Dimensiones de la debacle del sistema eléctrico

Los venezolanos sufrieron en el mes de marzo las peores manifestaciones de lo que significa un país sin servicio de electricidad. Esta situación ha causado el mayor sufrimiento directo de familias y comunidades. Ya desde finales del siglo XIX, la cobertura del servicio eléctrico no solo ha sido expresión de bienestar de las personas. También es un símbolo de la capacidad de los países para enfrentar todas las áreas de la vida económica y social. Sin electricidad no existe prácticamente ninguna manifestación de bienestar. Podría decirse que el símbolo del atraso de una sociedad es justamente no tener servicio permanente y adecuado de electricidad. En consecuencia, el hecho de que los venezolanos hayan tenido en el último mes cientos de horas sin electricidad es la mayor expresión del rezago de desarrollo que experimenta el país.

La crisis del sistema eléctrico del último mes, se suma al deterioro sistemático que ha experimentado el servicio en la última década, especialmente en ciudades diferentes a Caracas en las cuales los apagones son parte de la rutina diaria. Es decir, ya desde hace una década, disponer de la conexión eléctrica respectiva en cada vivienda dejó de ser sinónimo de contar con el servicio. En América Latina, según el Banco Mundial, el 3% de la población no tiene conexión eléctrica en la vivienda, es decir, aproximadamente 20 millones de personas. A ese número habría que agregar ahora los casi 30 millones de venezolanos que no tienen ninguna certeza de disponer del servicio.

En 1992, Venezuela era el país de América Latina que se encontraba más cerca de alcanzar el 100% de cobertura de servicio eléctrico. Ese año Venezuela desplazó del primer lugar a Costa Rica al reportar 97,8% de población cubierta con electricidad. Sin embargo, esa meta del 100% de cobertura, estándar en los países de la Unión Europea, se ha vuelto cada vez más distante para los venezolanos. En la práctica, el 100% de cobertura eléctrica ya se ha alcanzado en ocho de los veinte países de la región.

El hecho de que los venezolanos contemplen con la mayor angustia posible la incertidumbre sobre el servicio eléctrico, no es azaroso. Es más bien, el resultado de erradas políticas. Una de las cuales es la relacionada con el servicio eléctrico, pero no la única. Es más bien todo un enfoque de lo que significa gobernar, la contradicción con la noción de buen gobierno. Además, no es solamente la consecuencia desastrosa de no tener cobertura eléctrica, sino el efecto en otros servicios, tales como agua, saneamiento y telecomunicaciones, solo por citar unos pocos.

Queda muy claro, entonces, que el objetivo en la gerencia del servicio eléctrico en las últimas dos décadas no era garantizar el suministro de electricidad a las incubadoras con recién nacidos, ni en las salas de terapia intensiva, ni en los hospitales, escuelas, aeropuertos, campos deportivos, salas de teatro, fábricas, universidades, ni en ningún sitio de actividad humana. Ese no era el objetivo. Eran otros objetivos. En la búsqueda de esos otros objetivos se ha convertido al país, con una de las mayores coberturas de electricidad en la región, en una total calamidad. Es un ejemplo dramático de la antítesis de un gobierno, esto es, instituciones y servicios dedicados a proteger a las personas, a prestar servicios de calidad, a aumentar el bienestar y el progreso.

Politemas, Tal Cual, 3 de abril de 2019

Apagón total

En los últimos diez años la sociedad venezolana ha vivido con la angustia de que en cualquier momento se iba a producir un “gran apagón”. Los equipos técnicos del país especializados en el sistema eléctrico, lo habían reiterado de manera sistemática. Hay que recordar que Venezuela llegó a contar con uno de los sistemas eléctricos más desarrollados de la región, y también más allá. La angustia se convirtió en realidad el pasado jueves 7 de marzo al producirse el apagón eléctrico que ha alcanzado al momento casi 100 horas en algunas áreas del país. 

José María de Viana (@josedeviana), uno de los más competentes gerentes públicos con los que cuenta afortunadamente el país, lo ha dicho con todas sus letras. Ha expresado, José Mari, que el apagón de la semana pasada constituye, la tragedia civil más grande en la historia del país, y probablemente en la historia, tanto por la duración como por la población afectada. La lenta recuperación del servicio eléctrico, expresión de las limitaciones en las que se ha funcionado en los últimos años, agrava los efectos en personas y familias. 

La ausencia de electricidad por tiempo tan prolongado en servicios fundamentales como los de salud, agua, transporte, acceso a alimentos, entre otros, no hace sino empeorar las condiciones de vida de la gran mayoría de los venezolanos en los últimos años. Especialmente en servicios críticos para la vida, como los de salud, la sociedad ha visto el profesionalismo y desprendimiento de miles de personas que laboran en nuestros centros públicos y privados. 

El hecho de que no se haya recuperado el servicio eléctrico en partes del país, indica que los efectos inmediatos del apagón todavía están presentes. Sin embargo, luego de superada esta primera contingencia, empezarán los problemas de corto plazo. Esto es, las fallas en el servicio eléctrico debidas a que los equipos no están en condiciones de funcionar adecuadamente, y también las restricciones aún mayores de los servicios de agua y saneamiento, sumadas a las deficiencias de las telecomunicaciones. Los riesgos de epidemias por las carencias de agua y saneamiento bastan para ilustrar las dimensiones de la tragedia civil que puede avanzar. 

Estas son las evidencias del “apagón” que podemos ver. La electricidad es muy útil para ilustrar. Se tiene o no se tiene. No hay medias tintas. Las personas o las comunidades cuentan con electricidad o no. Tan sencillo como esto. Pero hay otras áreas en las cuales el “apagón” se presenta en gradientes. Se comienza con el aumento de casos de malaria y se termina con la peor epidemia en la historia del país. Se inicia con una reducción de coberturas de vacunaciones y se finaliza con epidemias de sarampión y difteria, y decenas de muertes por esas causas. Se empieza con una reducción en la cobertura de servicios materno-infantiles, y se alcanza uno de los mayores aumentos en la razón de mortalidad materna en América Latina. Es decir, hay “apagones” que evolucionan de manera no tan evidente, pero que indican al final la pérdida significativa de condiciones de vida. 

Y el peor “apagón” es justamente aquel que nos separa del futuro. Comienza con la migración de empresas, sigue con el cierre de muchas de ellas, luego con el desplazamiento de trabajadores a otros países, y continúa con la pérdida de talento en las universidades. Este apagón evoluciona de manera menos abrupta, pero también es expresión de la pérdida de capacidades de todo el país. 

Es por ello que la sociedad venezolana hoy experimenta un apagón total. No es irreversible, pero cada día que pase las consecuencias son peores. Es un apagón total, es bueno tenerlo siempre presente, derivado de pésimas políticas públicas, originadas en colocar la ideología por encima de las realidades, y de la total incompetencia en el manejo del gobierno. El gran reto es superar este apagón total para convertirnos en una sociedad de conocimientos, basada en la capacidad de crear bienestar y nuevas riquezas. Ojalá este gran apagón contribuya a alumbrar un nuevo sendero para todos los venezolanos.

Politemas, Tal Cual, 13 de marzo de 2019

Destrucción sin paralelo

El anuncio de la Asamblea Nacional sobre la tasa de inflación del mes de mayo implica nuevos récords en el drama de la hiperinflación en Venezuela. En primer lugar, se confirma el séptimo mes de hiperinflación. Es decir, desde el mes de noviembre del año pasado, la tasa de inflación mensual ha superado el 50%. La duración de la hiperinflación de Venezuela ya es superior a la experimentada en Chile (1973), Perú (1988 y 1990), y Brasil (1989-1990). Esto significa que, de continuar esta situación, en cuatro meses más también se superaría la duración de la hiperinflación de Argentina (1989-1990). 

