La inflación en América Latina hasta 2028

La crisis del costo de la vida ha sido considerada por el Foro Económico Mundial como el mayor riesgo a escala global en los próximos dos años. Mantener una baja tasa de inflación se convierte, en consecuencia, en una mayor prioridad para los gobiernos. En América Latina, la mayoría de los países, según estimaciones del FMI, tendrán tasas de crecimiento por debajo del promedio mundial en el período 2023-2028.

De acuerdo con las estimaciones de la tasa de inflación del FMI para el período 2023-2028, se pueden distinguir tres grupos de países en América Latina. Las estimaciones están disponibles para dieciocho países de la región (Cuba no forma parte del FMI, y Venezuela solo tiene datos para los dos primeros años del período analizado).

El primer grupo está conformado por los cuatro primeros países señalados en el gráfico. Estos cuatro países (Ecuador, Panamá, El Salvador, y Perú) tienen estimaciones de la tasa de inflación promedio para el período 2023-2028 por debajo del promedio de la Unión Europea en el mismo período. Los tres primeros países (con economías dolarizadas) tienen incluso tasas de inflación por debajo del promedio de las economías avanzadas.

América Latina: promedio de tasas de inflación por país (2023-2028), porcentaje

Fuente: FMI. World Economic Outlook Database, Abril 2023. Cálculos propios

Nota: Cuba no pertenece al FMI, los datos de Venezuela están incompletos para el período 2023-2028

En el segundo grupo están doce países (Costa Rica, Brasil, Bolivia, México, Chile, Paraguay, República Dominicana, Colombia, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Uruguay), en los cuales la tasa de inflación promedio estimada para el período 2023-2028 es menor que la tasa promedio estimada para América Latina y el Caribe (7,9%).

El tercer grupo está conformado por tres países (Haití, Argentina, y Venezuela), todos ellos con tasas de inflación superiores al promedio de la región para el período analizado. La tasa de inflación promedio estimada para Argentina en el período es 52%. La tasa de inflación estimada para Venezuela en 2023 es 400% (la más alta del mundo), y en 2024 se estima en 200%.

Vistas las estimaciones de crecimiento e inflación en la región para el período 2023-2028, solo siete países: Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Paraguay, Honduras, Panamá, y República Dominicana, tendrían una tasa de crecimiento superior al promedio mundial, y al mismo tiempo una tasa de inflación baja. En la mayoría de los países de la región, especialmente, aquellos con las economías más grandes, las restricciones del crecimiento serán mayores, y en dos de ellos (Argentina y Venezuela) también serán afectados por altos niveles de inflación. También resulta obvio que el crecimiento económico y la baja inflación son condiciones necesarias, pero no suficientes. Los grandes retos para la diversificación productiva, lamentablemente, siguen sin estar entre las prioridades en la agenda de políticas públicas.

Politemas, Tal Cual, 2 de agosto de 2023

El crecimiento económico en América Latina hasta 2028

En los próximos dos años, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, la crisis del costo de la vida será el mayor riesgo a escala global. Conviene analizar las implicaciones que esta crisis puede tener para América Latina. No es lo mismo el aumento del costo de la vida en economías con crecimiento económico que en aquellas que no crecen. Las repercusiones para las finanzas públicas son completamente diferentes.

El Fondo Monetario Internacional estima con regularidad las tasas de crecimiento económico a escala global y por países. Las últimas estimaciones del FMI se extienden hasta el año 2028. La información correspondiente al seguimiento de los países permite elaborar las tendencias de crecimiento económico. Con la excepción de Cuba y Venezuela, se cuenta con las estimaciones de la tasa de crecimiento anual para los países de América Latina en el período 2023-2028. En el caso de Cuba, por no formar parte del FMI, no se cuenta con estadísticas. Las cifras de Venezuela están incompletas (no se dispone de los estimados para los años comprendidos entre 2025-2028).

El gráfico muestra el promedio de la tasa estimada de crecimiento del PIB para 18 países de América Latina entre 2023-2028, de acuerdo con el FMI. Se pueden distinguir cuatro grupos de países.

En el primer grupo están los países que tienen estimaciones de crecimiento por debajo de la tasa estimada para el conjunto de los países de América Latina y el Caribe (2,2% para el período 2023-2028). Los países que no alcanzarán esta tasa de crecimiento son: Haití (con la menor tasa de crecimiento estimada en la región), Chile, Argentina, Brasil, México. Bolivia, y El Salvador. Puede notarse que las economías más grandes crecerán menos que el conjunto de la región. Especialmente llamativo es el caso de Chile, con la segunda menor tasa de crecimiento de la región hasta 2028.

El segundo grupo está conformado por los países que crecerán más que el conjunto de América Latina y el Caribe, pero menos que la tasa de crecimiento mundial (3,05%). Estos países son: Uruguay, Colombia, Ecuador, y Perú. Esto significa que once países de la región (de un total de 18 incluidos), crecerán menos que el conjunto del mundo en el período 2023-2028.

En el tercer grupo se encuentran los países que tienen una tasa estimada de crecimiento superior a la tasa mundial pero menor a los países de las economías emergentes de Asia: Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Paraguay, Honduras, y Panamá. Y, finalmente, está el único país de la región que tiene estimaciones de crecimiento superiores a los países emergentes de Asia (4,80%), se trata de República Dominicana, con una tasa de crecimiento de 4,86% en el período 2023-2028.

