El gobierno le tiene ganas. Desde el inicio de esta gestión, se ha obstaculizado sistemáticamente al sector privado de la salud. Es una lógica que muchas veces que se ha impulsado desde las altas esferas del gobierno. El propio Presidente la repite incesantemente.
El razonamiento es tan sencillo como ideológico. Se parte de la siguiente base: la salud es un servicio que sólo puede prestar el sector público. Aquellos que trabajan en el sector privado de la salud lo hacen porque son unos desalmados, que se aprovechan de las necesidades de las personas, y cobran por ello. Todo lo cual luce inaceptable para los altos jerarcas del gobierno.
Tal sistema de salud sólo existe en las concepciones atrasadas de los actuales gobernantes. En todas las democracias modernas existen las regulaciones y espacios para aceptar y promover la prestación de servicios de salud por instituciones privadas. El hecho de que la mayoría del financiamiento de la salud provenga de fuentes públicas, no excluye en modo alguno la participación privada. En algunos casos, tales modalidades privadas son complementarias del sector público y permiten un adecuado intercambio de recursos humanos, tecnología, recursos en general.
Al arremeter contra el sector privado, el actual gobierno partió de una premisa falsa. Se pensó que la gran mayoría de los servicios eran prestados por el sector público. Que el sector privado representaba una opción insignificante dentro del sistema de salud. De allí que se postulara: si se fortalece el sector público, a través especialmente de la Misión Barrio Adentro, el sector privado se quedará sin usuarios. Y dado que el objetivo es aniquilar todo vestigio de prestación privada, se asumió que tal estrategia conduciría a ese resultado.
No tomaron en cuenta los “estrategas” que las limitaciones de cobertura de los servicios públicos, sumado a la ausencia de una política de financiamiento equitativa, así como el impulso que han recibido las pólizas de hospitalización, cirugía y maternidad, han contribuido con el aumento relativo de la participación privada en el total de servicios. Casi el 35% de la utilización de servicios de salud está en manos del sector privado. Lo cual corresponde a más de 15% superior a la cobertura de seguros privados. Eso significa que muchas personas acuden a los servicios privados lo hacen con sus propios recursos, sin seguro de salud de ningún tipo.
De allí que el ataque no puede cesar. Se buscan todas las artimañas: regulaciones de precios, normativas para la estimación de costos, cumplimientos de normas inadecuadas, entre otras. Al final el resultado es el mismo: perseguir al sector privado y afectar las posibilidades de servicios de los venezolanos. Una estrategia tan fracasada como la actual gestión de la salud.
El razonamiento es tan sencillo como ideológico. Se parte de la siguiente base: la salud es un servicio que sólo puede prestar el sector público. Aquellos que trabajan en el sector privado de la salud lo hacen porque son unos desalmados, que se aprovechan de las necesidades de las personas, y cobran por ello. Todo lo cual luce inaceptable para los altos jerarcas del gobierno.
Tal sistema de salud sólo existe en las concepciones atrasadas de los actuales gobernantes. En todas las democracias modernas existen las regulaciones y espacios para aceptar y promover la prestación de servicios de salud por instituciones privadas. El hecho de que la mayoría del financiamiento de la salud provenga de fuentes públicas, no excluye en modo alguno la participación privada. En algunos casos, tales modalidades privadas son complementarias del sector público y permiten un adecuado intercambio de recursos humanos, tecnología, recursos en general.
Al arremeter contra el sector privado, el actual gobierno partió de una premisa falsa. Se pensó que la gran mayoría de los servicios eran prestados por el sector público. Que el sector privado representaba una opción insignificante dentro del sistema de salud. De allí que se postulara: si se fortalece el sector público, a través especialmente de la Misión Barrio Adentro, el sector privado se quedará sin usuarios. Y dado que el objetivo es aniquilar todo vestigio de prestación privada, se asumió que tal estrategia conduciría a ese resultado.
No tomaron en cuenta los “estrategas” que las limitaciones de cobertura de los servicios públicos, sumado a la ausencia de una política de financiamiento equitativa, así como el impulso que han recibido las pólizas de hospitalización, cirugía y maternidad, han contribuido con el aumento relativo de la participación privada en el total de servicios. Casi el 35% de la utilización de servicios de salud está en manos del sector privado. Lo cual corresponde a más de 15% superior a la cobertura de seguros privados. Eso significa que muchas personas acuden a los servicios privados lo hacen con sus propios recursos, sin seguro de salud de ningún tipo.
De allí que el ataque no puede cesar. Se buscan todas las artimañas: regulaciones de precios, normativas para la estimación de costos, cumplimientos de normas inadecuadas, entre otras. Al final el resultado es el mismo: perseguir al sector privado y afectar las posibilidades de servicios de los venezolanos. Una estrategia tan fracasada como la actual gestión de la salud.
Politemas, Tal Cual, 27 de julio de 2011
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