Las dimensiones del retroceso

Tal como era reconocido en múltiples ámbitos, el país confronta la peor crisis de gobernabilidad que se pueda imaginar. No solo es la dimensión política, evidente y de amplia presencia en todos los escenarios internacionales. Es también la grave dimensión económica y sus repercusiones sociales. Los eventos políticos no hacen sino profundizar la dinámica de la hiperinflación, ya con una duración de quince meses. No hace falta resaltar que hasta que no se controle la hiperinflación, la debacle social seguirá aumentando de intensidad. 

En estas circunstancias es importante enfatizar que la solución política debe fundamentarse justamente para resolver la crisis social y económica. De allí que un día más de prolongación de la situación, influye en aumentar las restricciones y dificultades. Ahora bien, la vía para resolver esta terrible situación no puede implicar la vuelta a los trechos conocidos, con la idea de que es necesaria una fase de “normalización” para luego considerar los problemas “estructurales”. 

Abogar por la “normalización” puede estar basado en la idea de que los desequilibrios económicos del país requieren medidas macroeconómicas y que por “añadidura” se retomará el bienestar que supuestamente teníamos. En esa visión, el programa de estabilización de la economía lo resolverá todo, acabar con la hiperinflación y producir más petróleo. Con esos elementos, en un tiempo prudencial volvería la “felicidad”. 

Esa visión desconoce totalmente que los problemas del país, agravados inmensamente en estos veinte años, tienen su raíz en la consolidación de una economía absolutamente dependiente del petróleo, y que, para remate, no generó las capacidades para crear valor cuando teníamos las posibilidades. Es decir, cuando teníamos las personas con las competencias para producir otros bienes. Ahora, cuando millones han dejado el país y han trasladado sus competencias a otros lugares, no se puede reiterar la causa central de todo lo que ha pasado. 

Es clave examinar lo que ha ocurrido en el mundo del desarrollo, para tener dimensiones del retroceso que se ha experimentado en Venezuela. Hay que afrontar esa realidad. Hay que ponerle tamaño. So pena de actuar ingenuamente. Justamente porque en la medida que hemos retrocedido, otros han avanzado, y mientras Venezuela confronta la única hiperinflación en la segunda década del siglo XXI y tiene la crisis de gobernabilidad más grande en los últimos treinta años en América Latina (por decir solo un detalle), esos países están ocupados en aumentar la capacidad de innovación, en producir nuevas tecnologías, en ensanchar el mundo del conocimiento, en enseñar a todos sus niños a pensar y ser creativos. Actualmente en Venezuela para millones de niños no está garantizada ni la comida del día. 

Entre 1922 y 1985, Venezuela superaba ampliamente a Corea del Sur en PIB per cápita. En 1950 Venezuela tenía cuatro veces más PIB per cápita que Corea del Sur. Pero, además, aunque sorprenda, Venezuela en ese año superaba a Japón en PIB per cápita. Teníamos el doble de Japón. A partir de 1961 nos desplazó Japón. Y dos décadas más tarde nos superó Corea del Sur. Hoy en día Japón es, desde hace décadas, la economía más diversificada del mundo. Corea del Sur ya le llega cerca. 

Entonces, el retroceso no se resuelve con volver a las fuentes tradicionales de lo que producimos. Justamente en estos veinte años se quiso llevar esta premisa al límite, esto es, vivir del petróleo. Creer, según esta orientación, que el bienestar estaba a la vuelta de la esquina y se prolongaría por siglos. La realidad de estos años indica que no era así, que no ha sido de esa forma desde hace seis décadas, al menos. 

Japón y Corea del Sur son países diversificados porque ese es el acuerdo de la sociedad. Porque han avanzado en la construcción de emporios de conocimiento, en los cuales la preocupación central es innovar y contar con recursos humanos de la más alta preparación. 

En ese contexto, ¿Cómo se pueda avanzar en el desarrollo de Venezuela sin cambiar la orientación fundamental? ¿Cómo se pueden mejorar las condiciones de vida de los venezolanos sin fijar un rumbo que apunte a la diversificación? ¿Cómo se puede progresar en la dirección que nos ha demostrado que no es la correcta? ¿Cómo plantear las mismas estrategias que aumentarán el retroceso? Definitivamente, los venezolanos, los de ahora y los del futuro, requieren una mejor interpretación de nuestro rol en el mundo. Un liderazgo con mayor compresión de nuestras posibilidades, un liderazgo del siglo XXI, no del pasado, un liderazgo con vocación para los altos retos. 