América Latina: promedio de tasas de crecimiento económico por país (2023-2028), porcentaje

Fuente: FMI. World Economic Outlook Database, Abril 2023. Cálculos propios

Nota: Cuba no pertenece al FMI, los datos de Venezuela están incompletos para el período 2023-2028

De acuerdo con estas estimaciones del FMI, solo siete países de América Latina (de los 18 analizados), tendrán tasas de crecimiento económico superiores al promedio mundial. Esto significa mayores restricciones para las finanzas públicas y para la satisfacción de la demanda de servicios hacia 2030. Es bastante evidente que el crecimiento económico sigue siendo una de las asignaturas pendientes de mayores implicaciones para el futuro de la región.

Politemas, Tal Cual, 26 de julio de 2023

Los riesgos globales en América Latina

El Foro Económico Mundial elabora cada año un reporte sobre los riesgos globales. El último reporte corresponde al año 2023. De acuerdo con la metodología utilizada para la elaboración del documento, se señalan riesgos globales en el corto plazo (a dos años), y en el largo plazo (a diez años).

En el corto plazo, el riesgo global que ocupa el primer lugar es la crisis del costo de vida, otra forma de denominar el aumento de los precios que se ha generado en los últimos años, especialmente por la conjunción de los efectos de la pandemia, y la invasión de Rusia en Ucrania. El segundo riesgo más relevante en el corto plazo corresponde a los desastres naturales y los eventos relacionados con las situaciones de clima extremo. Los siguientes tres riesgos globales corresponden a las consecuencias de la confrontación geoeconómica, las fallas en las políticas para mitigar el cambio climático, y la erosión de la cohesión social y el aumento de la polarización.

En América Latina se encuentran dos de los países con mayores tasas de inflación a escala global (Venezuela y Argentina). Además, las perspectivas de bajo crecimiento económico del conjunto de las economías de la región configuran para los próximos años mayores dificultades para contar con recursos fiscales para políticas de protección social (especialmente en salud y pensiones). Por otra parte, la asociación entre bajo crecimiento y alta inflación, también afecta la posibilidad de ampliar las opciones de empleos. En este contexto, las brechas de servicios según los niveles de ingresos es bastante probable que aumentarán, contribuyendo a aumentar la polarización social y política. También es notorio que el adecuado desempeño en las políticas para enfrentar los efectos del cambio climático no es el rasgo característico en la mayoría de los países de la región.

En el largo plazo (vista a diez años), los riesgos globales más relevantes están concentrados en los aspectos ambientales. Estos riesgos son: (1) fallas en las políticas de mitigación del cambio climático, (2) fallas en las políticas de adaptación al cambio climático, (3) desastres naturales y situaciones de cambio extremo, y (4) pérdida de biodiversidad y colapso de los ecosistemas. El siguiente riesgo global de largo plazo corresponde a las migraciones involuntarias a gran escala.

Estos riesgos globales de largo plazo, en la tendencia actual, pueden tener efectos muy significativos en América Latina, una de las regiones de mayor biodiversidad en el mundo. Las sistemáticas debilidades de regulación, y la limitada incorporación de las políticas de cambio climático en los planes nacionales de desarrollo, son factores que reducen las posibilidades de éxito para enfrentar estos efectos. Tampoco puede extrañar, en este contexto, la tendencia de la migración involuntaria que ha adquirido dimensiones históricas en países como Venezuela y El Salvador.

Las evidencias de los efectos globales en la región, tanto de corto como largo plazo, expresadas en sistemáticos deterioros de la calidad de vida de los ciudadanos, deberían influir para mejorar las capacidades institucionales, especialmente de los gobiernos, para enfrentar estos riesgos. Sin embargo, este no es el patrón general que se observa en América Latina. Por ello diseñar alternativas para construir el futuro es probablemente uno de los mayores desafíos que tiene la región para los próximos años.

Politemas, Tal Cual, 19 de julio de 2023

El “capital político” según el presidente Aylwin

Dentro de pocas semanas se cumplirán 50 años del golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de Salvador Allende. El 11 de septiembre de 1973 el palacio presidencial fue atacado por los golpistas, y a las pocas horas se difundió la noticia de la muerte del presidente Allende. Los acontecimientos de ese día, y la represión que se desató en las semanas siguientes, marcaron toda una generación de latinoamericanos (entre los cuales me incluyo). La narración de esos eventos por la radio de la época es de esas vivencias que no se olvidan. Como consecuencia de ese golpe de Estado, la democracia colapsó en Chile, uno de los países con mayor institucionalidad de la región. La dictadura que se impuso se prolongó por 17 largos años.

La vuelta a la democracia en Chile fue un proceso labrado con mucha sabiduría. Adversarios políticos dejaron de lado diferencias para proponer un mejor horizonte para el país. Esa fue la esencia de la Concertación de Partidos por la Democracia, alianza política que gobernó Chile por veinte años. El primer presidente de la Concertación fue Patricio Aylwin, reconocido hoy en día como uno de los más importantes estadistas de América Latina.