La tasa de inflación mensual correspondiente al mes de mayo de 2018 también es la más alta en la historia del país, esto es, 110%. De acuerdo con esta tasa de inflación mensual, los precios de los bienes se duplican en 28 días. De mantenerse una tasa de inflación mensual de 50% hasta final de año, la tasa de inflación, según la Asamblea Nacional, sería 35.000% en 2018, con lo cual se convertiría en la más alta de todas las hiperinflaciones de América Latina, y la más alta de las hiperinflaciones ocurridas en el mundo desde 1980. 

Las condiciones de esta situación son cada día más críticas para la inmensa mayoría de la población. Las posibilidades de protección están disponibles para un sector muy pequeño. Una hiperinflación de estas características como se está previendo es el escenario de destrucción más grande padecido por la sociedad venezolana. No existe forma de minimizar esta realidad. 

En este contexto, una de las preguntas fundamentales es identificar si es posible revertir esta situación en un plazo corto. Esto nos lleva a analizar el patrón de toma de decisiones en la actualidad en esta materia. La decisión anunciada sobre la reconversión monetaria se ha comunicado y asumido como la solución del problema. Especialistas nacionales e internacionales han indicado insistentemente que la reconversión sin las medidas de fondo requeridas, no significará ningún remedio. Más bien, puede implicar el empeoramiento de la situación. 

De acuerdo con lo informado recientemente, la reconversión monetaria se implementará a principio del mes de agosto. Es decir, que a los siete meses ya transcurridos habría que agregar los meses de junio y julio, con lo cual se alcanzarían los nueves meses de duración. Y a esos meses habría que agregar el tiempo que llevaría que se cayera en cuenta que la reconversión no es la solución. Conocido el patrón de decisiones en esta materia, es bastante probable que la hiperinflación de Venezuela se extienda por todo lo que queda del año 2018. Las consecuencias de la prolongación de este nivel de hiperinflación es muy probable que alcance los mayores topes de empobrecimiento y destrucción de capacidad productiva en la historia del mundo.

Politemas, Tal Cual, 13 de junio de 2018

Desprotegidos antes de nacer

Venezuela es uno de los tres países de América Latina en los cuales ha aumentado la mortalidad materna desde 1998, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El mayor incremento de mortalidad materna se ha producido en Cuba. Venezuela está de segundo en esa lamentable lista. El tercero es Costa Rica. En el resto de los países la mortalidad materna ha disminuido. El aumento de la mortalidad materna en Venezuela desde 1998 es 30%. 

Con esta evolución de deterioro, en uno de los indicadores claves para conocer la protección adecuada de la población, especialmente de las mujeres embarazadas y de sus hijos, se puede suponer que los aspectos centrales de la atención materna como lo son el cuidado prenatal y la calidad del parto, no se encuentran en las condiciones exigidas. 

Los datos obtenidos en la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2017, realizada por un equipo de investigadores de la UCV, UCAB, USB, Fundación Bengoa, indican que las mujeres que se encontraban embarazadas en el momento de realización del trabajo de campo (julio, agosto y septiembre del año pasado), acudían fundamentalmente a servicios de gestión pública para el control prenatal. Esta proporción era 57% en comparación con 37% en servicios de gestión privada. Sin embargo, 4,5% de las mujeres embarazadas reportó que no se controlaba. De las mujeres que se controlaban, el 3,4% indicó que lo había comenzado en el octavo mes del embarazo. Esto significa que aproximadamente 45.000 mujeres embarazadas, de un total estimado de 500.000 cada año, están en riesgo por ausencia de control prenatal o por comenzarlo en etapas tardías. 

La gran cantidad de mujeres embarazadas sin control prenatal adecuado, es el principal factor que debe estar influyendo en el aumento de la mortalidad materna. En condiciones de atención de calidad, la inmensa mayoría de las mujeres embarazadas debería concluir satisfactoriamente el embarazo, con un parto sin complicaciones. Solo en pocos casos, inevitables en cualquier contexto, se producirían eventos indeseados. Y es también un gran indicio de que la gran mayoría de los niños venezolanos se encuentran desprotegidos antes de nacer. 

Las condiciones de riesgo en que se encuentran las mujeres embarazadas y sus hijos, se han debido agravar en los últimos meses ante el gran impacto hiperinflacionario, con las severas consecuencias para el acceso a servicios, y en reducción de la protección financiera de las personas. Es obvio que, de continuar esta debacle económica, se producirá un mayor deterioro de la atención con las consecuencias directas en el aumento de la mortalidad materna. En esta materia, el sistema de salud de Venezuela ha tenido una involución de cuatro décadas. No hay manera de subestimarla.

Politemas, Tal Cual, 18 de abril de 2018

Riesgo continental

El aumento de los casos de sarampión que se ha producido en las últimas semanas en América pone de relieve la vulnerabilidad de los sistemas de salud, incluso ante las situaciones más prevenibles. Según el último informe de la Organización Panamericana de la Salud (correspondiente al 6 de abril de 2018), once países de América han reportado casos desde la primera semana del año 2018. Dentro de esos países, destaca que Venezuela ocupa el primer lugar con 727 casos reportados. Venezuela también tiene la mayor cantidad de casos confirmados (279). 

Desde la semana 26 del año 2017 se han confirmado 1.006 casos de sarampión en Venezuela También se han registrado dos defunciones por esta causa. El 67% de los casos confirmados se han producido en el estado Bolívar. También se han notificado casos en los estados Apure, Anzoátegui, Delta Amacuro, Distrito Capital, Miranda, Monagas y Vargas. El grupo de edad más afectado son los menores de 5 años. 

La situación de empobrecimiento sostenido que ha experimentado Venezuela desde 2014, sumado al estado de mayor destrucción productiva que se ha desencadenado con el inicio de la hiperinflación, han impulsado a muchos venezolanos a buscar fortuna fuera del país. Esto significa en la práctica, que el riesgo del aumento de los casos de sarampión también se ha trasladado a otros países de la región. En Brasil, especialmente en el estado de Roraima, de un total de 42 casos confirmados, 34 son de venezolanos. De esos casos se han registrado dos defunciones en niños. En Colombia, los cinco casos confirmados corresponden a venezolanos (cuatro procedentes de Caracas y uno de Miranda). Estos casos se han registrado en diferentes ciudades: Cúcuta, Medellín, Santa Rosa de Cabal y Cartagena. En Ecuador se reportó un solo caso, correspondiente a un niño venezolano de 5 años. 

Es bastante obvio que el mayor deterioro previsible en la situación económica y social de Venezuela, impulsará que muchas más personas exploren opciones de vida fuera de Venezuela. La cobertura de inmunizaciones de esas personas que migrarán está entre las más bajas de la región. Si los casos de sarampión están aumentando, es muy directo que las personas que salen del país pueden llevar la enfermedad al sitio donde decidan residir. Es decir, que uno de los servicios más sencillos de un sistema de salud, como es la administración de inmunizaciones, se convierte entonces en una terrible debilidad. 

Esta situación epidemiológica tiene consecuencias internacionales de significación. Es por ello que los gobiernos de los países vecinos deben entonces administrar los servicios que no fueron aplicados a los venezolanos, so pena de que aumente mucho más el número de casos de sarampión. Todo esto indica el estado de desprotección de la salud de los venezolanos, hasta el punto que las consecuencias de estas carencias se extienden más allá de nuestras fronteras. La implementación de las peores políticas de salud pública desde la creación el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social en 1936, ha convertido a los migrantes venezolanos en un riesgo continental.

Politemas, Tal Cual, 11 de abril de 2018

Ni respeto a la vida, ni respeto a la muerte

No hay ninguna duda de que en Venezuela el respeto a la vida ha desaparecido como práctica de las responsabilidades del gobierno. Para empezar, el hecho de que la mayoría de los venezolanos no cuente con los recursos para comprar los alimentos del día, lo cual trae como consecuencia los riesgos de muerte y desnutrición, especialmente para aquellas poblaciones de mayor vulnerabilidad, ya deja bastante claro que la preservación de la vida no es la guía de la acción pública. A ello debe agregarse que también la mayoría de la población no tiene acceso a los medicamentos para afecciones de todo tipo, y que por la falta de ellos muchas personas están en peligro real de morir. El grado de desprotección ante la violencia, que ha condicionado que la gran mayoría de la población se sienta con temor incluso en su propia vivienda, ha llegado hasta el punto de que el país es considerado en este momento el más peligroso en el mundo. Ya todo eso bastaría para tener la máxima preocupación. 

