sábado, 17 de septiembre de 2011

"Vivir viviendo", sin agua

La fracción del PSUV no debe haber revisado el Panorama Social 2010 elaborado por la Cepal. Tampoco este informe debe haber tenido repercusión en el Alto Gobierno. A menos que hayan decidido “dejar las cosas de ese tamaño”. De haberlo revisado con calma, seguro el gobierno hubiera enviado una nota recriminatoria a los directivos de Cepal. Los diputados del PSUV han debido considerar una sesión extraordinaria para aprobar una nota de protesta.

Hasta la aparición de ese informe, el gobierno había desarrollado su campaña de propaganda. Porque ese es el nombre que aplica a la información oficial. En la publicación del gobierno, “Cumpliendo las Metas del Milenio 2010”, se dice: “más del 90% de la población venezolana cuenta con acceso al agua potable”. Un poco más adelante se señala: “el gobierno nacional emprendió un vasto plan de inversiones de infraestructura hidrosanitaria…”. Según este plan, prosigue el informe, se lograron incorporar al abastecimiento de agua potable y de saneamiento “un gran número de ciudadanos que estaban excluidos”. Y para remate, sin mayor empacho, se dice que la cobertura de saneamiento básico era 89.9%.

Esa era la “historia oficial”. Muy repetida, a diestra y siniestra, por el gobierno. Hasta que llegó el reporte preparado por Cepal. Allí se deja claro que la cobertura de agua potable disminuyó de 89% en 1990-1995 a 83% en el período 2000-2006. No se menciona para nada el 90% difundido por el gobierno. Allí también se dice Venezuela fue el único país de América Latina y el Caribe en el cual se redujo la cobertura de agua potable en el período de comparación.

Ya eso es para quitarle el habla a cualquiera. Después de cientos de miles de millones de dólares de ingresos del actual gobierno, el país termina con menos agua potable. Pero todo no termina ahí. Cuando se examina la cobertura de saneamiento, se observa que disminuyó 15%. Pasó de 83% a 68% en el mismo período. Esta disminución es la más alta en América Latina y el Caribe. Superior a la de Haití y la de Surinam. En el resto de los países aumentó la cobertura.

Hoy en día los venezolanos tienen menor cobertura de agua y saneamiento que a mediados de los noventa. En poco más de quince años. Toda la inversión necesaria para elevar el acceso no se cumplió en este gobierno. Las evidencias presentadas por Cepal son lamentables en un país que tuvo la mejor infraestructura de agua y saneamiento de la Región.

La difusión de cifras, ahora desmentidas, es una demostración muy clara de que antes que prestar servicios, el gobierno prefiere la propaganda. Antes que resolver los problemas cotidianos de manera efectiva y con calidad, el gobierno anda en otra cosa. Concentrado en “mandar para siempre”. Alejado de las realidades concretas de sus ciudadanos. Empeñado en “convencer” a la gente de que es posible “vivir viviendo”, pero sin agua. En eso andan.

Politemas, Tal Cual, 14 de septiembre de 2011

viernes, 16 de septiembre de 2011

La crisis indetenible de la salud

Los venezolanos padecen una gran crisis del sistema de salud. Después de la inseguridad, la situación económica y la vivienda, la salud es la preocupación más importante. Las noticias de todos los días lo dejan también en evidencia. Desde los paros del personal de salud hasta las reiteradas carencias en la dotación de los hospitales. Si hay un área que expresa toda la incompetencia del gobierno, en el manejo de las oportunidades y los recursos, esa es justamente la salud.

Lo más irónico de la situación es que a medida que sube la intensidad de la crisis, en la misma proporción disminuyen las posibilidades de conocer qué pasa realmente en el sector. Las últimas cifras de mortalidad son las de año 2008. Ya debíamos tener las del año 2010. Una vez el país, hace casi cincuenta años, fue reconocido por la calidad de la información de salud. En el nuevo sitio web del Ministerio del Poder Popular para la Salud no se consigue un dato para ilustrar la cobertura de la Misión Barrio Adentro. Mucho menos para conocer su calidad. Luego de 13 años de gobierno sabemos menos sobre las acciones que se realizan con los recursos públicos.

