Nuevamente la sociedad venezolana es conmovida por el crimen. Los secuestros y posteriores asesinatos de los niños Faddoul, el señor Miguel Rivas y el empresario Sindoni, han sido rechazados frontalmente por una sociedad que no quiere muerte sino vida, no quiere violencia, sino paz, no quiere sobresaltos sino sosiego.
Las muertes de las semanas pasadas no son las únicas. Todos los años tenemos en Venezuela miles de homicidios. Ya hemos ingresado al penoso grupo de las capitales y países más violentos e inseguros. Todo lo cual es totalmente contradictorio con nuestra tradición de pueblo pacífico y con los recursos disponibles para combatir el crimen provenientes de los abundantes petrodólares.
El primer deber de un gobierno, cualquiera sea su orientación ideológica, es proteger la vida y los bienes de sus ciudadanos. Este deber no es indelegable. Tal protección abarca a todos los ciudadanos por igual, al pobre, al rico, al desempleado, al trabajador, al hombre, a la mujer, a los niños, a los adolescentes, a los de la capital y a los del interior. Para que el crimen se reduzca, necesitamos un gobierno que esté presente en los sitios críticos. Que al mismo tiempo que disuade al potencial criminal, sea capaz de prevenir el delito a través de la información y la educación. Obviamente, para las soluciones de fondo necesitamos un gobierno que mejore la calidad de vida, que genere empleo, que promueva las oportunidades.
Al comenzar el gobierno del presidente Chávez ya la seguridad era una prioridad para los venezolanos. En 1998 el número total de homicidios fue 2.817. Esta es la cifra oficial reportada en el Anuario de Mortalidad del Ministerio de Salud. Lo cual significaba casi 8 homicidios diarios en todo el territorio nacional.
En las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (2001-2007), elaborado por el actual gobierno, se señala que la garantía de la seguridad ciudadana se alcanzará “con la superación de los desequilibrios macrosociales y el desarrollo de estrategias preventivas, control de delito y reestructuración del sistema penitenciario, con elevada participación de la familia, los medios de comunicación y de la escuela”. Como los elementos de la política específica para la prevención y combate del delito se proponían la coordinación policial, la participación ciudadana y la modernización de los sistemas de protección policial.
Luego de seis años lo que existe es un ostensible fracaso en la garantía de la seguridad ciudadana. Ni se consiguieron los denominados “equilibrios macrosociales”. Baste señalar que actualmente en Venezuela se crea solamente el 15% de los empleos decentes que requerimos por año.
Ni tuvo éxito la “política específica” de seguridad ciudadana. En 2004, último año con cifras disponibles por parte del Ministerio de Salud, el número total de homicidios fue 7.348. Esto es un aumento de 4.531 homicidios con respecto al año 1998. Para llegar a más de 20 homicidios por día en 2004. Casi tres veces más de los que teníamos en 1998. De hecho, los homicidios representaron en 2004 la cuarta causa de muerte, subiendo tres lugares con respecto a 1998. En 2004, los homicidios representaron el 6% de todas las muertes en el país. En 1998 era menos del 3%.
La Memoria y Cuenta del Ministerio de Interior y Justicia correspondiente al año 2005 corrobora que el gobierno actual ha sido un gran ausente ante el auge del crimen. Se menciona una supuesta reducción de 50% en los índices delictivos en el Área Metropolitana de Caracas, y en los estados Miranda y Vargas. Pero no se menciona cuáles son los delitos, cuáles son las zonas más críticas, cuáles son los recursos, en términos de personal calificado e infraestructura, que se han destinado a la protección de los ciudadanos.
En materia de seguridad ciudadana tenemos un gobierno sin estrategia, incapaz de coordinar políticas, lleno de recursos, pero carente de ideas. Con todas sus omisiones, la vida de los ciudadanos se ha convertido en un azar.
Politemas, Tal Cual, 26 de abril de 2006
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