Vivimos, sin duda, un gobierno militar. Un gobierno que no sólo habla de armas. También las muestra en público, en vivo y directo para todo el mundo. Peor aún, vivimos una época en la que un gobierno contradice flagrantemente la propia disposición constitucional sobre los fines del Estado.
El artículo 3 de la Constitución de 1999 establece que los fines esenciales del Estado son “la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo”. En el precitado artículo también se señala que “la educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines”.
Nada se menciona en este artículo sobre el uso de las armas para defender una “revolución” que ejerce el autoritarismo y el personalismo. Tampoco allí se establece que Venezuela deba promover una carrera armamentista para defendernos de supuestas agresiones externas.
Pero mucho menos se establece en la Constitución, que sea el propio gobierno que proceda sin ningún rubor a ofrecer armas a jóvenes venezolanos. Que los convierta automáticamente en actores bélicos. Que transmita a cada uno de ellos que ser ciudadano significa portar un arma. Que convierta la vida cívica en una pesadilla de violencia y temor. Especialmente cuando el mensaje proviene de un gobierno que ha hecho muy poco por cuidar la vida de esos jóvenes.
Es evidente que para el gobierno del presidente Chávez es más fácil ofrecer armas que garantizar la educación. Según cifras oficiales del Ministerio de Educación y Deportes, en el año escolar 1997-1998 teníamos 525.119 estudiantes en cuarto grado de educación básica. Durante los siete años de la gestión de actual gobierno, 260.867 de aquellos jóvenes tuvieron que abandonar el sistema educativo. Eso significó que apenas el 50% de estos estudiantes pudo alcanzar el grado de bachiller en el año 2005.
Más llamativo es el hecho de que la gran mayoría de los niños que abandonaron la escuela y el liceo en los últimos siete años, provenían de escuelas oficiales. Es decir, niños para quienes es fundamental el apoyo de la educación pública para tener un mejor futuro. De hecho, el 30% de los bachilleres que egresaron en el año 2005 provienen justamente de escuelas privadas. En otras palabras, casi todos los niños de escuelas privadas llegan a ser bachilleres. Sólo el 40% de los que acuden a las escuelas oficiales llegar a ser bachilleres. A pesar de ello, lo que el gobierno propone es abolir la educación privada. Quizás para que menos jóvenes venezolanos se formen adecuadamente.
En la educación oficial tampoco se están creando los cargos de maestros necesarios. En el último año escolar (2003-2004) el número de maestros de escuelas oficiales creció 8%. En las escuelas privadas el crecimiento fue 18%. Los maestros de escuelas privadas representan el 18,7% de todos los maestros del país (1,3% más que el año anterior). En nuestras escuelas oficiales el 37% de los maestros son interinos. En las escuelas privadas apenas el 3%.
En un país con un déficit estimado de 5.000 liceos, apenas se crearon 96 liceos oficiales en el último año escolar. El sector privado, a pesar de representar sólo el 27% de la matrícula, creó más de 50 instituciones de educación media en el último año.
Está claro que los jóvenes venezolanos lo que necesitan es un gobierno que se preocupe por mejorar la cobertura de la educación media. Que vele porque todos los jóvenes venezolanos sean bachilleres. Para que puedan seguir estudiando y cuenten con las competencias para tener trabajos decentes para bien de ellos y sus familias. Que promueva la creación de nuevas escuelas y garantice más y mejores maestros.
Los jóvenes venezolanos, hay que decirlo con firmeza, no quieren armas. Quieren vivir en paz, promoviendo el bienestar y el progreso. Un gobierno que traiciona esas ilusiones es el peor atentado contra el futuro del país.
Politemas, Tal Cual, 12 de julio de 2006
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