Los nuevos presidentes ante los efectos de la pandemia

La pandemia de covid-19 ha afectado la vida del mundo por casi tres años. Sus efectos se han extendido a todas las áreas de la actividad humana. Puede decirse que sus implicaciones han sido profundas y persistentes. Hasta el punto que todavía persisten riesgos de aumentos de casos y muertes en los próximos meses. El rol de las múltiples instancias de la vida social ha sido afectado por la pandemia.

América Latina ha sido la región del mundo que ha sufrido el mayor impacto de la pandemia. El número de casos y muertes es desproporcionado: más del 20% de los casos y 30% de las muertes en el 8% de la población mundial. En estas circunstancias, es lógico esperar que los gobiernos electos en 2022 tengan especial consideración sobre los efectos de la pandemia en los respectivos países, así como de los planes que se proponen para superarlos, y para reducir los riesgos de nuevas pandemias.

En 2022 han tomado posesión tres nuevos presidentes en la región: Rodrigo Chaves de Costa Rica, Gabriel Boric de Chile, y Gustavo Petro de Colombia. Ya sabemos que en sus discursos de toma de posesión las menciones sobre propuestas de políticas públicas y desarrollo sostenible han sido prácticamente inexistentes. Sin embargo, dadas las implicaciones tan grandes de la pandemia, se podría pensar que harían importantes propuestas.

Lamentablemente, los tres discursos de toma de posesión no expresan en análisis y decisiones la importancia que ha tenido la pandemia para la región, y en particular, para los tres países señalados. El acumulado de exceso de mortalidad por covid-19 en Costa Rica es cuatro veces superior al de Corea del Sur. En Colombia es cinco veces, y en Chile seis veces. De manera que el impacto de la pandemia en los tres países es extremadamente alto cuando se compara con países que pusieron en marcha medidas más adecuadas para el control.

Estos severos impactos de la pandemia no se corresponden con la vaguedad de las propuestas de los nuevos gobiernos que se han instalado en estos países. El presidente de Chile, Gabriel Boric, mencionó la importancia de las vacunaciones y que se pondrá “especial atención a los efectos de la pandemia”. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves indicó que durante la pandemia se produjo un “apagón educativo”. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló que lo peor de la pandemia fue que América Latina no fue capaz de juntarse. Hasta allí llegaron las ideas de los nuevos presidentes. No señalaron ninguna propuesta para analizar los efectos de la pandemia, ni metas específicas para el primer año de las respectivas gestiones, mucho menos lineamientos para los cambios que deben realizarse en los sistemas de salud para enfrentar los riesgos de nuevas pandemias. Los presidentes no tienen incorporado en sus agendas el tema de la pandemia. Tampoco los equipos técnicos que los asesoran tuvieron ideas que ofrecer o no fueron capaces de convencerlos.

Al menos tres propuestas podrían haber presentado los nuevos presidentes. En primer lugar, mantener el porcentaje de vacunación contra covid-19 en 90% de la población para el caso de Chile. En Costa Rica y Colombia se ha podido plantear alcanzar el 90% en el transcurso de 2022, y también mantenerlo en 2023. La segunda propuesta podría haber sido constituir en cada uno de los países sendas comisiones presidenciales con el mandato expreso de elaborar un informe exhaustivo sobre las respuestas del país ante la pandemia, identificando los éxitos, limitaciones, y especialmente los lineamientos de acción para prevenir y enfrentar nuevas pandemias. La tercera propuesta podría haber sido alcanzar el 100% de cobertura en todas las inmunizaciones disponibles para el año 2023. Que no aparezcan propuestas de este tipo en los discursos de toma de posesión de los nuevos presidentes de la región, en tres de los países con mayores capacidades institucionales, es revelador de la gran brecha entre los problemas reales de los ciudadanos y la visión que tienen los líderes políticos sobre el ejercicio del gobierno.

Politemas, Tal Cual, 26 de octubre de 2022

El contexto social de la crisis del gobierno en Perú

Dentro de las primeras obligaciones de un gobierno democrático está la generación de confianza para los ciudadanos. De manera que las múltiples políticas públicas que se deben poner en marcha, se desenvuelvan en un ambiente de estabilidad institucional. Cuando el origen de la inestabilidad está en el propio desempeño del gobierno, la gestión de las políticas públicas alcanza mayores niveles de dificultad. En el último año, los ciudadanos de Perú han experimentado las negativas consecuencias de que sea el gobierno el principal factor de distorsión de la vida social.

En los catorce meses transcurridos desde el inicio de la gestión del presidente Castillo, se han producido 72 cambios de ministros, incluyendo los que fueron censurados por el Congreso. A esta fuente de inestabilidad, hay que agregar las acusaciones contra el propio presidente Castillo. En un ambiente de estas características, es fácil entender que según datos de la encuesta de Ipsos realizada para Transparencia Internacional en Perú en agosto de 2022, el 37% de la población consideraba que el tercer problema del país era la “crisis política”. Este porcentaje representa casi cuatro veces más que lo que se había reportado en 2008.

Los datos más recientes sobre la evaluación de la gestión del presidente Castillo (de septiembre de 2022), indican que su gestión es reprobada por el 67% de la población. En otra encuesta de julio de 2022, al cumplirse el primer año de gestión, la reprobación del gobierno se produjo en las ocho áreas de políticas consultadas. Los mayores porcentajes de reprobación correspondieron con las siguientes áreas de políticas públicas: lucha contra la delincuencia (81% de reprobación), control de la inflación (80% de reprobación), y reducción de la pobreza (78% de reprobación).

Estas opiniones de los ciudadanos son bastante consistentes con la evolución de la situación social y económica de los dos últimos años en Perú (años relacionados con la gestión del presidente Castillo). De acuerdo con las últimas estimaciones del FMI (publicadas la semana pasada), la tasa de inflación de Perú en 2022 puede ser la más alta desde 1997 (hace 25 años), esto es, 7,4%, cinco veces más que la tasa de inflación de 2018.

También de acuerdo con el FMI, la tasa de crecimiento de la economía en 2022 será 2,7%, distante del 4% registrado en 2018. El FMI estima que hasta el año 2027 (último año de estimación), la tasa de crecimiento anual no superará 3,2%. En la práctica, esto significa que el PIB per cápita (en términos del poder de compra) dejará de aumentar, al menos comparado con el resto de los países de América Latina. Por otra parte, la tasa de desempleo estimada por el FMI para 2022 es 7,6%, la más alta del país desde 2012. De acuerdo con estas estimaciones, la tasa de desempleo será mayor a 7% hasta 2027.

Los ciudadanos de Perú están percibiendo en sus ámbitos cotidianos el impacto de la inflación y las dificultades para la generación de empleos. Ello es evidente por el nivel de insatisfacción que expresan sobre estas políticas. Dados los escenarios restrictivos previstos en los próximos años, tanto en el crecimiento económico como en el mercado de trabajo, es bastante probable que, de continuar las grandes debilidades de la gestión del gobierno nacional, se afectará aún más el nivel de bienestar de la población. Lamentablemente, los efectivos negativos de la inestabilidad de gestión en la calidad de las políticas públicas es ya un tema preponderante en la evolución institucional en Perú.

Politemas, Tal Cual, 19 de octubre de 2022

Discursos de toma de posesión sin políticas públicas

Es fácil imaginar lo relevante que es el discurso de toma de posesión para un presidente recién electo. Se trata de la concreción de una ardua trayectoria política. Es lógico suponer que los presidentes han imaginado durante mucho tiempo este momento tan especial. Durante muchos años han debido pensar en las palabras que pronunciarían en el inicio de la gestión presidencial. En cierta medida, estas palabras, ya superadas las incidencias de la campaña electoral, constituyen la referencia sobre la cual se valorarán las acciones del gobierno.

Desde la perspectiva de la sociedad, el discurso de toma de posesión genera muchas expectativas. Fundamentalmente porque en ese discurso se deben expresar las grandes líneas y compromisos de la gestión presidencial. También se aspira conocer los detalles de las primeras medidas que tomará el gobierno. Es, en la práctica, un momento para transmitir esperanza y posibilidades concretas para mejorar la vida de las personas a lo largo y ancho del país.

En este año se han realizado las tomas de posesión de tres presidentes de América Latina: Rodrigo Chaves de Costa Rica, Gabriel Boric de Chile, y Gustavo Petro de Colombia. Al revisar sus discursos de toma de posesión queda bastante clara la distancia entre lo que se ha podido señalar con respecto a las grandes líneas y compromisos, y lo que efectivamente se expresó.

Estos discursos de toma de posesión son más bien declaraciones de carácter general, con muy pocas precisiones sobre los problemas de los ciudadanos en esos países, y mucho menos con compromisos concretos de la gestión del gobierno. Más allá de frases como “detener la discriminación de las mujeres”, “volver a abrir las escuelas”, “proteger el suelo y el subsuelo”, no existe especificación de políticas concretas. De tal manera que en esos discursos no se encuentran referencias adecuadas para analizar las políticas públicas. Son discursos sin políticas públicas.

Conviene elaborar sobre las razones de esta ausencia de políticas públicas en los discursos de toma de posesión. Esto es especialmente significativo porque los tres países señalados se encuentran entre los de mayor desarrollo institucional en la región. Estas limitaciones deben ser mayores en los países de menores capacidades institucionales.

