La Unidad es lo fundamental

Casi ocho millones de venezolanos expresaron el domingo su total rechazo al totalitarismo, a la pretensión de imponer una Asamblea Nacional Constituyente. También hicieron un contundente llamado a obedecer y defender la Constitución por parte de todos los funcionarios públicos y la Fuerza Armada Nacional, y exigieron su respaldo a las decisiones de la Asamblea Nacional. Así mismo, aprobaron que se proceda con la renovación de los poderes públicos y el restablecimiento del orden constitucional a través de la realización de elecciones y la conformación de un Gobierno de Unidad Nacional. Esta expresión ha sido contundente y realizada en todos los rincones del mundo en donde se organizaron venezolanos para emitir su opinión.

Esta demostración de apego a la democracia y a la República es resultado de un proceso laborioso de más de ocho años. No ha sido fortuita. La capacidad técnica y organizativa de la MUD se ha consolidado de manera sistemática, tanto en tiempo de elecciones como en tiempos de luchas ciudadanas. Ha sido el resultado de un compromiso profundo por construir una nueva mayoría política en Venezuela. Este esfuerzo ha tenido la visión de comprender que la alternativa ante la separación y el enfrentamiento, es la unidad y el trabajo mancomunado. No solo de los partidos políticos sino de toda la sociedad. Esos frutos que hoy se contemplan, se deben a la vocación de dialogar y acordar, formulada por los partidos políticos democráticos en momentos (2009) en que el gobierno parecía invencible y eterno. La larga construcción de esta capacidad y fortaleza se debe a la contribución permanente de millones de líderes, activistas, voluntarios, ciudadanos todos, comprometidos con la democracia y con una sociedad moderna y de bienestar sin exclusiones. Lo que hoy observamos es una hazaña democrática de las más relevantes en el mundo en los últimos cincuenta años. Por ella debemos sentirnos orgullosos, en cada pieza de esa gran obra todos los que han aportado tienen su huella y deben también tener su reconocimiento. Vaya desde aquí a todos ellos la palabra de felicitación en estos tiempos de mayores retos a la Unidad.

La Unidad entra en una fase más exigente. La arremetida totalitaria no luce que va a cesar. La elección del 30 de julio es un paso clave en la estrategia de anular la Constitución de 1999 y eliminar la República. A escasos días de esta fecha, la Unidad ha planteado a los venezolanos una estrategia que se irá desarrollando prácticamente hora a hora. Para el éxito de esta estrategia es fundamental el fortalecimiento de la Unidad, tanto de los líderes que están concertando ideas y posibilidades, como de los millones de venezolanos ansiosos de iniciar una transformación histórica del país. Es por ello indispensable actuar de manera integral, coherente, expresando opiniones, asumiendo con firmeza los compromisos colectivos. Es hora de crecer sobre la experiencia desarrollada, es hora de tener confianza en que los valores que han inspirado esta gran construcción colectiva son la base para las nuevas etapas. Es hora especial para comprobar que la Unidad es lo fundamental.

Politemas, Tal Cual, 19 de julio de 2017

Retos de la Unidad

El gobierno solo se ha quedado con una “política”. Esta es, decir que no habrá referéndum revocatorio. Es todo lo que señalan. Ante la solicitud de la gran mayoría del país, la respuesta del gobierno es simplemente negar la realidad. Para ello es indispensable que el CNE juegue su rol, es decir, que consiga los más desatinados y descarados argumentos para colocar todos los obstáculos imaginables en la ruta de la celebración del revocatorio. 

Mientras esa es la única política del gobierno, el país sigue su curso de deterioro, ocasionado por supuesto por la magna incompetencia en el manejo de los asuntos públicos. El ritmo inflacionario avanza sin mayor contención, eso significa la continuación de la destrucción del ingreso de las familias, así como la afectación de las condiciones de vida en todas sus manifestaciones. No es entonces azaroso que el gobierno se encuentre en la peor percepción en la opinión pública que haya tenido gobierno alguno en la historia del país.

No queda mayor duda de que el actual gobierno tiene sus días contados. No puede regresar ya. De manera que lo que está planteado es que los sectores que lo componen, en toda su extensión, ya estén considerando las alternativas. Algo así como que los más altos representantes contemplan a los que están decidiendo su futuro sin poder influir en lo que hagan. Es un gobierno en búsqueda de final.

Mientras eso le pasa al gobierno, la alternativa democrática tiene retos fundamentales. El primero, tal como lo ha venido consolidando desde hace siete años, es persistir en la Unidad, en la ampliación de su fuerza y de su calidad. La cercanía de eventos que podrían posibilitar la transformación sustantiva de la situación política, es quizás el mayor incentivo para que la Unidad se profundice. Todo este proceso de acumulación unitaria está dando sus resultados, se expresa en la visión que se ha logrado transmitir a toda la población y que cuenta hoy con el amplio respaldo de la gran mayoría del país.

El segundo reto es justamente la movilización que significará la expresión de la solicitud de al menos 20% de los votantes por el referéndum revocatorio. Sin dudas, los ojos del mundo estarán sobre Venezuela entre el 26 y 28 de octubre. Es algo que no puede evitar el gobierno. Eso significa que será una oportunidad extraordinaria para expresar, ante propios y extraños, que la voluntad de la Unidad se expresa en los canales democráticos posibles, a través de la conducta pacífica y de la exigencia por un mecanismo tan sencillo como tomar en cuenta la opinión de cada ciudadano. 

El tercer reto tiene que ver con los imponderables de la historia. En este momento es muy difícil pronosticar lo que puede pasar luego del 28 de octubre. Los efectos de la manifestación popular expresada en la solicitud del referéndum, pueden ser totalmente significativos, especialmente para el gobierno. De manera que la Unidad estará en la circunstancia de expresar ante el país y el mundo, la convicción de que puede conducir los destinos del país en una nueva etapa. Todos los esfuerzos por estar a la altura de esa exigencia serán vitales para el bienestar de los venezolanos. Es el tamaño del desafío.

Politemas, Tal Cual, 28 de septiembre de 2016

Ventana de oportunidad

Las elecciones del 6 de diciembre constituyen una extraordinaria coyuntura política para los venezolanos. Siempre es muy importante la elección de los representantes en el Poder Legislativo. Sin embargo, la elección de esta semana tiene significativas connotaciones. 

En primer lugar, los diferentes períodos establecidos en la Constitución de 1999 para los poderes públicos, traen como consecuencia que se renueve el Poder Legislativo en un momento en que la popularidad del gobierno se encuentra muy deteriorada. Esto significa que las opciones de generar expectativas para la población se desplazarán al ámbito legislativo. En efecto, el actual gobierno luce agotado, superado por las circunstancias que contribuyó a generar, sin iniciativas ni respuestas a los graves problemas del país. 

Una segunda circunstancia de especial relevancia es la posibilidad, bastante cierta de acuerdo con las encuestas de opinión pública, que una nueva mayoría de parlamentarios se exprese como resultado del voto popular. Esto implica que por primera vez en este largo gobierno existirá una mayoría de signo político diferente al actual Poder Ejecutivo. Tal circunstancia no debería generar mayores preocupaciones en un contexto democrático plural y respetuoso. Sin embargo, dada la experiencia de los últimos tres lustros, pareciera que los que detentan el Poder Ejecutivo se hubieran acostumbrado a la falta de alternabilidad.

Finalmente, las condiciones generales del país constituyen un factor de especial relevancia. Nunca antes la economía venezolana había estado peor. La caída de la actividad económica por segundo año seguido, con un pronóstico de decrecimiento de 10% del PIB para este año, sumado al descalabro de tener la tasa de inflación más alta del planeta por tercer año seguido, configuran una profunda crisis productiva. A ello debe agregarse la dramática caída del ingreso de las familias. Según datos de ENCOVI 2015 (UCV-UCAB-USB), el 73% de los hogares se encuentra en situación de pobreza, así como el 76% de las personas. Especial gravedad tiene el hecho de que prácticamente el 50% de los hogares no tiene para comprar los alimentos del día. Esta cifra es demostrativa del profundo y vertiginoso empobrecimiento que se expresa todos los días en el país. 

En estas circunstancias los venezolanos están indicando de forma mayoritaria que el actual rumbo del país es equivocado, y que el actual gobierno es responsable de esta situación. También consideran que las elecciones legislativas son muy importantes, al punto que la disposición a votar es muy alta. Todo lo cual hace suponer que a partir del 6 de diciembre se abrirá para los venezolanos una nueva etapa. Se trata de construir con el voto una opción política que lleve al país en una dirección de transformaciones sostenibles. 

Esta ventana de oportunidad es el producto de un largo proceso que ha consolidado las opciones unitarias, que ha servido para vislumbrar un gran acuerdo que promueva el bienestar de los venezolanos. Las posibilidades son ciertas. A partir del 6 de diciembre queda consolidarlas reforzando la visión unitaria, promoviendo la inclusión de todos los sectores, trabajando con paciencia, y aprendiendo las lecciones que deja esta etapa del país. Ojalá podamos aprovechar esta excelente oportunidad.

