A través de una solicitud del mayor rigor autoritario, el presidente Chávez ha pedido al Ministro del Poder Popular para la Salud que le presente una propuesta de Ley de Salud y del Sistema Público Nacional de Salud para mañana 3 de mayo. El cálculo del Presidente es sencillo: aprobar la Ley cuanto antes en Consejo de Ministros. La Ley entraría en vigencia inmediatamente debido a que sería incluida en el marco de la Ley Habilitante.
Esta llamativa ansiedad y preocupación del presidente Chávez contrasta con los ocho años que guardó silencio ante la ausencia de legislación. La Constitución de 1999 establece las normas del sistema de salud. La Asamblea Nacional y los responsables del Ejecutivo, sin embargo, no pudieron acordar la legislación respectiva. Incluso con la amplia mayoría que tenían hasta las elecciones para la Asamblea Nacional a finales de 2005. Desde esa fecha lo que han tenido es unanimidad. No pudieron en ningún caso. Entre otras razones porque para los gobernadores del oficialismo en estados descentralizados es muy costoso favorecer una ley que acabe con la descentralización. Hay muchos votos y recursos en juego.
Bastó que dos gobernadores, supuestamente aliados del gobierno, expresaran que no están dispuestos a acompañar la propuesta del partido único, para que el presidente ordenara acabar con la descentralización. La solicitud de la Ley, en consecuencia, no es una preocupación por lo que sucede en el sector salud. Dicha ley pretende acabar con la descentralización en el sector que más la desarrolló. Al hacerlo se vulnera el artículo 4 de la Constitución de 1999. Se elimina que Venezuela sea un “Estado Federal descentralizado”.
Si el presidente Chávez le coloca el ejecútese a esta Ley, aceptando el texto que se encuentra en la segunda discusión de la Asamblea Nacional desde agosto de 2005, estaría aceptando su plena responsabilidad por la legislación más perjudicial y perniciosa en el sistema de salud venezolano desde la creación del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social en 1936. Dicha propuesta de Ley goza del rechazo más absoluto de la comunidad académica, de las redes científicas, de los gremios y asociaciones de trabajadores, de los servicios privados.
Una de las más graves consecuencias es el financiamiento de los servicios de salud. Para un gobierno que ha promovido a los cuatro vientos una retórica anti-neoliberal y anti-privatizadora, expresando que su propuesta es el Socialismo del Siglo XXI, es bueno que empiece a tomar en cuenta que se ha convertido ya, y con la Ley lo que hará es profundizarlo, en el más grande privatizador de la salud en Venezuela. Tres razones fundamentan este juicio.
Al contrario de los gobiernos socialistas modernos (España y el Reino Unido, por ejemplo), el gobierno del presidente Chávez ha sido totalmente incompetente para aprobar una lista de servicios de salud para todos los ciudadanos sufragados con recursos fiscales, tal como se establece en la Constitución. Allí se explicitaría el número de consultas que deben recibir los pacientes, así como los tratamientos y procedimientos diagnósticos. Cada quien sabría lo que puede reclamar en cada establecimiento. Tal lista no solamente no existe, no se ha aprobado en estos años, tampoco existe la disposición en la Ley para que esto se realice.
La segunda razón es la eliminación de las pólizas de HCM para los empleados públicos. Habría que preguntarle al gobierno qué piensa de los derechos adquiridos de los trabajadores, qué piensa de la calidad a la que están acostumbrados, si piensa que los servicios que ahora reciben los funcionarios públicos, muchos de ellos en el sector privado, son comparables con la insatisfacción que se registra en Barrio Adentro.
La tercera razón es la ausencia de disposiciones para el financiamiento de los desempleados, quienes no son siquiera mencionados en la Ley. También habría que preguntarle cómo asegura que va a financiar los servicios de los trabajadores en el sector informal, esos que no tienen patrono y que además se les pide que aporten el 20% de la cotización. “Que cada quien se resuelva” parece ser la política del gobierno del presidente Chávez. Ha convertido la salud en un problema privado: es el Gran Privatizador.
Politemas, Tal Cual, 2 de mayo de 2007
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