Al menos tres explicaciones no excluyentes pueden proponerse. La primera es que obviamente no pueden expresarse políticas públicas en la toma de posesión cuando también han brillado por su ausencia en las campañas electorales. Es decir, campañas sin discusión sobre los problemas públicos conducen a colocar el énfasis en otros aspectos, y no en las alternativas de solución a través de políticas públicas. Una segunda explicación está relacionada con la capacidad de los equipos que entran a dirigir el gobierno. Si no se maneja el detalle sobre los problemas públicos, es poco probable que se puedan concretar alternativas para ser expresadas en la toma de posesión. La tercera explicación es el rechazo que puede existir para indicar compromisos concretos que luego sean utilizados por la oposición al gobierno. Por supuesto existen alternativas para enfrentar cada una de las explicaciones que incluso se puedan convertir en fortalezas para el gobierno entrante. Dentro de estas alternativas están una mayor capacidad técnica para diseñar políticas públicas, mejores fuentes de información, y mejor utilización de la comunicación política.

Las consecuencias de que los gobiernos se inicien sin compromisos concretos son muy perjudiciales para los ciudadanos. En primer lugar, porque no existe guía para la acción del gobierno. Y, en consecuencia, tampoco existe el seguimiento sistemático de la gestión, y mucho menos la generación de la información necesaria para cumplir estos procesos. Es bastante evidente que no habrá progreso en estos aspectos, mientras los líderes políticos que aspiran ser presidentes no elaboren con mayor rigurosidad sus visiones para gobernar.

Politemas, Tal Cual, 12 de octubre de 2022

¿Cuál es el mejor gobierno de América Latina?

La pregunta es muy relevante. Especialmente porque, dadas las grandes restricciones de los últimos años en la región, pareciera que una buena gestión gubernamental es una rareza. Como en tantas áreas, llaman más la atención las malas actuaciones que las buenas. Uno de los efectos de esta percepción es que puede transmitirse la idea de que ejecutar buenas gestiones en los gobiernos es más bien la excepción que la regla. Sin embargo, con políticas públicas adecuadas, es posible realizar gestiones de alto desempeño que tengan impacto en la calidad de vida de los ciudadanos.

En el caso particular de los 20 países de América Latina, de acuerdo con el Índice Bertelsmann de Transformación (BTI, por sus siglas en inglés), los tres países con mayor calidad de gobierno en América Latina son Uruguay, Chile, y Costa Rica. Esta primera caracterización se concentra en el desempeño general de los gobiernos.

En un segundo paso se puede comparar la gestión de acuerdo con los recursos públicos utilizados por los gobiernos. En este grupo de países, los estimados del gasto del gobierno para el año 2022 (de acuerdo con el FMI) son los siguientes: Costa Rica (19,5%), Chile (26,8%), y Uruguay (28,9%). De manera que el gobierno de Costa Rica es el que requiere menor cantidad relativa de recursos para alcanzar el mayor nivel de desempeño en la región. Se puede argumentar que la diferencia con los otros dos países (Chile y Uruguay), se debe a que en Costa Rica no existe gasto regular en fuerzas armadas, aspecto característico del diseño político e institucional en este último país.

La cantidad de recursos públicos utilizados en términos per cápita, permite identificar en un tercer paso, los países que tienen gobiernos de mejor desempeño en función de la población. De acuerdo con estimados del FMI para 2022 (excepto para Ecuador y Venezuela), el gobierno de Costa Rica es el que tiene el menor gasto per cápita (4.780 dólares) dentro del grupo de países con mejor desempeño de los gobiernos. Países como Argentina y Panamá, en los cuales el desempeño de los gobiernos es menor, tienen el doble de gasto público per cápita que Costa Rica (Argentina con 9.783 dólares, y Panamá con 8.570 dólares). Incluso si se asume que Costa Rica tuviera la proporción de gasto público de Chile y Uruguay, también tendría menor gasto per cápita que estos dos países.

De acuerdo con lo señalado, el gobierno de Costa Rica se encuentra en el grupo de mejor desempeño, y además requiere menor cantidad de recursos, tanto en términos relativos como per cápita. En otras palabras, el gobierno de Costa Rica obtiene mejores resultados que los restantes gobiernos de la región cuando se compara con los recursos asignados. Otro grupo de países (en el cual están Argentina y Panamá, entre otros) tienen un bajo desempeño con respecto a los recursos asignados. En un tercer grupo están los países de menor desempeño que tienen también bajos recursos relativos (por ejemplo, Nicaragua, Honduras, y Guatemala).

En este contexto, las exigentes demandas que confrontan los países de la región deberían implicar cambios notables en la gestión de los gobiernos. En el caso de Costa Rica se deberá mantener la adecuada gestión con la asignación eficiente de recursos. En otros países se deberán introducir reformas para obtener mejores resultados con los recursos que ya se invierten (lo cual podría repercutir en la ampliación de beneficios en otras áreas). Otros países requieren incorporar mejoras de la gestión, y también aumentar los recursos asignados. En todo caso, fortalecer la gestión gubernamental tendría que constituir un aspecto fundamental para mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos en los próximos años.

Politemas, Tal Cual, 5 de octubre de 2022

Calidad del gasto gubernamental en América Latina

En una primera impresión, se puede argumentar que la calidad de los gobiernos es una función directa de los recursos utilizados, expresados en el tamaño del gasto público que manejan. La razón que se puede postular es que la calidad requiere necesariamente más recursos. Por tanto, a mayores niveles de gasto se podría alcanzar una mayor calidad en la gestión de los gobiernos. Sin embargo, también se sabe que se puede gastar sin mayor efectividad, porque existen procesos de gestión que de no cumplirse más bien aumentan el gasto improductivo. Dicho de otro modo, puede ser que algunos gobiernos hagan mucho con pocos recursos relativos, y que otros gobiernos hagan poco incluso con muchos recursos disponibles.

Para identificar los gobiernos que son más efectivos en el uso de los recursos, es conveniente comparar. De acuerdo con el Índice Bertelsmann de Transformación (BTI, por sus siglas en inglés), los tres países con mayor calidad de gobierno en América Latina son Uruguay, Chile, y Costa Rica. Para tener una aproximación a la efectividad de los recursos utilizados por los gobiernos, se puede comparar la calidad según el BTI con el gasto estimado por el FMI.

De acuerdo con los estimados más recientes del FMI, en 2022 el gasto promedio del gobierno en los países de América Latina representa 26,6% del PIB. Solo dos países no tienen disponible la estimación del gasto del gobierno (Ecuador y Venezuela). En los tres países clasificados con la mejor calidad de los gobiernos. los estimados del gasto del gobierno son los siguientes: Costa Rica (19,5%), Chile (26,8%), y Uruguay (28,9%). Esto significa que el gasto general del gobierno no supera el 30% en los países con la mayor calidad. Es posible que la diferencia de Costa Rica con Uruguay y Chile se deba al hecho de no contar con gasto regular en fuerzas armadas.

En Argentina, Brasil, y Bolivia, clasificados de acuerdo con el BTI como de calidad moderada de gobiernos, el gasto general del gobierno representa casi el 40% del PIB (Argentina 37,8%, Brasil 38,4%, Bolivia 39,8%). De manera que, en este grupo de países, el gasto del gobierno equivale a más de 10% del PIB que en los países considerados de mejor calidad de gobiernos. En consecuencia, el mayor gasto en términos relativos no se traduce directamente en mayor calidad de los gobiernos. Dicho de otro modo, es bastante posible que muchos de los recursos utilizados por los gobiernos de estos tres países pudieran tener una mejor efectividad que la actual.

En el otro extremo de la clasificación están Haití, Guatemala, y República Dominicana. Estos países tienen menor proporción de gasto público con respecto al PIB total, y también menor calidad del gobierno en términos comparados. Las implicaciones en este caso son diferentes. Es probable que un aumento de los recursos utilizados por los gobiernos en estos países pueda repercutir en una mejor calidad de la gestión.

La relación entre los recursos utilizados por los gobiernos y la efectividad de la gestión será un tópico de mayor importancia en los países de la región. Las restricciones de las economías, junto con el aumento de la población y las demandas de servicios, deberían obligar a los gobiernos para incorporar innovaciones en la utilización de los recursos, habida cuenta de que el origen de estos recursos siempre estará vinculado con la capacidad de financiamiento de las sociedades. Hacer más con los recursos disponibles será cada día más relevante si se aspira expandir la calidad de vida de los ciudadanos. Asumir esta tarea con prioridad puede ser la diferencia para el porvenir de millones de familias en la región.

Politemas, Tal Cual, 28 de septiembre de 2022

El desarrollo sostenible en los discursos presidenciales

En 2015 se adoptaron en las Naciones Unidas los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se fijó el año 2030 como referencia para alcanzarlos. Estos ODS fueron ordenados en 17 áreas, desde la eliminación de la pobreza y el hambre, hasta la protección general del planeta.

Para el cumplimiento de los ODS se propuso la generación de múltiples consensos entre los gobiernos de los países, instituciones de investigación, empresas, organizaciones de la sociedad civil, entre otros sectores. También se consideró que alcanzar los ODS requería que todos los países asumieran procesos de planificación para garantizar las decisiones e inversiones necesarias.

Han pasado siete años desde la adopción de los ODS. Con una pandemia de casi tres años de duración, existen muchos indicios de que el ritmo de evolución en el cumplimiento se ha alterado desfavorablemente en muchos países. Obviamente, esto debería significar un mayor énfasis en los ODS, justamente por el tiempo perdido con los consiguientes efectos en el bienestar de las personas. Entonces, se podría esperar que los nuevos gobernantes electos, por ejemplo, en América Latina, insistieran sistemáticamente en los ODS, y especialmente, en las políticas públicas que se deben implementar para lograrlos.

