La salud mental de los jóvenes en América Latina

Hace pocas semanas el Banco Mundial publicó un reporte de investigación que llama la atención sobre un problema de especial importancia en América Latina. Se trata de las condiciones de salud mental de los jóvenes en la región. No es solamente que muchas veces la salud mental, en general, recibe poca atención en las prioridades de políticas de los gobiernos. Es que la salud mental de los jóvenes es mucho menos frecuente en la agenda pública.

Esta situación es bastante llamativa porque es contradictoria con la importancia que se la asigna a la juventud para el futuro de los países. Importancia que es, sin dudas, real por las implicaciones que tienen los jóvenes para la generación de nuevas ideas y prácticas, así como para el progreso en la calidad de los empleos y en la innovación.

El reporte del Banco Mundial indica que las condiciones de salud mental en la población entre 10 y 24 años representaban la causa más frecuente de años de vida perdidos por discapacidad (AVAD) en América Latina y el Caribe en 2019 (22% de la carga total de enfermedad). También se indica que más de 22 millones de jóvenes, sobre un total de 160 millones en la región, viven con alguna condición que afecta su salud mental.

Al comparar las variaciones entre 1990 y 2019, se señala en el reporte que el conjunto formado por depresión, ansiedad, trastorno bipolar, trastornos de la alimentación, y esquizofrenia, representa el grupo más frecuente de años de vida perdidos por discapacidad (AVAD) relacionada con la afectación de las condiciones de salud mental (más de la mitad de todas las causas). También se indica que los años de vida perdidos por discapacidad asociados con los abusos de sustancias han aumentado casi 15%, y los años perdidos por discapacidad asociada con autolesiones y suicidios se incrementaron en 18% entre 1990 y 2019.

En el gráfico se muestran los valores de años de vida perdidos por discapacidad (AVAD) relacionada con condiciones de salud mental para los países de América Latina en 2019. Seis países de la región (Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay, Ecuador, y Argentina) tienen valores de AVAD mayores que el promedio para América Latina y el Caribe.

América Latina: Total de años perdidos por discapacidad (AVAD) por condiciones de salud mental por países, 2019
(AVAD por 100.000 habitantes)

 

Fuente: Gordillo-Tobar, Medici, Calvo. 2023. Discussion paper. Banco Mundial

Dado este contexto, ¿cuáles podrían ser las alternativas de políticas que tienen a su disposición los países de la región? El reporte insiste, atinadamente, en las grandes limitaciones para contar con datos que fundamenten mejores políticas. Los datos analizados corresponden a los últimos disponibles, esto es, para 2019. Esto significa que las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en el ámbito de las condiciones de salud mental son prácticamente desconocidas. Se señala que esta situación es agravada porque muchos países no cuentan con sistemas rutinarios para obtener, ordenar y sistematizar datos de relevancia para la toma de decisiones en esta área de las políticas de salud. Se debe agregar a estas restricciones las inconsistencias en las definiciones y clasificaciones de las condiciones de salud mental.

Mientras los gobiernos implementan cambios sustantivos en los sistemas de registros, es fundamental generar alternativas de intervención en los espacios de convivencia de los jóvenes en la región. Esto significa la puesta en marcha de programas innovadores que integren esfuerzos de servicios de salud, escuelas, universidades, organizaciones de la salud, con el propósito de mejorar el diagnóstico precoz, y especialmente, el inicio del tratamiento adecuado y el seguimiento. Como en tantas áreas de las políticas públicas, el gran reto es mejorar la identificación del riesgo de las personas y familias. Sin la incorporación de estas alternativas de intervención seguiremos conociendo tarde los efectos en las condiciones de salud mental de los jóvenes, y, en consecuencia, no podemos esperar otra cosa que el aumento de la frecuencia y magnitud de estos severos impactos para la región.

Politemas, Tal Cual, 22 de noviembre de 2023

El uso excluyente del concepto de “mayoría”

El concepto de “mayoría” está involucrado en la práctica de la democracia. Si se asume que cada ciudadano tiene un voto (expresión de su voluntad), entonces, la mayoría de los votos resuelve el problema práctico de la decisión a tomar. Sencillamente se cuentan todos los votos, y aquella posición que obtenga la mayor cantidad es la seleccionada.

Se puede ser más exigente porque muchas veces la mayor cantidad de votos, especialmente si hay muchas alternativas, puede resultar en aprobación de opciones con 20% de los votos, por señalar una referencia. Para estos casos se definen “mayorías” más estrictas, por ejemplo, la mitad más uno de los votos (llamada también mayoría absoluta), o incluso más exigentes como la mayoría de dos tercios. En las elecciones de cargos ejecutivos y legislativos se puede incluir la doble vuelta, para que queden solo dos candidatos, con lo cual la posibilidad de alcanzar más del 50% de los votos es más alta. De esta manera, el candidato electo obtiene una mayor proporción de apoyos que la que tenía en la primera vuelta.