Ya en funciones de gobierno, el presidente Aylwin debió enfrentar significativos retos para reestablecer el marco democrático, e impulsar políticas para mejorar el bienestar de los chilenos. Cuentan algunos de sus ministros que en ocasiones el presidente Aylwin descartaba las sugerencias de que él no participara directamente en las respuestas desfavorables que se debían dar a muchas de las demandas que presentaban gremios, sindicatos, empresas. Algunos le sugerían que debía cuidar su “capital político”. Invariablemente, el presidente Aylwin contestaba que el capital político era para usarlo. Y basado en esa premisa, asumía directamente las explicaciones que se sentía obligado a dar.

El “capital político” podría definirse como el cúmulo de prestigio, experiencia, reconocimiento, credibilidad, que un líder político desarrolla a lo largo de su vida. Ese capital crece en la medida que la colectividad reconoce la consistencia y la seriedad de ese líder político. Tal como decía el presidente Aylwin, el capital político debe ser utilizado. Porque es lo que puede permitir alcanzar nuevos objetivos para el interés general de los países. Las circunstancias en las cuales se debe utilizar el capital político varían en función de las líneas que se quieran desarrollar.

La utilización del capital político, especialmente en estos tiempos, puede tener al menos cuatro modalidades. La primera forma de utilizar el capital político es promover acuerdos para la gobernabilidad. En cierta visión se espera que el líder político cuente solamente con sus seguidores, que gobierne pensando exclusivamente en aquellos que lo apoyan. Ampliar los acuerdos políticos, tal como hizo el presidente Aylwin, requiere anteponer una visión de conjunto, que los líderes deben detallar sistemáticamente.

También se puede utilizar el capital político para decidir con audacia y rapidez. En muchas situaciones las respuestas de los gobernantes tienen costos que se deben asumir y que no pueden ser postergados. Por ejemplo, las medidas del programa contra la hiperinflación en Bolivia en los primeros meses del gobierno de Paz Estenssoro en 1985, la respuesta del presidente Kennedy a la instalación de misiles soviéticos en Cuba, fueron ocasiones en los cuales los líderes deben acudir a su capital político para enfrentar circunstancias difíciles y complejas.

Una tercera modalidad es utilizar el capital político para explicar lo que no se debe realizar porque afecta el interés general. Este es el caso, muchas veces experimentado por el presidente Aylwin, en el cual hay que decir que no existen los recursos para determinados gastos, o que se deben diferir gastos hasta que existan mejores condiciones fiscales. Los líderes políticos deben acudir, con los números de los presupuestos públicos, para explicarle a los ciudadanos lo que es viable financieramente hablando, y lo que no. Debe ser explicado con detalle y con el reconocimiento de que las demandas se pueden satisfacer en el marco de acuerdos sociales basados en la correspondiente viabilidad fiscal. La oposición del presidente Macrón a las demandas para no aumentar la edad del beneficio pensional en Francia entra en este grupo. Es obvio que el presidente Macrón tuvo que utilizar parte de su capital político para garantizar una mayor sostenibilidad de las pensiones en el mediano plazo.

La cuarta modalidad es liderar ante los críticos desafíos que pueden confrontar los países. En este caso se trata de ofrecer respuestas ante escenarios novedosos, complicados, que constituyen exigencias notables para los países. En este grupo se puede incluir el desafío de Churchill para enfrentar al nazismo y el fascismo en la II Guerra Mundial, la modernización de China impulsada por Deng Xiao Ping, y la reconstrucción de Alemania liderada por Adenauer. En todos estos casos, no era fácil garantizar el éxito, pero solo con la inversión del capital político era posible emprender esas nuevas estrategias.

Los éxitos del gobierno liderado por el presidente Aylwin a principios de los noventa en Chile demuestran que la utilización oportuna, responsable, inteligente, del capital político termina aumentándolo. Que el presidente Aylwin goce del consenso nacional e internacional sobre su estatura como gran estadista es una demostración del valor del capital político. Lección permanente para los líderes políticos de la región.

Politemas, Tal Cual, 12 de julio de 2023

Sobre el “aprendizaje” de la inteligencia artificial

Desde finales del año pasado, con el auge generado por la aparición de ChatGPT, la inteligencia artificial ha recibido un extraordinario impulso en el ámbito global. Se estima que es la innovación que ha sido adoptada más rápidamente. Las implicaciones de este uso extraordinario de la inteligencia artificial se han trasladado a las inversiones que las empresas tecnológicas realizan para aumentar este impacto. Lo cierto es que las distintas modalidades de la inteligencia artificial se incorporan cada día más en la práctica cotidiana de ciudadanos, gobiernos, y empresas.

La inteligencia artificial está basada en la capacidad de crear criterios que permitan relacionar información. Es decir, cada palabra colocada cerca de otra palabra, con los criterios adecuados, permite generar un resultado. En la medida que exista más información disponible y que se ajusten los criterios de relación, el resultado puede refinarse y ampliarse. Entonces, se puede conocer si con el tiempo, es decir, con la posibilidad de contar con más información y con el procesamiento de las reacciones a los resultados, se generan resultados más precisos.

Un ejemplo de lo anterior puede ilustrarse con las diferentes respuestas de ChatGPT a la misma pregunta, pero con una diferencia de seis meses. Esta fue la respuesta generada a finales del año pasado:

MG: ¿Cuáles son los países que han tenido hiperinflación en Europa?