A todo lo anterior hay que agregar el clima de zozobra que ha experimentado el país ante los sucesos ocurridos en El Junquito la semana pasada. Especial mención deben recibir dos hechos absolutamente sorprendentes que requieren ser aclarados en las investigaciones por venir. En primer lugar, el lamentable resultado en vidas humanas cuando aparentemente había disposición de entregarse ante las autoridades. Y en segundo lugar, las acciones de los organismos oficiales para disponer de los cuerpos de los fallecidos sin tomar en consideración la voluntad de sus familias. Estas acciones, por parte de los organismos responsables, indican que no existió mayor miramiento por los sentimientos y decisiones de los familiares. 

En las actuales circunstancias del país, en las que cada día que pasa agrega multitud de situaciones que reflejan el malestar y rechazo de los ciudadanos, estos hechos son completamente inauditos. Son expresión de rasgos inequívocos de una gran descomposición institucional. El respeto por la vida y la muerte deben ser signos característicos de las sociedades. Cuando se irrespeta la vida y la muerte, especialmente por la valoración que hacen las familias del dolor que significa perder seres queridos, es imperativa la reflexión sobre los valores que esa sociedad comparte o ha dejado de compartir. Es un llamado muy directo a la conciencia de los actores políticos y sociales que participan. Es una alerta colectiva sobre el tipo de conductas que están caracterizando la vida de la sociedad. 

Es indudable que la situación general del país no puede ser más dramática. En todos los frentes. En el plano político por las grandes dificultades para encontrar espacios de acuerdo. En lo económico por las tremendas repercusiones que tiene la hiperinflación, con su estela de destrucción en todos los espacios. En lo social por el sufrimiento de millones de familias en su cotidiana lucha por la subsistencia. Y como si no fuera suficiente, ahora en la vulneración del respeto a la vida y la muerte. Si no es el punto más bajo en la incertidumbre por el destino del país, se le debe parecer bastante.

Politemas, Tal Cual, 24 de enero de 2018

Shock hiperinflacionario

El año 2018 comienza con el país sumido en la hiperinflación. Por primera vez en la historia de Venezuela un fenómeno tan destructivo se ha apoderado de la psiquis colectiva. Desde octubre de 2017 la hiperinflación se ha instalado con toda su fuerza en la sociedad. Más de tres décadas de vivir con altas tasas de inflación contribuyeron a la creencia de que se podía tolerar la destrucción sistemática de la moneda. Desde 1996 la tasa de inflación del país ha sido superior a la tasa de inflación promedio del mundo, y también a la tasa de inflación promedio de los países de América Latina.

Los venezolanos incorporaron en sus prácticas cotidianas que el aumento de los precios (algunas veces por encima de 100% en un año) no era un fenómeno extraño. Dado que la economía experimentaba tasas de crecimiento, aunque no en todos los años, se tenía la impresión de que la inflación se podía encubrir. Cuando en casi todos los países de la región se habían alcanzado tasas de inflación de un solo dígito, los venezolanos coexistían en una economía con tasas entre cinco y diez veces superiores (entre 20 y 30% anual de tasa de inflación). La política monetaria pareciera haber establecido ese límite, es decir, aceptar una tasa de inflación muy superior a la deseable.

En los últimos cuatro años la situación ha sido mucho peor. Las potestades constitucionales del BCV para controlar la oferta monetaria ya no existen en la práctica. Con una economía en total contracción desde 2014 y sin mayor restricción de la creación de moneda, los efectos están a la vista. Venezuela experimenta la segunda hiperinflación del siglo XXI, la primera en un país petrolero sin guerra civil, la primera en América Latina desde hace casi treinta años. No hay palabras para describir un desastre de estas dimensiones.

Los pronósticos de especialistas nacionales e internacionales indican que en los primeros meses de 2018 la hiperinflación puede ser aún mayor a la tasa de 60% registrada en noviembre pasado. Es decir, que los incrementos para los ciudadanos se presentarán en proporciones nunca vistas en el país. Las consecuencias para la compra de bienes de primera necesidad, especialmente alimentos y medicamentos, así como servicios, artefactos, piezas de vehículos, útiles en general, implicará en la práctica una caída aún mayor de la actividad productiva. No es exagerado imaginar una progresiva paralización de las actividades fundamentales del país. 

Esta dramática situación encuentra al gobierno concentrado en la supervivencia. Toda la información oficial está dirigida a eludir las tremendas angustias de los venezolanos ante el alza indetenible de los precios. Para el gobierno, aceptar la realidad de tener una tasa de inflación superior a 2.000%, es sencillamente impensable. Peor aún, las prácticas del gobierno solo contribuyen a complicar la situación. La estrategia del gobierno es contingente con el escenario electoral. El diferimiento de medidas económicas será lo esperable.

Los actores políticos alternativos se encuentran también presionados por la coyuntura electoral. Las demandas por parte de ellos para que el gobierno asuma la responsabilidad en la génesis de la hiperinflación, así como la exigencia de un programa de estabilización, no están en este momento en su agenda de acciones. En consecuencia, de manera más creciente la población apreciará que sus contingencias cotidianas, expresadas solo en la preocupación de lidiar con una hiperinflación que arropa, no tienen expresión pública. Todo ello agravará la sensación de desprotección.

En la medida que la hiperinflación se exacerba, las restricciones sobre el futuro del país se harán más notables. La hiperinflación está colocando de manera muy visible las limitaciones de la viabilidad del país. Y dentro de estas limitaciones están las debilidades de los liderazgos para comprender la situación crítica y los riesgos involucrados. Podría decirse que ya la hiperinflación se ha convertido en asunto de Estado. Solo la conciencia de las dimensiones del descalabro y los acuerdos políticos y sociales que conduzcan a un programa de estabilización, en el marco de una nueva estrategia de desarrollo, podrán evitar a los venezolanos la prolongación de esta espiral de destrucción.

Politemas, Tal Cual, 20 de diciembre de 2017

De la emergencia a la estabilización

Se acaban las palabras para describir la situación de las familias venezolanas. A pocas semanas del fin de año, la coyuntura no puede ser más crítica. El mes de noviembre culmina con la mayor tasa de inflación mensual en la historia del país. A pesar de que no existen cifras oficiales desde finales de 2015, las estimaciones de la Asamblea Nacional y de especialistas dentro y fuera del país, no dejan dudas. Venezuela se encuentra en el inicio de una hiperinflación. La primera en casi 30 años en América Latina. La segunda del siglo XXI en el mundo, y la primera de un país de la OPEP sin guerra civil. 

El inicio de la hiperinflación se produce luego de cuatro años de caída en la actividad económica, hasta el punto de que se ha registrado una reducción de un tercio del PIB del país, constituyendo una de las mayores debacles en países no sometidos a procesos bélicos. En tales condiciones, la principal afectación son las condiciones de vida de los ciudadanos. Los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2016, realizada por investigadores de la UCV, UCAB, USB, Fundación Bengoa, entre otras instituciones, indicaban que el 51% de los hogares se encontraba en situación de pobreza extrema (sin los ingresos para comprar los alimentos requeridos en el día). Todo indica que a finales de 2017 esta proporción debe ser mayor.

La exigencia de atender con la debida celeridad esta situación, caracterizada por la escasez de medicamentos y alimentos, sumado al aumento indetenible de los precios, ya es compartida por toda la sociedad. Incluso en el ámbito internacional, organizaciones de Naciones Unidas y gobiernos, han señalado insistentemente la necesidad de implementar opciones que logren reducir a la brevedad esta penuria que afecta a millones de venezolanos. A pesar de ello, las gestiones han sido infructuosas, más bien se percibe una gran indiferencia por parte del gobierno. La negociación que se encuentra en curso en estas semanas tiene entre sus puntos de mayor relevancia llegar a acuerdos sobre esta materia.