Todo lo anterior está muy bien cuando antes de la elección existe un acuerdo en que la opción perdedora será respetada y considerada en el marco de la mayor amplitud democrática. Los problemas aparecen cuando una mayoría (por ejemplo, de 50,1% de los votos), utiliza esta ventaja para actuar de manera excluyente con respecto al 49,9% restante. Esta exclusión puede tener múltiples causas, pero sus consecuencias son siempre las mismas: el deterioro de la calidad de la democracia. Varios ejemplos lo pueden ilustrar.

En Venezuela, en 1998, el gobierno que resultó en las elecciones presidenciales de diciembre de ese año obtuvo poco más de 57% de los votos. Sin embargo, de acuerdo con esos resultados (es decir, el uso de la mayoría) se aprobó un sistema electoral (para la elección de la Asamblea Constituyente de 1999), que excluyó la representación proporcional del 40% de la población que no había votado por el candidato electo. Esto explica que en esa Asamblea Constituyente la mayoría del 60% obtuviera el 92% de los diputados. Esa exclusión originaria explica mucho de lo que pasado en Venezuela desde 1999.

En Chile, en pocas semanas se votará por segunda vez (la primera fue en septiembre de 2022) un nuevo texto constitucional. El primero no fue ratificado porque la mayoría de la Convención Constitucional no se reflejó, afortunadamente, en el resultado del plebiscito de salida. Si se hubiera aprobado la nueva constitución por 51% de los votos, casi la mitad de la población no la hubiera considerado como suya. En pocas semanas (17 de diciembre) se puede repetir esta situación. Este segundo texto también puede ser rechazado, esta vez por aquellos que votaron a favor en la primera propuesta de constitución. Como resultado, Chile habrá perdido dos oportunidades para aprobar una constitución que represente los intereses y expectativas de los ciudadanos.

El tercer caso está vinculado con las recientes elecciones generales en España. La opción que obtuvo la mayor cantidad de curules no alcanzó la mayoría absoluta. En consecuencia, no pudo conformar el gobierno. La segunda opción puede alcanzar la mayoría absoluta, pero con una diferencia de solo 7 escaños (sobre 350). De manera que podría formar gobierno, en la llamada “nueva mayoría social”, con el objetivo de imponerse a la opción que tiene la proporción más grande de curules.

En los tres casos señalados, las normas permiten a tales “mayorías” utilizar procedimientos institucionales para excluir a grandes sectores de la población, estén expresados en votos o en curules parlamentarias. En la práctica, estas mayorías se convierten en agentes de exclusión, amparados en normas degradan el sentido de la democracia.

Todo lo anterior lleva a preguntarse sobre las alternativas para evitar que se imponga una especie de “tiranía de la mayoría”. Una primera respuesta es que antes que las normas están los acuerdos, muchos de ellos basados en la confianza y en la convicción de que solo es posible construir democracias sólidas y funcionales a través de la construcción de la mayor cantidad y calidad de consensos. Ejemplo de ello son las oportunidades en que gobiernos con amplias mayorías, con facultad para aprobar normas de manera unilateral, se preocupan más bien por alcanzar amplias franjas de apoyo. Porque en el fondo está la visión de que son los acuerdos los que generarán la sostenibilidad de las políticas públicas. Un ejemplo paradigmático es la aprobación de la Ley General de Sanidad de España en 1986, en el cuarto año de la legislatura de un gobierno con mayoría absoluta, pero que se preocupó por incorporar la mayor cantidad de apoyos. Lo cual puede explicar que los cambios impulsados por la ley se hayan mantenido por casi 40 años.

También se pueden explorar otras normas que reduzcan los riesgos de mayorías excluyentes, como, por ejemplo, aumentar el requerimiento de aprobación a los dos tercios (66%) de las curules para la formación del gobierno, o que las constituciones sean aprobadas con un porcentaje alto de apoyo (por ejemplo, 80% de los votantes). Sin embargo, antes que las normas, pareciera ser que lo más sostenible es la vocación de los actores políticos por la permanente construcción del nivel más alto de consensos. Lamentablemente, en la actualidad los liderazgos no están concentrados en construir tales consensos. Las consecuencias de esta ausencia la viven los ciudadanos en inestabilidad, deterioros de su bienestar, y afectación de la convivencia. Son los perniciosos efectos de las mayorías excluyentes.

Politemas, Tal Cual, 15 de noviembre de 2023

¿Cuán alta es la mortalidad materna de Venezuela?