ChatGPT: La hiperinflación es un fenómeno que se ha producido en diferentes países de Europa a lo largo de la historia. Algunos ejemplos de países que han experimentado hiperinflación en Europa son Alemania en 1923, Yugoslavia en 1994 y Zimbabwe en 2008.

MG: ¿Pero Zimbabwe está en Europa?

ChatGPT: Zimbabwe no está en Europa. Zimbabwe es un país situado en el sur de África, y no forma parte de la Unión Europea ni de ningún otro organismo regional europeo. La mención de Zimbabwe como un país que ha experimentado hiperinflación en Europa fue un error por mi parte, y le pido disculpas por ello.

La nueva respuesta (seis meses después) fue la siguiente:

MG: ¿Cuáles son los países que han tenido hiperinflación en Europa?

ChatGPT: Hasta mi conocimiento actualizado en septiembre de 2021, no ha habido casos de hiperinflación en Europa en las últimas décadas. Sin embargo, en la historia europea ha habido casos de hiperinflación en el pasado. Uno de los casos más conocidos es el de Alemania durante la República de Weimar en la década de 1920, donde se experimentó una hiperinflación devastadora después de la Primera Guerra Mundial.

Durante ese período, la hiperinflación en Alemania llevó a la impresión excesiva de dinero y a un deterioro acelerado del valor de la moneda. Los precios se dispararon a niveles extremos, y la gente tenía que llevar carretillas llenas de dinero para comprar bienes básicos. Este episodio histórico es un ejemplo emblemático de los devastadores efectos de la hiperinflación en una economía.

Es importante tener en cuenta que las condiciones económicas pueden cambiar con el tiempo, por lo que es recomendable estar al tanto de las actualizaciones y consultar fuentes confiables para obtener información actualizada sobre la situación económica de los países europeos.

En esta oportunidad, ChatGPT no “confundió” a Zimbabwe con Europa y se concentró en la hiperinflación de Alemania para desarrollar la respuesta. Se puede asumir que la revisión de las fuentes de información y la indicación del error ha podido influir en el cambio de la respuesta, mucho más convencional con respecto a las situaciones más frecuentes en procesos de hiperinflación. En consecuencia, el uso frecuente y sistemático de las modalidades de inteligencia artificial, así como la especificación de sus errores, es de especial importancia para mejorar los resultados, y aumentar su utilización. Esto es lo que vendrá en los próximos tiempos.

Politemas, Tal Cual, 28 de junio de 2023

Pactar para gobernar juntos

Quizás una certeza que compartían Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, y Jóvito Villalba, antes de las elecciones del 7 de diciembre de 1958, era que el gobierno que surgiera del voto popular sería presidido por alguno de los candidatos que presentaran sus partidos políticos en esa contienda.

Una opción que hubieran podido contemplar estos líderes políticos era simplemente respetar el resultado electoral, y apoyar al candidato que resultara electo. Sin embargo, las lecciones aprendidas a partir del golpe de Estado del 24 de noviembre de 1948, y la dura experiencia de la dictadura militar, en términos de represión política, proscripción de libertades públicas, y la generación de un clima completamente adverso a la condición democrática de los venezolanos, llevó a estos líderes de los partidos Acción Democrática, COPEI, y URD, a proponer un pacto político que permitiera gobernar, y generar la estabilidad necesaria para avanzar en el desarrollo democrático y el bienestar del país.

Esta es probablemente la razón por la cual estos líderes se dedican a establecer las bases del acuerdo político presentado a la sociedad venezolana el 31 de octubre de 1958, conocido como Pacto de Puntofijo, y también a elaborar un documento que se denominó “Declaración de principios y Programa Mínimo de Gobierno” (según fue publicado en el primer número de 1959 de la revista SIC), que fue firmado por los candidatos presidenciales de los tres partidos, Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, y Wolfgang Larrazábal, el 6 de diciembre de 1958, un día antes de las elecciones

El documento está dividido en dos partes. En la primera parte se señalan los principios que guían el pacto político, a saber: el respeto absoluto al resultado de las elecciones, así como el respaldo de los otros candidatos al que resultara electo; la conformación de un gobierno de unidad nacional en el cual estuvieran representados las corrientes políticas nacionales y los sectores independientes; una administración guiada por el programa mínimo de gobierno; el mantenimiento y consolidación de la tregua política; y el concurso generoso y responsable para impulsar la recuperación democrática, cultural, espiritual y económica del país.

En la segunda parte del documento se establecen las metas de las políticas que debería llevar a cabo ese gobierno, divididas en ocho áreas: acción política y administración pública, política económica, política petrolera y minera, política social y laboral, política nacional, Fuerzas Armadas. política inmigratoria, y política internacional.

En el área de acción política y administración pública se propone: la elaboración de una constitución democrática que incluya una Carta de Derechos Económicos y Sociales; la defensa del orden constitucional y las actuaciones enérgicas contra las actividades antidemocráticas; la reforma de la legislación que fuera contraria al ejercicio de las libertades públicas; la autonomía y fortalecimiento de los poderes legislativo, judicial, y municipal; la regularización de las relaciones entre la Iglesia y el Estado; y la reforma administrativa para mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.