En la práctica, lamentablemente, el cumplimiento de los ODS es un tópico inexistente en los discursos presidenciales, al menos de los presidentes que han tomado posesión en América Latina en 2022. Los nuevos presidentes de Costa Rica, Chile, y Colombia, han iniciado sus gobiernos entre marzo y agosto del presente año. En los tres discursos de toma de posesión no existe ninguna mención de los ODS, ni de ninguna de las metas, ni mucho menos se señala el año 2030 como plazo para su cumplimiento. No existe ninguna referencia a esos compromisos, mucho menos una interpretación de la situación de sus países con respecto al cumplimiento de los ODS. Y esto sucede en tres de los países de la región con mayores capacidades institucionales.

La consecuencia previsible de esta falta de orientación de políticas con respecto a los ODS, es que poco probable que se formulen los respectivos planes de gobierno, se asignen los recursos necesarios, y se realice el seguimiento. Si los máximos líderes de las administraciones públicas nacionales no tienen la visión sobre los ODS, es bastante previsible que estas metas no significarán una prioridad para la institucionalidad de los países.

En este contexto, cabe preguntarse cuál será la evolución de los ODS cuando no existen los procesos de planificación y diseño de políticas, con respaldo de los altos responsables de la gestión publica en los gobiernos nacionales de la región. También es un hecho notorio que el tema no está en la agenda pública de los países. Se puede imaginar que, en estas condiciones, no existirán progresos sistemáticos para alcanzar los ODS en la región. Dicho de otra manera, la falta de prioridad que asignan los líderes de los gobiernos a los ODS, es un factor que limitará su cumplimiento, con el correspondiente efecto negativo en las condiciones de vida de los latinoamericanos. Es una perspectiva verdaderamente preocupante.

Politemas, Tal Cual, 21 de septiembre de 2022

El presidente Boric y la construcción de consensos

El día de la toma de posesión como presidente de Chile, hace seis meses, Gabriel Boric señaló: “quiero que sepan que no llegamos aquí solo para llenar cargos y solazarnos entre nosotros, para generar distancias inalcanzables, llegamos aquí para entregarnos en cuerpo y alma al compromiso de hacer mejor la vida en nuestra patria”.

Que el presidente Boric haya indicado como centro de la gestión “hacer mejor la vida en nuestra patria”, puede tomarse como referencia clara de la amplitud de la tarea que se había propuesto. La experiencia comparada nos indica que el bienestar de las personas, derivado de la acción de los gobiernos, supone construir los consensos requeridos para que los cambios sean sostenibles. Gobernar solamente para los seguidores, o actuar de manera prepotente para imponer los propios puntos de vista, es una receta para dividir a los países e impedir el contexto necesario para la sostenibilidad de las políticas públicas.

Algunas de estas lecciones ya las había aprendido el presidente Boric. En la primera vuelta de la elección presidencial había obtenido la segunda votación. Realizó los ajustes del caso para convencer a los electores de que podía promover políticas más inclusivas. Se alejó de los extremos para proponer un mensaje que le permitiera alcanzar la mayoría en la segunda vuelta. Y así fue como pudo llegar a la Moneda para gobernar.

Es evidente que el presidente Boric tenía bastante claro la importancia de la aprobación de la nueva Constitución. Por ello señaló en su discurso de toma de posesión: “vamos a apoyar decididamente, decididamente el trabajo de la Convención”. Manifestó el presidente Boric que “necesitamos una Constitución que nos una, que sintamos como propia”, que “nazca en democracia”, “que sea para el presente y para el futuro”, “una Constitución que sea para todos y no para unos pocos”.

Los resultados del plebiscito del 4 de septiembre demuestran que una amplia mayoría de los ciudadanos chilenos consideró que la propuesta de Constitución elaborada por la Convención no era para todos, era “para unos pocos”. Tal parece que el presidente Boric no pudo actuar con efectividad para influir en la construcción de los consensos requeridos. El presidente delegó en sus representantes en la Convención la elaboración de la Constitución. Cuando era obvio que el diseño de la Constitución correspondía más bien a una visión sectaria de la sociedad chilena, el presidente Boric no pudo tampoco influir en las modificaciones. Más bien decidió asumir la posición del “Apruebo”, con el matiz de que se podía reformar posteriormente. El presidente Boric fracasó tres veces en la misma jugada: no intervino para favorecer los acuerdos, no enfrentó la propuesta de Constitución a tiempo, y, finalmente, perdió completamente en las urnas.

Como resultado de estas dificultades para construir consensos en una materia de tanta relevancia, sigue pendiente la elaboración de la nueva Constitución. Queda por verse si el presidente Boric se puede convertir en un factor motivador para los consensos. Lo que ha demostrado en los últimos meses no ofrece un buen pronóstico. Que un presidente no sea capaz de construir consensos, es siempre una señal preocupante, pero lo es más en un país que aspira aprobar una nueva Constitución.

Politemas, Tal Cual, 14 de septiembre de 2022

América Latina: sin calidad educativa, sin futuro

Se ha demostrado suficientemente que América Latina ha sido la región del mundo con mayor afectación en número de casos y muertes por covid-19 en términos de la población en toda la pandemia. También se ha evidenciado la inmensa pérdida de días de escolaridad en todos los niveles educativos de América Latina.

Superar la brecha que se ha agravado con la pandemia, supone, en primer lugar, conocer cuál es la situación real con respecto a la calidad de la educación. De hecho, la calidad de la educación constituye el Objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se deben cumplir para el año 2030. En el Objetivo 4.1.1. se establece el seguimiento que se debe hacer de la proporción de estudiantes que alcanzan el nivel mínimo de competencias en lectura y matemáticas en tres niveles: en segundo y tercer grado de educación primaria, al final de la educación primaria, y al final del nivel inicial de la educación secundaria.

De tal manera que, en principio, tener la información sobre el Objetivo 4.1.1. puede dar un buen punto de referencia para el análisis de la calidad educativa en la región. Sin embargo, al ubicar la información en Our World in Data de la Universidad de Oxford, en el sitio específico para el seguimiento del ODS 4, se constata que el período que cubre es de 2010 a 2015. Es decir que, al día de hoy, se tiene un rezago de siete años.

Con el propósito de indagar si existe información más reciente, se puede revisar el último informe de la UNESCO correspondiente a los años 2021 y 2022. De acuerdo con esta información disponible, se obtiene el siguiente balance.

Solo dos países de la región (Bolivia y Cuba), tienen información sobre las competencias de los estudiantes en lectura y matemáticas en segundo y tercer grado de primaria. En el caso de Bolivia la información disponible corresponde al año 2015. En Cuba corresponde al año 2019. También solo estos dos países tienen información sobre las competencias en lectura y matemáticas al final de la educación primaria (en Bolivia para 2015, y en Cuba para 2019).

En el tercer nivel, la etapa inicial de la secundaria, se dispone de información de 14 países (sobre un total de 20). Los países sin información en este grupo son: Bolivia, El Salvador, Haití, Nicaragua, Perú, y Venezuela. En Ecuador, Guatemala, Honduras, y Paraguay, los últimos datos disponibles son de 2015. Es decir, en la mitad de los países de la región o no existe información sobre calidad en este nivel educativo, o tienen un retraso de siete años. En el resto de países de este grupo, solo Cuba y Chile tienen información de 2019 (en Cuba en lectura y matemáticas, y en Chile para matemáticas). En este grupo, solo dos países (Chile y Cuba) superan el 60% de población escolar que alcanza el mínimo de competencias en lectura, y solo Cuba supera el 60% de las competencias en matemáticas.

En este contexto, cuando en el mejor de los casos la información disponible sobre calidad educativa corresponde al último año antes de la pandemia, no luce muy convincente que la región tenga los detalles necesarios para superar esa brecha. No es aceptable que la discusión sobre políticas para mejorar la calidad educativa comience a partir de datos que están completamente obsoletos. La gran innovación que se puede hacer por la calidad de la educación es América Latina es tener información en tiempo real. De lo contrario, acordar sobre políticas públicas seguirá siendo la gran rareza de la región.

Politemas, Tal Cual, 4 de agosto de 2022

¿Cuántas personas tienen inseguridad alimentaria en AL?

Con la excepción de las situaciones en que esté en riesgo la vida por acciones violentas, no existe mayor inseguridad para personas y familias que la producida por no tener los alimentos disponibles cada día, en cantidad y calidad. Es una situación de inseguridad que se presenta frecuentemente, y que se expresa en que al final del día decenas de millones de personas en América Latina no hayan ingerido los alimentos requeridos.

La importancia de eliminar el riesgo de la inseguridad alimentaria se expresa en su inclusión dentro de los indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (ODS 2), los cuales deberán alcanzarse en el año 2030. De allí que se ha establecido que para el año 2030 deberá eliminarse la inseguridad alimentaria moderada y severa en todos los países. La Organización de la Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) es la encargada de sistematizar y difundir la información relacionada con los progresos para alcanzar esta meta. Los datos respectivos están disponibles de manera abierta en internet.

La reducción de la inseguridad alimentaria se obtiene a través de adecuadas políticas públicas en cada país. Obviamente, el primer paso para conocer la brecha con respecto a la meta es tener la información de base o el punto de partida. Esa información permitiría realizar los ajustes en las respectivas políticas con la mayor celeridad y pertinencia.