Todo indica que la mortalidad materna de Venezuela debe ser alta. Los efectos de la emergencia humanitaria compleja iniciada en 2016, sumados a la hiperinflación y la pandemia de COVID-19, son signos muy claros del deterioro en la atención materna en los servicios de salud del país. Ahora bien, establecer la verdadera magnitud de la mortalidad materna es una tarea complicada.

Si Venezuela hubiera mantenido el alto nivel de elaboración y publicación de estadísticas de salud que tenía en 1961, la tarea sería muy sencilla. Los datos epidemiológicos y de estadística vital de 1960 fueron publicados por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social MSAS) en julio de 1961. Es decir, apenas seis meses luego de concluir el año anterior.

Esta celeridad y calidad en la publicación de los datos de salud fue considerada como “milagro técnico y administrativo” por el Jefe de Metodología y Estadística de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según indica Arnoldo Gabaldón, Ministro de Sanidad y Asistencia Social en ese año, en su clásica publicación “Una Política Sanitaria”. Comenta Gabaldón que ese hecho, la publicación a los seis meses de concluir el año, “colocó a Venezuela a la vanguardia de los países que publican más oportunamente sus estadísticas”.

En la actualidad Venezuela no pertenece a esa vanguardia. Los últimos datos publicados de la mortalidad registrada en el país corresponden al año 2016. Es decir, un rezago de casi ocho años. Al momento de escribir, el sitio web correspondiente a la información oficial del ministerio respectivo ni siquiera está activo.

En estas circunstancias, de ausencia sistemática de datos nacionales de tanta relevancia para las condiciones de salud de la población, se pueden utilizar los aportes de los organismos internacionales para suplir, en alguna manera, estas restricciones de información.

En el sitio web de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se pueden consultar las estimaciones más recientes (2020) de la razón de mortalidad materna (RMM), esto es, las muertes maternas ocurridas en 100.000 nacidos vivos registrados en el año respectivo, para los países de América Latina. Estas estimaciones fueron realizadas por OMS, UNICEF, UNFPA, Banco Mundial, y UNDESA (División de Población). También se encuentran disponibles por países y años anteriores, junto con la metodología de estimación.

En el gráfico se muestran las estimaciones de la razón de mortalidad materna para todos los países de América Latina. La razón de mortalidad materna de Venezuela era en 2020 la segunda más alta de la región (259,2 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos), solo superada por la de Haití (350,4 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos). La razón de mortalidad materna de Venezuela en 2020 era 17 veces mayor que la de Chile, país de la región con la menor RMM.

América Latina: Razón de mortalidad materna (RMM) 

estimada (2020) por país 

(muertes maternas por 100.000 nacidos vivos)

Fuente: OPS, de acuerdo con estimaciones de OMS, UNICEF, UNFPA, Banco Mundial, y UNDESA (División de Población).

De acuerdo con estas estimaciones, la RMM de Venezuela aumentó poco más de cinco veces entre 1998 y 2020, pasando de ser un país con RMM intermedia a muy alta. Nótese que el último valor estimado de RMM corresponde a 2020, el primer año de la pandemia. Es muy probable que la situación actual refleje un mayor deterioro en la cobertura de servicios materno-infantiles, y, por ende, una RMM más elevada, especialmente en países como Venezuela con deterioros económicos y sociales pronunciados. El aumento extraordinario de la RMM en las últimas décadas en Venezuela es muestra evidente de los notables retrocesos en la protección financiera y en la cobertura de servicios en todos los ámbitos del sistema de salud.

Politemas, Tal Cual, 8 de noviembre de 2023

La organización del gobierno: el caso de Chile

Chile es una de las democracias plenas del mundo. Ocupa el lugar 19 en la clasificación elaborada por la revista The Economist para el año 2022. Junto con Uruguay (lugar 11) y Costa Rica (lugar 17) constituyen las tres democracias plenas de América Latina. Entre 2021 y 2022, Chile mejoró seis puestos en el orden de las democracias plenas a escala global.

El ritmo de crecimiento económico de Chile ha decrecido notablemente en los últimos años. Según estimaciones del FMI, el PIB per cápita (ajustado por capacidad de compra) de Chile descenderá del segundo puesto que ocupa en América Latina en 2023 (solo superado por el de Panamá), al cuarto puesto en 2028 (menor que el de Panamá, Uruguay, y República Dominicana). De acuerdo con el Índice de Complejidad Económica (ICE), elaborado por la Universidad de Harvard, Chile ha registrado valores negativos en todos los años transcurridos entre 2000 y 2021. Es decir, en Chile se producen menos productos que el promedio de todos los países del mundo. Para 2020, la OMS reporta que el gasto de bolsillo en salud de Chile era 29%, más que el 20% considerado como límite para los países de bajo gasto de bolsillo.