Una propuesta de futuro para los venezolanos debe colocar en el centro la aspiración de ser una sociedad de conocimientos. Con claridad, con ambición. En la cual el petróleo sea un medio, no un fin. Una alternativa con ganas. Sin complejos. Construida con el talento de los venezolanos. Esa visión tiene que plantear los retos del conocimiento para los niños que nacen hoy en cualquier sitio de Venezuela. Debe ser una plataforma para incorporarlos en la modernidad del siglo XXI. Con posibilidades para la innovación en empresas, grandes, medianas y pequeñas. También debe tener opciones para el talento que hoy se mueve en el mundo y quiere saber si puede desarrollarse en el país en el que se formaron. Esa visión debe tener respuestas para la universidad pública venezolana, hoy confrontada con la mayor pérdida de talento de toda su historia. Si esa propuesta no tiene ideas para esas inquietudes desde el primer minuto, será una respuesta para continuar en el pasado. Para mantener el retroceso.

Politemas, Tal Cual, 30 de enero de 2019

Tendencias del desempeño económico en América Latina

Ya en la fase final de la segunda década del siglo XXI, y en el contexto de un escenario global cada vez más complejo, puede ser de utilidad examinar las lecciones en el desempeño de las economías latinoamericanas en el período más amplio que se pueda abarcar. Conviene identificar tendencias que sirvan de referencia para las políticas públicas en los países de la región en las próximas etapas. 

El análisis tomará como base las variaciones del producto per cápita de acuerdo con la capacidad de compra a precios internacionales. Esta medición permite comparar el acceso a la compra de bienes de los ciudadanos de cada país asumiendo precios internacionales constantes. Por supuesto, la capacidad de compra no es igual a riqueza ni a sostenibilidad del crecimiento. En algunos países, la capacidad de compra puede ser muy alta, pero las economías no son diversificadas. Un ejemplo muy claro son los países productores de petróleo. Tienen un alto producto per cápita pero no son países ricos, no son países de economías diversificadas. La información disponible corresponde a la contenida en la base de datos del FMI desde 1980 (no existen datos anteriores a ese año). Analizaremos todos los países con información completa entre 1980 y 2018. Son exactamente 139 países. En el grupo están todos los países de América Latina, excepto Cuba, y Nicaragua. 

En 1980 el país con mayor producto per cápita de capacidad de compra en la región era Venezuela (poco más de 18 mil dólares). Esta cifra estaba muy cercana a las de Reino Unido Singapur, Japón (con poco más de 20 mil dólares en cada caso). En ese año los cinco países con mayor producto per cápita de capacidad de compra eran exportadores de petróleo (confirmando lo señalado sobre las distorsiones que presentan estas economías). Venezuela ocupaba el lugar 32 al ordenar a los países de mayor a menor producto per cápita de capacidad de compra. Luego de Venezuela seguían Argentina (puesto 41), México (puesto 46) y Brasil (puesto 47). Estos cuatro países eran los únicos de América Latina en los primeros cincuenta. También como referencia puede indicarse que Corea del Sur ocupaba ese año el lugar 75 con un producto per cápita de poco más de 5 mil dólares, casi la cuarta parte de Venezuela. 

Casi cuarenta años después, el examen de las variaciones en el producto per cápita de capacidad de compra ofrece una muestra del impacto de las políticas públicas seguidas por los países. La situación ideal es que la combinación de políticas públicas seguidas por los países hubiera aumentado la capacidad de compra de los habitantes, y que ese aumento sea una expresión de la diversificación económica, fundamento de la sostenibilidad de mediano plazo. 

Los cinco países que experimentaron mayor aumento del producto per cápita de capacidad de compra entre 1980 y 2018 (en el conjunto de los 139 países analizados), fueron Guinea Ecuatorial, China, Bután, Corea del Sur y Vietnam. En este grupo solo Guinea Ecuatorial tiene una economía basada en el petróleo. De hecho, en 2018 el único país petrolero en los cinco países con mayor producto per cápita de capacidad de compra es Qatar. Casos llamativos en mejoras de desempeño económico son Singapur (al pasar del lugar 27 en 1980 al puesto 3 en 2018), y Corea del Sur (al subir del puesto 75 al 29 en el mismo período). 

En América Latina solo tres países (de los dieciocho de la región con información) aumentaron el producto per cápita de capacidad de compra por encima del promedio mundial (Chile, República Dominicana y Panamá). Y solo dos de ellos, Haití y Venezuela, experimentaron decrecimientos del producto per cápita de capacidad de compra en el período. En el caso de Haití la reducción fue 33% y en el de Venezuela la reducción fue 46% (es decir, prácticamente a la mitad del valor de 1980). 