Lamentablemente las perspectivas para asumir la gravedad del este drama por parte de las instituciones responsables no son alentadoras. Con lo cual el problema de fondo, cual es la solución a la grave crisis económica, agudizada por la hiperinflación, mucho menos aparece en la agenda gubernamental. La solución estructural es un programa de estabilización que introduzca cambios profundos a todo el descalabro económico y social que se ha producido en el país. Esperemos que se puedan generar los acuerdos políticos y sociales que faciliten pasar de la emergencia a la estabilización en el menor tiempo posible. La situación realmente apremia.

Politemas, Tal Cual, 6 de diciembre de 2017

Las dimensiones de la mortalidad materna

La marcha de un sistema de salud se puede conocer por la situación de la mortalidad materna. Al igual que se toma solo una muestra para analizar la hemoglobina o los glóbulos blancos en toda la sangre del cuerpo, la mortalidad materna nos puede indicar en gran medida las características del funcionamiento del sistema de salud. En primer lugar, a pesar de que el número de muertes maternas es una pequeña proporción de las muertes totales en un país dado, su significación es muy alta. Porque la muerte de una madre tiene repercusiones familiares tremendas. Significan esposos sin su compañera, otros hijos sin su madre, y muy probablemente un recién nacido en riesgo. Por otra parte, las muertes maternas son altamente evitables, solo en eventos muy raros y complicados es difícil evitarlas. De manera que la reducción de la mortalidad materna al mínimo posible debería ser una meta fundamental de cualquier sistema de salud. Además, tendría un efecto sinérgico en otras áreas de atención como la mortalidad infantil o en salud reproductiva, solo por señalar dos.

La mortalidad materna se mide a través de la “razón de mortalidad materna”. Esto es, el número de muertes relacionadas con el embarazo, el parto y el período de 42 días siguientes al parto, independientemente de la duración de la gestación, con relación al número de nacidos vivos registrados en un año dado. 

En Venezuela, el dato más reciente de la razón de mortalidad materna corresponde al año 2013, exactamente 68,7 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos registrados de ese año, según se reporta en el sitio web de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Hay que señalar que ya deberíamos tener el valor de este indicador hasta 2016. La cifra de 2013 es 34,1% superior a la que presentaba el país en 1998, cuando la razón de mortalidad materna era 51,2 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos registrados. Dicho de otra manera, la razón de mortalidad materna de 2013 era similar a la de 1975. Es decir, prácticamente un retroceso de 40 años.

Veamos esta situación ahora desde una perspectiva comparada con los países de la región. Entre 1998 (o el año más cercano) y 2013, todos los países de la región disminuyeron la razón de mortalidad materna con excepción de tres: Cuba, Venezuela y Costa Rica (en orden de magnitud del aumento). El país con la menor razón de mortalidad materna en 2013 fue Chile con 15,2 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos registrados. El aumento de la mortalidad materna de Venezuela solo es superado por el experimentado por Cuba (47%). De un total de 20 países de la región, 12 de ellos presentaron en 2013 una razón de mortalidad materna menor a la de Venezuela. Los países que tenían una razón de mortalidad materna superior a la de Venezuela eran: Honduras, Perú, Paraguay, República Dominicana, Guatemala, Haití y Bolivia.

Tomando en cuenta solamente lo que sucede con la mortalidad materna, es bastante obvio que el sistema de salud de Venezuela tiene uno de los desempeños más bajos de la región. A las restricciones de recursos, aumentadas en los últimos años, se debe sumar las limitaciones en la estrategia para identificar riesgos específicos en el caso de las mujeres embarazadas. Es muy posible que esta situación haya empeorado en los últimos cuatro años. Sin duda, las mujeres venezolanas deben tener en este momento el riesgo más alto en la región para morir o complicarse por eventos relacionados con el embarazo y el parto.

Politemas, Tal Cual, 13 de septiembre de 2017

Las dimensiones del hambre

La situación social se complica cada día. La ausencia de políticas públicas que reviertan el drama de empobrecimiento que confronta el país es el signo más crítico de los tiempos que vivimos. Es conveniente insistir en la estimación de las dimensiones que tiene situación más perentoria que afecta a las familias de millones de venezolanos, esto es, la dificultad de contar con los alimentos para las necesidades diarias.

Los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) del año 2016, realizada por investigadores de la UCV, UCAB y USB, ya indicaba que el 51% de los hogares no tenían el ingreso necesario para adquirir los alimentos de cada día. Es decir, se encontraban en pobreza extrema. Además, también se registró que el 93% de las personas indicaba que no alcanzaba el ingreso del hogar para conseguir los alimentos acostumbrados. Esto significa que aproximadamente 15 millones de personas están expuestas a todas las afecciones relacionadas con el hecho de no consumir los requerimientos calóricos y proteicos de una dieta normal.

En todo ese gran conjunto de personas, existe un grupo que está particularmente afectado. Se trata de los niños que se encuentran en este momento en gestación y aquellos que tienen menos de tres años de edad. Si asumimos que en el país se registran aproximadamente 500.000 nacimientos cada año, esto nos da un total aproximado de dos millones de niños. Esto es, 500.000 niños que nacerán en 2017 más 1.500.000 niños que tienen ahora menos de tres años. Si consideramos que la mitad de estos niños están viviendo en hogares que no tienen los ingresos para comprar los alimentos requeridos, el estimado de niños que están viviendo en condiciones críticas de alimentación, en las edades señaladas, es al menos 1.000.000. Sin embargo, hay que señalar que el porcentaje de pobreza extrema de 2017 es muy probable que sea mayor al presentado en 2016, con lo cual estamos hablando de un mayor número de niños en riesgo.

Ahora bien, es conveniente detallar las razones por las cuales es tan crítico garantizar la alimentación adecuada para los niños menores de tres años. Este período se ha denominado recientemente los “1000 días”, los cuales abarcan desde la concepción hasta que el niño cumpla los dos años. Actualmente se considera más bien hasta los tres años. Existe una variedad de procesos que se realizan en este período. La mielinización, a través de la cual se recubre las conexiones de las neuronas, se extiende hasta los dos primeros años. La formación de los sistemas de neurotransmisores encargados de mediar las recompensas, el afecto y el humor continúan hasta los primeros tres años. El hipocampo, el cual es la estructura encargada del reconocimiento y la memoria espacial, comienza su desarrollo a las 32 semanas de gestación y se extiende hasta los primeros 18 meses de vida. La formación de la corteza prefrontal, encargada de procesos complejos como la atención y la realización de múltiples tareas, se inicia en los primeros seis meses de vida. 

Si ese millón de niños no está recibiendo ahora los alimentos que los preparen para tener el máximo desarrollo cerebral y neurológico, entonces la capacidad del país (en su conjunto) de interactuar en la sociedad del conocimiento será cada día menor, justamente cuando es la orientación central en los países avanzados. Las dimensiones del hambre también son las dimensiones de nuestra brecha de atraso y empobrecimiento.

Politemas, Tal Cual, 6 de septiembre de 2017

Manifiesto por la República

El próximo 16 de julio será un día histórico. Millones de venezolanos acudirán a manifestar su opinión en la consulta popular aprobada por la Asamblea Nacional en ejercicio de la representatividad que tiene de la soberanía popular, y organizada en coordinación con amplios sectores de la sociedad civil. Se expresarán tanto los venezolanos que se encuentran en el país como los que viven en cientos de ciudades de todo el mundo. La consulta popular es una expresión del estado general de rechazo desarrollado luego de la convocatoria anti-constitucional de una Asamblea Nacional Constituyente, aunque se debe recordar que las sentencias también anti-constitucionales del TSJ fueron el inicio del clima de manifestaciones y protestas que se ha extendido ya por tres meses. 

