La V Cumbre entre países de América Latina y el Caribe y de la Unión Europea fue el acontecimiento de la semana pasada. La presencia de sesenta jefes de estado y de gobierno en Lima revela el esfuerzo organizativo, diplomático y político que representó la cumbre.
Es obvio que una reunión de este tipo no es la oportunidad más indicada para revisar en detalle los temas y urgencias que afectan el desarrollo sostenible, especialmente desde la perspectiva de nuestros países. Hay poco tiempo. Debe salir una declaración. Algo hay que decir.
Para América Latina y el Caribe las cosas han mejorado en los últimos años. Muchos países han recuperado su ritmo de crecimiento y reestructurado sus economías para garantizar equilibrios económicos. En el campo político se constata la prevalencia de sistemas democráticos abiertos, con experiencias populistas autoritarias en algunos países.
A pesar de estos avances, en América Latina y el Caribe el principal problema es la pobreza y la exclusión que de ella se deriva. Casi 200 millones personas que viven en algún grado de pobreza no es algo para sentirse satisfechos, ni en los gobiernos, ni en las sociedades.
Lo anterior es compartido por todos los países de la región. Ya es bien sabido también que la forma de enfrentar estos retos pasa por contar con inversión, nacional e internacional, pública y privada, que sea capaz de generar puestos de trabajo de calidad. Todo ello asumiendo que tenemos los hombres y mujeres con capacidades para ingresar a un mercado trabajo más exigente y competitivo. También es sabido que no habrá desarrollo sostenible si no mejoramos nuestras capacidades para crear ciencia, tecnología e innovación. Sin avances en la generación y utilización de conocimiento es poco probable que seamos exitosos en crear valor agregado en la economía mundial.
La revisión de la Declaración de la V Cumbre de Lima indica que las buenas intenciones no necesariamente están acompañadas de reales soluciones. La Declaración de Lima es un documento de 12 páginas dividido en dos partes. La primera es una especie de reafirmación de principios. Entre ellos se destaca la importancia de la cooperación entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea. Un poco más adelante se expresa preocupación por el incremento de los precios de los alimentos y se acuerda trabajar de manera conjunta para la Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial que se celebrará en Roma el próximo mes.
La segunda parte de la declaración es la llamada Agenda de Lima. Allí se indican como puntos la erradicación de la pobreza, la desigualdad y la exclusión, así como el diseño e implementación de políticas sociales y laborales efectivas. El otro apartado de la Agenda de Lima está dedicado exclusivamente a los temas del desarrollo ambiental, cambio climático y energía. Se llega a señalar que se alentará patrones de consumo y producción más sostenibles, procurando el uso adecuado de los recursos naturales.
De manera que la Agenda de Lima, desde la perspectiva de la Unión Europea, fue un paso de avance. Se logra incorporar en la agenda conjunta la cooperación en un tema especialmente sensible para el mundo desarrollado, como es la situación ambiental.
Lo que brilla por su ausencia, desde la perspectiva de América Latina y el Caribe, es la posibilidad de contar con recursos técnicos y financieros que promuevan la inversión sostenida en nuestra región. Tal parece que en la demanda de inversión nuestro continente no atrae el interés que despiertan las economías asiáticas o de Europa Oriental. En Lima, por los resultados, supimos otra vez lo lejos que estamos.
Politemas, Tal Cual, 21 de mayo de 2008
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