El gobierno nacional de Chile tiene el mayor número de ministerios (24) entre los países con democracias plenas de la región: Uruguay tiene 14, y Costa Rica 19. Este número de ministerios también es superior al de los países con mayor nivel de desarrollo analizados: Japón (11), Estados Unidos (14), Alemania (16), y Corea del Sur (19). Enfrentar los retos de políticas públicas de Chile para los próximos deberá tomar en cuenta la organización del gobierno más adecuada para tales fines.

Los ministerios de Chile están divididos en cinco grupos además de los dos ministerios de gestión del gobierno: Secretaría General del Gobierno y Secretaría General de la Presidencia. En el primer grupo, en el área de seguridad y justicia, están los siguientes ministerios: (1) Interior y Seguridad Pública, (2) Justicia y Derechos Humanos, y (3) Defensa Nacional. En el área internacional está el ministerio de Relaciones Exteriores.

En el área económica, se encuentra el mayor número de ministerios (diez). Estos ministerios son los siguientes: (1) Hacienda, (2) Economía, Fomento y Turismo, (3) Minería, (4) Energía, (5) Vivienda y Urbanismo, (6) Transportes y Telecomunicaciones, (7) Obras Públicas, (8) Agricultura, (9) Bienes Nacionales, y (10) Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

En la cuarta área, la de política social, están siete ministerios: (1) Salud, (2) Educación, (3) Mujer y Equidad de Género, (4) Desarrollo Social y Familia, (5) Trabajo y Previsión Social, (6) Culturas, Artes y Patrimonio, y (7) Deporte. En la quinta área, de ambiente, solo se encuentra el ministerio de Medio Ambiente.

Los casos de los siete países analizados ilustran que la organización de los gobiernos nacionales puede combinar un número bajo de ministerios (menos de 20, quizás lo mejor sean 15) con una asignación de áreas que exprese dimensiones generales de las políticas públicas. Con estos criterios, se puede aumentar la coordinación en el gobierno, y un mejor diseño, implementación, y seguimiento de las políticas públicas. Por supuesto, aparte del modo de organización, existen otros factores determinantes para el éxito de los gobiernos. Pero es bastante evidente que la organización del gobierno debe responder efectivamente para lograr mejores políticas públicas para los ciudadanos.

Politemas, Tal Cual, 1 de noviembre de 2023

La organización del gobierno: el caso de Costa Rica

Costa Rica está clasificada en 2022, de acuerdo con la revista The Economist, como una democracia plena, ocupando el lugar 17 a escala global, solo superada por Uruguay en la región. La siguiente democracia plena de la región es Chile (puesto 19 en la misma clasificación).

De acuerdo con estimaciones del FMI, en 2028 Costa Rica seguirá ocupando el quinto lugar en la región en términos del PIB per cápita (ajustado por capacidad de compra), esto es poco más de 24 mil dólares, solo superado por Panamá, Uruguay, República Dominicana, y Chile. Con respecto a la diversificación productiva, Costa Rica tiene un Índice de Complejidad Económica (ICE) positivo en 2021, de acuerdo con la Universidad de Harvard, solo superado por el de México. La OMS reporta que el gasto de bolsillo de Costa Rica era 20% del gasto total en salud en 2020 (solo tres países: Cuba, Colombia, y Uruguay, tienen menor proporción de gasto de bolsillo).

El gobierno nacional en Costa Rica está organizado en 19 ministerios. Este número de ministerios es mayor que el de Uruguay que tiene 14. Comparado con el número de ministerios de países con mayor nivel de desarrollo, este número es igual al de Corea del Sur y mayor que el número de ministerios de Japón (11), Estados Unidos (14), y Alemania (16).

Los ministerios de Costa Rica están divididos en cinco grupos además del Ministerio de la Presidencia. En el primer grupo, en el área de seguridad y justicia, solo está el ministerio de Justicia y Paz. En el área internacional está el ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

En el área económica, se encuentra el mayor número de ministerios (ocho). Estos ministerios son los siguientes: (1) Hacienda, (2) Agricultura y Ganadería, (3) Economía, Industria y Comercio, (4) Obras Públicas y Transportes, (5) Planificación y Política Económica, (6) Ciencia, Innovación, Tecnología, y Telecomunicaciones, (7) Comercio Exterior, y (8) Pesca y Acuicultura.