Todo lo anterior es consecuencia de las grandes limitaciones de las políticas de salud implementadas en este gobierno. El balance es deplorable: la mortalidad materna ha aumentado 20%, el 50% de las muertes en menores de un año se hubiera podido prevenir. Tenemos el doble de la mortalidad infantil que los países más avanzados de la Región, y cuatro veces más la mortalidad materna. El año pasado cerramos con el número de casos de dengue más alto en la historia del país (más de 120.000). El número de casos de malaria fue el cuarto en la historia. Ya este año tenemos 24.000 casos de malaria y casi 20.000 de dengue. La probabilidad de morir por diabetes (en el grupo entre 50-59 años, por ejemplo), era mayor en 2008 que en 2000. La mortalidad por cáncer es ligeramente mayor a la que se tenía al principio de este gobierno. Los venezolanos, sin dudas, tenemos mayores riesgos de salud.

Todo lo anterior es consecuencia de las inadecuadas políticas. El 70% de la población no cuenta con seguro de salud (ni público, ni privado). El gasto de salud de las familias de mayores recursos es casi 70 veces superior al de las familias de menores recursos. La desigualdad es brutal. La cobertura real de Barrio Adentro no supera el 20% para las consultas de enfermedades crónicas.

Para remate de todas estas fallas, el gobierno la ha emprendido contra el personal de salud venezolano, ocasionando que muchos de ellos hayan abandonado el país. Tampoco se ha quedado atrás la persecución a las instituciones del sector privado. A la crisis preexistente, el gobierno ha promovido un mayor deterioro de los servicios. Todo ello ocasiona millones de personas afectadas. Para las cuales la salud se ha convertido en una crisis cotidiana, creciente, indetenible.

Politemas, Tal Cual, 17 de agosto de 2011

lunes, 12 de septiembre de 2011

Las brechas por cerrar

La “hora de la igualdad” es el término que utiliza la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), para llamar la atención sobre las diferencias en el acceso a beneficios sociales fundamentales. La desigualdad en la atención a la salud, a la educación, o en la garantía de pensiones adecuadas, afecta a decenas de millones de familias a lo largo de la Región. Esa es la razón por la cual la mortalidad materna, la deserción y la baja escolaridad, así como el limitado acceso a empleos de calidad y pensiones, siguen afectando a los estratos de la población con menores recursos y oportunidades. Reducir las desigualdades, por consiguiente, es clave para enfrentar los grandes retos del desarrollo.

Ahora bien, las alternativas contra la desigualdad pasan por superar las nociones de mera redistribución. Es por ello que existe un consenso cada vez más creciente, y ratificado por Cepal, sobre algunas precondiciones para enfrentar la desigualdad. Estas precondiciones incluyen, en primer lugar, las políticas económicas orientadas al crecimiento. No puede haber recursos para atender las diferencias si las economías no crecen de manera sostenida y a altas tasas. Pero tampoco se trata de cualquier tipo de crecimiento. Debe haber creación de valor y ello supone incorporar políticas que promuevan la productividad y la innovación. Se impone crecer con calidad. Y además, que ese crecimiento no promueva a su vez desequilibrios territoriales. Y todo lo anterior como contexto de políticas que prioricen la creación de empleos de las mejores condiciones.

Al menos seis grandes desigualdades deben enfrentarse paralelamente. La primera es aquella que deriva de las condiciones socio-económicas (ingreso, nivel educativo) que impiden el acceso a servicios básicos como salud o educación. Para ello la experiencia ha demostrado que es posible realizar transferencias condicionadas, es decir, recursos en efectivo que vayan a las familias que mantengan a sus niños en las escuelas, que acudan a los servicios de salud, y que asistan a centros de reentrenamiento laboral. Vinculado a ello está la promoción de redes de servicios que amplíen el acceso de los servicios sociales.

Las siguientes desigualdades son las relacionadas con el acceso a las pensiones, a los servicios de salud, a la educación preescolar y a la educación secundaria. En el caso de las pensiones, se debe garantizar la cobertura especialmente para aquellos que no hayan contribuido, pero también las mejoras de los actuales sistemas. En los servicios de salud es fundamental garantizar la cobertura universal a través del uso de los recursos fiscales y sin imponer nuevas cargas a las familias o a las personas. Para la educación preescolar se impone la ampliación de cobertura y una vinculación más estrecha con la educación básica. En la educación secundaria, la cobertura debe estar vinculada con la posibilidad de inserción en el mercado laboral.

Las brechas señaladas pueden disminuir si existe un esfuerzo concertado de toda la sociedad. Las prioridades que se establezcan, así como los recursos que se deriven del cumplimiento de las precondiciones, son fundamentales para que en la próxima generación tengamos en la Región menos brechas, más opciones, más oportunidades para todos.