Politemas, Tal Cual, 2 de diciembre de 2015

Exclusión originaria

El país no sale de la sorpresa. El final del séptimo año de la Administración Chávez no deja ya ninguna duda. Venezuela ha retrocedido en dos dimensiones fundamentales del desarrollo: el bienestar de la gente y la institucionalidad democrática. 

Los venezolanos sabemos que la propuesta gubernamental tiene pies de barro. Como en otras épocas de nuestra historia, se asoma con fuerza el espejismo de que es posible alcanzar el desarrollo contando con el poder inmenso de la inversión pública. Es obvio que el auge del mercado petrolero no basta para generar un ritmo de crecimiento sostenible y diversificado. Prueba de ello es la reiterada incapacidad de nuestra economía para crear trabajos decentes. Todo lo contrario: lo que experimentamos es una disminución de los puestos de trabajo de alta productividad. 

Tampoco contamos con una política social que contribuya a mejorar el bienestar de la gente. Está suficientemente demostrado los retrocesos en la salud, en la seguridad pública, en la protección social, y en la cobertura y calidad del sistema educativo. Las Misiones, aspirantes a programas de protección social, tienen carencias de diseño e implementación sumadas a la utilización proselitista e ideológica.

Para colmo de males el país ha observado con estupor en las últimas semanas los efectos de no contar con el adecuado equilibrio de poderes. Jueces que no generan confianza, fiscales sin credibilidad ni profesionalismo, defensores del pueblo que callan y otorgan, contralores indiferentes ante el manejo discrecional de la cosa pública, tal es la crisis institucional que vive el país.

Todo lo anterior expresa las consecuencias de asumir el gobierno como tarea excluyente. Para lo cual es mejor doblegar que sumar. Bajo una óptica que no cree en los acuerdos, ni mucho menos los promueve. El país padece los efectos de la exclusión originaria. 

Esta exclusión se deriva de la suspensión constitucional producida a finales del año 1999. El 15 de diciembre de ese año se aprueba a través de referéndum la Constitución propuesta por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Sin embargo, en el marco de un país consternado y paralizado por la tragedia de Vargas, la ANC procede a cesar todos los poderes públicos en contradicción con las bases comiciales que le dieron origen. Más grave aún, la ANC procede al nombramiento de todos los poderes públicos (Tribunal Supremo, Fiscalía, Contraloría, y CNE) sin tomar en cuenta los procedimientos establecidos en la Constitución que se acababa de aprobar. El poder originario se convirtió en exclusión originaria. La Constitución de 1999 fue suspendida al nacer. Las consecuencias de esta suspensión están a la vista.

La creciente concentración de poderes que se ha impuesto en Venezuela obstaculiza el bienestar de la gente y aniquila la democracia abierta. No se puede enfrentar los grandes retos del desarrollo con exclusión, creando el mito de las verdades únicas, indiscutibles, rindiendo pleitesía a los liderazgos autoritarios, militaristas, basados en la imposición y la obediencia y no en el diálogo y el acuerdo.

Cada día más venezolanos están conscientes de que el gobierno del presidente Chávez es un liderazgo del pasado, excluyente e incompetente. Cada día más venezolanos están convencidos de que el gobierno actual lo único que nos traerá es más separación. 

Para sobreponernos a las consecuencias de la exclusión originaria, necesitamos liderazgos amplios, que convoquen a la unidad y la concertación, que sean capaces de fortalecer el encuentro y la concordia, que trabajen para encontrar las coincidencias, que combatan frontalmente el militarismo y la intolerancia, que coloquen el bienestar de la gente en el centro de la acción pública y el desarrollo de la democracia como objetivo de la lucha política. Y para todo eso, los venezolanos se organizarán.

Politemas, Tal Cual, 23 de noviembre de 2005

Los próximos desafíos

La alianza democrática venezolana ha dado un paso inmenso. Las elecciones del 3 de diciembre demostraron que redemocratizar a Venezuela es un objetivo compartido por millones de ciudadanos que depositaron su voto con esperanza y deseos de cambios. Si bien es cierto que no se alcanzó la victoria electoral, también queda claro que los avances son notables y amplias las posibilidades que se abren en el futuro inmediato.

Este paso ha sido posible por la conjunción de visiones, intereses y aspiraciones. Todo ello fundamentado en la convicción de que sólo es posible avanzar en la lucha contra el autoritarismo cuando existe comunión de objetivos y estrategias. Al comenzar el año 2006 la alianza democrática ni siquiera existía. La búsqueda de caminos comunes contribuyó a decantar tanto los liderazgos como las alternativas. De todo ese proceso queda un gran aprendizaje: los sectores democráticos del país están dispuestos a deponer aspiraciones particulares para favorecer los mejores intereses colectivos.

En estas semanas se ha construido un gran movimiento. Con identidad y raigambre nacional. Que ha sido posible por el liderazgo del candidato unitario y el aporte de miles de dirigentes y voluntarios. Que contó con la colaboración desinteresada de millones de ciudadanos en todo el territorio del país. Este movimiento también ha dejado una propuesta programática. Que será justamente el punto de partida para ir construyendo un mensaje de esperanza para los 26 millones de venezolanos. 

La mayoría expresada en las elecciones también tiene un reto fundamental. Debe reconocer, en primer lugar, que no cuentan con la unanimidad de los venezolanos. Que millones de ciudadanos, casi el cuarenta por ciento de los votantes, constituyen un sector que debe ser respetado y considerado. En segundo lugar, la mayoría debe aceptar que nuestro sistema político tiene muchas debilidades para ser reconocido como una democracia en el sentido más estricto del término. La ausencia del equilibrio de poderes, la exclusión que ha caracterizado los ocho años del actual gobierno, y la obstaculización constitucional para el financiamiento público de los partidos políticos son apenas algunas demostraciones de estas debilidades. Queda, en consecuencia, en manos de esta mayoría reconocer que deben cambiar estas circunstancias para reconstruir la democracia.

Al menos cuatro desafíos son ineludibles en esta fase de la redemocratización de Venezuela. El primero es fortalecer la unidad de la alianza democrática. Ha quedado demostrado que la unidad permite avanzar. Que solamente a través de acuerdos de múltiples actores es posible tener estrategias exitosas. 

El segundo desafío es definir una plataforma común para enfrentar la eventual reforma constitucional. El actual gobierno podrá indicar otros objetivos, pero es obvio que no descansará hasta incorporar la mayor posibilidad de continuismo en el texto constitucional. Tal plataforma común supone un esfuerzo organizativo considerable, así como la coincidencia con los sectores anti-continuistas de todo el espectro político.

El desarrollo de la alianza democrática requiere la ocupación de espacios de poder. El tercer desafío supone identificar las opciones más viables para ampliar la incidencia de la alianza. La opción de la revocatoria del mandato tanto de gobernadores como alcaldes, así como las elecciones regionales del 2008 son oportunidades significativas. En cada una de ellas se debería acudir con candidatos unitarios, seleccionados por los mecanismos más idóneos, y dispuestos a asumir liderazgos compatibles con los objetivos de la alianza. 

El cuarto desafío es garantizar los recursos financieros para que todos los anteriores se puedan conseguir. La prohibición constitucional para el financiamiento público de los partidos obliga a encontrar caminos novedosos, con la participación de toda la sociedad, que provean los recursos para todos estos retos. 

Superar estos desafíos, entre otros, ocupará muy probablemente la agenda de la alianza en los próximos tiempos. El aporte de todos los sectores será indispensable para cumplirlos. Sigamos trabajando.

Politemas, Tal Cual, 6 de diciembre de 2006

El mandato del 3 de diciembre

El pueblo venezolano se apresta a expresar en las urnas electorales el mandato político más relevante en la historia de la democracia venezolana. No es solamente el apoyo a las elecciones como medio de expresión de la voluntad popular, como sucedió en 1947 y 1958. No es solamente el cumplimiento de la rutina institucional que caracterizó la vida política del país hasta 1998. 

Las elecciones de 2006 constituyen la encrucijada más significativa de la vida política y social de Venezuela en seis décadas. Se trata de decidir entre una opción autoritaria e incompetente representada por el gobierno del presidente Chávez, por una parte, y la posibilidad de reconquistar la vigencia de un sistema de libertades e instituciones en un marco de bienestar duradero para todos los venezolanos, por la otra.

No es solamente una elección para escoger al primer mandatario. Es una elección entre dos formas muy diferentes de entender la vida en sociedad y sus valores sustantivos. En la práctica, las elecciones ratificarán en gran medida el trayecto redemocratizador que ha caracterizado la vida del país en el año 2006.

Una mirada retrospectiva permite precisar los hitos relevantes de este trayecto. En primer lugar, los sectores democráticos comprendieron acertadamente que enfrentar al gobierno autoritario requiere una propuesta unitaria. En segundo lugar, tal propuesta unitaria requería la coincidencia de partidos, grupos y visiones. Finalmente, la alianza debía contar con el liderazgo de un candidato unitario con una propuesta programática que insistiera en un Acuerdo Nacional.