En el área de política económica se incluye: el rol preponderante del Estado en el fomento de la riqueza nacional; el reconocimiento de la función de la iniciativa privada como factor de progreso; la elaboración de un plan integral de desarrollo económico de largo alcance; el procesamiento dentro del país de materias primas, especialmente el petróleo y el hierro; la utilización de la Corporación Venezolana de Fomento, el Banco Industrial, y el Banco Agrícola y Pecuario como los motores económicos; la reorganización de las industrias estatales petroquímica y siderúrgica; la modernización del sistema tributario; y la reforma agraria, y la reorganización del régimen de propiedad de la tierra. Dentro del área de política petrolera y minera se señala: la revisión de las relaciones entre el Estado y las empresas petroleras para alcanzar la más justa participación en los beneficios y ejercer un mayor y más efectivo control sobre las actividades de la industria; la realización de los estudios para la creación de una Empresa Nacional de Petróleo, de una Flota Petrolera y de los demás organismos requeridos para que el país trabaje directamente el petróleo; y la revisión de la política del hierro para recibir una razonable porción de las utilidades.

En el área de política social y laboral se señala: la defensa y valorización del capital humano a través de una política demográfica dirigida al aumento de la población; la protección a la madre y al niño; política de vivienda para garantizar las necesidades de la población urbana y rural; campaña contra el rancho; el reconocimiento del trabajo como factor del progreso, así como la defensa del trabajador y la protección a la libertad sindical y a los organismos sindicales; la lucha contra el desempleo; la reforma de la Ley del Trabajo para regular de manera más eficaz y moderna las relaciones obrero-patronales; la realización de estudios para implantar el salario familiar; y la reorganización del Instituto de Seguros Sociales, así como el establecimiento de un sistema integral de Seguridad Social.

En política nacional se incluye: el fomento de la educación popular desde el preescolar y la primaria hasta la universidad; la revisión del sistema educativo para adaptarlo a las necesidades del desarrollo económico y cultural del país; campaña para erradicar el analfabetismo; la intervención del Estado en la educación sin detrimento del principio de la libertad de enseñanza; la protección y dignificación del magisterio así como medidas para aumentar el máximo la formación de maestros; y la defensa de los valores históricos y artísticos nacionales y del patrimonio espiritual de Venezuela.

Con respecto a las Fuerzas Armadas se propone: el perfeccionamiento técnico y la modernización de la institución armada; así como su carácter apolítico, obediente y no deliberante; la intensificación de la educación institucionalista; el reconocimiento de los méritos y servicios del personal; así como el mejoramiento progresivo de las condiciones de vida de los oficiales, clases y soldados; y el cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio por todos los venezolanos sin distinción de clases sociales. En política migratoria se propone su reorientación para que el trabajador inmigrante contribuya realmente al progreso del país, y se explicita que debe gozar de la misma protección y derechos que el trabajador venezolano.

En política internacional se indica: la reafirmación de los principios de paz y cooperación con todas las naciones; el repudio a toda medida contra la autodeterminación de los pueblos; la ratificación de las Naciones Unidas y la OEA; el respeto a los compromisos internacionales del país, la revisión de las relaciones interamericanas para que se realicen los postulados políticos democráticos y de cooperación económica; el establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con todos los países de acuerdo con el interés nacional; y el fomento de la política de intercambio comercial.

Las líneas de políticas públicas que fueron propuestas en este documento guiaron, con sus virtudes y limitaciones de diseño, la acción de los siguientes gobiernos constitucionales de Venezuela, hasta el punto de que muchas de ellas se convirtieron en acciones compartidas por varios de ellos. El hecho de que estas políticas fueran acordadas antes de las elecciones de 1958, y concebidas para fundamentar la acción del gobierno, son demostraciones relevantes de la madurez con la cual se entendía la gestión pública. Son también un ejemplo del enfoque que debería prevalecer para incluir la gestión del gobierno en el eje de los acuerdos políticos. La experiencia venezolana en este aspecto sigue siendo de especial valor, no solo para las próximas etapas del país sino para otros países en procesos de democratización.

Politemas, Tal Cual, 21 de junio de 2023

Los resultados de gestión según el presidente Boric

El pasado jueves 1 de junio, el presidente Boric, en discurso de cuenta pública presentado en el Congreso de Chile, señaló los principales logros de su gestión al frente del gobierno. La situación ideal en la presentación de un informe de gestión de gobierno, especialmente de un presidente de la República, es que se concentre en indicadores de resultados como, por ejemplo, los empleos productivos que se han creado en el período, los cambios realizados en la calidad de la enseñanza, el aumento en la cobertura de la protección financiera de salud o de las pensiones, o la reducción en las tasas de delitos en robos y homicidios

Lamentablemente, la tendencia real no corresponde con la situación ideal. En la práctica es más fácil encontrar en estos discursos el número de consultas realizadas que la reducción en las tasas de mortalidad, o el número de escuelas construidas o reparadas que la calidad de la educación que se presta en esos centros.

En la primera parte del discurso, el presidente Boric, contestando a aquellos que han señalado que el gobierno tiene “poca gestión”, señala lo que a su entender son los siete hechos más relevantes de su gobierno hasta la fecha. En primer lugar, destaca la inclusión de más de 658.000 personas de manera gratuita en el sistema público de salud en lo que se denomina el Copago Cero. El segundo aspecto que menciona es la aprobación de la ley para asegurar el pago efectivo de la pensión de alimentos. En tercer lugar, señala la aprobación de la reducción de la jornada laboral a 40 horas. En cuarto lugar, indica el aumento del sueldo mínimo a 500.000 pesos. Las tres restantes medidas corresponden a la aprobación de la ley para proteger a las personas con espectro autista (TEA), la aprobación del “royalty” minero para incrementar los beneficios del desarrollo a través de inversiones en regiones y comunas con la alianza con alcaldías y gobernaciones, y finalmente, el énfasis del gobierno para impulsar el Plan de Emergencia Habitacional.