En el fondo de esta gran expresión democrática está la defensa de la República. La convicción de la gran mayoría de los venezolanos es que la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente elimina todas las características fundamentales de una República. Tal como es notorio, el carácter corporativo de la convocatoria consagra la conformación de sectores, seleccionados a discreción, con la eliminación del principio de “un voto por cada persona”. En otras palabras, ya la misma convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente conlleva la anulación de derechos ciudadanos al desconocer que la convocatoria solo puede hacerse con la aprobación previa del pueblo. 

No es solamente la convocatoria lo que está completamente fuera del marco constitucional. Son también todas las pretensiones ya esbozadas sobre el carácter eventual de dicha Asamblea Nacional Constituyente. Se trataría de un supra-poder, erigido sobre la completa eliminación de la actual constitución, y con el gran riesgo de suprimir los poderes públicos que han asumido posiciones contrarias a la voluntad oficial. En tales condiciones todos los atributos republicanos prácticamente cesarían en el momento de elegirse dicha Asamblea Nacional Constituyente.

De tal manera que el riesgo es evidente, concreto. Y es por ello tan fundamental que la expresión de la consulta popular del próximo domingo sea contundente y masiva, como es en este momento la opinión de la gran mayoría de los venezolanos. En primer lugar, para rechazar la convocatoria de la Constituyente, pero también para rechazar sus fundamentos, es decir, la aspiración de consolidar la tendencia totalitaria y estatista que ha predominado en Venezuela en los últimos 18 años. 

También será un manifiesto a favor de la República civil, con pleno ejercicio de los derechos ciudadanos, y en la cual la Fuerza Armada Nacional cumpla cabalmente con lo establecido en la Constitución, es decir, respetuosa de los derechos humanos y en sujeción a las normas democráticas. Al mismo tiempo será una demanda nítida por el equilibrio de poderes y el cumplimiento de sus responsabilidades de acuerdo con el marco constitucional.

Finalmente, la consulta popular será una gran oportunidad para exigir el cumplimiento del cronograma de elecciones suspendido arbitrariamente desde el año pasado por el CNE y el rechazo a la violación que significó la anulación del referendo convocatorio. Tal exigencia será también expresión de la gran convicción que existe en Venezuela de que es fundamental la sustitución del actual gobierno por ser el causante de tantas penurias y sufrimientos para la abrumadora mayoría de los venezolanos. De manera directa el próximo domingo el pueblo venezolano expresará su exigencia por un Gobierno de Unidad Nacional, efectivo para resolver los problemas de los venezolanos y creador de posibilidades para prosperar y generar bienestar. Es una gran hora para manifestarse.

Politemas, Tal Cual, 12 de julio de 2017

El país más dependiente

La celebración del 5 de julio encuentra al país es una coyuntura singular. La convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, con la elección fijada para el 30 de julio, y los anuncios realizados sobre sus características, indican que estamos en presencia de una situación muy crítica para la República. 

El 5 de julio de 1811 se declaró la Independencia de la Corona de España, pero meses después, con la aprobación de la Constitución Federal para los Estados de Venezuela, se enunció el ideario político de dicha federación. Los Estados de Venezuela dejaron constancia con la aprobación de la Constitución de 1811, de las aspiraciones por “la mejor administración de justicia, procurar el bien general, asegurar la tranquilidad interior, proveer en común a la defensa exterior, sostener nuestra Libertad e Independencia política”, entre otros aspectos. Podría decirse que el bien general, la defensa y seguridad, la libertad y la independencia fueron los valores sobre los cuales se constituyó la República. En las circunstancias que vivimos es conveniente revisar la brecha que existe entre tales aspiraciones y lo que constatamos en el país en la actualidad.

El bien general no puede estar más maltrecho. Venezuela tiene la peor situación económica de la historia, con la destrucción productiva más significativa en país alguno sin conflicto bélico en el siglo XXI. Nos encontramos en el cuarto año de la recesión económica catalogada como la más grande de América Latina, y con la inflación más alta del mundo por cuarto año seguido, y con riesgo hiperinflacionario señalado por organismos internacionales y especialistas nacionales. Todo ello ha ocasionado el empobrecimiento más abrupto que se haya conocido también en América Latina en los últimos cincuenta años. Las cifras de pobreza total (más de 80% según las últimas mediciones), indican que la población está en las peores condiciones de alimentación, salud, protección en toda la historia.

La inseguridad de los ciudadanos también es la más crítica que se ha experimentado en el país. Caracas es la ciudad más violenta del mundo. Varias ciudades venezolanas están en la lista de las más violentas. Venezuela tiene la tasa de asesinatos más alta de América. A todo ello debe agregarse el control de zonas del país por grupos irregulares, que incluso pueden sobrepasar a las fuerzas del orden público. 

Finalmente, en cuanto a la libertad e independencia, la cantidad de violaciones a los derechos humanos, así como los signos evidentes de la influencia de gobiernos extranjeros en la conducción de las políticas, son signos evidentes de las graves limitaciones a la soberanía y al Estado de Derecho.

Todo lo anterior es una demostración contundente de que el país se encuentra en una de sus horas de mayor dependencia. En el contexto de la región, Venezuela es el país con mayores dudas sobre su porvenir político, económico y social. Quizás examinar las lecciones del 5 de julio de 1811 sea una fuente de las posibilidades que se pueden crear para defender la democracia y la República. En las siguientes semanas habrá oportunidades para demostrarlo.

Politemas, Tal Cual, 5 de julio de 2017

Los efectos de tres grandes crisis

La situación política en estos tres meses ha concentrado prácticamente la atención del país. Las manifestaciones han sido masivas, en todas las direcciones de nuestra geografía. La convocatoria de la Asamblea Constituyente, en condiciones que afectan la decisión popular, ha generado una grave situación institucional. Las consecuencias de la elección del 30 de julio son de la mayor significación para la vigencia de la República. Es muy natural que el clima de la ciudadanía se haya volcado sobre esta coyuntura.

A pesar de que el aspecto político haya tenido esta repercusión, es bastante evidente que en el país coinciden tres crisis de gran envergadura. Cada una de ellas por separado ya representaría una gran complicación. La combinación de las tres crisis explica que Venezuela sea en este momento una referencia mundial para tipificar las alteraciones de la gobernabilidad. Para comenzar, la crisis política se manifiesta en la eliminación de toda elección con plena vigencia democrática. Con todas las consecuencias que ello trae para la estabilidad. La crisis económica es expresión del período de mayor caída de la actividad productiva, considerado por los especialistas como la mayor recesión, incluso de América Latina. Estamos en el cuarto año de recesión, en niveles de contracción realmente impresionantes. La crisis social se manifiesta en el empobrecimiento más notable en la historia del país, y el más abrupto en América Latina en los últimos cincuenta años. Es sin dudas, una catástrofe social de la mayor magnitud en el siglo XXI.

Las tres crisis se han combinado con mayor fuerza desde el año pasado. Lamentablemente ninguna de las políticas tomadas por el gobierno ha marchado en la dirección correcta. Todo lo contrario, en la medida que se ha avanzado en este período hay mayor deterioro productivo, incluso de la principal fuente de ingresos del país como es la industria petrolera. Los vaticinios de los especialistas indican que la inflación aumentará en la segunda mitad del año con sus terribles efectos en mayor reducción de la capacidad de compra y destrucción económica. 

Ya no es posible separar estas crisis. Cada una de ellas tiene vida propia y afecta las otras dimensiones. Con la actual dirección en la que el gobierno quiere seguir conduciendo a la sociedad, no es posible frenar el deterioro e implementar soluciones adecuadas. Es bastante obvio que solo es posible modificar estas tendencias si se produce un cambio en la conducción política. Todo lo cual pone especial valor en la circunstancia de una eventual Asamblea Constituyente que permitiría crear un nuevo orden político de naturaleza totalitaria. Es también evidente que los efectos de ese nuevo orden van a complicar las condiciones económicas del país y, por ende, la situación social. Venezuela es hoy por hoy una demostración plena de que el desarrollo requiere coherencia en las políticas, integralidad. Los efectos de la incoherencia y la inestabilidad han trastocado dramáticamente las condiciones concretas de todos los venezolanos.