Si se quisiera conocer cuál es la situación más reciente de inseguridad alimentaria en los países de América Latina, la información disponible en el sitio web de la FAO mencionado permite señalar los siguientes aspectos. La información más reciente disponible corresponde al año 2020 en trece países. Sin embargo, en los restantes siete países (Bolivia, Colombia, Cuba, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, y Venezuela) no existe información para ese año.

Este rezago de año y medio, entre el momento actual y la última información disponible, impide por supuesto conocer en detalle cuál es la situación en tiempo real de la inseguridad alimentaria. Por la misma razón no es posible analizar si las políticas públicas que se están implementando tienen las características requeridas para tener el impacto necesario.

En este contexto, que es común a muchos otros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se aprecia con claridad la distancia entre los requerimientos de información y la toma de decisiones. Para reducir esta brecha se requiere diseñar e implementar sistemas de monitoreo que permitan la actualización en tiempo real de las variaciones, en este caso, de la inseguridad alimentaria.

La puesta en marcha de estos sistemas requiere, en primer lugar, que los gobiernos nacionales otorguen la prioridad requerida, y, en segundo lugar, que en la ejecución puedan participar múltiples instituciones sociales, políticas, técnicas, y académicas, especialmente en los ámbitos descentralizados. De no realizarse cambios sustantivos en la forma de obtener esta información, el rezago en las condiciones sociales de cientos de millones de latinoamericanos se seguirá midiendo en años.

Politemas, Tal Cual, 27 de julio de 2022

La pandemia en su incertidumbre

Con respecto al 1 de junio de este año, el número de casos de covid-19 por millón de habitantes se ha más que duplicado en el mundo. Esto es, ha pasado de 50 a 123 casos de covid-19 por millón de habitantes en cuestión de seis semanas. También se ha registrado el aumento de muertes por millón de habitantes. De allí que sea importante conocer cuáles son las tendencias de la evolución de la pandemia en América Latina.

La primera restricción que surge para conocer con precisión estas tendencias, es la ausencia de información reciente sobre la realización de pruebas diagnósticas de covid-19. La última información disponible más reciente para comparación internacional, corresponde al 22 de junio de este año. De acuerdo con los datos disponibles, solo nueve países tienen para esa fecha el registro de pruebas diagnósticas por 1000 habitantes. Y de ese grupo de países, solo dos (Chile y Panamá) realizaban pruebas diagnósticas en una proporción mayor a 2 por cada 1000 habitantes.

La segunda restricción es que el número de países en los cuales se tiene más de 80% de vacunación completa (con respecto al protocolo inicial), se ha mantenido sin modificaciones en los últimos meses. Solo seis países (Chile, Cuba, Uruguay, Argentina, Perú, y Nicaragua) han superado el 80% de cobertura completa. En dos países (Costa Rica y Venezuela), la información sobre la cobertura completa no está disponible actualmente, de hecho, tiene un retraso de dos meses en Costa Rica, y cuatro meses en Venezuela.

Si se combinan las anteriores restricciones, entonces se entiende mejor que en ocho países se registren actualmente más de 200 casos de covid-19 por millón de habitantes (el doble de lo que se registraba meses atrás). En cinco de estos países (Paraguay, Bolivia, Guatemala, Perú, y México) existen aumentos significativos de casos en estas últimas semanas. También se ha registrado en las últimas semanas el aumento en la tasa de fallecimientos en Chile y Paraguay.

Tal pareciera que, en la gran mayoría de los países de la región, están confluyendo el deterioro de las capacidades de diagnóstico de covid-19, por una parte, con debilidades de los procesos de control, especialmente con la administración de las terceras y cuartas dosis de vacunaciones. En estas condiciones, la incertidumbre en la evolución de la pandemia será más la rutina que la excepción en la región.

Politemas, Tal Cual, 20 de julio de 2022

¿Cuán efectivos son los gobiernos subnacionales de AL?

Cuando se analiza la calidad de los gobiernos en América Latina (AL), la primera atención se dirige al nivel nacional. Entonces se puede comparar, frecuentemente con muchas restricciones de información, el desempeño de los gobiernos de los 20 países de la región. Los resultados indican que se ha registrado un creciente deterioro en la calidad de estos gobiernos nacionales.

También existen otros tipos de gobiernos en los países de América Latina. Sobre los cuales no se dispone de información rápidamente accesible, y, por ende, no se puede conocer en detalle su desempeño. Al menos en diez países existen gobiernos subnacionales en los cuales sus autoridades se eligen a través de sufragios directos, universales y secretos. Estos países son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú, Uruguay, y Venezuela. El total de gobiernos subnacionales en estos diez países es 220. Entre estos gobiernos se incluyen los estados en Brasil, México, y Venezuela, los departamentos en Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú, y Uruguay, las provincias en Argentina, y las regiones en Chile.

Los gobiernos subnacionales pueden contribuir con el fortalecimiento de las democracias en cinco aspectos al menos. En primer lugar, dado que las competencias de los gobiernos subnacionales pueden variar en cada uno de los países, estas diferencias permiten identificar lecciones o mejores prácticas, lo cual puede a su vez redundar en los respectivos ajustes en las legislaciones de los países. Un segundo aspecto es que los gobiernos subnacionales permiten acercar la gestión a las condiciones concretas de la vida de los ciudadanos. Es decir, facilitan una relación más directa entre los funcionarios electos y sus comunidades.

La posibilidad de comparar experiencias entre gobiernos subnacionales es el tercer aspecto. Dado que estos gobiernos nacionales funcionan en ámbitos institucionales similares, las diferencias en el desempeño pueden estar relacionadas con las mejores capacidades de gestión e innovación. En consecuencia, las instancias que permitan compartir estas experiencias, pueden ser de gran utilidad para promover la adopción de las innovaciones más adecuadas. El cuarto aspecto está relacionado con la utilidad de las experiencias exitosas de gestión en estos ámbitos para trasladarse a los gobiernos nacionales. Es por ello que es relativamente frecuente que responsables ejecutivos y legislativos de buen desempeño luego aspiren a cargos en el nivel nacional. El quinto aspecto corresponde con las posibilidades de trabajo mancomunado entre el ámbito subnacional y los gobiernos locales o municipales.

Comparado con estas grandes posibilidades de intercambio e innovación que ofrecen los gobiernos subnacionales, llama la atención las grandes limitaciones en la información, investigación y análisis sobre su desempeño. Lo cual demuestra claramente la importancia de promover alianzas de políticas públicas que permitan identificar opciones de mejoramiento en el desempeño de los gobiernos subnacionales en América Latina.

Politemas, Tal Cual, 13 de julio de 2022

Cuando los parlamentos bicamerales no comunican

Siendo que las leyes que aprueban los parlamentos son decisiones muy relevantes para las sociedades, debería ser relativamente fácil conocer cuál es el número y tipo de legislación que se aprueban en América Latina. En el caso de los parlamentos unicamerales de la región, el problema pareciera estar más relacionado con la limitada actividad que realizan.

Cuando se analiza la actividad legislativa de los parlamentos bicamerales se presentan otros problemas. En la región existen diez parlamentos bicamerales (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Haití, México, República Dominicana, Paraguay, y Uruguay). Supongamos que se quiere conocer las leyes aprobadas por los parlamentos bicamerales el pasado mes de junio de este año. La vía más directa es que se pueda realizar esta revisión a través de internet.

Un aspecto previo que es conveniente tener en cuenta, es la metodología de aprobación de las leyes en los parlamentos bicamerales. Todas las constituciones de los países con parlamentos bicamerales establecen que cada cámara tiene la iniciativa para proponer leyes, y que luego de la aprobación debe tramitarse en la otra cámara. Al estar aprobada en ambas cámaras, entonces la ley es enviada para la promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

Al revisar los sitios web de cada parlamento, tomando en cuenta las dos cámaras, se pueden discriminar tres grupos de países. En el primer grupo está Haití, el cual es el único país con parlamento bicameral que no tiene sitio web activo. En el segundo grupo está solo Uruguay, el cual es el único país en el cual ambos parlamentos tienen sitios web activos que tienen un buscador que permite identificar las leyes aprobadas, y las características del proceso de aprobación.

En el tercer grupo, el más numeroso, están ocho países. En los sitios web de los parlamentos de esos países no es posible obtener la información sobre las leyes aprobadas. Dos razones, al menos, explican esta gran restricción. La primera es que, al ser las dos cámaras independientes, expresado en que cada una de ellas puede iniciar el proceso legislativo, existen modalidades diferentes para la presentación y procesamiento de los datos de las leyes. Por esta razón no existe comparabilidad entre ambas cámaras del parlamento. La segunda razón es la ausencia de un proceso ordenado de búsqueda de información que esté pensado desde la óptica del usuario o analista. Esta ausencia impide obtener el detalle de la información, aunque es muy probable que los datos estén disponibles. Es decir, pueden estar los datos, pero no hay comunicación que permita aprovecharlos.

Es por eso que en el único país que se puede obtener el detalle de la información sobre las leyes aprobadas es Uruguay. El proceso de búsqueda es idéntico tanto en la Cámara del Senado como en la Cámara de Representantes. Para cada una de las leyes identificadas se puede obtener la ficha de los eventos administrativos y de análisis relacionados con la aprobación.

Que para los ciudadanos sea muy difícil obtener información detallada sobre las decisiones de los parlamentos, en este caso los bicamerales, es indicativo de las inmensas brechas de calidad que afectan el diseño e implementación de políticas públicas en América Latina.