La alianza democrática unitaria llega al 3 de diciembre con éxitos indudables. Existe un espacio unitario y un candidato con un liderazgo fortalecido por el contacto directo con millones de ciudadanos a través de todo lo largo y ancho del país. También existe una propuesta de gobierno cuya implementación permitiría redemocratizar el país y ejecutar políticas públicas centradas en el bienestar de todos los venezolanos.

Las expresión de la voluntad de los venezolanos el 3 de diciembre permitirán profundizar este trayecto redemocratizador. Quedará claro que el voto es el instrumento de los cambios en Venezuela. Que debemos seguir insistiendo en un sistema electoral más transparente y equitativo. Pero habrá quedado en evidencia que las elecciones son coyunturas fundamentales para el cambio de nuestro sistema político.

También quedará demostrado que la mayoría de los venezolanos respalda al sistema democrático y la mejoría de sus condiciones de vida. Que el autoritarismo y la incompetencia están en contradicción con las aspiraciones de los ciudadanos. Que los liderazgos militaristas y antidemocráticos no son acompañados por vastos sectores de la sociedad venezolana. 

Los votantes por la alianza democrática también expresarán que desean un gobierno de Unidad Nacional. Que sea capaz de convocar a todos los sectores representativos del mosaico político e institucional del país. Que esté dispuesto a dialogar con toda la diversidad de posiciones de una sociedad amplia y compleja como la nuestra. Pero también exigirán la convocatoria a todos los sectores, la amplitud necesaria para acabar con la exclusión política que ha sido característica del gobierno que aspira a la reelección.

Los venezolanos demandarán con su participación electoral el fortalecimiento de nuestros partidos políticos democráticos, así como la constitución de una alianza unitaria que trascienda la coyuntura del próximo domingo. Dicha alianza deberá acometer con prudencia y paciencia la tarea de redemocratizar a Venezuela a través de acciones concertadas y estratégicas. Se trata de acordar un camino común, una nueva forma de entender la vida política, basada en el entendimiento y las visiones compartidas. Las próximas contiendas electorales serán oportunidad para nuevos avances en esta tarea.

El mandato del 3 de diciembre será la ruta política para esta alianza unitaria. Será la oportunidad de profundizar nuestras creencias y prácticas democráticas. Será un mandato para un futuro de posibilidades. Vayamos todos a votar para expresar ese mandato ante la historia.

Politemas, Tal Cual, 29 de noviembre de 2006

El candidato del Acuerdo y la esperanza

Manuel Rosales ha presentado un programa de gobierno que aspira “configurar y consolidar en el tiempo un Acuerdo de Unidad Nacional”. Con esta propuesta, ha interpretado un vasto sentimiento nacional. Ha sintonizado con las demandas que exigen anteponer la unidad a la división, la inclusión al sectarismo, la concordia a la crispación. Los venezolanos requerimos espacios de acuerdo y concertación. El candidato del Acuerdo Unitario se ha colocado en la posición de convocar al encuentro más significativo en esta etapa del país.

Es claro que gobernar después de ocho años de deterioro de nuestra convivencia democrática no será tarea fácil. Los efectos del gobierno autoritario e incompetente del candidato continuista han trastocado la naturaleza de nuestra vida en sociedad. Se ha profundizado la separación entre los venezolanos. En tales circunstancias, establecer acuerdos es crucial para enfrentar los grandes retos de una sociedad moderna y compleja como la nuestra.

Es allí donde radica la importancia del llamado del candidato del Acuerdo Unitario. Es el reconocimiento sincero de que no es posible enrumbar nuevamente al país por senderos de progreso sin que establezcamos nuevos acuerdos, surgidos del debate político y del acercamiento de posiciones en nuestro mosaico político democrático.

El Acuerdo de Unidad Nacional fue propuesto en dos dimensiones, compatibles y quizás inseparables. En primer lugar, señaló Manuel Rosales, el Acuerdo en un modo de construir los valores de la paz, la democracia, el progreso, y la inclusión. En otras palabras, acordar es importante como práctica y como sentimiento. 

En segundo lugar, se propone un acuerdo con el propósito de progresar. Para hacer viable el futuro de una sociedad democrática y solidaria. Como palanca para alcanzar el bienestar para todos los millones de habitantes del país. Por ello el acuerdo convocado por el candidato de la Unidad Nacional debe basarse en contenidos, en propuestas que garanticen justamente la inclusión y el desarrollo. No puede ser un acuerdo de élites, es un gran espacio de construcción de las más amplias demandas de la sociedad venezolana.

Por todo ello, el Acuerdo de Unidad Nacional concentra su atención en la promoción de las capacidades individuales, pero también en las posibilidades asociativas y organizativas. De allí que el desarrollo sea entendido como el resultado de la armonía entre las responsabilidades cumplidas por el Estado y el pleno ejercicio de las libertades de los individuos para crear y prosperar. En consecuencia, un Acuerdo de esta naturaleza tiene como uno de sus ejes la creación de trabajos productivos. Pero también enfatiza la preocupación por la reducción de la desigualdad social y la creación de oportunidades, especialmente para los grupos tradicionalmente excluidos.

Un Acuerdo de esta naturaleza requiere mejores instituciones. Ante el deterioro de nuestra capacidad para equilibrar tendencias y dar cabida a todas las expresiones, el Acuerdo de Unidad Nacional propone el fortalecimiento de la democracia, la alternabilidad, la división de poderes, la descentralización, la transparencia y la rendición de cuentas. Instrumentos primordiales para asegurar la corresponsabilidad en el manejo de lo público y el respeto a las expresiones diversas de una sociedad abierta y plural.

Al proponer este Acuerdo, Manuel Rosales ha despertado aún más en todos los sectores de país un gran sentimiento de esperanza. Ha fortalecido la convicción de que es posible derrotar al autoritarismo incompetente que nos ha gobernado por ocho largos años. Ha planteado los grandes objetivos para superar los grandes males de nuestros días: la pobreza y la desigualdad.

Para que esta esperanza pueda crecer es necesario que cada ciudadano asuma su parte en este Acuerdo de Unidad Nacional. Que exprese decididamente su voluntad en las elecciones del 3 de diciembre. Que contagie a otros con las posibilidades que hoy se abren. Que ayude a construir, con trabajo y dedicación, los espacios de acuerdos que nos merecemos los venezolanos.

Politemas, Tal Cual, 1 de noviembre de 2006

El Acuerdo Unitario para la Nueva Democracia

La sociedad venezolana vive su mayor encrucijada de los últimos cincuenta años. En una dirección está la oferta de un gobierno que aspira reelegirse luego de haber demostrado con creces su vocación autoritaria y su gran incompetencia. No contento con eso, el candidato continuista ofrece concluir el cerco y dar el paso al totalitarismo. Ya habla sin ningún pudor sobre un gobierno que se reelegirá eternamente y sobre la aniquilación de cualquier otra forma organizativa que no sea la que le rinda obediencia ciega.

En la otra dirección está la oportunidad de construir una nueva democracia. Que sea capaz de tomar en cuenta los aciertos y errores de las últimas décadas. Que coloque su acento en los problemas fundamentales de los venezolanos. Aquellos que afectan su calidad de vida, y también su deseo de vivir en libertad. 

La nueva democracia exige liderazgos y programas. En ambas dimensiones la alianza democrática ha dado pasos certeros en poco tiempo. También exige la concreción de un acuerdo amplio, de envergadura, que permita avanzar efectivamente. Para que este acuerdo sea exitoso se requieren condiciones y contenidos. 

Al menos dos condiciones son cruciales. La primera es crear y desarrollar una alianza democrática que incluya al mayor número de actores. Tanto de las organizaciones políticas como de los grupos de ciudadanos. La segunda condición es que la alianza trascienda lo estrictamente electoral. Que sea capaz de exigir y concretar las grandes transformaciones que exige la hora actual.

Dentro de las contenidos de este Acuerdo Unitario para la Nueva Democracia se podrían incluir los siguientes:

1. El programa de gobierno presentado por el Acuerdo Unitario deberá ser ratificado por todos los grupos políticos aliados, sin perjuicio de que se puedan sumar la mayor cantidad de asociaciones y ciudadanos. Las políticas públicas propuestas y ratificadas serán defendidas y asumidas por todos los actores de la alianza.

2. El Gobierno Unitario deberá ser una expresión de unidad. La composición del gobierno expresará la diversidad y la capacidad de concertación de la alianza.

3. Los miembros de la alianza asumirán su voluntad indeclinable de oponerse a toda forma de totalitarismo y continuismo. Todos los sectores sumarán sus esfuerzos para avanzar de manera concertada en las distintas fases de esta estrategia de redemocratización.

4. La alianza promoverá el reestablecimiento del equilibrio de poderes a través de los canales institucionales y el respeto a las minorías como norma de la conformación de los poderes del Estado.

5. La duración del período constitucional será de cuatro años para los cargos ejecutivos con posibilidad de reelección por una sola vez.

6. Los partidos políticos deberán contar con recursos públicos para el financiamiento de sus actividades. Tales asignaciones serán reguladas y supervisadas estrictamente por los mecanismos del Estado y de toda la sociedad.