En la cuarta área, la de política social, están siete ministerios: (1) Educación Pública, (2) Salud, (3) Trabajo y Seguridad Social, (4) Cultura y Juventud, (5) Condición de la Mujer, (6) Desarrollo Humano e Inclusión Social, y (7) Niñez y Adolescencia. En la quinta área, de ambiente, solo se encuentra el ministerio de Ambiente y Energía.

A diferencia de Uruguay, la organización del gobierno en Costa Rica cuenta con mayor número de ministerios, y mayor especificidad de sectores dentro de las áreas. En la práctica, esto puede significar restricciones para la coordinación de políticas públicas, y una mayor dificultad para potenciar efectos en ámbitos que son por definición multifactoriales. Esta tendencia se debe comparar con modalidades organizativas como las de Uruguay en las cuales se potencian tanto la coordinación como la globalidad en el enfoque del diseño e implementación de políticas públicas. Estos últimos aspectos son de especial relevancia para la organización de los gobiernos nacionales en los países con mayores rezagos de desarrollo en la región.

Politemas, Tal Cual, 25 de octubre de 2023

La organización del gobierno: el caso de Uruguay

Uruguay está considerada la mejor democracia plena de América Latina (ocupa el lugar 11 entre todos los países del mundo, de acuerdo con la revista The Economist para el año 2022). La siguiente democracia plena de la región es Costa Rica (puesto 17 en la misma clasificación).

En el aspecto económico, el FMI estima que en 2028 Uruguay tendrá el segundo PIB per cápita (ajustado por capacidad de compra) de la región (sólo superado por Panamá). Esto significa que desplazará a Chile que se encuentra actualmente en el segundo lugar. En términos de diversificación productiva, Uruguay tiene un Índice de Complejidad Económica (ICE) positivo en 2021, de acuerdo con la Universidad de Harvard, solo superado por los de México y Costa Rica. En protección social, Uruguay es uno de los tres países de América Latina con un gasto de bolsillo en salud menor al 20% del gasto total en 2020 según la OMS (los otros dos son Cuba y Colombia).

Visto este notable desempeño de Uruguay, en los aspectos políticos, económicos, y sociales, conviene explorar la organización del gobierno nacional como una referencia para analizar la calidad del diseño e implementación de políticas públicas. El gobierno nacional en Uruguay está conformado por 14 ministerios. Este número es igual a los ministerios que tiene Estados Unidos, y menor a los de Alemania y Corea del Sur. Solo Japón tiene menos ministerios (11) entre los países analizados hasta la fecha.

También llama la atención que en Uruguay los ministerios cubren áreas específicas (a diferencia de otros países en los cuales los ministerios tienden a abarcar múltiples áreas, por ejemplo, en Japón y Corea del Sur). Así tenemos que, en el área de seguridad y justicia, solo están dos ministerios: (1) Interior, y (2) Defensa Nacional. Nótese que no existe ministerio de justicia. En el área internacional está el ministerio de Relaciones Exteriores.

En el área económica se encuentran seis ministerios: (1) Economía y Finanzas, (2) Turismo, (3) Industria, Energía, y Minería, (4) Transporte y Obras Públicas, (5) Vivienda y Ordenamiento Territorial, y (6) Ganadería, Agricultura, y Pesca. Se puede apreciar la diversidad de sectores con implicaciones económicas, coordinados por el ministerio de Economía y Finanzas.

El área de políticas sociales está conformada por cuatro ministerios: (1) Salud Pública, (2) Educación y Cultura, (3) Desarrollo Social, y (4) Trabajo y Seguridad Social. En el área ambiental se encuentra el ministerio de Ambiente.

En el caso de Uruguay, se puede apreciar que el desempeño general del gobierno, expresado en la calidad de las políticas, no está relacionado con un número elevado de ministerios o por la asignación de múltiples áreas a cada uno de ellos. Más bien parece que el orden y la sencillez son mejores determinantes que las estructuras administrativa desproporcionadas y más bien inefectivas. Una excelente referencia para la mejora de las políticas públicas en la región: orden y sencillez.

Politemas, Tal Cual, 4 de octubre de 2023

La organización del gobierno: el caso de Estados Unidos

Estados Unidos será la economía con mayor PIB per cápita entre las economías avanzadas (G7) hasta el año 2028 (de acuerdo con las últimas estimaciones del FMI). El monto del PIB per cápita se acercaría a los 70 mil dólares. Ningún otro país del G7 (los otros son: Japón, Alemania, Canadá, Francia, Italia, y Reino Unido) se acercará a los 60 mil dólares de PIB per cápita. El total de la producción de Estados Unidos representará en 2028 poco menos del 15% del total mundial.