Politemas, Tal Cual, 7 de julio de 2022

¿Sobre qué legislan los parlamentos unicamerales en América Latina?

Diez países de América Latina tienen parlamentos unicamerales (Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, y Venezuela). En algunos países se denominan “Asamblea Nacional”, y en otros “Congreso”. Es esperable que, vistas las difíciles circunstancias de América Latina, los parlamentos sean los contextos institucionales en los cuales se acuerden distintos tipos de decisiones que involucran a los representantes populares.

En estos tiempos de gran desarrollo digital, los parlamentos unicamerales podrían tener disponible información detallada sobre las decisiones que toman. Por ejemplo, si se quisiera saber las leyes que han sido aprobadas en lo que va del mes de junio de 2022, una forma directa podría ser la revisión de los sitios web de los respectivos parlamentos.

En dos países (Guatemala y Honduras), los parlamentos no tienen sitio web activo. En el caso de Cuba, no está disponible información sobre las leyes aprobadas por mes. En Nicaragua la información más reciente es del año 2017, y en Panamá es del mes de abril de 2022. Esto ya nos indica que en cinco países no es posible conocer las leyes aprobadas en el actual mes. En los sitios web de los parlamentos de Ecuador y Venezuela se reporta que no se ha aprobado ninguna ley en el mes en curso.

En Costa Rica la única ley aprobada corresponde a una regulación urbanística. En el Salvador se aprobaron reformas de cinco leyes en los siguientes ámbitos: protección al consumidor, presupuesto nacional, registro nacional de personas, inclusión financiera, y deporte.

El parlamento de Perú es el que registra mayor cantidad de leyes aprobadas en el mes en curso (un total de 21 leyes). Los ámbitos de estas leyes son los siguientes: infraestructura y regulaciones de inmuebles, cultural y turístico, transparencia en la gestión pública, penal, pensiones, gestión ambiental, policía y seguridad ciudadana, fuerza armada, institucionalidad pública, ejercicio profesional, y economía.

Estos resultados muestran, en primer lugar, la ausencia de información sobre las actividades que realizan siete de los diez parlamentos unicamerales de América Latina. En los otros tres países (Costa Rica, El Salvador, y Perú), es bastante llamativo la desproporción entre la baja actividad de los parlamentos de Costa Rica y El Salvador, y la que se realiza en el parlamento de Perú.

Es obvio que no es suficiente conocer las leyes aprobadas en los parlamentos (de aquellos parlamentos que tienen información). También se requiere conocer los efectos directos e indirectos que cada una de esas leyes tiene sobre el bienestar de los ciudadanos. De no corregirse estas ausencias de información sobre las actividades de los parlamentos, y seguir desconociendo los efectos de las leyes en la calidad de vida de las personas, la incertidumbre sobre las políticas públicas seguirá siendo una de las mayores restricciones para el desarrollo sostenible en América Latina.

Politemas, Tal Cual, 29 de junio de 2022

Crecimiento económico e inflación en la post-pandemia

Los estimados más recientes del Fondo Monetario Internacional (abril de 2022), permiten comparar el crecimiento económico y la inflación, antes y después de la pandemia en los países de América Latina. La superación de los efectos de la pandemia, así como la atención de las diversas demandas de servicios, está directamente vinculada con las posibilidades de crecimiento económico y de control de la inflación.

En el período pre-pandemia (2010-2019), la tasa de crecimiento económico promedio de la región fue 3,4% (solo Cuba y Venezuela no están incluidos en este promedio). En este período, cinco países de la región registraron un promedio de crecimiento superior a 4% (Bolivia, República Dominicana, Panamá, Paraguay, y Perú). El país con la mayor tasa de crecimiento promedio entre 2010 y 2019 fue Panamá (6,1%), seguido de República Dominicana (5,6%). Los países con menor crecimiento económico promedio en este período fueron: Haití (1,2%), Argentina (1,3%), y Brasil (1,4%).

Al comparar con el crecimiento estimado entre 2020 y 2027 (período post-pandemia), se observa que el promedio estimado en la región es 1% menor que el del período pre-pandemia. En todos los países de la región, con la excepción de Argentina, se estiman reducciones de la actividad económica. Tampoco para Cuba y Venezuela están disponibles las estimaciones en este período. Los países con reducciones de crecimiento de más de 40% son Haití, México, Bolivia, Perú, y Ecuador. En Bolivia se reducirá de 4,6% a 2,3%, en Perú de 4,4% a 2,5%, y en México de 2,6% a 1,1%. Los países con menor crecimiento promedio en el período post-pandemia son Haití (0,4%), México (1,1%), Brasil (1,4%), y Uruguay (1,8%).

La tasa de inflación promedio en el período pre-pandemia fue 4,1% (sin incluir Argentina, Cuba, y Venezuela). La tasa de inflación promedio estimada para el período post-pandemia es ligeramente mayor (4,3%). En ocho países la inflación estimada en la post-pandemia es menor a la inflación del período pre-pandemia. En diez países, sin embargo, se estiman aumentos de la inflación en la post-pandemia. Los mayores aumentos de inflación se estiman en Haití, El Salvador, República Dominicana, y Chile.

La coincidencia de reducción del crecimiento económico con aumentos significativos de inflación se estima en los siguientes países: Chile, República Dominicana, El Salvador, Perú, Paraguay, y Haití. En consecuencia, en estos últimos países será mucho más exigente la combinación de políticas para tener adecuados niveles de crecimiento económico y baja inflación.

De acuerdo con estas estimaciones, y descontando que puedan ser afectadas por los eventos de los últimos meses, es bastante claro que en todos los países será materia de especial prioridad alcanzar los acuerdos de políticas que permitan superar las restricciones impuestas por la pandemia de covid-19, y generar los recursos para satisfacer las amplias demandas de servicios para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2030.

Politemas, Tal Cual, 22 de junio de 2022

¿Cómo creció la deuda en la pandemia en América Latina?

Para atender las demandas de servicios y beneficios ocasionadas por la pandemia de covid-19, los gobiernos de América Latina han tenido que acudir a mecanismos de financiamiento que tienen efecto en las respectivas deudas públicas. Los aumentos en la deuda pública condicionarán, en consecuencia, tanto las condiciones fiscales como las políticas relacionadas en los próximos años. Este aspecto es de especial importancia para atender los impactos de la pandemia, así como el rezago derivado en la prestación de otros servicios sociales.

De acuerdo con los estimados del Fondo Monetario Internacional (FMI), vigentes para abril de este año, es posible conocer la evolución de la deuda del gobierno central en todos los países de la región, excepto en los casos de Ecuador y Venezuela (el otro país es Cuba, que no está en el FMI).

En lo que respecta a la deuda neta (la cual deduce los activos financieros de la deuda bruta), los estimados están disponibles para diez países, los cuales se pueden clasificar en tres grupos. En el primer grupo están los cinco países que aumentaron la deuda entre 2019 y 2022 en un porcentaje similar al aumento total entre 2010 y 2019. Por ejemplo, la deuda de Bolivia aumentó 32% entre 2010 y 2019, mientras que entre 2019 y 2022 el aumento fue 27% (el mayor en la región). Los otros cuatro países de este grupo son: Paraguay, Chile, Colombia, y México.

El segundo grupo está conformado por los países en los cuales la deuda aumentó más entre 2019 y 2022 que en el período 2010-2019. En Perú, el aumento de deuda neta entre 2019 y 2022 fue casi 9%, esto es, casi nueve veces más que en el período 2010-2019. El otro país de este grupo es Panamá, en el cual el aumento entre 2019 y 2022 fue cuatro veces superior al aumento entre 2010 y 2019. En el tercer grupo están los países en los cuales la tasa de crecimiento fue similar entre los dos períodos, estos son: Uruguay, Brasil, y República Dominicana.

También de acuerdo con las estimaciones del FMI, entre 2022 y 2027, los países con mayor aumento de deuda neta son: Brasil, Bolivia, Uruguay, y México. El país con mayor aumento previsto de deuda neta entre 2022 y 2027 es Brasil (7,4%). En el resto de los países con estimados de deuda neta, se registrarían reducciones desde 2022 hasta 2027.

Para los países que no cuentan con estimados de deuda neta, está disponible la deuda bruta. Estos son siete países. En dos países (Argentina y Haití), la deuda bruta se redujo entre 2019 y 2022. En los otros cinco países (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, y Nicaragua) se registraron aumentos de la deuda bruta en este período. En las estimaciones de variaciones de deuda bruta entre 2022 y 2027, El Salvador es el país que puede registrar el mayor aumento en la región (21%).

Esta evolución prevista de las variaciones de deuda pública, está también condicionada por los efectos externos en la región. Es decir, los escenarios de reducción del crecimiento económico y aumento de la inflación, así como la calidad de las políticas públicas, afectarán los ingresos fiscales disponibles para compensar los efectos de la pandemia y las crecientes demandas de servicios públicos de alta calidad. En la medida que no se generen rápidamente los mecanismos institucionales para satisfacer estas exigencias, se complicarán aún más las posibilidades de bienestar sostenible en la región.

Politemas, Tal Cual, 15 de junio de 2022

¿Cuál es el panorama fiscal en América Latina?