Columna de Acuerdo Social, Últimas Noticias, 14 de agosto de 2011

sábado, 10 de septiembre de 2011

Lejos de los grandes temas

Esta semana en Santiago de Chile, en la sede de Cepal, se realizará la Reunión Regional Preparatoria de América Latina y el Caribe para la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, la cual se llevará a cabo en Río de Janeiro en junio de 2012. Un documento preparado por 19 agencias del sistema de Naciones Unidas es el marco para los acuerdos que se tratarán de alcanzar. El documento termina con la propuesta de lineamientos para las políticas a favor de la sostenibilidad.

De la lectura de los cuatro lineamientos se desprende que el actual gobierno se ha empeñado por llevarnos en la dirección contraria a la sostenibilidad del desarrollo. El primer lineamiento relaciona la cobertura de los sistemas de protección social con el impacto ambiental. Se propone la universalización de los seguros de desempleo, vejez y salud. Con una cobertura de menos de 30% en el país, es evidente que la distancia entre la retórica y las condiciones concretas de los ciudadanos es una de las más grandes de la Región. Además se propone la mejora en el acceso a la educación, servicios de agua y saneamiento, vivienda y movilidad. En todas ellas el desempeño venezolano es de los más bajos.

El segundo lineamiento indica que los países deben explicitar los costos sociales y ambientales asociados con los proyectos de inversión. El objetivo es disminuir los impactos ambientales a través de las regulaciones y adecuados sistemas de inversión pública. En el país la ausencia de mecanismos para la evaluación de las inversiones públicas ha deteriorado la capacidad de detección temprana de los efectos nocivos en el ambiente. En América Latina existen experiencias exitosas de pago por servicios ambientales (en Costa Rica), y la puesta en marcha de servicios de transporte público que han reducido las emisiones de CO2 (como son los casos de Bogotá y Curitiba).

La adecuada inversión requiere que la sociedad genere y utilice la información sobre el ambiente. Esta es la orientación del tercer lineamiento. No se trata sólo del esfuerzo desde las instituciones públicas sino también combinar los mecanismos de información que realizan organizaciones académicas y de la sociedad civil. No hay nada más que contrastar estos requerimientos con el estado de postración de las estadísticas ambientales en Venezuela. Y el último lineamiento está relacionado con la incorporación de los tópicos ambientales en todos los niveles educativos. En el caso venezolano esto último es una mera aspiración.

El desarrollo sostenible es un tópico central. En sus manifestaciones cotidianas los venezolanos estamos muy lejos de las consideraciones de sostenibilidad. Es muy evidente que la actual gestión se ha encargado de impedir a los venezolanos las posibilidades de un desarrollo integral.

Politemas, Tal Cual, 7 de septiembre de 2011

Canalla es la droga, Ministro!

No podía ser de otra manera. El ministro Izarra trató de desviar la atención. Tras más de dos semanas de fallas en la política comunicacional del gobierno, con muestras evidentes de debilidades en la conducción, había que apelar a la distracción. A esa frase pensada para el impacto, para que se olviden las carencias informativas de la actual administración.

Y los culpables no podrían ser otros que los medios de comunicación. El Ministro lo dijo muy claro: la “estrategia de la canalla”, personificada por los medios, es el silencio. No decir las cosas buenas que hace el gobierno. Dice el Ministro que el decomiso de cinco toneladas de cocaína es el segundo en la historia del país, y que la noticia no había recibido el tratamiento adecuado por los medios.

No toma en cuenta el ministro Izarra que lo que la población pide está condicionado por los eventos recientes. Un Presidente acostumbrado a hablar a toda hora, desde cualquier confín del planeta, de repente se queda en silencio, apenas escribe unos cuantos mensajes por Twitter. Funcionarios del gobierno lucen con poca información, tratando de demostrar que su conversación con el Presidente es la más reciente, la más confiable.

Los medios no hacen sino reportar esas ausencias. Lo que no puede desviar el Ministro es que la atención que presta el gobierno al hecho concreto del tráfico de drogas deja mucho que desear. En el mismo día que se produce el decomiso de cocaína, se imputan funcionarios directivos de El Recreo, entre otros cargos, por tráfico ilícito de drogas.

Ministro, lo que está tomado acá por la droga son las instituciones penitenciarias. Hasta el punto que ya no se puede ocultar. Es producto de la ausencia de mecanismos de control y detección de los ingresos de droga al país. Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas de Drogas y Crimen (2011), los decomisos de heroína en Venezuela descendieron de 658 Kg en 2004 a 81 Kg en 2009. Los laboratorios de procesamiento de cocaína en territorio nacional, según la misma fuente, aumentaron de 10 a 26 en un año. Los decomisos de cocaína descendieron de 59 toneladas en 2005 a 28 en 2009. Y se estima que en 2010 bajaron aún más, a 20 toneladas. Es decir, se produce más cocaína, pero se decomisa menos. El uso extendido de la droga alcanza instituciones, como las penitenciarias, que deberían estar completamente libres de ellas.