Las dimensiones de la economía de Estados Unidos no se acompañan con éxitos en otros aspectos del desarrollo. De acuerdo con la última clasificación de la revista The Economist, correspondiente al año 2022, Estados Unidos es considerado como una “democracia defectuosa”. Si se toma como referencia el Índice de Complejidad Económica (ICE) de la Universidad de Harvard, entre 2000 y 2021, Estados Unidos ha decrecido en diversidad productiva (al pasar del puesto 6 al puesto 14 en el período), distante de Japón y Alemania (los países del G7 con mayor ICE en 2021). En los aspectos positivos, por ejemplo, en la protección de salud, indicador de referencia para las condiciones sociales, el gasto de bolsillo en los Estados Unidos es uno de los más bajos entre los países del G7.

Dada la relevancia económica y política de los Estados Unidos, con influencia en múltiples áreas de la escena internacional, la forma de organización del gobierno cobra especial significación. El diseño e implementación de políticas públicas están directamente relacionados con la forma en la cual se organizan las instancias del gobierno nacional. Al igual que en los casos de Japón, Alemania, y Corea del Sur, las características de la organización del gobierno denotan visiones y prácticas de influencia en el análisis de las políticas públicas.

El gobierno de Estados Unidos está organizado en secretarías (equivalente a los ministerios en otros países). Las secretarías conforman, junto con otras oficinas, el gabinete ejecutivo. En el gabinete están representados 14 secretarías (un poco más que en Japón, pero menos que en Alemania y Corea del Sur). Las secretarías se pueden dividir en cuatro áreas.

En la primera área, de seguridad y justicia, se incluyen cuatro secretarías: (1) Defensa, (2) Fiscal General, (3) Interior, y (4) Seguridad Nacional. El área internacional está a cargo de la Secretaría de Estado (la cual ocupa el tercer lugar en la cadena de jerarquía del Ejecutivo nacional).

El área económica está conformada por cinco secretarías: (1) Tesoro, (2) Agricultura, (3) Comercio, (4) Transporte, y (5) Energía. En el área de política social se encuentran cinco secretarías: (1) Trabajo, (2) Salud y Servicios Humanos, (3) Educación, (4) Vivienda y Desarrollo Urbano, y (5) Asuntos de Veteranos. A diferencia de los gobiernos de Japón, Alemania, y Corea del Sur, no existe una instancia del gobierno nacional a cargo de los asuntos ambientales.

Dos aspectos destacan en esta organización del gobierno en los Estados Unidos. En primer lugar, que a pesar de los tópicos que debe cubrir un gobierno de un país con tal influencia, el número de secretarías es relativamente bajo. También se debe destacar que existen otras instancias, como agencias y oficinas que, aunque tienen participación en el gabinete, no tienen el rango de secretarías. El segundo aspecto está vinculado con las áreas cubiertas por las secretarías. A diferencia de los ministerios de Japón. Alemania, y Corea del Sur, que incluyen áreas diversas dentro de sus competencias, en Estados Unidos las áreas son más bien restringidas, lo cual no quiere decir necesariamente que no exista especificidad, sino que se manifiesta más bien en las características de las políticas públicas.

En conjunto, la experiencia de Japón, Alemania, Corea del Sur, y Estados Unidos, en lo que respecta a la organización de los gobiernos nacionales, indica que lo más práctico es tener un número manejable de ministerios, con efectivas capacidades de coordinación, y responsabilidades bien definidas. Lecciones de gran importancia para los gobiernos de América Latina ante los retos que enfrentan en lo que respecta al diseño e implementación de políticas públicas para el año 2030.

Politemas, Tal Cual, 27 de septiembre de 2023

La organización del gobierno: el caso de Corea del Sur

En 2028, de acuerdo con las últimas estimaciones del FMI, el PIB per cápita de Corea del Sur superará al de todos los países con economías avanzadas (G-7), con la excepción de Estados Unidos y Alemania. Este extraordinario logro de Corea del Sur se debe a décadas de un desempeño notable, entre ellos, pertenecer al grupo de las democracias plenas según la revista The Economist (en el lugar 24), y ocupar en 2021 el tercer puesto (solo detrás de Japón y Suiza) en el Índice de Complejidad Económica (ICE) de la Universidad de Harvard.

Al igual que en los casos de Japón y Alemania, el desempeño de Corea del Sur está relacionado con la calidad de las políticas públicas, implementadas de manera sistemática a través de instancias especializadas que conforman el gobierno nacional. Conocer la organización del gobierno es un primer paso para aproximarse a los aprendizajes que ofrece la experiencia de Corea del Sur en el diseño y práctica de políticas públicas.

En Corea del Sur, el presidente de la república es elegido en comicios universales. El primer ministro es propuesto a su vez por el presidente al órgano legislativo para su ratificación. Los ministerios constituyen instancias coordinadas por el primer ministro para el ejercicio del gobierno. El número de ministerios de Corea del Sur es 19 (ligeramente superior al de Japón y Alemania).