Al examinar el lugar relativo de las economías de la región, se observa que solo dos países se encuentran ahora entre los primeros cincuenta del mundo con respecto al producto per cápita de capacidad de compra. Solo cuatro países han mejorado la posición relativa (Chile, República Dominicana, Uruguay y Panamá) en el período 1980-2018. Todos los demás países han bajado en la clasificación, siendo la caída más significativa la de Venezuela al descender del lugar 32 al 81, una disminución de 49 puestos. 

Dos direcciones se muestran con claridad en este análisis. En primer lugar, las economías de la región no se caracterizan por el dinamismo, no son espacios relevantes a escala mundial para la producción y la innovación. En segundo lugar, la tendencia es hacia un menor crecimiento, es decir, a pesar de que las economías crecen no lo hacen en la misma proporción a la que están creciendo en otros contextos. De allí que la mayoría de las economías de la región pierdan terreno cuando se compara con el resto de los países. 

Las consecuencias de lo anterior para las próximas etapas son relevantes. En primer lugar, es evidente que la combinación de políticas públicas en la región no alcanza el mejor resultado posible, al menos cuando se comparan en el contexto internacional. Un segundo aspecto es el efecto que podría tener para estos países cuando se profundicen los cambios demográficos y epidemiológicos que requerirán mayores recursos para la prestación de servicios a una población con mayor expectativa de vida. Los cambios deberán ser sustantivos. Mientras más temprano se empiece, será mucho mejor.

Politemas, Tal Cual, 12 de diciembre de 2018

¿Qué se requiere para erradicar la malaria?

El Informe Mundial de Malaria publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) pocos días atrás, no solo reporta sobre la situación de los programas de control en todo el mundo. También señala aspectos que a primera vista pasan sin llamar la atención, justamente por lo increíbles que pueden parecer. En el mundo tropical, donde la malaria ha estado presente desde que existe la humanidad, la simple mención de que sea posible erradicar la enfermedad, no es consistente con lo que pasa en la realidad. Especialmente si se aprecia desde la perspectiva de un país como Venezuela, que según la OMS cerró el año 2017 con más de 400 mil casos de malaria. Y que para el año en curso tiene un estimado de casos muy superior. . 

Imaginar un país sin un solo caso autóctono de malaria supone tener presentes una serie de condiciones. Para muchos, la exigencia es de tales proporciones que ni siquiera es factible asumir. El año que se notificaron menos casos de malaria en Venezuela fue 1962, un poco más de 250 casos en todo el año. Lo cierto es que la erradicación de la malaria no es tan inimaginable. Según el reporte de OMS, desde el año 2000, 16 países han eliminado la malaria en sus territorios. Algunos de ellos (Paraguay, Marruecos, Armenia, Emiratos Árabes Unidos, Turkmenistán, Sri Lanka y Kirguistán) ya cuentan con la certificación de la OMS. 

Otro grupo de 21 países se ha propuesto que para el 2020 habrán erradicado la malaria. Entre ellos se encuentran varios de América Latina (México, El Salvador, Costa Rica, Ecuador), así como China, Suráfrica, Corea del Sur, Malasia, entre otros. Al observar el desempeño para alcanzar la meta, se constata que en 2017 no se registró ningún caso de malaria en El Salvador, ni en China, por colocar dos países tan diferentes en términos de superficie y población. Tampoco se registraron casos en Argelia. En algunos de ellos se registraron menos de cien casos, por ejemplo, Costa Rica (12), Irán (57), Malasia (85). En otros se presentaron retrocesos, como en Suráfrica, al pasar de poco más de cuatro mil casos a más de veinte mil. 

Más allá de las diferencias en el desempeño, relacionadas con la capacidad de gestión, recursos, situaciones políticas, entre otros factores, la realidad es que estos países, es decir, los acuerdos más o menos sólidos que existan en esas sociedades, han decidido que es posible erradicar la malaria y están dando los pasos, a veces más efectivamente, a veces menos, en esa dirección. Es muy probable que en 2020 no todos ellos lo consigan, pero también es cierto que lo podrán conseguir más adelante. Estas acciones repercutirán en mejores condiciones de vida para sus poblaciones, y la posibilidad de asignar los recursos que hoy gastan en malaria en otros problemas de salud. 

El ejemplo de esta iniciativa, de erradicación de malaria en estos países, pone de relieve dos lecciones muy relevantes. La primera es que en las políticas públicas no hay predeterminaciones. Es decir, no existen factores tan inmodificables que no permitan avanzar. Y el segundo aspecto, es justamente que el primer paso en una política pública exitosa es asumir que si es posible, y tomar en cuenta todos los factores en los cuales hay que incidir para reducir el problema. En otras palabras, en aquellos países que existan epidemias de malaria no es que sea inevitable, es que se están manifestando más bien las grandes brechas de las políticas públicas. Tan sencillo como eso.