7. El Poder Electoral deberá reestructurarse para que garantice la mayor cobertura de la población con derecho al voto, así como la transparencia en todas sus fases y procedimientos.

8. La Fuerza Armada Nacional deberá obedecer plenamente al poder civil y no representará ninguna militancia política. Estará al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política. 

9. La organización del Estado deberá promover la transferencia de responsabilidades y recursos a los ámbitos subnacionales y municipales, así como la responsabilidad del gobierno nacional en la coordinación y regulación de políticas públicas.

10. La estrategia política de la alianza deberá enfrentar de manera unitaria todas las exigencias que supondrá la cabal redemocratización de Venezuela.

El desarrollo de los contenidos anteriores requerirá madurez, paciencia y capacidad para concertar. Como en pocas oportunidades de nuestra historia, los sectores democráticos venezolanos estamos llamados a definir y transitar un curso común. Es la manera más segura de derrotar al autoritarismo y al totalitarismo. Es la manera más segura de lograr bienestar para todos.

Politemas, Tal Cual, 11 de octubre de 2006

Las políticas públicas del Gobierno Unitario

Llegó la hora de comparar programas. Llegó la hora de confrontar la realidad de un gobierno autoritario e incompetente, con una oferta centrada en los problemas de la gente, que sea capaz de entusiasmar a la mayor cantidad de electores. Ante un gobierno que sólo habla de reelección indefinida y de partido único, ha llegado el momento de completar una oferta programática que promueva el bienestar y el progreso de todos los habitantes del país.

Un Gobierno Unitario deberá concertar esta oferta programática. Todos los sectores que apoyen esta alianza por la redemocratización de Venezuela, deberán coincidir para difundir y explicar sus contenidos. El esfuerzo que se realice para fortalecer estos consensos, repercutirá en la capacidad política y técnica del Gobierno Unitario.

Dentro de los contenidos de políticas públicas que podía impulsar el Gobierno Unitario están los siguientes:

1. Poner en práctica una política de seguridad ciudadana que garantice la vigilancia de los ciudadanos y bienes, así como la reducción de la impunidad. Especial énfasis se colocará en el carácter local, coordinado con instancias nacionales, de las labores de prevención y protección.

2. Convocar un Acuerdo por el Empleo Decente con la participación de trabajadores y empresarios. La meta de este Acuerdo es crear como mínimo 2 millones de empleos decentes en el próximo gobierno.

3. Iniciar un programa masivo de reentrenamiento laboral dirigido a mejorar las competencias en las áreas críticas de inversión. Este programa dará prioridad a la formación en el trabajo y otorgará incentivos a las empresas dependiendo de la calidad y cantidad de empleados reentrenados.

4. Consolidar un sistema de subsidios directos a la población, transparente y universal, sin ningún tipo de discriminación. La transferencia a las persona y familias podría abarcar desde el acceso a alimentos, hasta modalidades de créditos. También puede estar asociado a otros beneficios de salud, vivienda, educación.

5. Establecer un conjunto de beneficios de salud para todos los ciudadanos. El financiamiento de estos servicios dependería de los recursos fiscales y servicios serían prestados tanto en instituciones públicas y privadas. 

6. Otorgar pensiones para toda la población mayor de 65 años que no tenga actualmente este beneficio. Para otorgar la pensión no se exigirían cotizaciones al Seguro Social ni ningún tipo de pago. En el primer año del gobierno se incorporaría a toda la población con derecho a este beneficio. 

7. Aprobar la reforma del sistema de pensiones estableciendo modalidades que cubran tanto a la población trabajadora informal como a los del sector formal. El sistema debería combinar la solidaridad con el incentivo para la formalización y permanencia en el trabajo. 

8. Enfatizar la calidad y cobertura de la educación. A tal efecto se aumentará la cobertura de preescolar a 75% de los menores de seis años. Para el año 2012 se deberá graduar de bachiller al 60% de los que ingresan a primer grado. Para el mismo año se deberá alcanzar el 100% de escuelas a tiempo completo.

9. Garantizar programas nutricionales, con financiamiento público, para cubrir a toda la población de mujeres embarazadas, niños menores de seis años, y los estudiantes de educación básica. Cada beneficiario tendrá un registro de los servicios así como de los progresos en la recuperación nutricional. Los programas nutricionales se complementarán con servicios de salud a los grupos señalados.

10. Diseñar e implementar un Plan de Inversión en Rehabilitación de Barrios e Infraestructura que contará con una asignación inicial de 40.000 millones de dólares. Tal inversión se destinará a electricidad, agua y saneamiento, tratamiento de aguas residuales, transporte. 

La implementación de todas estas políticas permitirá darle un vuelco sustancial a las condiciones de vida de los venezolanos. Para ello se requiere voluntad, trabajo sistemático y la disposición para establecer acuerdos duraderos. Se trata de dejar atrás a un gobierno incompetente y darle una oportunidad distinta a Venezuela. Es hora de comparar.

Politemas, Tal Cual, 4 de octubre de 2006

Para enfrentar el cerco autoritario

Las primeras semanas de la campaña electoral han dejado muy clara la decisión fundamental que confronta la sociedad venezolana. Se trata de optar por un sistema de libertades democráticas y bienestar, en una dirección, o la consolidación de un régimen autoritario e incompetente, en la otra. Con el agravante de que las manifestaciones recientes del candidato por la reelección no dejan lugar a dudas sobre sus intenciones totalitarias.

Plantear reiteradamente la reelección indefinida y la formalización del partido único de la “revolución” son palabras mayores. Son propuestas muy serias que comprometen los cimientos de la sociedad venezolana. Esta es probablemente la amenaza más grave a la coexistencia ciudadana en los últimos cincuenta años. 

La alianza democrática, expresada a través del Acuerdo Unitario, está obligada a desarrollar una estrategia coherente y sistemática para enfrentar este cerco autoritario, e impedir su transformación en orden totalitario, como lo han expresado múltiples sectores del país. 

En dicha estrategia se pueden distinguir tres aspectos. El primero ha sido la consolidación de una candidatura presidencial unitaria. Ya existe un liderazgo representativo, inclusivo, que recorre el país para llevar otra opción, una manera diferente de entender la vida política y la gestión pública.

Tal liderazgo debe complementarse con una propuesta de gobierno atractiva, centrada en los problemas de la gente, tanto los que afectan su bienestar personal y familiar, como los que afectan su capacidad de decidir libremente en democracia. Dicha propuesta debe acordarse con el país. Hay que resumirla en ideas centrales y difundirla en todo lo largo y ancho de nuestra geografía. Pero lo más importante es que la propuesta de gobierno sea ratificada y asumida por todos los sectores organizados que conforman esta alianza unitaria. Debe ser una propuesta amplia, aceptada por todos, expresión de concertación y encuentro.

Las circunstancias que vive el país y la estrategia que sigue el actual gobierno, obligan a ir más allá del candidato y la propuesta de gobierno unitaria. Se requiere un acuerdo político que permita la máxima viabilidad de un gobierno unitario a partir del año 2007. Tal acuerdo político debe concretarse alrededor de contenidos programáticos, pero también sobre reglas compartidas para la redemocratización de Venezuela. Es obvio que un acuerdo de esa naturaleza supera los límites del próximo período constitucional. Es también evidente que este acuerdo político debe ser ratificado antes de las elecciones del 3 de diciembre. Allí debe estar planteada, en sus líneas fundamentales, la conducta de la alianza unitaria en cualquier escenario de resultados electorales. 

El gobierno del presidente Chávez le teme a un acuerdo de esta naturaleza. Por ello instrumenta una estrategia orientada a disuadir a la alianza democrática de concretarlo. En días recientes, el propio candidato del gobierno ha señalado que la convocatoria para decidir sobre la reelección indefinida se realizará en el año 2010. De esa manera espera que la alianza democrática difiera su lucha contra esta propuesta hasta esa fecha. El gobierno apuesta al desgaste del acuerdo unitario. Juega a que se concentren solamente en las elecciones del 2006. Sabe que, en caso de ganar, con una alianza unitaria desconcertada y sin posibilidad real de rearmarse, podrá replantear el escenario de una Asamblea Nacional Constituyente a principios del año 2007. En tal contexto, las posibilidades de instaurar un régimen totalitario son mucho mayores.

La alianza democrática debe desarrollar en los próximos tres meses la capacidad política para gobernar exitosamente y enfrentar la amenaza totalitaria. La forma más efectiva de hacerlo es maximizando los acuerdos y estimulando la definición de reglas y estrategias que gocen de la mayor aceptación por los actores políticos. En la sabiduría y paciencia para acordar y tejer coincidencias nos jugamos el porvenir del país. Quitemos el cerco.

Politemas, Tal Cual, 13 de septiembre de 2006

La última elección de Fujimori

Perú y Venezuela comparten un rasgo indeseable de los sistemas políticos. Ambos países han experimentado el desarrollo de los únicos regímenes autoritarios en las últimas dos décadas en América Latina. 