Los ministerios de Corea del Sur se pueden dividir también en cinco áreas de políticas públicas. En la primera área están los ministerios encargados de la seguridad y justicia, a saber: (1) Defensa nacional, (2) Justicia, (3) Interior y Seguridad, y (4) Unificación. Este último ministerio responde a las implicaciones que tiene la separación de las dos Coreas en el siglo pasado, tales como los aspectos fronterizos, de defensa, y en el ámbito cultural. La segunda área está vinculada con las relaciones internacionales, a cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La tercera área corresponde a los aspectos económicos, a través de los siguientes ministerios: (1) Economía y Finanzas, (2) Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales, (3) Comercio, Industria, y Energía, (4) Tierra, Infraestructura, y Transporte, (5) Océanos y Pesca, y (6) Pequeñas y Medianas Empresas, y Empresas Emergentes. Al igual que en los casos de Japón y Alemania, se aprecia la amplitud de temas bajo una coordinación común, con lo cual se destaca que los responsables de los ministerios deben combinar experiencia en diferentes temas y capacidad para interactuar en múltiples tópicos de políticas públicas.

La cuarta área, correspondiente a los temas de políticas sociales, está conformada por los siguientes ministerios: (1) Educación, (2) Ciencia, Información y Tecnologías de Comunicación, (3) Cultura, Deportes y Turismo, (4) Salud y Bienestar, (5) Empleo y Trabajo, (6) Igualdad de Género y Familia, y (7) Patriotas y Asuntos de Veteranos. La quinta área corresponde a un solo ministerio: Ambiente.

Tal como se ha resaltado en los casos de Japón y Alemania, en Corea del Sur la organización del gobierno está compuesta por un número moderado de ministerios, con una división temática diversa. Esto puede indicar que existe un proceso inicial de agregación de políticas en el interior de cada ministerio que debe continuarse con un nivel mayor de agregación en el nivel de los ministerios propiamente dicho. Los éxitos de estos tres países en las diferentes áreas de políticas demuestran la adecuada coordinación que realizan entre las múltiples áreas. El análisis de los factores que promueven esta efectiva coordinación gubernamental es de gran relevancia para los países de América Latina, con serias debilidades en las capacidades de sus gobiernos, tal como se expresa en el bajo desempeño de las políticas públicas.

Politemas, Tal Cual, 20 de septiembre de 2023

La organización del gobierno: el caso de Alemania

Alemania ocupa el segundo lugar entre las siete economías más avanzadas del mundo (también llamado G-7). El PIB per cápita (53 mil dólares) para 2023, en términos de poder de compra, solo es superado por el de Estados Unidos (65 mil dólares), de acuerdo con las estimaciones del FMI. Es también una de las 24 democracias plenas, ocupando el lugar 14 según la clasificación de la revista The Economist para el año 2022.

La tasa de desempleo estimada para Alemania en 2023 (según el FMI) es la segunda más baja entre los países del G-7. Entre 2000 y 2021, Alemania siempre ha clasificado entre los cuatro primeros países del mundo en el Índice de Complejidad Económica (ICE) de la Universidad de Harvard, expresión de su alto nivel de diversificación. Alemania, según la OMS (2020), tiene uno de los menores porcentajes de gasto de bolsillo en salud de los países del G-7, reflejo de la alta protección financiera.

Tal como se analizó para Japón, es de utilidad conocer la organización del gobierno de Alemania, con el propósito de identificar las pautas que han conducido a los relevantes éxitos de sus políticas públicas, de especial importancia para los gobiernos de América Latina.

Alemania tiene un gobierno federal de carácter parlamentario. El Canciller coordina un gabinete conformado por 16 ministerios. Los ministerios se pueden dividir en cinco áreas.

En la primera área están los cuatro ministerios encargados de asuntos internos, seguridad y defensa, a saber: Interior y Comunidad, Justicia, Defensa, y la Jefatura de la Cancillería y Asuntos Especiales, este último a cargo de las relaciones con los gobiernos subnacionales. La segunda área corresponde al ámbito internacional con los ministerios de Asuntos Exteriores, y el de Cooperación Económica y Desarrollo, de manera que entre ambas instancias combinan las relaciones de Alemania en el ámbito multilateral y bilateral, con expresiones en la diplomacia y en los programas de cooperación.

En el área económica se incluyen cinco ministerios: (1) Asuntos Económicos y Acción Climática, (2) Finanzas, (3) Alimentación y Agricultura, (4) Economía Digital y Transporte, y (5) Vivienda, Desarrollo Urbano, y Construcciones. Destaca la importancia asignada al cambio climático y la especialización en las diferentes áreas.