Politemas, Tal Cual, 5 de diciembre de 2018

Rumbo a las hiperinflaciones más largas

La hiperinflación de Venezuela ya tiene un año de duración. Cuando comenzó en el mes de noviembre del año pasado, algunos comentaron que al ser un proceso “autolimitado”, la hiperinflación no debería pasar de un año. Esa creencia estaba basada en la experiencia de los gobiernos que decidieron deliberadamente eliminar la hiperinflación. Pero en el caso de los países en que los gobiernos no asumen que la hiperinflación es un problema derivado de sus acciones, la duración de estos procesos puede ser tan larga como la incomprensión de su naturaleza. 

Ya a finales del 2017 era bastante claro que no existe la disposición para implementar las políticas adecuadas para corregir la hiperinflación. Los resultados están a la vista. La hiperinflación de Venezuela es la tercera en duración de América Latina (solo superada por la de Bolivia con 18 meses y la de Nicaragua con 58 meses). También es la tercera en cuanto a la máxima tasa de inflación mensual (superada por la de Nicaragua y la de Perú). Al cumplir el año, la hiperinflación de Venezuela está en el 40% de los casos de mayor duración. 

Toda esta situación ha tenido un efecto terrible en los venezolanos, desde el deterioro aún mayor de las condiciones de vida, hasta la pérdida también mayor de la capacidad de transacción en la venta y compra de bienes. Venezuela es hoy una sociedad preocupada cada segundo por el precio de los bienes no por el valor de ellos. La distancia entre esas dos sociedades es el camino que habrá que recorrer para ser un país completamente diferente al que tenemos. 

Todo lo anterior sería de especial preocupación. Pero esto aumenta cuando se conocen los pronósticos de los organismos especializados, dentro y fuera del país, sobre el comportamiento de la hiperinflación en 2019. Todos los análisis indican que la hiperinflación puede extenderse por todo el año próximo. Es decir que la duración podría llegar al menos, según estos pronósticos, a los dos años. La premisa subyacente en estos pronósticos es que no habrá cambios fundamentales en la política económica. 

De mantenerse la hiperinflación en todo el año 2019, Venezuela ingresaría al grupo de países que han tenido las hiperinflaciones más largas (mayores a dos años). Este grupo está compuesto por: Rusia (entre 1922 y 1924, 26 meses), China (entre 1943 y 1945, 26 meses), Angola (entre 1994 y 1997, 26 meses), Ucrania (entre 1992 y 1994, 35 meses), Azerbaiyán (entre 1992 y 1994, 36 meses), Grecia (entre 1941 y 1945, 56 meses), Nicaragua (entre 1986 y 1991, 58 meses). Esta posibilidad es real. La magnitud de los desequilibrios que atraviesa Venezuela está sencillamente fuera de toda proporción. 

En este escenario, hay que insistir hasta la saciedad, es urgente el cambio de la orientación económica. Venezuela está experimentando un grado superlativo de deterioro institucional vinculado a la desaparición de la moneda, tal como Keynes lo señalaba hace casualmente un siglo. Por supuesto, esto es una responsabilidad que involucra especialmente al gobierno. Pero no de manera exclusiva. La reflexión sobre el tipo de sociedad que aspiramos supone comprender los elementos básicos del funcionamiento de una economía, y lo costoso que representa un proceso de hiperinflación, en calidad de vida y en inversión para el futuro. La responsabilidad de todos los liderazgos en identificar alternativas ante esta situación no puede ser más necesaria en las actuales circunstancias.

Politemas, Tal Cual, 28 de noviembre de 2018

Dramas y oportunidades de la migración a Colombia

La migración de Venezuela es un problema de Estado para Colombia. Declaraciones presidenciales en los últimos dos años así lo evidencian. La envergadura de este proceso es inmensa y creciente. De allí que el gobierno de Colombia cooperara con el Banco Mundial para elaborar un documento marco de políticas públicas para atender esta situación en el corto, mediano y largo plazo. El documento “Migración desde Venezuela a Colombia”, presentado hace pocas semanas, ofrece aportes tanto para conocer las dimensiones y características de la migración, como su impacto en múltiples áreas, y para ponderar las alternativas de políticas. El conocimiento de especialistas del Banco Mundial sobre procesos similares en otros contextos, facilita la identificación de opciones para enfrentar sistemáticamente la migración acelerada de Venezuela a Colombia. 