Los efectos de la pandemia, ahora combinados con la guerra en Ucrania, comprometen seriamente las condiciones de bienestar en América Latina para los próximos años. Se estima que el aumento de la pobreza y la inseguridad alimentaria, así como las dificultades para el crecimiento económico, estarán entre los temas críticos a enfrentar por los gobiernos en la región. Las políticas públicas para atender estos efectos requerirán ingentes recursos fiscales. La relación entre los ingresos disponibles y las vías para aumentarlos estarán vinculados con las prioridades en las asignaciones de gasto.

Es por ello importante conocer la evolución de la relación entre ingresos y egresos fiscales. Cuando los ingresos son mayores que los gastos, los gobiernos están en superávit fiscal. Cuando los egresos son mayores que los ingresos, los gobiernos incurren en déficit fiscal. Cuando existe superávit, y se requieren gastos adicionales, hay que considerar opciones para aumentar los ingresos. Pero cuando existen déficits, y se requieren gastos adicionales, se puede recortar gastos, o aumentar ingresos, o las dos cosas. En todo caso, lo fundamental es examinar las alternativas que deben ejecutar los gobiernos en las políticas fiscales.

El balance fiscal previsto para el 2022, de acuerdo con los estimados del Fondo Monetario Internacional (FMI), no está disponible para ocho países de América Latina (Bolivia, Cuba, Ecuador, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, y Venezuela). Tampoco existen estimados de estos países hasta el año 2027. De tal manera que el análisis del balance fiscal está disponible para doce países de la región.

En el último año previo a la pandemia (2019), de acuerdo con el FMI, solo República Dominicana tuvo superávit fiscal (0,8% del PIB). Los países con mayor déficit fiscal en ese año fueron Costa Rica (6,9%), y Brasil (5,6%). El país con menor déficit fiscal fue Perú (0,5%). El promedio del balance fiscal en los países de la región fue deficitario (-2,7%).

En 2020, primer año de la pandemia, todos los países con información disponible incurrieron en déficit fiscal. El promedio del déficit fue 4.98%, el mayor de la serie del FMI desde 2017 a 2027. El mayor déficit fue registrado por Brasil (11,7%). El segundo mayor déficit fue el de Costa Rica (6,6%). Los países con menor déficit fueron México, Chile, y Uruguay, todos ellos con más de 2%.

En el segundo año de pandemia, 2021, el promedio del déficit disminuyó a 3,97% en los países de la región. El único país con superávit fue República Dominicana (0,6%). Los países con el mayor déficit registrado fueron Chile (11,8%), y Paraguay (6,4%).

Los estimados del FMI para el año 2022 (difundidos en abril de este año), indican que el promedio del déficit fiscal en la región es 3,6%. República Dominicana se mantiene como el único país con superávit (0,6%). El país con mayor déficit estimado es Brasil (7,2%). Ocho países adicionales tienen estimados de déficit mayor a 3% (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica. El Salvador, Panamá, Paraguay, y Perú). Hasta el año 2027 solo República Dominicana se mantendrá en superávit fiscal.

La persistencia de déficit fiscal en la gran mayoría de los países de la región, es indicativo de la relevancia que tendrán las decisiones sobre aumentos de ingresos y reducción de gastos públicos, así como de las implicaciones para los programas de endeudamiento de los países. Las bajas tasas de crecimiento económico, y la profundización de la crisis social, pueden aumentar las dificultades fiscales que ya están a la orden del día en la región.

Politemas, Tal Cual, 8 de junio de 2022

¿Cuántas leyes se aprobaron la semana pasada en América Latina?

Ante el inmenso deterioro que se ha experimentado en América Latina en los últimos años, lo deseable sería contar con mejores políticas públicas, tanto en el diseño como en la implementación. Ya sabemos que en muchos países más bien se ha producido un notable deterioro institucional para ejecutar adecuadas políticas públicas. Es decir, se ha conformado un círculo vicioso: peores condiciones de vida conducen a peores políticas públicas, y éstas a su vez reducen el bienestar de la población.

Para enfrentar lo anterior se requieren mejores análisis de políticas. Esto es, modificar la tendencia, introducir mejoras sustantivas en la calidad de las políticas públicas. Ahora bien, para ello es clave conocer las políticas generadas en la región, y así establecer sus virtudes y limitaciones. Lo cual lleva directamente a organizar el inventario de políticas públicas que se aprueban en la actualidad.

La diversidad de políticas públicas es muy amplia, por ejemplo, algunas se derivan de decisiones de los niveles ejecutivos, otras de sentencias judiciales, y otras se generan en el ámbito de los parlamentos. En principio, éstas últimas, por surgir de los espacios de mayor representatividad de la sociedad, y requerir mayores condiciones para ser aprobadas, son un buen punto de partida para examinar la calidad e impacto de las políticas públicas en América Latina.

Se puede suponer, por ejemplo, que se desea conocer las leyes que fueron aprobadas la semana pasada en América Latina. Es previsible que, con los avances institucionales y tecnológicos existentes, se puede disponer en un sitio web los resultados de las sesiones de los parlamentos, incluyendo las actas de las sesiones, los videos, los votos emitidos por los parlamentarios, y cualquier otro aspecto de interés. Bastaría, en principio, revisar los sitios web de cada uno de los parlamentos de la región para conocer el número de leyes, y tener acceso a los respectivos textos.

Lamentablemente, hay una gran distancia entre el dicho y el hecho. Los resultados de esta indagación son muy diferentes para los 20 países de la región. En tres países, Guatemala, Haití, y Honduras, los parlamentos no cuentan con sitios web activos. En otros cuatro países, Bolivia, Cuba, Nicaragua, y Venezuela, los parlamentos tienen sitios web activos, pero no tienen información actualizada sobre las actas de las sesiones. En el caso de Nicaragua, la última información disponible es del año 2017. De tal manera que en siete países no es posible conocer, al menos por la información disponible en Internet, sobre las leyes aprobadas la semana pasada.

En los otros trece países de la región se pueden distinguir dos subgrupos. En el primero están República Dominicana, Ecuador, México, y Panamá. En estos países existe un rezago en el reporte de la información de las sesiones del parlamento. Por ejemplo, la última información disponible de las sesiones de la Cámara de Diputados de República Dominicana corresponde al mes de agosto de 2021. En este subgrupo de países la información más reciente tiene un mes de rezago.

En el segundo subgrupo están los países que tienen información actualizada de las sesiones del parlamento. Estos países son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Paraguay, Perú, y Uruguay. Solo en estos países es posible realizar el seguimiento actualizado de las leyes aprobadas en el parlamento.

La actualización de la información de los parlamentos es, en gran medida, una expresión del grado de desempeño de las funciones de gobierno en los países de la región. Parlamentos más transparentes corresponden con sistemas de gobiernos más abiertos. Igualmente, parlamentos más opacos son expresiones de notables carencias de la gobernabilidad democrática. Las brechas en la calidad de las democracias en América Latina están vinculadas directamente con estas capacidades institucionales de los parlamentos.

Politemas, Tal Cual, 1 de junio de 2022

¿Cómo estimar el impacto institucional de la pandemia?

La progresión de la pandemia por casi dos años y medio expresa con claridad los notables impactos que ha tenido en el contexto global. Pronósticos de organismos internacionales indican que la recuperación a los niveles pre-pandemia puede llevar varios años. Esta perspectiva se complica más si se considera que la pandemia se puede prolongar en muchos países, especialmente en aquellos con bajos niveles de cobertura de vacunaciones contra covid-19.

Es evidente que en la medida que se conozca con más detalles el impacto de la pandemia en los países, se podrá identificar con mayor especificación las tareas que se deben realizar para superar estos efectos. En consecuencia, es conveniente establecer una forma de estimar estos impactos. De especial consideración, es el impacto institucional, es decir, los efectos en las capacidades de los países para diseñar e implementar políticas públicas.

Una alternativa para estimar este impacto es conocer el “exceso de mortalidad”, lo cual expresa la variación que implicó la pandemia con respecto a la tendencia de mortalidad previa. Esto significa que aquellos países que han tenido un menor exceso de mortalidad, estarán en mejores condiciones de superar las exigencias post-pandemia. En Our World in Data, de la Universidad de Oxford, se encuentra la estimación, realizada por la revista The Economist, del exceso de mortalidad en la pandemia. En el caso de América Latina, se estima que, al 8 de mayo de 2022, más de 2,5 millones de muertes se produjeron en exceso durante la pandemia

Al analizar los estimados del exceso de mortalidad en América Latina, se pueden distinguir tres grupos de países. En el primer grupo están los países con mayor exceso de mortalidad en la región (más de 400 muertes por cada 100.000 habitantes): Perú, México, Bolivia, y Ecuador. Perú tiene la mayor tasa (662 muertes en exceso por cada 100.000 habitantes). Esta tasa de Perú solo es superada por tres países de la Unión Europea (Bulgaria, Lituania, y Rumania).

El segundo grupo está conformado por diez países: Argentina, Brasil, El Salvador, Colombia, Paraguay, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Chile, y Venezuela. En este grupo, la tasa de exceso de mortalidad se encuentra entre 200 y 400 muertes por 100.000 habitantes. En el tercer grupo se encuentran los países con menor exceso de mortalidad (menor a 200 muertes por cada 100.000 habitantes), y está compuesto por Panamá, Haití, Cuba, Costa Rica, Uruguay, y República Dominicana. Este último país es el que tiene la menor tasa de mortalidad en exceso en la región.

