conocimiento de los responsables de la institución. Que las condiciones de hacinamientos en estos centros violan cualquier norma de los adecuados servicios. En otras palabras, los centros policiales se han convertido en instancias donde los más elementales derechos humanos son violados todos los días.
Es también evidente que estas prácticas condenables son rutina en muchos de estos centros. Que estas muertes son lamentablemente una expresión de un estado general de deterioro de nuestros servicios policiales. No debe extrañar la falta de confianza y el miedo que inspiran las policías.
Para todo esto no se conocen reacciones, correctivos. La Asamblea Nacional anuncia una investigación. Pero los altos responsables de esta situación, desde el Ministro hasta el Director del CICPC, no han puesto su cargo a la orden. Nadie ha salido ante los medios para decir que se investigará “hasta las últimas consecuencias”. La práctica del terror se ha apoderado de nuestros servicios policiales.
Politemas, Tal Cual, 8 de junio de 2011
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