Luego de siete años de la administración del presidente Chávez, el país sigue sin tener un sistema de pensiones acorde con las exigencias de la protección social moderna. Esto es más reprochable en un gobierno que proclamó en sus primeros años un supuesto interés en estos aspectos. Es evidente que en este largo período gubernamental lo que ha habido es una gran lista de promesas incumplidas en esta área.
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 1999 discutió las opciones de seguridad social para el país. Para los grandes temas prevaleció muchas veces la visión ideológica, más que la sensatez técnica y política. Ese fue el caso de la seguridad social.
La ANC aprueba en el artículo 80 de la Constitución la modalidad de las pensiones no-contributivas. Esto es, aquellas pensiones que son otorgadas a los trabajadores que hayan alcanzado determinada edad sin que hayan realizado contribuciones periódicas a los fondos de la seguridad social. De esta manera se garantiza que todas las personas pueden contar con una pensión luego de su vida activa, independientemente de su historia de contribuciones al sistema. Esta modalidad de pensiones, inexistente en Venezuela hasta la Constitución de 1999, es un avance significativo en la equidad de la protección social. Muchos países desarrollados han incorporado esta modalidad en sus legislaciones, así como algunos países de América Latina, entre los cuales están Chile, Uruguay, Brasil, Argentina y Costa Rica.
Lamentablemente, la ANC aprobó el avance, pero también le colocó una restricción que lo convirtió en letra muerta. Esta restricción es el monto asignado a la pensión no-contributiva. Animados por el espíritu nominal del año 1999, aquel que asumía que establecer regulaciones bastaba para modificar la realidad, la mayoría de los diputados de la ANC aprueba que el monto de las pensiones no-contributivas no puede ser menor al salario mínimo urbano. Es claro que al colocar la pensión no-contributiva en ese monto, las tasas de cotización tienen que aumentarse para que las pensiones de los que han contribuido al sistema sean mayores que el salario mínimo. De lo contrario daría lo mismo cotizar que no cotizar, lo cual es un incentivo perverso para la creación de empleos en el sector formal. Muchos países han resuelto este aspecto al definir la pensión no-contributiva como un porcentaje sobre el salario mínimo (por ejemplo, entre 50 y 70%).
La ANC hizo caso omiso de las observaciones técnicas que se hicieron en esa época. La propuesta era sencilla: que se incorporaran las pensiones no-contributivas como un porcentaje (entre 50-70%) del salario mínimo. Al aprobarse el artículo 80 en los términos señalados se impidió la reforma general del sistema de pensiones.
Por supuesto ese aprendizaje fue lento y costoso. Porque la realidad, cuando se la quiere mirar con los ojos de la prepotencia, tiene sus propios tiempos. La propuesta de reforma de la Comisión Presidencial de Seguridad Social de 2001 contenía las tasas de cotización más costosas de América Latina. La inviabilidad era monumental. Obviamente, esa reforma estaba signada por el fracaso.
Pero el fracaso se extiende hasta la fecha. Al cerrar el último año de la Asamblea Nacional, la reforma del sistema de pensiones sigue pendiente. Sin embargo, como muestra significativa de que la realidad siempre se impone, los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron en la Ley de Servicios Sociales que las personas adultas mayores “en estado de necesidad y con ausencia de capacidad contributiva” recibirán “asignaciones económicas” entre 60 y 80% del salario mínimo urbano vigente.
Esta larga marcha por la arrogancia y la incapacidad en el manejo de un tema tan delicado, ha significado que no se hayan otorgado pensiones no-contributivas en estos seis años. En este tema, como en tantos otros, el gobierno del presidente Chávez sigue perdido, sigue sin rumbo.
Politemas, Tal Cual, 30 de noviembre de 2005
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