Tomando como referencia este indicador es posible proponer que los países con mayor exceso de mortalidad comparten al menos tres características. La primera está constituida por las debilidades en la preparación para enfrentar la pandemia. La segunda es la amplitud de efectos familiares y sociales relacionados con esta alta mortalidad. Y la tercera característica está vinculada con las dificultades previsibles para superar el impacto de la pandemia. Estas características ilustran los diferentes tipos de gestión institucional que se deberán implementar para superar el impacto de la pandemia en América Latina.

Politemas, Tal Cual, 18 de mayo de 2022

¿Cuán confiable es la reducción de mortalidad por covid-19?

En la actualidad se registra en todos los países de América Latina una reducción significativa de la mortalidad diaria por covid-19. En el caso de Chile esto significa que la tasa actual de mortalidad diaria es doce veces menor a la registrada en el período de mayor mortalidad en la pandemia (junio de 2021).

Esta reducción, sin embargo, tiene diferentes niveles de confiabilidad en los países de la región. Para discriminar estos niveles se pueden tomar en cuenta dos aspectos. En primer lugar, la realización de pruebas diagnósticas de covid-19. En la medida que los países realicen el diagnóstico de la mayor cantidad de casos, se puede conocer con más detalle la magnitud de la transmisión. En la actualidad, solo nueve países de la región tienen reportes de pruebas diagnósticas de covid-19 en Our World in Data de la Universidad de Oxford. Sin embargo, cuatro de ellos (Ecuador, México, Haití, y Nicaragua) tienen menos de 0,1 pruebas diarias por 1.000 habitantes. Los datos de Cuba dejaron de estar disponibles desde julio de 2021. Los datos de Bolivia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú, y Uruguay, no están disponibles desde marzo o abril de 2022.

El segundo aspecto es la cobertura de vacunación completa contra covid-19. Con la excepción de Venezuela, todos los países de la región tienen el registro de vacunaciones completas en Our World in Data. Los países que han alcanzado a la fecha más de 80% de cobertura son: Chile, Cuba, Uruguay, Argentina, y Perú.

La combinación de estos dos aspectos (pruebas diagnósticas y cobertura completa de vacunaciones) permiten distinguir tres grupos de países con respecto a la confiabilidad de las cifras de mortalidad por covid-19. En el primer grupo están los países con alta cobertura completa de vacunaciones y realización de pruebas diagnósticas. En este grupo de países la tasa de mortalidad diaria por covid-19 tiene el mayor nivel de confiabilidad. Está conformado por tres países: Chile, Argentina, y Panamá. En este grupo todos los países tienen una tasa de mortalidad diaria de covid-19 de menos de 1 muerte por millón de habitantes.

En el segundo grupo, de seis países (Uruguay, Cuba, Ecuador, Brasil, Perú, y Costa Rica), la tasa de cobertura de vacunaciones completa es superior al 70%, pero no cuentan con datos de realización de pruebas diagnósticas de covid-19. Por consiguiente, la confiabilidad en la tasa de mortalidad es menor que en el primer grupo de países. Los últimos datos disponibles de la tasa de mortalidad diaria de este grupo indican que los datos de Ecuador y Cuba probablemente no reflejan tanto la realidad como las de los otros cuatro países.

En el último grupo están los restantes once países (Colombia, República Dominicana, El Salvador, México, Paraguay, Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Venezuela, y Haití). En todos ellos, la cobertura completa de vacunaciones es menor de 70%, y no cuentan con registros de la realización de pruebas diagnósticas. Es decir, que la confiabilidad de las cifras de mortalidad diaria es la menor de los tres grupos señalados.

Para contar con la mayor precisión sobre la evolución de la pandemia en los países de la región, se requiere mejorar la información disponible sobre el seguimiento de los casos (especialmente el diagnóstico), y sobre la cobertura de vacunaciones. En la gran mayoría de los países de América Latina ésta sigue siendo una tarea pendiente.

Politemas, Tal Cual, 11 de mayo de 2022

Dificultades para los consensos en América Latina

Muchas evidencias históricas demuestran que aquellos países que logran articular consensos sociales, logran mayores niveles de desarrollo. Los consensos permiten integrar las distintas perspectivas que tienen los diferentes sectores. También resulta muy obvio que son los gobiernos los actores que están en las mejores condiciones para impulsar tales consensos. Sin embargo, muchas veces son los gobiernos los que promueven menos los consensos.

La construcción de los consensos es uno de los criterios que se utilizan en la construcción del Índice Bertelsmann de Transformación (BTI, por sus siglas en inglés), el cual es una medición que permite discriminar distintos aspectos en el desarrollo de las democracias y los mercados a escala global. Para la caracterización de los consensos, así como de los restantes aspectos del BTI, los expertos seleccionados elaboran análisis nacionales. Los resultados para cada país permiten analizar también estas características en diferentes regiones del mundo.

De acuerdo con atributos definidos para el análisis de los consensos, se pueden definir dos tipos ideales. El primer tipo es el representado por aquellos países con el valor máximo de la construcción de consensos. En estos países se encontrarían los siguientes aspectos: (1) todos los actores políticos relevantes están de acuerdo en consolidar la democracia y la economía de mercado, (2) los actores reformistas pueden excluir los actores con intereses anti-democráticos, (3) el liderazgo político despolariza los conflictos y promueve los consensos, (4) el liderazgo político promueve la participación de la sociedad civil, y (5) el liderazgo político logra la reconciliación entre las víctimas y los causantes de injusticias pasadas.

El segundo tipo es el representado por los países con el valor mínimo de la construcción de los consensos. En estos países se encontrarían los siguientes aspectos: (1) no existen actores políticos que quieren establecer la democracia y la economía de mercado, (2) los reformistas no tienen control sobre los actores anti-democráticos, (3) el liderazgo político aumenta las diferencias en la sociedad por propósitos populistas o separatistas, (4) el liderazgo político obstaculiza la participación de la sociedad civil, y (5) no se han realizado procesos de reconciliación.

En América Latina solo cuatro países tienen puntuaciones compatibles con los criterios señalados para el primer grupo: Uruguay, Chile, Costa Rica, y Panamá. La mayor puntuación en la región es la de Uruguay (9,6 sobre un máximo de 10). Los dos países con la menor puntuación en construcción de consensos en la región son Nicaragua y Venezuela. La menor puntuación en la construcción de consensos en América Latina es la de Venezuela (1,5 sobre un máximo de 10).

La puntuación máxima de la construcción de consensos en los cuatro países señalados (Uruguay, Chile, Costa Rica, y Panamá) está relacionada también con la mayor estabilidad y progreso en este grupo. De manera que tal parece que construir consensos favorece el desarrollo, y que a su vez el progreso ayuda a fortalecer la construcción de consensos. Una especie de círculo virtuoso. También se pueden identificar los casos contrarios, es decir, cuando la pérdida de los consensos conduce al deterioro en el desarrollo, y viceversa. Estas últimas situaciones, lamentablemente, son las más frecuentes en América Latina.

Politemas, Tal Cual, 4 de mayo de 2022

Calidad de gobiernos en América Latina

Mejorar la calidad de los gobiernos se evidencia cada día más como una condición necesaria para el desarrollo sostenible. La pandemia de covid-19 lo ha reforzado aún más. Lo que ha sido menos detallado es la caracterización de los elementos que se requieren para analizar la calidad de los gobiernos.

El Índice Bertelsmann de Transformación (BTI, por sus siglas en inglés) es una medición que permite discriminar distintos aspectos en el desarrollo de las democracias y los mercados a escala global. El BTI es el resultado de la colaboración de casi 300 expertos nacionales y regionales vinculados con universidades y centros de investigación. El BTI se ha publicado desde 2003, generalmente cada dos años. La última versión disponible corresponde a 2022 (difundida a principios de año).

Para analizar la calidad de los gobiernos, en el BTI se incluyen los siguientes criterios: (1) capacidades de conducción expresadas por el establecimiento de prioridades, implementar políticas, y aprendizaje de la ejecución de esas políticas, (2) eficiencia en la utilización de los recursos, a través del uso de los recursos fiscales, coordinación de políticas, y políticas anti-corrupción, (3) construcción de consensos expresada por los acuerdos en objetivos, gerencia de conflictos, participación de la sociedad civil, entre otros aspectos, y (4) cooperación internacional evidenciada en la utilización de apoyos, credibilidad ante actores internacionales, y en la cooperación regional.

De acuerdo con el índice de calidad de gobierno estimado para los países de América Latina (en 2022), se aprecia que 14 de los 20 países, tienen un valor menor con respecto a 2020. El país con la mayor reducción en la calidad de gobiernos es Brasil. Otros países con reducciones significativas son El Salvador, Colombia, Panamá, y Haití.

Si se toma en cuenta el valor del índice de calidad de gobierno, los países de América Latina se pueden clasificar en cinco grupos. En el primer grupo están los países con la mayor calidad de gobierno: Uruguay, Chile, y Costa Rica. En este grupo, solo Chile experimentó reducción del índice entre 2020 y 2022. En el siguiente grupo están países con buena calidad de gobierno (República Dominicana, Paraguay, Perú, y El Salvador). El tercer grupo es catalogado con calidad de gobierno moderada (Bolivia, Argentina, Panamá, Colombia, Ecuador, México, Cuba, y Brasil). Los países en el grupo de calidad de gobierno débil son Honduras y Guatemala. En el último grupo se encuentran los países considerados fallidos, desde la perspectiva de la calidad de los gobiernos: Haití, Nicaragua, y Venezuela. El país con la menor calidad de gobierno en América Latina, de acuerdo con el BTI, es Venezuela (1,44 sobre un máximo de 10).

