Por donde quiera que se le mire, América Latina padece mucha violencia. Según los estudios de Latinobarómetro, en 1996 el 33,48% de los entrevistados señalaba que había sido víctimas de un delito. En 2005 este porcentaje había aumentado a 41,97. Más aún, según la misma fuente, en el año 2000 el crimen y la violencia eran la cuarta preocupación de los latinoamericanos. Apenas cinco años más tarde el crimen y la violencia eran la segunda preocupación en la región.
Quizás por lo anterior, instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han incorporado esta preocupación en su agenda de proyectos. Desde 1998 el BID ha asignado más de 200 millones de dólares, vía préstamos y cooperaciones técnicas, para ayudar a los países a superar esta situación. En una publicación del año 2007 intitulada “¿Cuál es la salida? La agenda inconclusa de la seguridad ciudadana”, expertos invitados por el BID señalan las posibles políticas públicas para enfrentar el auge de la violencia en América Latina.
En la publicación se señala, en primer lugar, las características de la primera generación de reformas en esta área de políticas públicas. Esta primera generación de reformas consistió en componentes tales como la promoción de la participación ciudadana, el adecuado balance entre políticas de prevención y políticas de control, cambios en las policías, y políticas anti-corrupción.
El examen de diversas experiencias en algunos países, como por ejemplo, Colombia, Uruguay, Argentina, Paraguay, Centroamérica y Chile, ofreció la oportunidad para detectar innovaciones y requerimientos para mejores políticas públicas contra la violencia. De allí que se propusiera una segunda generación de reformas.
Entre estas nuevas reformas se incluye el desarrollo de alternativas para que la información sobre violencia y seguridad ciudadana sea considerada como un bien público regional. Esto es, que los países hagan esfuerzos para compartir y difundir información relacionada con el enfrentamiento de la violencia. Esto supone la promoción de mayores y mejores vínculos entre los organismos policiales y las agencias encargadas de la prevención del delito.
También se propone la incorporación de las nuevas tecnologías de información y comunicación para fortalecer la participación ciudadana y el funcionamiento efectivo de redes públicas y privadas. Se trata de sacar las políticas de seguridad del ámbito exclusivamente del gobierno para incorporarlas en el más amplio entramado social.
Otro factor clave es la promoción del diálogo de las políticas de seguridad con las políticas sociales y económicas. Acá la idea es establecer las diversas interrelaciones que existen entre las mejoras sociales y económicas, y las causas fundamentales de la violencia. En la medida que los países comprendan que no hay soluciones únicas o mágicas, que se deben enfrentar múltiples factores en múltiples ámbitos a través de múltiples intervenciones, es obvio que los resultados serán más sostenibles.
Finalmente, los expertos destacan el rol de los gobiernos locales y subnacionales en la lucha contra la violencia y la inseguridad. Indican que en estos ámbitos existen ventajas como la cercanía entre los delitos y la posibilidad de evitarlos y enfrentarlos, la menor complejidad institucional, la fluidez de la información y la exigencia de respuestas mucho más directas por parte de los ciudadanos.
Las alcaldías y gobernaciones pueden ser mucho más efectivas en el diseño y ejecución de políticas contra la violencia y la inseguridad. En las elecciones que se acercan podremos constatar si nuestros liderazgos lo han entendido.
Politemas, Tal Cual, 23 de julio de 2008
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