Como se puede observar, en ninguna de las medidas señaladas por el presidente Boris se señalan indicadores de resultados de la gestión, esto es, que afecten directamente las condiciones de vida de las personas. Un examen más detallado de los aspectos educativos, de pensiones, y de salud del discurso, permite establecer con más claridad estos aspectos

En el tema de las pensiones, el presidente Boric incluye la aprobación de la ley que permitió aumentar la cobertura de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a más de 70.000 personas mayores que ya había comenzado en el gobierno anterior. Sin embargo, no se señala, por ejemplo, cuál es la proporción de cobertura actual de las pensiones, ni cuál es el poder adquisitivo real que ellas alcanzan. Más bien se destaca en esta sección del discurso las dificultades que se han confrontado para la aprobación de la ley que prevé el establecimiento de un piso mínimo de 250.000 pesos para las futuras pensiones

En el aspecto educativo, el presidente Boric reporta que se ha reducido la inasistencia grave a las escuelas en un 13%. También señala que se han incorporado 20.000 tutoras y tutores voluntarios para reforzar habilidades de lecto-escritura en todo Chile. Sin embargo, no se incluye en el mensaje presidencial los resultados sobre la proporción de niños y niñas que aprueban los contenidos básicos en áreas como lenguaje y matemáticas, requisito muy importante para evaluar la calidad del proceso de aprendizaje. Más bien se indica que se presentará un proyecto de ley para mejorar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, pero sobre el cual no se ofrece ningún dato adicional.

En lo relacionado con la salud, el presidente Boric destaca la reducción de los tiempos de espera, esto es, 37% para las cirugías, y 22% para las consultas de especialistas. Sin embargo, también constata que la mitad de las personas deben esperar más de 330 días para realizar una cirugía, y más de 260 días para ser atendidas por un especialista. En el discurso no se ofrece ningún resultado en términos de las condiciones de salud. Por ejemplo, hubiera sido muy importante destacar las variaciones en la mortalidad por COVID, en lo cual Chile tuvo especial éxito en el contexto de América Latina, o la reducción de las tasas de mortalidad neonatal o infantil, solo por citar algunos ejemplos en el área materno-infantil, o las reducciones en la mortalidad por enfermedades crónicas. Esto es especialmente relevante porque Chile es uno de los países de la región con sistemas de información de mayor cobertura y calidad.

Por todo lo anterior, se puede destacar en el caso de este mensaje del presidente Boris que existe un mayor énfasis en los servicios prestados que en los resultados. Es decir, que es mucho más fácil contabilizar las unidades de servicios que disponer de los sistemas de medición que relacionen tales servicios con las condiciones de salud concretas de las personas. En consecuencia, existen dos aspectos que se derivan de los contenidos del discurso. En primer lugar, que la utilización de los sistemas administrativos, por ejemplo, los vinculados con las mediciones de mortalidad y morbilidad, no están en un nivel de actualización que permita generar análisis luego de concluido el año 2022. Y en segundo lugar, que no existen sistemas de mediciones más específicos como, por ejemplo, la aplicación de encuestas de hogares para obtener datos sobre aspectos tan relevantes como la cobertura de protección financiera en salud o la cobertura de beneficios como las pensiones. Mientras continúe este desfase entre la medición y el análisis de la gestión, será muy difícil acercar los resultados a las actividades o servicios que prestan los gobiernos, lo cual es, probablemente, uno de los retos más importantes en las políticas públicas de América Latina.

Politemas, Tal Cual, 7 de junio de 2023

El programa de gobierno de la oposición en Turquía

La segunda vuelta de la elección presidencial en Turquía se realizará el próximo 28 de mayo. Antes del anuncio oficial de esta nueva elección, la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa (OSCE) había difundido las conclusiones preliminares de la Misión Internacional de Observación. En este reporte se destaca el ventajismo del gobierno en el proceso electoral, expresado en los sesgos en la cobertura informativa, en las restricciones de las libertades de reunión, asociación, y expresión, las cuales afectaron la participación de políticos y partidos de oposición, así como de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. También se indica en el informe la intensa polarización expresada en la campaña electoral a través del abuso en el uso de recursos e intimidación por parte del gobierno.

La segunda vuelta del 28 de mayo será un evento mayor, con repercusiones tanto para Turquía como en el contexto global. La presencia internacional de Turquía, expresada por sus múltiples conexiones con todos los continentes (no por azar el aeropuerto internacional de Estambul se presenta como el punto de encuentro del mundo), es una demostración de estos múltiples efectos. El deterioro de la institucionalidad política y las restricciones del crecimiento económico para los próximos años, son indicativos de la relevancia que tiene la elección para el futuro del país.

