El gobierno del presidente Chávez está nervioso con los reclamos por la autonomía. Para un gobierno que ha ido cerrando los espacios democráticos, la autonomía suena a mala palabra. La autonomía es sinónimo de capacidad crítica, de posibilidad de disentir, de establecer caminos y alternativas libremente, de ser corresponsable y no obediente ciego. Es evidente que para el actual gobierno es necesario acabar con todos esos rasgos de la autonomía.
Quizás pasa por la cabeza del gobierno eliminar la autonomía en nuestras universidades. Pero el gobierno sabe que eso no es tan fácil. Que la universidad venezolana, tanto pública como privada, incluso la controlada desde el Ejecutivo, ha tenido un compromiso histórico por la defensa de la autonomía. Que la universidad venezolana es una institución al servicio de la democracia y la libertad, que no se doblegará ante los deseos de control del gobierno de turno.
Es por ello que el gobierno la emprende contra otra autonomía. Aquella que tienen los entes del Estado para participar en la gestión pública. Anunció el gobierno hace pocos días que se creará la “Comisión Central de Planificación” para acabar con la autonomía de los entes del Estado. Dicha comisión se hará oficial a través de un Decreto-Ley Habilitante y se concretará en una “Ley Orgánica que persigue la centralización”. Ha llegado, según el gobierno, la hora de la planificación centralizada.
En cadena nacional, en vivo y directo, el gobierno contradice los principios y exigencias contenidas en la Constitución de 1999. Comienza la contradicción con el artículo 4 el cual establece que la República Bolivariana de Venezuela es un “Estado federal descentralizado, regido por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad”.
Sigue con el artículo 6 en el cual se señala que el gobierno “es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”. La distancia que existe entre el enunciado de este artículo y nuestro actual marco institucional es definitivamente abismal. Un artículo más adelante se recuerda algo que se tiende a olvidar: “todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”.
La Constitución también divide el Poder Público entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional, e indica que cada una de estas ramas tiene sus funciones propias, “pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado” (Artículo 136). Cuando en la Constitución se describe al Poder Público Estadal se indica que “los Estados son entidades autónomas e iguales en lo político, con personalidad jurídica plena” (Artículo 159). Igual sucede cuando se señala que “los Municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional, que gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de esta Constitución” (Artículo 168).
Por si fuera poco todo lo anterior, el artículo 158 establece la política nacional de descentralización. Tal política “debe profundizar la democracia, acercando el poder a la población y creando las mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de lo cometidos estatales”.
El miedo del actual gobierno a cualquier rasgo de autonomía, a la posibilidad de disentir, a que alguien exprese una opinión contraria, lo ha llevado a contradecir flagrantemente todos los postulados constitucionales que justamente desarrollan el modo de articulación del Estado venezolano. Tal como se ha señalado, en esa articulación uno de los aspectos centrales es la autonomía.
Estas pretensiones del gobierno, dichas en alta voz, sin el menor empacho, hubieran obligado a los representantes del pueblo venezolano a expresar la defensa de los contenidos constitucionales. Hubieran obligado a los garantes del Estado de derecho a iniciar una averiguación o al menos a pedir explicaciones. Pero no hemos visto nada de eso. Prueba evidente de que estamos, con Constitución incluida, en manos de un gobierno intolerante, irrespetuoso del orden de la República, de “golpes rápidos” contra la democracia.
Politemas, Tal Cual, 20 de junio de 2007
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