Politemas, Tal Cual, 28 de junio de 2017

Criminales de lesa humanidad

Las violaciones a los Derechos Humanos de las últimas semanas no tienen antecedentes en la historia del país. Ante millones de venezolanos que han tomado las calles para manifestar y expresar de viva voz sus opiniones y reclamos, se ha impuesto una acción sistemática y violenta por parte de aquellos que tienen armas y recursos que han sido entregados por la República para proteger las vidas y bienes de los ciudadanos. Quienes deben actuar en resguardo de la seguridad ciudadana se han convertido en agresores, imponiendo de manera inclemente y muchas veces con saña, un clima de terror y persecución. 

Los resultados de estas acciones han sido muy lamentables. Casi un centenar de ciudadanos han muerto a consecuencia de disparos. También se cuentan por centenares los heridos. Y a esas terribles cifras, que han enlutado y afectado a tantos hogares, se debe agregar los miles que han sido detenidos y acosados. Todos estos hechos configuran una situación en la que las fuerzas del Estado se han convertido en una gran amenaza para la vida de la sociedad. 

Para enfrentar estas situaciones se aprobó en 1998 el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En el texto se indica que en el siglo pasado “millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad”. Esto es justamente lo que ha sucedido en Venezuela, se ha sobrepasado cualquier límite del respeto que le deben los responsables del orden público a los ciudadanos que manifiestan pacíficamente. Más adelante, el Estatuto de Roma reconoce que tales crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad. 

El artículo 5 del Estatuto indica los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional. Dentro de ellos se incluyen los crímenes de lesa humanidad. El artículo 7 señala que los crímenes de lesa humanidad corresponden a los actos que se cometan como parte de un “ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Y dentro de esos actos se mencionan el asesinato, el traslado forzoso de la poblacion, la encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, la tortura, la violación, la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, la desaparición forzada de personas, y “otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.

Si algo ha quedado evidenciado en estos casi tres meses en Venezuela, es que las supuestas fuerzas del orden público han realizado actos que pueden ser tipificados como crímenes de lesa humanidad. Dichos delitos, como lo señala, el artículo 29 del Estatuto, no prescriben. Por cada uno de los crímenes de lesa humanidad existe un criminal de lesa humanidad. Más temprano que tarde los procedimientos de la justicia servirán para que se castigue a todos aquellos que se han valido de un uniforme para dañar la vida de los venezolanos. Esos crímenes serán castigados y esos criminales deberán cumplir las condenas. Para que nunca más se cometa un crimen de lesa humanidad contra ningún ciudadano de la República.

Politemas, Tal Cual, 21 de junio de 2017

Solo le queda la fuerza

A la vista de todos, dentro y fuera del país, continúa la arremetida totalitaria del gobierno. El objetivo es elegir el próximo 30 de julio una Asamblea Constituyente que asuma todos los poderes y coloque al país bajo la tutela de un régimen asambleario, con desaparición de los fundamentos de una democracia. Es decir, la instalación de dicho régimen conllevará la anulación de la Asamblea Nacional y de toda instancia que se oponga a sus objetivos. Ese escenario está a la vuelta de la esquina, en apenas seis semanas. 

Una lectura de esta situación indicaría que el gobierno, a pesar del mayoritario rechazo, tiene la suficiente capacidad para imponer su proyecto totalitario. Justamente esta es la situación que la sociedad democrática debe impedir. Desde otra perspectiva, es bastante evidente que lo que se observa es un gobierno completamente desarticulado, en fase de derrumbe, que apela a sus últimas cuotas de poder para sobrevivir.

En efecto, a lo largo de estos casi diecinueve años, se ha producido una sistemática disminución de las capacidades del gobierno para tener un desempeño democrático con impacto en la calidad de vida de los ciudadanos. Lo primero que perdió este gobierno fue el fundamento de la Constitución. La misma que el gobierno había propuesto a principios de 1999. Apenas una semana después del referendo aprobatorio de la Constitución, fueron violadas las normas para el nombramiento de los Poderes Públicos. En la práctica, se impuso a los funcionarios que luego habrían de refrendar todas las decisiones del Poder Ejecutivo. Lo que estamos viviendo en estas semanas es el efecto de la desaparición del equilibrio de poderes consumada en diciembre de 1999.

Amparado en el control de los Poderes Públicos, el gobierno del presidente Chávez procedió a partir de 2000 a avanzar en las primeras etapas de la hegemonía política que tenía en mente. Es decir, la hegemonía necesaria para controlar al Estado, y dentro de esa estrategia, el control de la Fuerza Armada y de la economía no petrolera. Esos fueron los acontecimientos que condujeron a la crisis política de 2002, la cual trajo a su vez como consecuencia que se resquebrajara enormemente la institucionalidad militar y de la industria petrolera. El resultado de todo ese proceso fue la pérdida por parte del gobierno de toda posibilidad de ser un actor político creíble, con capacidad de construir consensos. A partir de ese momento, quedó mucho más claro el carácter excluyente y sectario del gobierno.

La coyuntura del boom petrolero iniciado en 2004 y la ola populista respaldada por la implementación de las Misiones, colocó al gobierno en la posibilidad de literalmente apropiarse de vastos sectores productivos. Y es por ello que a partir de 2005 comienza la secuencia de estatizaciones que culminaron en la expropiación de miles de empresas, violaciones a los derechos de propiedad, invasiones, y el cese de las inversiones nacionales e internacionales. Al final de ese proceso, el gobierno había perdido la capacidad de incidir en la producción del pais. La consecuencia fue obvia, el agravamiento de la escasez y el desabastecimiento, que han traído el empobrecimiento masivo de la población, con el auge de la pobreza y la desnutrición como nunca se había visto en el país. 

Las consecuencias de este monumental fracaso eran evidentes en 2013. El gobierno evitó reiteradamente tomar las decisiones que colocaran al país en otra dirección. No era posible, ahora se ve más claro, porque esa no es la orientación del gobierno. Se trata de controlar a la sociedad en toda su extensión. Lo que el gobierno no había estimado era el profundo descontento que ya avanzaba en el país, manifestado completamente en las elecciones de la Asamblea Nacional de diciembre de 2015. Esa es la razón para que el gobierno acuda a la eliminación de las elecciones, tanto las regionales y municipales, como del referendo revocatorio del año pasado. Para evitar a todo trance otra expresión de la voluntad popular. Y paralelamente, también intenta, por intermedio del TSJ, la anulación de la Asamblea Nacional, producto justamente del ejercicio de la soberanía popular. 

Ante todas esas acciones, la reacción de la sociedad democrática en los últimos dos meses ha ocasionado que el gobierno opte por el único camino que le queda. Esto es, cambiar las reglas con el intento de aprobación de otra Constitución. Para lo cual requiere la desaparición de la consulta popular como medio para convocar la Asamblea. De esa manera, el gobierno ya no tiene el fundamento constitucional, ni la capacidad política y económica, y mucho menos las opciones de legitimidad electoral. El gobierno se ha quedado solo con la fuerza. Con ella arremete contra los manifestantes, encarcela a sus adversarios sin el debido proceso, utiliza métodos de control de las protestas que han ocasionado muertes de personas solamente por expresar su opinión. El gobierno ya no tiene ningún argumento, solo la fuerza bruta. Todo indica que esa demostración de fuerza lo que hará es aumentar la lucha democrática de los venezolanos.

Politemas, Tal Cual, 14 de junio de 2017

En la calle está la Democracia

Los venezolanos han salido a la calle a manifestar desde hace dos meses. Lo han hecho con mucha indignación, con mucha fuerza, en todos los rincones del país, de manera persistente. Han manifestado personas de todas las edades, procedencias y preferencias políticas. El común denominador ha sido la protesta ante la arremetida totalitaria, propia de las dictaduras. Los manifestantes han expresado que rechazan las violaciones del Estado de Derecho, la eliminación de las elecciones desde el año pasado, la reclusión de cientos de líderes como presos políticos, la vulneración de las competencias de la Asamblea Nacional electa de manera contundente en 2015, y el tremendo deterioro social y económico que padecen todos los ciudadanos.