Por estas razones es muy explicable la importancia de la visión de políticas que podría tener un gobierno alternativo en Turquía. A tal efecto, el Frente Nacional, coalición que enfrentará nuevamente al gobierno en la segunda vuelta, ha difundido varios documentos desde el año pasado. Esta coalición está conformada por seis partidos: Partido Republicano Popular, Partido Democracia y Progreso, Partido Demócrata, Partido del Futuro, Partido del Bien, y Partido de la Felicidad. Estos partidos abarcan un espectro desde la social democracia hasta el liberalismo, todos ellos pro-europeos y partidarios de la presencia de Turquía en la OTAN y en la Unión Europea. Los documentos difundidos en 2022 por el Frente Nacional incluyen propuestas para fortalecer el sistema parlamentario, reformas constitucionales e institucionales, y sobre la seguridad del sistema electoral.

El 30 de enero de 2023, el Frente Nacional presentó a la opinión pública nacional e internacional el “Memorandum de Entendimiento sobre Políticas Comunes”. Este documento tiene una extensión de 248 páginas con más de 2300 acuerdos (organizados en 75 áreas). Constituye la Declaración Electoral del candidato presidencial, y es la base de las políticas públicas que se ofrecen a los votantes.

El memorándum está organizado en nueve grandes temas: (1) justicia y sistema judicial, (2) administración pública, (3) políticas de transparencia y anti-corrupción, (4) economía, finanzas y empleo, (5) ciencia, investigación y desarrollo, innovación, emprendimiento, y transformación digital, (6) políticas sectoriales, (7) educación y entrenamiento, (8) políticas sociales, y (9) política exterior, defensa, seguridad y migración.

Las líneas generales del memorándum apuntan a la construcción de una democracia sólida, a la reestructuración de la administración para orientarla al ciudadano, al progreso hacia una economía sostenible de altos ingresos centrada en una estrategia de desarrollo inclusivo, de transición verde y digital, con un sistema educativo inclusivo, que garantice igualdad de oportunidades sin discriminación, y con la introducción de garantías constitucionales para los derechos de sostenibilidad, erradicación de la pobreza extrema, y con progreso para todos los ciudadanos.

Que una alianza política en un país tan relevante como Turquía, haya podido acordar un programa de gobierno de esta envergadura, ofrece notables lecciones comparadas. En primer lugar están las lecciones sobre las características que debe tener un programa de esta naturaleza: (1) debe ser preparado con anticipación y con perspectiva de largo plazo, (2) debe ser amplio, es decir, cubrir la mayor cantidad de áreas de la gestión pública, (3) debe ser lo más detallado posible (no bastan los acuerdos generales, es necesario llegar a los puntos críticos), (4) debe incluir metas taxativas (que serán la guía de la acción del gobierno y de la información a los ciudadanos), y (5) debe ser comunicado con suficiente tiempo a los electores.

El segundo aspecto está relacionado con las lecciones sobre la utilidad o funciones de un programa de políticas públicas de esta naturaleza. La extensión y profundidad del programa es útil: (1) para generar mensajes en la campaña electoral que demuestren a los ciudadanos que se conocen los problemas, y también muy importante, que se tienen las soluciones, es decir, se convence porque se conoce, porque se demuestra seguridad, (2) para guiar la organización del gobierno, esto es, para seleccionar a los líderes más capaces para la gestión, para que tengan tiempo de trabajar en equipo las múltiples decisiones que deberán enfrentar en un plazo muy corto (entre la elección y la toma de posesión del nuevo gobierno), y (3) para informar a los actores nacionales e internacionales sobre la seriedad en el tratamiento de los temas, sobre el conocimiento de las repercusiones geopolíticas, financieras e institucionales que tendrán las medidas del gobierno, y para fortalecer los acuerdos que permitan garantizar la viabilidad de la gestión. Todas estas acciones son previas, a ellas hay que dedicar tiempo, y equipos humanos amplios y diversos.

Los resultados de la segunda vuelta en Turquía son difíciles de anticipar, dado el entorno cambiante que puede tener una campaña electoral en un país tan complejo. La oposición ha logrado acordar un candidato de consenso, con un programa de gobierno detallado y de múltiples acuerdos. La forma de manejar la comunicación política, en un entorno de grandes restricciones para las buenas prácticas democráticas, influirá en el resultado de la elección. Lo que está bastante claro es que la oposición tiene una ruta, un plan de vuelo específico y detallado. Y eso, los ciudadanos lo perciben desde la primera palabra.

Politemas, Tal Cual, 17 de mayo de 2023

La brecha en las políticas de desarrollo sostenible

En la última semana del mes pasado, 25 a 28 de abril, se realizó en Santiago de Chile la Sexta Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, bajo los auspicios de la Cepal. En esta reunión del Foro participaron los gobiernos de la región con el propósito de analizar la evolución de los progresos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030.

Las conclusiones y recomendaciones del Foro expresan el conjunto de aspectos en los cuales existe el consenso de los gobiernos de los países de la región. Son exactamente 110 puntos acordados por los gobiernos. Quizás el de mayor relevancia para las políticas de desarrollo sostenible es el punto 8.

En el punto 8 de este documento se indica que los gobiernos observan con preocupación que las metas de los ODS establecidas para el año 2020, no se han cumplido plenamente. Expresan un llamado a las instancias internacionales para que fortalezcan las decisiones en esta materia. Y luego, se citan en este punto las diversas políticas públicas que deberían priorizarse. Estas políticas son las siguientes: la protección de la biodiversidad, la reducción del riesgo de desastres, el aumento de la disponibilidad de datos oportunos, tanto en calidad como en los niveles desagregados, la participación de los jóvenes, el incremento de los recursos financieros, y la creación de capacidad y la transferencia de tecnologías a los países en desarrollo.