En el documento se califica esta migración como “sin precedentes”. También se señala que este proceso ha cambiado completamente la dirección de la política migratoria de Colombia. De país más bien interesado en que retornaran los nacionales que tuvieron que marcharse en décadas pasadas, ahora Colombia debe hacer frente a una llegada de migrantes de inmensas proporciones provenientes de Venezuela. La velocidad y magnitud de esta migración es proporcional al ritmo de destrucción económica que se ha profundizado en Venezuela desde la aparición de la hiperinflación en noviembre del año pasado. 

La población que ha tenido que salir de Venezuela proviene del peor contexto económico y social en la historia del país. No solamente son los efectos relacionados con las características de los empleos que tenían, en su gran mayoría informales, en una economía con casi un lustro sin crecimiento. También es una población sin acceso adecuado a alimentos, medicamentos, con restricciones en la asistencia a las escuelas, con 70% sin cobertura de seguros de salud. En los últimos meses también es una población con casos de sarampión y difteria, con posibilidad de propagar las epidemias de estas enfermedades. 

En el documento del Banco Mundial se indica que para septiembre de 2018, aproximadamente 1,2 millones de personas que vivían en Venezuela se han trasladado a Colombia. De ellos, 300 mil son colombianos que decidieron retornar a su país. Es por ello que se señalan las características de una migración mixta (los nacionales que retornan y los que no tienen nacionalidad colombiana). Estos últimos tienen diferentes condiciones migratorias (regular o irregular). También se destaca que durante los primeros nueve meses de 2018, más de 700 mil personas provenientes de Venezuela han llegado a Colombia para seguir a otro país. 

Las dimensiones de esta migración, que superan todo lo previsible, han tenido por supuesto un efecto en Colombia, especialmente en la prestación de servicios y en las condiciones del mercado laboral. De allí que se implementen mecanismos de atención a esta población en áreas de salud y educación, para lo cual la situación migratoria implica diferencias en el acceso. Se estima en el documento que la atención a los migrantes tiene una repercusión de 0,2% a 0,4% del PIB en los gastos fiscales de Colombia. 

Esta migración tiene un mayor impacto relativo en las zonas fronterizas. Esto es, la población migrante representa una proporción significativa de la población total. Lo relevante es que estas zonas fronterizas también son las menos desarrolladas de Colombia, con menor cobertura de servicios y posibilidades productivas. Y es justamente en estas condiciones que pueden surgir las oportunidades. También el documento señala la importancia de analizar los posibles efectos beneficiosos de esta migración. 

Tal como ha sido la experiencia en este último año, el documento destaca que el empeoramiento de las condiciones económicas y sociales de Venezuela influirá en la continuación de la migración. De manera que las previsiones, en términos de servicios y atención a los migrantes, tenderán a aumentar. También se sabe que en las zonas fronterizas la migración venezolana cuenta con ventajas por su preparación para las actividades productivas. Por supuesto, inicialmente genera recelos de parte de los trabajadores de nacionalidad colombiana. De hecho, se ha reportado la disminución del empleo formal en estas zonas, al mismo tiempo que el aumento de la economía informal con la llegada de venezolanos. 

Ahora bien, esta combinación de migración que trae nuevas capacidades en un entorno caracterizado por la brecha que existe con respecto a otras zonas de Colombia, puede servir de catalizador de nuevas modalidades productivas. Este aspecto está enunciado en la recomendación 2.4 del documento al destacar la importancia de proyectos productivos en las zonas receptoras de migración. Una opción podría ser la creación de un Fondo de Apoyo a Emprendimientos Productivos, de manera que los nuevos empleos de venezolanos no compitan con los empleos formales de la población colombiana. Estos nuevos emprendimientos, con incentivos para una rápida formalización, permitirían que se formen nuevas asociaciones productivas en estas zonas. Si también en esas zonas se facilita el reconocimiento de títulos a los migrantes venezolanos (como se señala en la recomendación 3.2 del documento), se aprovecharía tanto las capacidades actuales como las derivadas de un mayor nivel de especialización. 

Quizás estas zonas fronterizas, hoy con grandes brechas de desarrollo, se pueden convertir en áreas de nuevos niveles de productividad. Al estar en la frontera pueden tener un efecto sinérgico en la economía de Venezuela cuando se tenga otra dirección de políticas. Probablemente el mayor reto del gobierno de Colombia es convertir los dramas de esta migración en oportunidades de bienestar. Ojalá que así sea.

Politemas, Tal Cual, 21 de noviembre de 2018