Pocas veces en la historia del país la calle ha sido de manera tan nítida el espacio para la construcción de la Democracia. La primera vez fue el 14 de febrero de 1936. Manuel Caballero lo expresó: “lo que afloró ese día fue la mentalidad democrática de la población”. Con la mayor manifestación que se había producido, y quizás la mayor en términos proporcionales en toda la historia del país. Y es por esa misma razón que también Caballero señaló que desde esa fecha “Venezuela vive en democracia”. Para que se impusiera ese tremendo cambio, de la sociedad de la autocracia gomecista a una sociedad con ansias de apertura, la experiencia de la calle fue fundamental. En aquel día la gente salió a exigir un gobierno que no concentrara todo el poder. Los resultados fueron contundentes: los presos políticos fueron liberados, los exilados regresaron al país, el gobierno redujo el período de siete a cinco años, se abrieron los cauces institucionales. La tiranía gomecista en gran medida había quedado en la historia. 

En 2017 la gente que está en la calle es expresión de la evolución democrática que ha experimentado el país en más de ochenta años. Incluso los que no han conocido sino a este gobierno, indican todos los días que tienen muchas razones para aspirar el cambio. La calidad de la Democracia a la que se aspira es mayor. Tanto en las prácticas institucionales como en los contenidos concretos de bienestar. La gran equivocación de quienes lideran esta arremetida totalitaria es pensar que es posible limitar la expresión democrática de los venezolanos. Utilizan todas sus fuerzas para impedirla.

Es bueno recordar que en todos estos años la sociedad democrática ha exigido el pleno respeto del Estado de Derecho. Ante los acosos y excesos se ha respondido con perseverancia, proponiendo un camino constitucional, institucional, pacífico, electoral. El éxito ha sido indudable porque no le ha quedado más remedio al gobierno que cerrar todas las opciones para evitar que quede en evidencia que la gran mayoría del país ya no lo acompaña. La opción que ha propuesto el gobierno ha sido una nueva arremetida totalitaria con la convocatoria al fraude constituyente. 

Es por ello que la presencia en la calle se ha convertido en la referencia de las exigencias del tipo de Democracia a la que aspiran los venezolanos. No es solamente el rechazo a la Constituyente, es también la plena vigencia del Estado de Derecho, la liberación de los presos políticos, la restitución de las competencias de la Asamblea Nacional, la atención a la extraordinaria crisis económica y social, y especialmente, la determinación de un camino electoral que permita la sustitución de este gobierno tan nefasto para los venezolanos. Lo que está en la calle en estos días, lamentablemente con las agresiones, abusos, y asesinatos que enlutan a todo el país, es la aspiración de la gran mayoría de los venezolanos por tener una Democracia plena.

Politemas, Tal Cual, 7 de junio de 2017

En el límite

El país vive días decisivos. La arremetida totalitaria continúa de manera incesante, sin visos de rectificación. Los plazos y procesos para la convocatoria de la Asamblea Constituyente son seguidos sin chistar por la mayoría de rectores del CNE. Para la importancia que debe tener una convocatoria de esta significación, todo luce apresurado, atropellado.

Esta arremetida totalitaria es la opción seleccionada por un gobierno prácticamente aborrecido por la gran mayoría del país. Luego de la anulación de todas las consultas electorales, lo que le ha quedado es construir una institucionalidad en la que puedan asumir la totalidad del control de la sociedad. Esa es la estrategia, como ha quedado bien expuesto. 

El problema de fondo es que esta propuesta totalitaria elimina la República. Es decir, acaba con más de dos siglos de continuidad en un sistema de gobierno fundamentado en la concepción de la igualdad de todos los ciudadanos. Es verdad que en estos dos siglos el país vivió muchos gobiernos autoritarios, pero justamente la aspiración de la mayor democracia fue el eje que permitió el desarrollo político del país. Lo que se pretende es eliminar el principio de “un ciudadano, un voto”, es decir, con la selección de los constituyentistas por sectores, no solo se establece un modelo corporativo, típico de los regímenes fascistas, sino que se anula el principio de que solo es posible un voto por cada ciudadano. En la práctica, muchas personas podrían votar más de una vez, con la plena destrucción de las bases republicanas. 

De allí que sea de especial importancia que la gran mayoría opuesta a esta arremetida totalitaria, esté expresando sistemáticamente el rechazo a esta convocatoria, y a todas las violaciones previas al Estado de Derecho. La conciencia de la gravedad de esta situación es lo que probablemente impulsará una nueva fase del rechazo a esta iniciativa. Ahora bien, también es clave que la fracción de la población que todavía acompaña esta gran equivocación perciba con la mayor claridad lo que está en juego. Las consecuencias serían funestas: eliminación de todos los poderes públicos contrarios y represión de todas las opiniones contrarias. Es bastante evidente que la imposición de esta visión solo se puede hacer a través del predominio de la fuerza. Lo cual le da a la Fuerza Armada una tremenda responsabilidad en esta hora.

Enfrentar esta situación límite requiere mucha solidez, tanto en el ámbito internacional como nacional. La conciencia de los riesgos que confronta Venezuela es una convicción bastante extendida en la comunidad internacional. Los esfuerzos de las últimas semanas son claras demostraciones. Esperemos que la conjunción de estas iniciativas pueda concretarse. En el plano nacional es clave la acción coordinada de manera agresiva en la medida que se avanza con el cronograma. Prácticamente en menos de dos meses, de acuerdo con lo propuesto, estaría vigente el nuevo entramado totalitario. La presencia en todos los espacios de la oposición a la arremetida totalitaria es la consigna del día. El objetivo es impedir estas pretensiones. El tiempo realmente apremia.

Politemas, Tal Cual, 31 de mayo de 2017

La nueva mayoría

En las últimas semanas millones de venezolanos han expresado a todo lo largo y ancho del país el rechazo frontal al actual gobierno, a sus pretensiones totalitarias, a sus prácticas completamente anti-democráticas, al control que quiere ejercer sobre la sociedad. Casi el 70% de la población, según recientes encuestas de opinión, indica que el gobierno se ha convertido en una dictadura. Las manifestaciones realizadas han puesto en evidencia que una nueva mayoría política ha tomado las calles, luego de la eliminación de las opciones electorales desde octubre del año pasado.

Ya en diciembre de 2015, con motivo de la elección de la Asamblea Nacional, se había confirmado sin ninguna duda que la matriz política del país se había modificado sustancialmente. La mayoría política que se había consolidado desde diciembre de 1998 ha dejado de ser tal. La expresión de esta nueva mayoría en la composición de la Asamblea Nacional, con 112 diputados, dejó muy claro que la fuerza política del actual gobierno se ha desvanecido. Conviene precisar las razones para la generación de esta nueva mayoría. En modo alguno ha sido un proceso fortuito. Ha sido más bien el producto de una estrategia consistente, sistemática.

Hace poco más de ocho años, exactamente el 15 de febrero de 2009, el gobierno del presidente Chávez había logrado la aprobación de la reforma constitucional para incluir la reelección indefinida para todos los cargos. La popularidad del gobierno era inmensa, así como los beneficios que se obtenían de los altos precios del petróleo. En tales circunstancias, muchas personas no se podían imaginar que un gobierno con esas fortalezas pudiera ser derrotado políticamente. Y es en esa coyuntura que la alianza constituida por la Mesa de la Unidad Democrática se propone dar los pasos, a través de una estrategia democrática, constitucional, pacífica y electoral, para que se construyera en el país una nueva mayoría política. Tal acuerdo se plantea a la opinión pública a mediados de 2009.

