Si algún binomio ha estado presente en la vida venezolana del último siglo es la relación entre el petróleo y la política. El inicio de la explotación petrolera ocurre en un país relativamente aislado, marcado por el predominio de un solo caudillo, sin mayor atisbo de madurez para la democracia.
La muerte de Gómez facilita la entrada de muchos actores a la vida social y política del país. Entre esos actores estaban las compañías extranjeras del negocio petrolero. La pugna entre el liderazgo político y tales compañías ocupó un espacio sustancial de la modernización del país.
Venezuela logró consolidar una experiencia poco frecuente en el mundo de los productores petroleros. A la par que se fortaleció la capacidad exportadora de petróleo, el desarrollo político incorporaba elementos fundamentales para la democracia. Luego de la dictadura perezjimenista, Venezuela intenta una síntesis ciertamente llamativa.
Los acuerdos políticos y sociales de finales de los cincuenta favorecen la combinación entre democracia política y manejo efectivo de los ingresos provenientes de la renta petrolera. Era cuestión de tiempo que el liderazgo político acordara la nacionalización de la industria petrolera.
En todo este período el país logra consolidar instituciones. No sólo aquellas derivadas de la madurez politica, como lo son el respeto a las minorías, el equilibrio de poderes, los mecanismos de decisiones en el poder legislativo, entre otras. También tenemos éxito en la construcción de empresas dedicadas al manejo adecuado del llamado negocio petrolero.
Durante muchos años, Venezuela fue un país que contradecía la experiencia internacional caracterizada por renta petrolera sin progreso de la democracia. Tal como sucede en los países árabes y asiáticos. Sin embargo, las crisis del mercado petrolero de finales de los setenta y comienzos de los ochenta empezaron a reflejar que no habíamos resuelto bien este problema. Lo que vivimos entre 1979 y 1998 no fue otra cosa que el deterioro progresivo de la capacidad de vincular la democracia con el progreso de la población. Estas crisis pusieron al descubierto que nuestra democracia era muy imperfecta y que nuestra viabilidad como productor de petróleo no estaba completamente garantizada.
El actual gobierno encuentra un clima evidente de deterioro de las instituciones. Los actores encargados de velar por el adecuado desarrollo de la democracia ya habían perdido su capacidad para reconvertirse. De tal manera que el Estado se encuentra con mayor poder para impulsar políticas del manejo del negocio de los hidrocarburos de claro contenido populista. Si a esto sumamos un claro desprecio por las reglas de la democracia y el equilibrio de poderes, es evidente que el deterioro institucional no hace sino aumentar.
Lo anterior determina que vivamos una etapa de acentuación del rentismo en Venezuela. A pesar de las reformas impositivas, es claro que la mayoría de nuestros ingresos provienen del valor de los productos de la cesta petrolera. No tienen que ver con la productividad de nuestros complejos industriales ni con el aporte de cada venezolano. Otro signo claro es la acumulación de los ingresos en manos de un gobierno con amplio poder político, sin mayores cortapisas, con la más amplia discrecionalidad. Finalmente, la estructura social que se crea al amparo de esta explosión de riqueza petrolera no necesariamente comparte los postulados de una democracia abierta.
Es por ello que hoy vemos que el actual gobierno, antes que moderar su participación como actor, trata de aumentar, por todos los canales posibles su control del Estado y de la renta petrolera. También se observa que sectores sociales están dispuestos a transar beneficios de corto plazo por garantías democráticas. Estos rasgos son inherentes a nuestra condición rentista. Tenemos mucho petróleo, pero no tenemos instituciones. Nadamos en petrodólares pero nos quedamos sin democracia.
Si algo ilustra nuestra experiencia, es que no podemos tener nuevamente democracia sin alcanzar acuerdos sobre las instituciones que manejan el origen y destino de la renta petrolera. Que tales acuerdos deben ser lo suficientemente estrictos para favorecer la estabilidad política. Eso lo sabe el actual gobierno, de allí su empeño en controlar todo el negocio petrolero y aniquilar la democracia.
Politemas, Tal Cual, 10 de octubre de 2007
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