Tal como está redactado el punto 8, pareciera que esas políticas mencionadas son responsabilidad de la comunidad internacional. No se menciona la directa vinculación de estas políticas con las decisiones u omisiones que cada día tienen los gobiernos de la región sobre estos aspectos. Cada una de estas políticas debería requerir la mejor calidad en el diseño y la respectiva asignación de recursos por parte de los gobiernos de los países.

Cada una de las áreas de políticas públicas debería responder a las específicas realidades de los países, pero también dentro de ellos. Solo con imaginar los diferentes niveles de biodiversidad que pueden tener México y Paraguay, se tiene una idea de los requerimientos particulares en cada caso. De igual manera, las mejoras en la disponibilidad de datos oportunos y en su desagregación, son muy distintas en países de menor extensión como El Salvador, y en países de grandes dimensiones como Brasil y Argentina.

Una primera dimensión de la brecha de políticas de desarrollo sostenible, está relacionada con el hecho de que corresponden más bien al ámbito de los gobiernos de los países, y no a la comunidad internacional, como se menciona en el documento. La segunda dimensión de la brecha está asociada con la falta de explicitación, al menos de las características generales que deberían tener las políticas públicas mencionadas en el punto 8. De hecho, también parece más apropiado que se hubiera recomendado a los gobiernos diseñar o actualizar estas políticas públicas con el propósito de tomar en cuenta las modalidades para alcanzar los ODS en 2030.

Visto lo anterior, no solo la región tiene restricciones significativas para conocer la evolución de los ODS (por las limitaciones en los sistemas de información), también existen limitaciones en el diseño de las políticas públicas relacionadas. Es bastante claro que sin mejoras sustantivas en las capacidades de los gobiernos para diseñar e implementar políticas públicas, el desarrollo sostenible en América seguirá teniendo progresos muy limitados en los próximos años.

Politemas, Tal Cual, 11 de mayo de 2023

América Latina: más lejos de la diversificación

Los últimos pronósticos de organismos internacionales (Banco Mundial, FMI, Cepal) no son muy auspiciosos para América Latina. Se destaca en estos reportes que la pandemia y la invasión rusa de Ucrania, han agravado los pronósticos realizados a principios de esta década. América Latina no crece en la magnitud requerida para superar las restricciones previas a la pandemia y las que han surgido en el último año.

Pero el problema es más serio. América Latina no crece, pero tampoco crea riqueza en el nivel requerido para generar el círculo virtuoso de mayores inversiones, mejores empleos, más recursos públicos para servicios, y nuevamente mayor riqueza. Este círculo virtuoso es el que han mantenido por décadas países como Japón y Alemania (industrializados antes de la II Guerra Mundial), o Corea del Sur a partir de mediados de los años sesenta. Solo por citar algunos ejemplos.

La capacidad de crear riqueza en los países depende del conocimiento disponible para prestar servicios y producir bienes. Y para ello se requiere que los países tengan múltiples conocimientos. Mientras más conocimientos existan, se generan más capacidades, y, en consecuencia, se amplían empresas o se crean nuevas empresas. Este proceso de diversificación es lo que conduce al círculo virtuoso de la creación de riqueza.

El Índice de Complejidad Económica (ICE) es una forma de resumir la medida de las capacidades de los países para producir. La Universidad de Harvard, a través del Atlas de Complejidad Económica, publica regularmente los valores del ICE para los países incluidos en esa base de datos. El valor del ICE es positivo cuando un país tiene mayor diversidad de los productos que elabora que el promedio de todos los países. Mientras más positivo es el ICE significa que el país tiene mayor complejidad económica (por ejemplo, Japón tiene el mayor valor de ICE desde 1995, primer año de la serie). De la misma forma, mientras más negativo sea el ICE el país tiene menor diversidad con respecto al promedio de los países.

En el año 2015, la gran mayoría (12 de 19) de los países de América Latina tenían ICE negativo (solo Haití no tiene información disponible). Esto significó que siete países (Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, y Uruguay) tenía el ICE positivo para ese año. De estos países, solo México alcanzó un valor de ICE superior a 1 (Japón tenía 2,49 en 2015).

En el año 2020 (último año con información disponible en el Atlas de Harvard), solo cinco países tuvieron ICE positivo (Colombia y Uruguay pasaron a tener valores negativos). Cuatro de estos países (Brasil, El Salvador, México, y Panamá) registraron menores valores de ICE con respecto a 2015, aunque se mantuvieron en valores positivos. Costa Rica es el único país de la región que aumentó el ICE (de 0,26 en 2015, a 0,30 en 2020).

Si ese era el nivel de diversificación en 2020, sin los efectos completos de la pandemia, y con las restricciones económicas de la actualidad, es muy probable que los valores del ICE sean menores en los años siguientes. Que el tema de la diversificación económica no esté en la agenda pública de los países, explica las tremendas dificultades para crear riqueza que se deberán superar en la región. Quizás la prueba más exigente para la calidad de los liderazgos políticos en América Latina.

Politemas, Tal Cual, 3 de mayo de 2023