Todo lo que se ha desarrollado desde esa fecha, dentro del marco de la Unidad Democrática, ha respondido a la ejecución de esa estrategia. Dentro de las posibilidades y restricciones que condicionan la acción de una alianza política amplia y plural. Ya desde 2010, con la participación nuevamente en la Asamblea Nacional, y luego con la disputa electoral de 2012, fundamentada en la realización de elecciones primarias para todos los cargos, y la definición de un programa para el Gobierno Nacional, se demostró la naturaleza de la amplia aspiración para concretar dicha mayoría política. La elección presidencial de abril de 2013 fue una demostración ostentible de la fortaleza de la alternativa democrática. Hasta el punto que a finales de 2015 ya se había manifestado al ganar ampliamente la mayoría de la Asamblea Nacional. Visto en el contexto de la región, es bastante evidente que esta alianza se ha consolidado y avanzado en el objetivo propuesto.

Hoy el actual gobierno tiene la popularidad en el suelo, su visión totalitaria y su incompetencia está a la vista de todos los actores nacionales e internacionales, el desastre de su gestión se manifiesta en el peor desempeño económico del mundo en el Siglo XXI. Sus errores han sido monumentales. La gran mayoría del país lo que desea es la sustitución por los medios institucionales y democráticos del actual gobierno. Los pasos que todos los días se dan en Venezuela indican que la nueva mayoría es irreversible, que se trata de persistir en la Unidad, con la convicción de que es la mejor opción para mejorar las condiciones de vida de los venezolanos.

Politemas, Tal Cual, 24 de mayo de 2017

En contra de todo el país

Tal parece que en el Alto Gobierno existen indicios de que la idea de la convocatoria de la constituyente no goza de buena salud. Solo así se pueden explicar las “aclaratorias” y tardanzas en la ejecución del plan.

Comencemos con las “aclaratorias”. De acuerdo con la propuesta del gobierno, la convocatoria de la constituyente significaría un nuevo orden político. Es decir, según el gobierno, se aprobaría una nueva constitución con nuevas reglas. En consecuencia, eso significa que todos los lapsos políticos quedan modificados. Por ello se podría inferir que el período del actual gobierno quedaría dependiendo de esa aprobación. Dicho de otra forma, en el momento que se convoque la supuesta constituyente, cesaría el actual gobierno. Una especie de “recorte presidencial” anticipado. De hecho, el coordinador de la comisión organizadora ha recordado que el propio presidente ha colocado el cargo a la orden del pueblo. 

Y resulta que ahora se ha “aclarado” que la cosa no es así. Que en realidad si habría elecciones en 2018 para la presidencia, pero sin ninguna mención de las otras elecciones pendientes (gobiernos regionales y locales). Tal parece que alguien se dio cuenta de los riesgos que se corren, y prefirió echar marcha atrás. Por aquello de que es mejor un plazo definido que quedar en el limbo. Pero la jugada es demasiado burda. Si hubiera una pizca de honor en el Alto Gobierno, el rechazo a la convocatoria de la constituyente significaría que “alguien” debería enviar su renuncia. Ya sabemos que no se debe esperar un gesto de tanta nobleza.

Sigamos con las tardanzas. Resulta que dos semanas después del anuncio de la convocatoria, el gobierno tiene menos aliados de la idea que lo que había previsto. A las reuniones convocadas no han acudido representantes de la Unidad Democrática, ni la Iglesia Católica, ni los sectores productivos, ni los sectores académicos, por mencionar algunos. Lo que se ha evidenciado es un inmenso rechazo a la convocatoria de una constituyente que acaba con la República como la hemos conocido desde 1810. Es por ello que la comisión coordinadora hace esfuerzos desesperados para sumar adeptos, pide que la reciban en algunos ámbitos, al menos para lograr algún apoyo. También en el interior del gobierno existen sectores que han manifestado sus reservas sobre el curso seleccionado.

En cualquier otra circunstancia esto sería visto como una derrota anticipada. El gobierno debería retroceder en la iniciativa o presentar una opción más viable. Pero esa no es la forma de proceder de este gobierno. Lo más probable es que se quiera seguir avanzando por dos vías. En primer lugar, por la inmensa represión que se ha desatado de parte de los cuerpos policiales y de la Guardia Nacional Bolivariana. Las muertes sucedidas en las últimas horas son demostraciones muy claras de esta tendencia. En segundo lugar, con el diseño de una propuesta de constituyente por parte del CNE en total contradicción con el sentido político y la normativa constitucional. 

La posibilidad de que este escenario se pueda revertir dependerá de la reacción de la sociedad democrática. No hay duda de que la persistencia del gobierno traerá una respuesta nacional e internacional directamente proporcional a esta arremetida anti-republicana. Lo que está por verse es si un gobierno tan debilitado, tan rechazado, que inspira tanta desconfianza ante propios y extraños, pueda imponerse ante todo un país que defiende la República.

Politemas, Tal Cual, 17 de mayo de 2017

¡Que vivan mis estudiantes!

La frase es todo un argumento. Una expresión surgida desde adentro, muy sentida. La pronunció una señora en una de las tantas manifestaciones que se han sucedido en Caracas en el último mes. La señora tiene la Enfermedad de Parkinson, por eso dijo que no podía hablar fluido. Pero la frase salió contundente y serena. Totalmente clara. Quería señalar en una sola idea su admiración y solidaridad, ahí mismo en la calle, con los miles de estudiantes que han participado activamente en las jornadas ciudadanas por la defensa de la democracia y el pleno ejercicio del Estado de Derecho en Venezuela.

La expresión es compartida por todos. Los estudiantes han acudido nuevamente a la calle a manifestar sus opiniones y aspiraciones. Como otras veces en la historia, ellos han sido un baluarte fundamental en la lucha por construir un mejor país, son por naturaleza auténticos, críticos, expresan sus opiniones sin temor a las represalias, reaccionan ante la injusticia, muchas veces son temerarios y aguerridos. En los momentos que vive el país, cuando un gobierno arremete completamente contra la institucionalidad democrática, cuando ya no queda ninguna duda de su vocación totalitaria, cuando afianza sus prácticas dictatoriales, los estudiantes venezolanos se han convertido es un sector fundamental para enfrentar estas tendencias, y especialmente, para expresar una dirección diferente.

Los estudiantes de 2017 son hijos de la democracia. Aún cuando muchos de ellos eran muy pequeños, o incluso no habían nacido cuando comenzó este largo gobierno, han vivido en familias que vivieron de acuerdo con las reglas de una democracia. Sus padres crecieron en una sociedad abierta, con limitaciones al poder, es verdad que no era perfecta, pero las diferencias se dirimían con votos y protestas, no había reelección indefinida. Lo que estos estudiantes vivieron en sus familias, se completó en espacios educativos abiertos y promotores del diálogo, sea en los liceos o en las universidades. Y si a eso sumamos que han crecido en medio de un gran cambio tecnológico global, en el cual ha proliferado el acceso a la información, y ha convertido a cada persona en un promotor generador de ideas, se entiende entonces que estamos en presencia de la generacíón de venezolanos que ha tenido mayor capacidad de vincularse a redes nacionales e internacionales.

Por eso la señora dice que “vivan” los estudiantes. Quiere señalar que reconoce el valor de ellos para la sociedad venezolana. Que son motivo de especial orgullo y admiración. También es un llamado para que los estudiantes se cuiden, para indicar que sus vidas son muy importantes, valiosas, para que no tomen riesgos innecesarios, para que actúen siempre en coordinación. Las muertes ocurridas en este mes, cada una de ellas, es una pérdida irreparable para sus familias y para la sociedad. De allí que también todos los liderazgos del país, políticos y sociales, deban coincidir en proteger el bienestar de cada uno de los estudiantes. 

Las circunstancias que vive el país, con un gobierno agónico pero empeñado en subsistir, indican que la presión por una solución política aumentará. Y, en consecuencia, la participación de los estudiantes también se incrementará. Los estudiantes de 2017 están luchando por el país, pero también por su futuro, representan genuinamente las aspiraciones de una mejor sociedad. Sin duda, los acontecimientos de las últimas semanas indican que los estudiantes venezolanos serán fundamentales para lograr la transformación política, y también para lograr las transformaciones económicas y sociales que lleven a Venezuela al siglo XXI.

Politemas, Tal Cual, 10 de mayo de 2017