Entonces, Ministro, la canalla está en otra parte. En la incompetencia de su gobierno que ha registrado el aumento más desproporcionado en las muertes por violencia, y en la debilidad que ha mostrado para enfrentarla. Esa es la canalla que su gobierno debería combatir y no hace. Esa es la canalla que destruye a la juventud del país. Esa es la canalla, Ministro. No distraiga la atención. El truco no le funcionó.

Politemas, Tal Cual, 30 de junio de 2011

El Teorema de Jaua

No fue un domingo cualquiera para el Vicepresidente. Quizás sus pensamientos estaban más bien en La Habana, imaginando que estaba siendo vigilado desde tan lejos, ahora que el Presidente decidió despachar un rato desde allá. Para remate, la crisis del “mega apagón” del fin de semana en el Occidente del país pareció descolocar aún más al Vice. Tuvo que desplazarse hacia la Subestación El Tablazo. Pero esta oportunidad no la podía desperdiciar. El mundo pendiente de sus palabras. El Jefe siguiendo las incidencias. Un domingo para la historia.

Y así fue. Lo primero que dijo el Vicepresidente fue que las medidas, eso que llaman decisiones, no las tenía listas. Que había que esperar hasta el lunes cuando los equipos técnicos del gobierno hubieran “calculado” lo que debían decir. Tampoco es que había que apresurarse. Después de casi 13 años de gobierno, nadie debe acusar al gobierno de no ir con calma. Otro día de espera no iba a hacer daño a nadie, pensó el Vice probablemente.

Poco importó que el “mega apagón” hubiera ocasionado que varios estados quedaran sin electricidad por casi 24 horas. Que esa situación es permanente en la zona. Que las inversiones realizadas en los últimos años no han cumplido sus efectos. Que la gente está cansada de tener que esperar el corte de electricidad de manera regular, sin alternativa. En la lógica aprendida por el gobierno, el primer paso es buscar un culpable. El segundo paso es inventar una promesa, para salir del paso, para ganar tiempo. Ese es el catecismo aprendido.

El Vice se preparó. Primero, el culpable. No puede ser el gobierno anterior, ya suena mal. No, otra cosa. Quizás le pasó por la mente el gobierno de USA. No, eso le queda mejor al ministro Rodríguez. Sigamos pensando. Ya, lo tengo. Si no hay luz, es porque se gastó. Y si nosotros, nuestro gobierno pues, lo que hacemos es producir electricidad, entonces alguien la consumió. Sí, la culpa es de los que se “echaron encima” la luz. Ellos son los culpables. Y como son del Zulia, donde siempre hemos perdido, más culpables son. Eso es. Pero cómo lo digo, se preguntó el Vicepresidente.

Y allí vino la genialidad. Eso que llega pocas veces en la vida. Necesito una frase que me catapulte al Olimpo de las políticas públicas, pensó el Vice. Y se fue en bajada. El Vice comparó la electricidad con el agua. Olvidando el pequeño detalle: el agua se puede almacenar en recipientes. Aunque nadie ha visto “tobos de electricidad”, el Vice siguió indetenible. Explicó, la electricidad es como el agua. Hasta allí solamente sonaba raro. Lo mejor vino acto seguido. Dijo el Vice: “si te la bebes toda, ya no queda”. Luego de eso vio a su alrededor, la prensa, los curiosos, todos se habían dado cuenta. El Teorema que había creado el Vice lo explicaba todo. Los venezolanos no tenemos electricidad porque ya la usamos. El Nobel es cuestión de meses.

Politemas, Tal Cual, 15 de junio de 2011

Estafa en la política social

El Presidente usa con ligereza la palabra “estafa”. La adjudica a sus adversarios políticos sin advertir que muchas de las acciones de su gobierno pueden catalogarse estrictamente como eso: “grandes estafas”. En la estafa se obtiene un lucro a través del engaño o el abuso de confianza. Y el lucro, como sabemos, es el provecho que se obtenga de alguna acción.

El gobierno ha obtenido mucho provecho político de la gran farsa que ha significado la política social. Durante los primeros cuatro años de esta larga administración, el afán del gobierno fue acabar con todo vestigio de la política social de los diez años precedentes. Se eliminaron programas que estaban dirigidos a atender áreas especiales como la nutrición y la salud. Valga solamente recordar los 500.000 niños y mujeres embarazadas que dejaron de ser atendidas al eliminar el Programa de Atención Materno-Infantil (PAMI). En esos cuatro años se privilegió a la burocracia militar, con la idea de que allí estaban las “capacidades” para implementar la política social. Ya se sabe cómo terminó todo. Con muchas acusaciones de corrupción y el descalabro de los servicios.