El gobierno de Alberto Fujimori abarca toda la década de los noventa. Se inaugura en 1990 a través de la victoria electoral y termina en noviembre de 2000 con la renuncia y el exilio en Japón. En el caso de Venezuela, el gobierno autoritario se inicia también con una victoria electoral. A medida que ha avanzado no ha quedado duda del rechazo del presidente Chávez a toda forma y fondo de una democracia moderna. Su afán continuista es hoy en día su rasgo más notorio.

Los dos gobiernos se nutren de crisis políticas, económicas y sociales. En el ámbito político las victorias electorales de Fujimori y Chávez son producto del deterioro significativo del sistema de partidos. Ante tal decadencia política, ambos líderes construyen movimientos personalistas, dependientes de sus voluntades autoritarias. En el aspecto económico, capitalizan el descontento con los gobiernos precedentes, en términos de la incapacidad para generar bienestar, especialmente en los sectores más pobres de la población. En el aspecto social, ambos liderazgos ofrecen alternativas renovadas ante crisis sistémicas en sus países.

La esencia autoritaria de ambos regímenes no se hace esperar. En el caso de Fujimori la exclusión se ejerce a través del “autogolpe” de 1992, el cual deja sin efecto la institucionalidad democrática peruana y abre el camino para la formalización autoritaria expresada en la Constitución de 1993. El nuevo Congreso fue dominado ampliamente por el sector fujimorista. El predominio del Ejecutivo era pleno, hasta el punto de modificar la composición del Poder Judicial cuando dictó la sentencia contraria a la reelección presidencial.

En nuestro caso, ya es harto conocida la marcha de la imposición autoritaria. También encontramos una Constitución excluyente, y la completa dependencia y subordinación del resto de los poderes públicos a la voluntad suprema del Poder Ejecutivo.

Llegado el momento ambos gobiernos se declararon continuistas. Fanáticos de la reelección. Fujimori decide optar por el tercer período en 2000. Ha quedado claro que las condiciones electorales de la primera vuelta de ese año se caracterizaron por el uso masivo de los recursos públicos a favor de la candidatura de Fujimori, por la presión sobre los medios de comunicación para impedir propaganda de otros candidatos, por los obstáculos a la participación política de la oposición, hasta cometer irregularidades en el software electoral, así como la adulteración de firmas y votos. 

El caso de Perú ilustra que los gobiernos autoritarios tienen mucho que perder si las elecciones son limpias y transparentes. Ante el riesgo de que se exprese con nitidez la voluntad popular, están dispuestos a preservar el control de las diferentes fases del proceso electoral, así como a restringir la participación amplia de los sectores opositores. En la Venezuela actual ya tenemos suficientes evidencias de la inequidad en el financiamiento de los partidos políticos, así como el abuso de los medios de comunicación por parte del gobierno. 

El derrumbe de Fujimori fue posible, en gran medida, por la existencia de la segunda vuelta. Ante las múltiples evidencias de irregularidades y la dificultad para declarar con claridad un ganador, el candidato Toledo decidió retirarse y forzar el final de la crisis política. Fujimori “ganó” la elección, pero perdió el poder dos meses más tarde.

La alianza democrática venezolana debería tomar en cuenta estas lecciones. La experiencia de Perú indica que es posible derrotar a los autoritarismos con opciones electorales. La inexistencia de la doble vuelta en Venezuela obliga a acordar de la manera más estricta las condiciones electorales. De lo contrario, estaremos abriendo la puerta a la prolongación autoritaria en Venezuela.

Politemas, Tal Cual, 22 de febrero de 2006

Retos del Acuerdo Unitario

Esta semana los venezolanos hemos constatado que nuestra cultura democrática goza de buena salud. A pesar de no contar con un sistema equilibrado, apegado a las normas de una sociedad democrática moderna, una amplia alianza de sectores y organizaciones políticas ha propuesto un camino para enfrentar cívicamente el gobierno autoritario e incompetente que aspira reelegirse.

Tales avances, sin embargo, deben profundizarse. Sería vana ilusión suponer que la mera coincidencia alrededor de un liderazgo inclusivo es garantía de éxito. No se puede luchar contra las expresiones autoritarias sin la conjunción entre propuestas alternativas y la suma de todos los sectores de de extracción y convicción democrática. La concreción de los objetivos del Acuerdo Unitario requiere la disposición inteligente y madura para superar los retos de la hora actual. Al menos tres de ellos son altamente significativos.

El primer reto es articular una propuesta electoral atractiva. Millones de venezolanos no aprueban el rumbo que tiene ahora el país. Han visto deteriorarse sus condiciones de vida, sus posibilidades de trabajo decente. Saben que la dependencia excesiva de la renta petrolera y el rechazo a la inversión productiva no traen otro resultado que la disminución de la calidad de vida. Incluso los que hoy apoyan al actual gobierno perciben las fallas y desatinos de las políticas públicas de los últimos ocho años. También millones de venezolanos aspiran recobrar un sistema de libertades democráticas. Que promueva la alternabilidad en el gobierno y la verdadera participación.

Para todos los venezolanos es fundamental contar con una propuesta que articule estas exigencias. Que coloque en el centro de la agenda pública los problemas de los ciudadanos. Tanto los que afectan el bienestar de las familias e individuos, como los que impiden las expresiones de una sociedad diversa, incluyente y orientada al progreso. Se requiere una propuesta que entusiasme. Que presente con claridad las rutas alternativas que debemos acometer. No se trata de largos enunciados, sino de soluciones basadas en nuestras posibilidades y en las lecciones aprendidas, tanto de nuestra experiencia como las de otros países. 

Un segundo reto es ganar la mayor cantidad de adeptos. Está claro que la división sólo beneficia al continuismo. El liderazgo unitario debe promover el acercamiento a todas las opciones. En la medida que se decante la calidad de las propuestas, se impondrá la mejor. Mal podría el liderazgo unitario descuidar a los sectores que plantean la abstención electoral. Tal conducta sería desconocer que la abstención es un síntoma, no la causa final de la enfermedad. 

El reiterado empeño del actual gobierno por intervenir en la autonomía del Poder Electoral ha afectado lo más sagrado para el votante: la confianza en el sufragio. Para los que promueven la abstención, el liderazgo unitario debe ofrecer argumentos, acompañar propuestas, buscar coincidencias. Pero, más importante, exigir el cumplimiento de los mecanismos más idóneos para que los ciudadanos se expresen con libertad y seguridad. En la medida que disminuya la abstención, aumentará la fortaleza del Acuerdo Unitario.

Finalmente, el Acuerdo Unitario debe proponer un programa político que sustente la recuperación de la gobernabilidad en Venezuela. Un programa que ofrezca contenidos y reglas para redemocratizar al país y promover el bienestar de todos los ciudadanos. Tal programa exige imaginación, ilusión, optimismo, así como la capacidad para coincidir pensando en el futuro y en las lecciones del pasado.

Redemocratizar significa dotar a nuestro sistema político de las mejores condiciones para fortalecer el ejercicio de las libertades públicas, así como de mecanismos que promuevan efectivas políticas públicas, dirigidas a derrotar la pobreza y alcanzar el desarrollo. Todo este esfuerzo de concertación nos debe dejar una estrategia para acometer las etapas posteriores al 3 de diciembre. Ojalá estemos a la altura de estos retos.

Politemas, Tal Cual, 23 de agosto de 2006

Acuerdo por el Bienestar

Venezuela vive una coyuntura excepcional. La encrucijada del año 2006 muestra dos caminos. Por una parte, la prolongación del gobierno autoritario incompetente que hemos tenido en los últimos siete años. Por la otra, la posibilidad de iniciar una nueva etapa en la que predominen los valores de una democracia moderna y el bienestar de toda la población.

Para que superemos eficazmente las consecuencias negativas del actual gobierno, es fundamental discriminar sus dos características centrales. El actual gobierno es autoritario porque ha utilizado todos los canales para imponer su voluntad. Porque ha eliminado los contrapesos institucionales que definen una democracia. Porque la obediencia al Poder Ejecutivo es la regla central en las políticas públicas. Pero también, el gobierno ha sido incompetente para generar bienestar. La inmensa cantidad de recursos fiscales de los últimos años no se compadece con los pobres resultados en las condiciones de vida de los venezolanos.

Estas dos características, autoritario e incompetente, no deben separarse. Criticar al gobierno solamente porque es incompetente no contribuye a entender las demandas actuales de la sociedad venezolana. Criticarlo solamente porque es autoritario no favorece la búsqueda de las soluciones a los problemas de pobreza y calidad de vida. Los retos de la sociedad democrática deben concentrarse siempre en los dos aspectos. De esa manera es más fácil discriminar las etapas que tenemos por delante.

Para enfrentar el autoritarismo la sociedad democrática tiene una agenda política y electoral. Mientras el cumplimiento de esa agenda no refleje el mayor consenso posible, disminuyen las posibilidades de ser efectivos. Una gran mayoría del país rechaza los liderazgos que creen tener el monopolio de las lecciones aprendidas. También reclama una salida electoral sin dobleces. Que esté basada en la aceptación de las mejores condiciones. En caso de que ello no se produjera, la alianza democrática debe considerar el retiro de la competencia electoral. Pero ello supone tener una estrategia alternativa. 