En el área de política social están cuatro ministerios: (1) Trabajo y Asuntos Sociales, (2) Asuntos de Familia, Adultos Mayores, Mujer, y Juventud, (3) Salud, y (4) Educación e Investigación. A diferencia del gobierno de Japón, existen más áreas de política social, pero también con un mayor grado de concentración.

La quinta área corresponde al ámbito ambiental con un ministerio: Ambiente, Conservación de la Naturaleza, Seguridad Nuclear, y Protección de Consumidores. A diferencia de Japón, en esta área se especifican más áreas de políticas relacionadas con el ambiente.

En Alemania la gestión del gobierno federal está concentrada en estos 16 ministerios. Dos características resultan de especial relevancia: un número funcional de ministerios, y la amplia área de influencia de las temáticas sectoriales. Ambos factores son de especial influencia para la coherencia y efectividad de la toma decisiones, aspectos a tomar en cuenta en la organización de gobierno en América Latina.

Politemas, Tal Cual, 30 de agosto de 2023

La organización del gobierno: el caso de Japón

Japón ocupa una posición destacada en diferentes áreas del desarrollo en el contexto global. En primer lugar, es una de las 24 democracias plenas del mundo, de acuerdo con la clasificación de la revista The Economist para el año 2022. También forma parte del G-7, esto es el grupo de las siete economías más avanzadas.

De acuerdo con el FMI, Japón tiene en 2023 más de 42 mil dólares de PIB per cápita en términos comparables de capacidad de compra (Estados Unidos tiene 65 mil dólares, el mayor valor del G-7). La tasa de desempleo en 2023 es la más baja entre los países del G-7 (2,3%). Entre 2000 y 2021, Japón ha registrado de manera ininterrumpida el primer puesto en el Índice de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard, demostración de su alto grado de diversificación productiva. Por otra parte, Japón tiene, según la OMS (2020), uno de los menores porcentajes de gasto de bolsillo en salud de los países del G-7, indicador del alto nivel de protección financiera de su población.

Todos estos logros de Japón están fundamentados en éxitos de políticas públicas, sostenidos a través de décadas. Conviene preguntarse, entonces, por la forma de organización del gobierno de Japón para diseñar, implementar, y evaluar políticas públicas. Tales pautas pueden ser de utilidad para los gobiernos de otros países, especialmente en América Latina.

El gobierno de Japón, en el nivel más alto de responsabilidad, está conformado por la Oficina del Primer Ministro, la Oficina del Gabinete, once ministerios, y dos agencias. También existen múltiples agencias y ministerios de estado, pero en niveles jerárquicos subalternos. El siguiente análisis se concentra en los ministerios en el mayor rango.

Los ministerios están divididos en cinco áreas. En la primera área están los ministerios encargados de seguridad y defensa, a saber: Asuntos Interiores y Comunicaciones, Justicia, y Defensa. La segunda área corresponde al ámbito internacional con el Ministerio de Asuntos Exteriores.

En el área económica se encuentran cuatro ministerios: Finanzas, y tres ministerios sectoriales: (1) Agricultura, Bosques y Pesca, (2) Economía, Comercio e Industria, y (3) Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo. A diferencia de la organización ministerial en países de América Latina, estos ministerios sectoriales agrupan diversas áreas relacionadas con la actividad productiva. En América Latina existe más bien la tendencia a la especialización de los ministerios.

En el área de política social están dos ministerios: (1) Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, y (2) Salud, Trabajo, y Bienestar. Al igual que en el caso de los ministerios del área económica, se incluyen diversos temas en un solo ministerio. En América Latina estos ministerios se encuentran más bien separados. En la quinta área se encuentra el Ministerio de Ambiente. La lista de las altas instancias se completa con la Agencia de Reconstrucción y la Agencia Digital.

La inclusión de múltiples aspectos en los ministerios reduce el número de responsables (solo once ministros), con lo cual se favorece la coordinación e intercambio en la toma de decisiones. Para atender nuevas demandas o problemas también existen alternativas de gestión que están incorporadas en la Oficina de Gabinete. Es previsible que dependiendo de la evolución de estas instancias pueden terminar siendo transferidas a los ministerios o convertidas en agencias permanentes.

La experiencia de Japón demuestra que la organización del gobierno puede combinar la especialidad de asuntos (pero incorporados en pocos ministerios), la efectividad en la gestión, y la flexibilidad para enfrentar nuevos problemas. Tres ejes de especial relevancia para los gobiernos en América Latina.

Politemas, Tal Cual, 23 de agosto de 2023