Cuando todo eso tuvo impacto en la opinión pública, y los “numeritos” de las encuestas indicaban que el gobierno iba en picada, llegó la ayuda milagrosa de Cuba. Quizás en alguna noche de plática interminable, irrumpió la idea. Se trataba de imitar la idea del gobierno cubano para la entrega de subsidios educativos y al empleo. De allí surgieron las Misiones. Y con la mezcla de susto político y recursos petroleros en abundancia, las Misiones empezaron a ocupar un lugar preferente de la acción del gobierno.

Las Misiones, así concebidas, iban destinadas a atender indudables carencias de la atención social en Venezuela. Pero en ningún momento esos fueron los objetivos centrales. Antes que aumentar la cobertura de salud, o la calidad de la atención educativa, o la solución real al analfabetismo, estaba el sello de una política orientada a la propaganda y la exclusión. Si la persona que acudía estaba en el registro del partido, ingresaba a la lista de beneficiarios. En caso contrario era segregado. Así de simple.

En la primera fase de expansión de las Misiones, el lucro consistió en el beneficio electoral. La atención a las personas fue completamente secundaria. La prueba de que ello no era el objetivo central fue el inmediato deterioro que se comenzó a experimentar. Dispensarios abandonados, caída de cobertura de las misiones educativas, utilización de la “marca” de las misiones originales para atender otros problemas (identidad, seguridad, empleo, vivienda). Si las Misiones hubieran sido el éxito que el gobierno quiere transmitir, no tendríamos los deplorables indicadores de resultado en la salud, educación, nutrición, empleo, vivienda. Ha sido una estafa consumada a plenitud.


Politemas, Tal Cual, 10 de agosto de 2011

miércoles, 7 de septiembre de 2011

Farsa presupuestaria

La ley más importante cada año es la que establece el presupuesto del sector público. Allí están contenidos los ingresos y los egresos, así como las distintas asignaciones por ministerios y organismos de la administración pública. Esos son los recursos de todos los venezolanos, dedicados, en teoría, a las inversiones necesarias para el desarrollo en todas sus facetas.

Todas las decisiones que derivan de la aprobación presupuestaria son alteradas desde el momento de su aprobación. El presupuesto es elaborado de acuerdo con unas premisas que lo hacen artificial. Entre ellas está el precio de referencia del barril de petróleo. Se fija en el valor mínimo. Luego de comenzado en año del presupuesto se “ajusta” el valor del barril y todos los ingresos son denominados “extraordinarios”, y como tales quedan bajo la potestad del gobierno, el cual burla descaradamente las disposiciones para la asignación de esos recursos a los gobiernos de los estados y municipios. Para el año actual, alrededor de 80 mil millones de Bs. F. han sido aprobados hasta la fecha en créditos adicionales. Como resultado ya se tiene un aumento de 40% sobre el monto presupuestado.

Los efectos de estas manipulaciones son perversos para la marcha de la economía y de la administración del gobierno. El incumplimiento de las metas y premisas presupuestarias abulta la crisis de credibilidad en un agente tan fundamental para la economía como es el gobierno. La discrecionalidad en el manejo de los recursos y el incumplimiento de las normas establecidas en la Constitución y las leyes, afecta las percepciones de otros agentes. Al final del día, nadie cree en la palabra de la Ley de Presupuesto, comenzando por el gobierno. No puede esperarse que en esas condiciones se puedan revertir los desequilibrios económicos, para lo cual es clave el orden y disciplina gubernamental. A la vista están los deterioros en la marcha económica de la República.

Otra distorsión muy dañina es la variabilidad en los ingresos de las dependencias de la administración pública. Nadie sabe ni cuánto será el presupuesto final realmente asignado, ni mucho menos cuándo se hará efectiva. Cada gerente público debe acostumbrarse a lidiar con una gran dosis de incertidumbre. Los impactos negativos en el desempeño y en los resultados en servicios para los ciudadanos no se hacen esperar. Todo es agravado porque esta lógica perversa afecta a los gobiernos de estados y municipios, así como al resto de la administración descentralizada.

Al siguiente año fiscal se repite el ciclo. No puede extrañar, entonces, que las deficiencias de la gestión gubernamental sean tan evidentes. De la farsa presupuestaria sólo queda el malestar de los ciudadanos y el deterioro de la calidad de vida.

Politemas, Tal Cual, 31 de agosto de 2011