Para eliminar la pobreza y generar la mayor calidad de vida posible, también necesitamos un acuerdo. Que coloque el centro de las decisiones de la sociedad en la creación de empleos productivos. Aquellos que generan estabilidad del ingreso de las familias, que son fruto de la formación y de la inversión pública y privada, que tienen protección social, que atraen nuevas inversiones para crear nuevos empleos. 

El objetivo central de ese acuerdo podría ser contar en un plazo razonable con 80% de empleos de alta y mediana productividad en nuestra fuerza de trabajo (en este momento solamente tenemos 40%). Para ello se requiere implementar al menos cuatro estrategias complementarias, todas al mismo tiempo. 

La primera estrategia es atender eficazmente a toda la población que ha estado excluida de las oportunidades de formación que permiten acceder a empleos de calidad. Esto supone compensar los déficit educativos (por ejemplo, garantizar la educación básica de calidad para toda la población) e iniciar programas de readiestramiento masivo con apoyo del sector público y privado. La segunda estrategia consiste en garantizar los mejores sistemas de salud, nutrición educación y protección social para toda la población. 

La tercera estrategia es ordenar la inversión pública, especialmente la relacionada con vivienda, servicios e infraestructura, al mismo tiempo que se acuerda con el sector privado las mejores alternativas para promover la inversión en sectores de alta demanda de empleos calificados. La cuarta estrategia debe concentrarse en los cambios institucionales, tanto en la esfera pública como privada, que condicionan la estabilidad de este acuerdo, por ejemplo, la organización de un estado descentralizado y la transformación de los servicios públicos.

Ojalá seamos capaces de acordar las salidas del autoritarismo y las políticas para el bienestar. Tales son los retos de la hora actual.

Politemas, Tal Cual, 1 de marzo de 2006

Acuerdo Electoral

Lo primero es lo primero, reza el dicho popular. La alianza democrática para rescatar al país de este gobierno autoritario e incompetente, tiene una primera meta: establecer un acuerdo sobre las condiciones fundamentales para que este año tengamos elecciones libres, transparentes, y respetadas por todos los sectores.

Si hay alguna institución ha sido minada por el gobierno del presidente Chávez, es justamente aquella que le permitió el acceso al poder ejecutivo. El voto. La propia elección de la Asamblea Nacional Constituyente no dejó lugar a dudas. La exclusión realizada por este gobierno comienza con el debilitamiento progresivo del voto. La dependencia del Poder Electoral es un aspecto central de la estrategia. No hay autonomía, no hay contrapesos, una sola palabra, aquella que proviene del control de todos lo poderes. 

Está claro que para una gran mayoría de los venezolanos, la confianza en el sistema electoral es nula. Cunde en amplios sectores de la población un gran escepticismo sobre el valor del voto. En estos siete años hemos retrocedido décadas en cuanto a la valoración y respeto por el voto popular.

Ante esa realidad, es fundamental reafirmar la importancia de la institución del voto. La recuperación democrática de Venezuela supone revitalizar la convicción de que las elecciones libres, transparentes, y respetadas por todos los sectores, es la vía más efectiva para preservar la voluntad de cada venezolano.

También es claro que la realización de las elecciones, con esa características, supone la aceptación de las reglas de juego por todos los actores. Si no existe un pleno acuerdo sobre la calidad y legitimidad del acto electoral, los actores tienen todo el derecho a rechazar su participación en esas condiciones. Las elecciones suponen el respeto irrestricto en todas sus fases: requisitos de participación, campaña electoral, organización de las mesas, registro de electores, escrutinio, entre otros aspectos.

Todo lo anterior obliga a la sociedad democrática del país a ponerse de acuerdo. Todos los actores, sean los políticos, los que representan la sociedad y sus organizaciones, las asociaciones de ciudadanos, deben acordar los requisitos fundamentales para aceptar el llamado a elecciones a finales de este año. 

Dichos requisitos no son solamente técnicos y legales, también son políticos. No son solamente las pautas que garanticen el secreto del voto, sino aquellas que regulen la excesiva discrecionalidad de un poder ejecutivo muchas veces arrogante y abusivo. Lo relevante es que estos requisitos sean discutidos y acordados con la mayor amplitud, pero también celeridad. 

Estos requisitos fundamentales, vale decir el Acuerdo Electoral, debe ser aliciente para la organización y participación. Es evidente para todos que el mero acuerdo no es garantía de implementación. Todavía quedaría la fase crítica para lograr que tales condiciones sean aceptadas por el gobierno. 

En la configuración de este Acuerdo Electoral también deben participar aquellos liderazgos que aspiren actuar como factores de confluencia democrática en las elecciones de este año. Ellos no solamente deben expresarse sino que deben asumir la tarea de la defensa y promoción del Acuerdo Electoral.

Una primera tarea, entonces, es la aprobación del Acuerdo Electoral. Esperamos que la sociedad democrática venezolana sea capaz de concertar. Tenemos bastante tradición para coincidir una vez más. Aprovechemos esta oportunidad histórica.

Una segunda tarea es lograr que las condiciones fundamentales sean aceptadas. Difícil tarea ante un gobierno que no tiene vocación democrática, sino autoritaria. Para que ello sea más viable se requiere la total cohesión de la alianza democrática. Total coincidencia con el objetivo. Manteniendo de manera estricta la exigencia sobre esas condiciones fundamentales. Y con la disposición a rechazar la participación cuando esas condiciones sean vulneradas. Es definitivamente tiempo de grandes acuerdos.

Politemas, Tal Cual, 15 de febrero de 2006

Acuerdo por la Democracia

No hay forma de enfrentar el autoritarismo que no pase por un acuerdo fundamental por la democracia. Esta ha sido la experiencia de España y Chile, entre otros ejemplos. En el primer caso se generó un acuerdo amplio que permitió la transición española y facilitó la configuración de una de las sociedades más dinámicas e innovadoras de Europa Occidental.

En el caso de Chile, el acuerdo se produce con el objetivo de enfrentar la dictadura de Pinochet con una alternativa democrática. Luego de la derrota en el plebiscito, se articula una alianza de partidos que ha gobernado Chile por dieciséis años, una de las etapas de mayor bienestar y estabilidad en la historia del país austral. 

Los casos recientes de Perú y Ucrania también ofrecen lecciones significativas. En el primer caso, la confluencia de los sectores democráticos opuestos al gobierno de Fujimori se tradujo en la organización político-electoral que coordinó las salidas institucionales amparadas en un clima de movilización pública. En el caso de Ucrania se demuestra que un liderazgo movilizador, definido, dispuesto, es capaz de enfrentar con éxito los canales sofisticados y muchas veces intolerables del autoritarismo.

Todas estas experiencias tienen un denominador común. El enfrentamiento de los autoritarismos requiere una alianza inteligente, sostenida y sistemática de los sectores democráticos. No hay cabida al sectarismo en este lucha. También es ingenuo asumir que la sustitución de este tipo de regímenes es posible con canales de participación dominados, por múltiples vías, por un Poder Ejecutivo excluyente. Combatir el autoritarismo con los métodos formalizados para tiempos democráticos es una ruta directa al fracaso.

Hace tiempo que el gobierno del presidente Chávez pasó la línea que conduce al autoritarismo. Para los escépticos que quedaban, se puede mostrar los acontecimientos de la semana pasada. Basado en el control rígido de todos los canales del poder, el gobierno procedió a iniciar la campaña electoral con cadenas en varios días de la semana, sin ningún pudor impuso a las autoridades electorales su agenda, sus tiempos. Ante ello, el silencio complaciente de los responsables del Poder Electoral más que una mácula es complicidad. 

El Acuerdo por la Democracia supone establecer una estrategia general que tiene dos momentos críticos. En primer lugar, todos los actores políticos y sociales deben acordar sobre los supuestos básicos que deben conducir a elecciones limpias y libres. Se combate al autoritarismo con la convicción de que el ejercicio del voto es el medio de expresión de la voluntad popular. Estos acuerdos deben ser de obligatorio cumplimiento para todos los actores. La conformación de este clima de diálogo y acuerdo es esencial para disminuir las tendencias excluyentes, aquellas que pueden beneficiarse de la ausencia de mecanismos democráticos.

La segunda etapa del Acuerdo por la Democracia supone reconocer que las elecciones de este año son una oportunidad para sustituir con votos este gobierno autoritario e incompetente. De tal manera que todos los liderazgos democráticos que se sientan capaces de convocar al país al entendimiento, a la renovación democrática y al bienestar real de todos los venezolanos, deben expresarse. Más importante aún, estos liderazgos deben concertar con el país los contenidos de este Acuerdo. 

Todos estos liderazgos deben tener la voluntad para construir consensos. Hasta el punto que deben establecer las pautas de decisión por las cuales se llegará a seleccionar el abanderado presidencial de esta gran confluencia. El país democrático requiere que todos estos liderazgos sean capaces de interpretar los grandes deseos de concordia y reafirmación democrática que tienen todos los ciudadanos. La madurez, inteligencia, apertura y humildad de estos liderazgos, será probablemente la medida del porvenir de los venezolanos en los próximos tiempos.