Las implicaciones de este deterioro en la calidad de los gobiernos en la región son significativas. En primer lugar, porque detener este deterioro, en el contexto actual de restricciones económicas, requerirá importantes cambios institucionales. Y, en segundo lugar, porque reducir la brecha, para tener una mayoría de países con adecuada calidad de gobiernos, es fundamentalmente una tarea de mediano plazo, para la cual la continuidad de políticas es una condición, que es justamente una expresión de la baja calidad de los gobiernos. Un extraordinario círculo vicioso que se debe superar para mejorar las condiciones de vida en la región.

Politemas, Tal Cual, 27 de abril de 2022

Efectividad de los gobiernos en América Latina

Vistos los retos que tienen las sociedades de América Latina en los próximos años, es relevante analizar las capacidades de los gobiernos para enfrentar estos desafíos. Dentro de las prioridades que se pueden destacar están, en primer lugar, la superación de los impactos de la pandemia, y los cambios que impone el cambio climático.

El Índice de Efectividad Gubernamental (IEG), elaborado por el Banco Mundial, permite comparar entre países, y a lo largo del tiempo. La última medición disponible corresponde al año 2020. Este índice toma en cuenta los siguientes aspectos: percepciones de la calidad de los servicios públicos, calidad de los funcionarios públicos, grado de independencia del gobierno con respecto a las presiones políticas, calidad del diseño e implementación de políticas, y credibilidad del compromiso del gobierno con las políticas que propone. El IEG varía entre -2,5 (menos efectivo) y +2,5 (más efectivo).

De acuerdos con los datos correspondientes a 2020, la gran mayoría de los países de América Latina (14 de 20) tienen un IEG negativo. Los países con el IEG más negativo son: Haití (-2,03), Venezuela (-1,78), y Nicaragua (-0,71). Dentro de los países con IEG positivo se pueden discriminar dos grupos. En el primer grupo están tres países (Colombia, Panamá, y Perú), con valores de IEG menores a 0,3. En el segundo grupo están tres países (Costa Rica, Uruguay, y Chile), con valores de IEG entre 0,3 y 0,99 (Chile).

Dos aspectos se pueden derivar de estos resultados. En primer lugar, destaca el bajo desempeño de los gobiernos de la región, expresado por el IEG. Esto significa que las capacidades institucionales para el diseño e implementación de políticas, así como para la prestación de servicios públicos, requieren cambios sustanciales que permitan mejorar a su vez la gestión de los gobiernos, y, consecuentemente, tener impacto en el bienestar de los ciudadanos. El segundo aspecto está relacionado con la brecha entre los países con mayor IEG y los valores de los países de mayor desarrollo. Esto implica que también estos países deberán realizar mejoras sustantivas en la gestión pública para alcanzar un mayor nivel de efectividad.

Dado este contexto, plantear la superación de estas grandes restricciones de la efectividad de los gobiernos de la región, supone analizar en detalle los factores que afectan el diseño y la implementación de políticas. Que es otra forma de colocar el énfasis en el éxito de las políticas públicas, requisito central para superar los problemas acuciantes de América Latina.

Politemas, Tal Cual, 20 de abril de 2022

¿Cuán rigurosas son las políticas a dos años de la pandemia?

Las últimas cifras disponibles en Our World in Data (Universidad de Oxford), indican que el 28 de marzo de 2022 se registraron en América Latina cerca de 340 muertes por covid-19. Esto significa que aproximadamente 15 mil muertes podrían registrarse en la región en el mes de marzo. La cantidad de muertes diarias en este momento de 2022 está muy por debajo de las casi 6.000 muertes que se registraron en América Latina el 31 de marzo de 2021.

La disminución extraordinaria de la mortalidad diaria es, obviamente, el resultado de las medidas de control, pero especialmente de la ejecución de los programas de vacunación contra covid-19. Ahora bien, es relevante analizar el impacto que ha tenido esta reducción en la rigurosidad de políticas de control que se han aplicado desde el inicio de la pandemia.

El Índice de Rigurosidad de Políticas (IRP) es una medición que combina las distintas políticas aplicadas para aumentar el distanciamiento social, y por consiguiente, reducir las posibilidades de contagio de covid-19. El IRP varía entre 0 y 100, siendo 0 el valor que corresponde a la ausencia de aplicación de medidas, y 100 a la máxima rigurosidad de políticas. En las fases más críticas de la pandemia, el valor del IRP alcanzó más de 80 en muchos países.

En los cuatro países con más de 80% de cobertura de vacunación completa en la región (Chile, Cuba, Uruguay, y Argentina), el IRP tiene actualmente valores comprendidos entre 20 (Uruguay), y 31(Argentina). Con la excepción de Cuba, en todos estos países se registra en la actualidad el menor valor del IRP desde los inicios de la pandemia. Este valor se ha mantenido en estos rangos en los últimos tres meses. Se puede concluir, a partir de esta evidencia, que en estos países siguen en funcionamiento medidas de control con relativa rigurosidad, independientemente de la cobertura alcanzada.

El menor valor del IRP se registra en la actualidad en Nicaragua y República Dominicana (menos de 10 en ambos países). Sin embargo, ninguno de estos dos países ha alcanzado el 70% de la cobertura de vacunación completa. En once países de la región se registran en la actualidad los menores valores de IRP de toda la pandemia. En cinco países (Brasil, Ecuador, Guatemala, Colombia, y Bolivia), el IRP todavía se mantiene por encima de 50.

El valor actual del IRP en los países de la región es expresión de las consideraciones que deben realizar los gobiernos para reducir la rigurosidad de políticas. Es claro que en los países con mayor cobertura también se mantiene la prudencia para evitar reducciones muy grandes de la rigurosidad. El hecho de que sean pocos los países que han alcanzado coberturas de vacunación completa superior a 80%, es sugestivo de que el nivel del IRP se mantendrá al menos en 30-40 en los próximos meses en muchos países. Regresar completamente a la situación previa a la pandemia parece más complicado en algunos países que en otros, pero, en general, pareciera que no es una situación que esté cercana.

Politemas, Tal Cual, 30 de marzo de 2022

Efectos de las altas coberturas de vacunas contra covid-19

El control de la pandemia, luego de disponer de vacunas contra covid-19, se ha concentrado en alcanzar la mayor cobertura posible en el menor tiempo. Con este propósito, en la gran mayoría de los países del mundo se han implementado amplios programas de vacunaciones contra covid-19.

Luego de un año de la ejecución de estos programas, las altas coberturas de vacunación completa se han conseguido en relativamente pocos países. En la Unión Europea, solo cinco países (de 27) han alcanzado hasta la fecha el 80% de población completamente vacunada (Portugal, Malta España, Dinamarca, e Irlanda). También Portugal, Malta, y Dinamarca, están entre los cinco países con mayor cobertura de la dosis de refuerzo. En América Latina solo cuatro países (Chile, Cuba, Uruguay, y Argentina), han logrado la meta del 80% de cobertura completa. Estos cuatro países también tienen los mayores porcentajes de cobertura del refuerzo.

Estos nueve países señalados ya tenían altas tasas de cobertura completa al 1 de noviembre de 2021, fecha alrededor de la cual cuando se reportó la existencia de la variable ómicron. Con la excepción de Cuba y Argentina, estos países tenían más de 75% de cobertura completa para esa fecha.

En los países de la Unión Europea, todos, con la excepción de Dinamarca, experimentaron aumentos de la mortalidad diaria por covid-19 que alcanzaron cifras topes a finales de enero y comienzos de febrero de 2022. La tasa de mortalidad más alta en este grupo fue la de Malta (cerca de 8 muertes diarias por millón de habitantes). El país con el menor tope en la tasa de mortalidad fue Irlanda (4,6 muertes por millón de habitantes). De acuerdo con las cifras más recientes, en todos estos cuatro países (Malta, Portugal, España, e Irlanda), la tasa de mortalidad diaria por covid-19 se registra cerca de 2 muertes diarias por millón de habitantes. En Dinamarca la cifra más alta de mortalidad diaria se registró en el mes de marzo (cerca de 9 muertes por millón de habitantes). A la fecha, la tasa de mortalidad diaria en Dinamarca es poco más de dos veces más que en los cuatro restantes países de la Unión Europea.

En los países de América Latina señalados se registraron también topes de las tasas diarias de mortalidad por covid-19, con diferentes características. El menor incremento de la tasa de mortalidad se registró en Cuba a principios de febrero de 2022, la cual alcanzó a 0,56 muertes por millón de habitantes (el tope más bajo entre los nueve países señalados). En Uruguay y Argentina el máximo de mortalidad diaria se registró en el mes de febrero, mientras que en Chile fue en el mes de marzo. A la fecha, las tasas de mortalidad diaria de Argentina y Uruguay se registran cerca de 2 muertes por millón de habitantes, mientras en Chile es poco más del doble.

De acuerdo con la evolución de la tasa de mortalidad diaria por covid-19, se puede señalar que, en países con altas coberturas completas de vacunación, se registraron aumentos significativos, probablemente relacionados con la alta propagación de la infección por la variante ómicron, y la consiguiente afectación de la población no vacunada. También se puede indicar que el tiempo para regresar al valor de la tasa de mortalidad diaria preexistente, fue aproximadamente dos meses. Alcanzar los mayores niveles de cobertura de vacunación parece ser la mejor estrategia para evitar la aparición de nuevas variantes, y así impedir los retrocesos en la mortalidad diaria por covid-19.

Politemas, Tal Cual, 23 de marzo de 2022