Politemas, Tal Cual, 8 de febrero de 2006

Ruta de Acuerdos

Los acontecimientos de las últimas semanas han reiterado que Venezuela es una sociedad con profundo arraigo democrático y grandes expectativas por el bienestar. A pesar de los intentos sistemáticos y lamentablemente exitosos, por parte del actual gobierno, para reducir los espacios democráticos, es evidente que ello no es suficiente para contrarrestar la vocación de libertad de los ciudadanos. A pesar de la pésima gestión gubernamental, orientada a reducir las aspiraciones de bienestar, es también evidente que para los venezolanos es muy importante la calidad de vida y las ansias de superación.

Es por ello que democracia y bienestar son dos dimensiones imposibles de separar. Se aspira vivir en libertad y con instituciones respetuosas de los derechos políticos, pero también se exige que sea en un clima de mejoría permanente de la calidad de vida. 

Para continuar la promoción de la democracia y del bienestar es conveniente precisar dónde estamos. En lo que respecta a la calidad democrática es claro que nuestras instituciones distan mucho de ser las de una democracia moderna. La sujeción de los poderes públicos a la voluntad del Poder Ejecutivo ilustra suficientemente el punto. La permanencia obscena de la pobreza, especialmente la llamada extrema, según la cual, por las propias cifras oficiales, tenemos 10% de la población que no tiene ingresos para alimentarse adecuadamente, es muestra concreta de que no somos una sociedad con bienestar, con posibilidades para todos.

Lo que se ha demostrado con los resultados del 2 de diciembre es que la redemocratización de Venezuela y la búsqueda del bienestar, pasan por el ejercicio del voto. Es también notorio que la condición del Poder Electoral es mejor hoy que hace una semana. Que se haya producido un resultado adverso al actual gobierno, que haya sido aceptado por ambos grupos, es demostración de que podemos contar con un árbitro imparcial. También sigue que el interés por votar se extenderá a muchos sectores que hasta hace una semana lo rechazaban.

Todo lo anterior puede servir para fundamentar que las próximas etapas en el desarrollo político, social y económico del país pasan por la nueva composición institucional que se deriva del ejercicio del voto. Los representantes de los Poderes Públicos a partir del 2 de diciembre serán seleccionados en un marco mucho más plural y abierto. Es deseable, en consecuencia, que el país conforme y consolide esfuerzos de concertación, es decir, acuerdos amplios, abiertos, orientados a las mejoras democráticas y al desarrollo de políticas públicas centradas en el bienestar de la gente.

Estos acuerdos son políticos, pero también trascienden a los ámbitos productivos, sindicales, estudiantiles, asociativos, en general. Se trata de construir acuerdos que superen las fronteras de lo estrictamente coyuntural. Se trata de construir acuerdos que superen las posiciones con respecto al actual gobierno. Es definitivamente una etapa que requiere mucha imaginación, y también mucha capacidad para escuchar, para sentir las angustias reales de los venezolanos.

La sucesión de eventos que requerirán la construcción de estos acuerdos se inicia con las elecciones de Alcaldes y Gobernadores a celebrarse en diez meses. Continúa con la conformación de una nueva Asamblea Nacional a finales del 2010 (en menos de tres años). Sigue con la elección de un nuevo Presidente a finales del 2012. Es evidente que los resultados de todas esas consultas conformarán un nuevo cuadro político en Venezuela. Ojalá seamos capaces de fundar ese cuadro político sobre sólidos acuerdos de la sociedad venezolana.

Politemas, Tal Cual, 12 de diciembre de 2007

Antídoto contra el totalitarismo

El presidente Chávez sabe que debe echar el resto. Cumplida la farsa de la discusión de la “reforma constitucional” en la Asamblea Nacional, el resto de los poderes públicos se prepara para la debida genuflexión. No se puede esperar otra cosa de un gobierno que aspira a realizar la mayor involución política en la historia de Venezuela.

Lo que presenciamos en estas semanas no es sino la ejecución de un plan deliberado. Que responde a una interpretación profundamente anti-democrática. Si bien es cierto que no ha sido fácil para el actual gobierno eliminar todos los rasgos de democracia en Venezuela, no es menos cierto que hoy tenemos muchas menos posibilidades de libertad, en todos los ámbitos, que al inicio del mandato del presidente Chávez.

El autoritarismo que nos gobierna no cree en otra cosa que no sea el control de Estado. Quiere una sociedad subyugada al arbitrio de los funcionarios de turno. Dicen: “controlemos el Estado, para luego controlar la sociedad”. Una sociedad sin disidencia, sin protestas, sin reclamos ante los gobernantes, uniforme, obediente. 

Una de las preguntas centrales de la hora actual está relacionada con las posibilidades reales de consolidar un régimen totalitario en Venezuela. Es evidente que el control de la riqueza derivada del petróleo es un aspecto fundamental para llevar a cabo tal propuesta totalitaria. La inmensa cantidad de recursos fiscales son utilizados para someter instituciones, dentro y fuera del país, al mismo tiempo que se debilita la inversión privada, sea ella nacional o internacional. 

En el grupo de los productores de petróleo asociados en la OPEP, Venezuela es el único en el cual se desarrolló un proceso de estabilidad democrática en la segunda mitad del siglo XX. Entre los países fundadores, Irán, Irak, Kuwait y Arabia Saudita, lo más frecuente ha sido la presencia de regímenes autoritarios, despóticos en unos casos, monárquicos en otros. Entre los otros miembros de pleno derecho (Argelia, Angola, Indonesia, Libia, Nigeria, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos), tampoco ha florecido la democracia. Todos estos últimos son también gobiernos autoritarios, con la excepción de Indonesia, lo cual no puede obviar la historia de las dictaduras de Sukarno y Suharto. 

De tal manera que la experiencia de alternabilidad y civilidad que experimentó Venezuela luego de la dictadura de Pérez Jiménez, pareciera ser un soporte para enfrentar los graves riesgos que enfrentamos. No puede extrañar que el país democrático se resista a aceptar los excesos autoritarios, y mucho menos el proyecto totalitario que hoy luce más claro y peligroso. 

Para que esta experiencia sea efectivamente un antídoto se requiere la coincidencia de objetivos y prácticas, así como la capacidad de crear espacios que permitan la integración de ideas y de propuestas. Mientras eso no sea una realidad, las posibilidades de redemocratizar a Venezuela lucirán endebles e inseguras. Es por ello tarea de todos los sectores del país, con conductas y sentir democrático, reforzar el trabajo colectivo, difundir ideas, abrirse al debate, evitar la confrontación violenta y provocadora, convencer con argumentos y trabajo ciudadano, en cada pueblo, en cada comunidad, en cada grupo asociativo, en cada empresa. Será una forma efectiva para derrotar al totalitarismo petrolero que se quiere imponer.

Politemas, Tal Cual, 7 de noviembre de 2007

Escalada autoritaria

El gobierno del presidente Chávez quiere llevar las cosas al límite. Sabe que colocando más presión sobre sus adversarios es posible conseguir mejores condiciones. Esto es, modificaciones de la Constitución de 1999 que estén ajustadas a su objetivo central: imponer en Venezuela un gobierno totalmente hegemónico. 

Todos los indicios apuntan a una acción concertada. Luego de varias semanas considerando la propuesta de reforma introducida por el Presidente, la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional incorpora nuevos artículos, muchos de los cuales reducen sustancialmente las posibilidades de participación y el respeto a los derechos humanos contenidos en la Constitución de 1999. Todo ello, tal como ha sucedido en muchas oportunidades en estos años del actual gobierno, mientras el presidente Chávez se encuentra en Cuba.

Los cambios incorporados contradicen acuerdos internacionales sobre la vigencia de garantías tales como el derecho al debido proceso y a la información en los estados de excepción. También se aumenta los requisitos para la realización de referendos, de manera que se coloca de una vez la lápida sobre la cacareada democracia participativa. Por otra parte, se propone que el voto de los estudiantes tenga el mismo valor que el voto profesoral para la elección de las autoridades universitarias. Otro cambio es la disminución a dieciséis años de la edad para ejercer el derecho al voto. Cada una de estas modificaciones tiene un propósito muy definido: aumentar las prerrogativas del poder presidencial al mismo tiempo que reducir las posibilidades de acción de aquellos sectores que son sus adversarios.

También queda muy claro que en las próximas semanas la estrategia del gobierno se desarrollará conforme está establecido en el libreto. En los próximos días se aprobará la propuesta de reforma con una discusión artículo por artículo. Bajo el argumento de que la minoría de la Asamblea Nacional puede expresarse, pero que al final “no lograron tener los votos suficientes”, el país conocerá la propuesta que finalmente será enviada a referéndum. Hasta podríamos presenciar un acto de “indulgencia presidencial”, haciendo un llamado a sus seguidores “para que no se les pase la mano”. Todo fríamente calculado.

De todo esto es evidente que estamos en presencia de un gobierno que no tiene mayor pudor en la consideración de las formas ni el fondo democrático. Que utiliza todos los recursos a su disposición para imponer sus puntos de vistas y sus intereses. Ante la ausencia de límites, la competencia entre sus aliados es justamente para proponer aquellas medidas que tengan la mayor complacencia del Gran Decisor.

No hay que dejar, sin embargo, que sea el gobierno el único que pone en marcha un plan. También es hora de que los sectores democráticos del país hagan esfuerzos concertados. No hay que dejar el monopolio de la estrategia al actual gobierno. Los acontecimientos antes y después de la consulta electoral de diciembre obligan a contar con una visión conjunta y acciones compartidas.

Ante la escalada autoritaria es necesario responder con un esfuerzo sistemático por la unidad de los sectores democráticos. Si la reforma es considerada como un peligro para la endeble institucionalidad política y social del país, es fundamental responder con un frente unido, que sea capaz de expresar en todas sus dimensiones la gravedad de la situación.

Bien valiera la pena una manifestación conjunta de todos los sectores democráticos condenando al unísono el propósito y los contenidos de la reforma. Un acuerdo de esa naturaleza favorecería mayores espacios de encuentro y posibilidades más sostenibles en el futuro. También valiera la pena que se intensificará el esfuerzo de los líderes regionales, que hoy ocupan cargos de representación popular, para acercarse a la población para informar sobre los contenidos y riesgos de la reforma, así como sobre las posibilidades de participación. También valiera la pena que sectores representativos de la vida académica, social, gremial, manifestaran de manera conjunta el rechazo de la reforma. Vale la pena que hagamos esfuerzos unitarios en esta hora de amenazas para la estabilidad institucional de la República.

Politemas, Tal Cual, 17 de octubre de 2007

Las elecciones por venir

El presidente Chávez ha explicado la próxima etapa de su proyecto totalitario. Necesita una nueva constitución. Que se adapte a sus pretensiones continuistas y limite aún más la diversidad política e institucional de Venezuela. Sin mayores ambajes el Presidente ha establecido que la reelección será solamente para él. Con esa frase el Presidente ha enterrado la cacareada “democracia participativa”.

Es evidente que el Presidente necesita “pasar” esta reforma en el plazo más perentorio posible. Tal es el grado de los desequilibrios que confronta el país, en la marcha de la economía, en la industria petrolera, en la prestación de servicios sociales, en las propias filas de sus aliados, que el Presidente sabe que no puede esperar mucho. Dejar la reforma para “más adelante” podría convertirse en una gran restricción. El Presidente sabe que debe ir con todo, lo más pronto posible.

Pero las cosas no son tan fáciles en el mundo real. Incluso para un gobierno que ha acumulado la mayor concentración de poder en las últimas cinco décadas. La Constitución de 1999 establece los procedimientos para la reforma. Estamos persuadidos de que el actual gobierno no tiene mucho respeto que digamos por el texto constitucional. Sin embargo, en esta materia, desconocer la constitución tiene costos muy altos, especialmente en el contexto internacional. 

El presidente Chávez debe enviar la propuesta de reforma a la Asamblea Nacional en los próximos días o semanas. La Asamblea Nacional debe darle tres discusiones a dicha propuesta. Para estas tres discusiones la Asamblea Nacional dispone de “un plazo no mayor de dos años”. Con toda seguridad el plazo será menor. Las circunstancias ameritan que la Asamblea sea “expedita”. El cumplimiento de las órdenes de “arriba” no se puede retrasar.

Luego de la aprobación de la reforma en la Asamblea Nacional, los ciudadanos serán convocados a un referendo “dentro de los treinta día siguientes a su sanción”. Hasta una tercera parte de la reforma podría votarse de manera separada.

Todo lo anterior indica que en los próximos meses los ciudadanos serán convocados para decidir sobre la propuesta continuista del actual Presidente. Este es el camino constitucional. Y este debe ser el camino que debemos utilizar los sectores democráticos para fortalecer la lucha por el rescate y profundización de las libertades públicas y la tolerancia.

Para ello es necesario continuar la organización de todos los sectores opuestos a la reforma. Establecer que el camino es electoral no significa que se obvie las limitaciones del actual CNE. Lo importante es ratificar que la expresión del voto es el medio para que se ejerza la soberanía popular. Ya será tarea de todos defender la transparencia de ese voto. Colocar como requisito de la participación electoral la renovación del CNE o la revisión “in extenso” del padrón electoral, es desconocer que la política es más el arte de lo posible que de lo “ideal”. 

La unidad de los sectores democráticos pasa al menos por dos ejes. El primero es el rechazo a la reforma constitucional por su fundamentación continuista y antidemocrática. El segundo es la defensa del principio constitucional que define a Venezuela como Estado Federal Descentralizado. Esta es la forma de enfrentar las pretensiones de modificación territorial y política de los estados y municipios que podrían estar planteadas en la reforma.

Para fortalecer las opciones de la unidad democrática en este segundo eje se impone un acuerdo político en cada municipio y estado del país. Este acuerdo debe basarse en una propuesta alternativa, pero también en la identificación y reconocimiento de un liderazgo auténtico, cercano a la gente, que sea capaz de transmitir entusiasmo y canalizar las aspiraciones colectivas de la hora actual. Esta estrategia exige que en cada estado y en cada municipio exista una candidatura unitaria que se oponga a la reforma y que, además, proponga opciones alternativas de políticas públicas. Por lo demás, estos candidatos serían presentados en las elecciones regionales de octubre de 2008.

Más temprano que tarde los venezolanos seremos convocados a votar. Aprovechemos esta posibilidad para trazarnos nuevos objetivos en la tarea de redemocratizar a Venezuela.

Politemas, Tal Cual, 25 de julio de 2007

Voto y Unidad

El Acuerdo de Unidad Nacional, firmado hace dos semanas por múltiples organizaciones políticas, debe tener impacto más allá de las elecciones de gobernadores y alcaldes de finales de año. Más bien podría decirse que estamos en una etapa inicial de la unidad de los sectores que aspiran a la redemocratización de Venezuela. Luego de casi diez años de deterioro de nuestras capacidades democráticas, producto de la gestión de un gobierno autoritario e incompetente como el que lidera el presidente Chávez, no es posible esperar recuperaciones en corto plazo. La unidad debe mantenerse por un largo tiempo.

Hay otra razón que obliga a mantener la unidad. Los gobernadores y alcaldes que sean electos a finales de año tendrán como objetivo realizar una buena gestión para reelegirse cuatro años después. Esa es la lógica política. De hecho las elecciones de gobernadores y alcaldes del año 2012 se realizarán casi al mismo tiempo que las próximas elecciones presidenciales. Votar por los candidatos unitarios es un paso sustantivo, pero un paso al fin y al cabo.

Para que el voto de finales de año tenga efectos a mediano plazo, la sociedad democrática debe profundizar en la unidad desde ahora. Un primer aspecto es la concertación de un programa de políticas públicas que tome en cuenta los problemas de la gente. Esos que han estado olvidados en esta década de retrocesos. Los liderazgos sociales y políticos deben escuchar con atención las demandas de los ciudadanos y definir alternativas para resolver dichos problemas. Se trata de formular soluciones. 

No es suficiente, sin embargo, proponer un programa de políticas públicas. Se requiere conformar equipos para la implementación de esas políticas. Seleccionar los mejores candidatos para gobernadores y alcaldes se convierte entonces en una tarea clave. Apoyar a los mejores candidatos y candidatas, especialmente por su capacidad de convencimiento en todos los sectores, es crítico para que la unidad tenga realmente posibilidades de éxito. Ya sabemos que no es tarea de una sola persona. Se trata de tener preparados equipos de dirección, capaces de asumir con prontitud y efectividad las tareas de gobierno en los municipios y estados a finales de año.

La campaña electoral, para apoyar esos candidatos unitarios, debe ser un esfuerzo conjunto de todos los sectores. Si este esfuerzo se realiza con paciencia, inteligencia y amplitud, es bastante probable que se obtengan victorias en muchos estados y municipios del país. Los votos por estas candidaturas será el reconocimiento a la importancia de la unidad.

La conformación del gobierno será también una oportunidad para promover la unidad. Ojalá prevalezca la amplitud en esos equipos. Que se pueda armonizar la capacidad de dirección con la corresponsabilidad. Que haya capacidad para promover equipos integrados en la acción. Que se asuma la gestión pública como la posibilidad de incorporar la mayor cantidad de buenas ideas.

En tales condiciones los equipos de gobierno deberán dedicarse a realizar una buena gestión. Para ello deberán asignar recursos con criterio, supervisar la ejecución de los proyectos, informar a las comunidades, tomar en cuenta las observaciones, trabajar coordinadamente con otros niveles de gobierno y con otros municipios y estados, incorporar el conocimiento de los centros académicos, vincularse con los sectores productivos y laborales. 

Los frutos de esos esfuerzos seguramente mejorarán la calidad de vida en nuestros estados y municipios, y abrirán cauces más sólidos para la redemocratización de Venezuela. Unidad y voto, voto y unidad, consignas de los tiempos.

Politemas, Tal Cual, 6 de febrero de 2008