Razones para el ingreso de Uruguay a la OCDE

Termina la segunda década del siglo XXI con la sensación de que el desarrollo es una meta lejana para los países de América Latina. Como si la posibilidad de alcanzar los más altos niveles de democracia y bienestar, estuviera cada día más distante. Los acontecimientos de las últimas semanas han colocado una gran interrogante, incluso en países en los cuales se pensaba que los avances eran notables y sostenibles. A pesar de esas primeras impresiones, existen experiencias que demuestran que es factible lograr la adecuada coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. 

El primer paso en esa dirección es definir una referencia para el diseño y ejecución de políticas. Esta es la importancia de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Luego de la II Guerra Mundial, los países de Europa promovieron una instancia de cooperación ante los exigentes retos de la reconstrucción. Así se constituyó en 1948 la Organización Europea para la Cooperación Económica, la cual evolucionó en 1960 para la creación de la OCDE con una perspectiva internacional. Tres objetivos constituyen la base de la acción de la OCDE: alcanzar el mayor nivel de crecimiento económico sostenible, empleo y estándares de vida en los países miembros promoviendo el desarrollo de la economía mundial, contribuir a la expansión económica de los países miembros y no-miembros, y contribuir a la expansión del comercio internacional de manera multilateral y sin discriminación. 

Actualmente la OCDE está compuesta por 36 países. El ingreso a este grupo se realiza a partir del cumplimiento de indicadores previamente establecidos y compatibles con los objetivos señalados. Los países miembros tienen acceso a las posibilidades de cooperación de la alianza, expresadas fundamentalmente en compartir conocimientos y prácticas para el mejoramiento de las políticas públicas. El centro de investigaciones de la OCDE es una referencia internacional de primera línea en estos aspectos. Las actividades de la OCDE facilitan a gobiernos, organizaciones sociales, medios de comunicación, centros de investigación, el acervo de experiencias para contribuir con las mejores prácticas en el diseño e implementación de políticas públicas a escala global. 

Solo dos países de América Latina pertenecen en la actualidad a la OCDE: México desde 1994 y Chile desde 2010. Dos países más (Colombia y Costa Rica) se encuentran en el proceso de admisión. El examen de la situación actual en América Latina también pone de relieve los avances de Uruguay, de forma compatible con los requerimientos de ingreso. 

Desde la perspectiva institucional, específicamente en lo relacionado con el Estado de Derecho, el desempeño de Uruguay (tomando como referencia los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial), es superior al que presentan siete países miembros de la OCDE. También es superior al de los cuatro países de América Latina ya señalados. En lo que respecta a la capacidad de creación de valor, Uruguay tiene un índice de complejidad económica que supera a cinco países de la OCDE, incluyendo Australia y Nueva Zelanda. La complejidad económica de Uruguay es superior a la de Chile y Colombia, y similar a la de Costa Rica. En cuanto a la capacidad de compra internacional, medida en dólares PPP, Uruguay solo es superado por Chile, en el grupo de los países de América Latina, que a su vez se encuentran en los últimos lugares entre los países de la OCDE. 

Aunque los indicadores señalados son apenas una referencia de los que deben ser cumplidos para aceptar el ingreso en la OCDE, constituyen evidencias de que el desempeño de Uruguay es compatible con las exigencias del desarrollo sostenible global. Se podría agregar, en lo que respecta a la política social, que Uruguay tiene el porcentaje de población en pobreza extrema más bajo de la región y es uno de los países con más bajo gasto de bolsillo, en niveles comparables con el promedio de los países de menor gasto de bolsillo en el mundo. 

El ingreso de Uruguay a la OCDE corroboraría que el desarrollo de la institucionalidad política y de derechos humanos es posible de manera exitosa en América Latina, así como la calidad de políticas públicas sistemáticas y sostenidas. Además, serviría de referencia a otros países de la región con posibilidades de emular estos logros. Ojalá el nuevo gobierno que se instalará el 1 de marzo del próximo año, proceda a solicitar el ingreso de Uruguay a la OCDE. Las repercusiones de esa decisión serán de gran utilidad en la región.

Politemas, Tal Cual, 11 de diciembre de 2019

Jaque al futuro de América Latina

En cuestión de semanas varios países de América Latina han entrado en crisis de gobernabilidad. Se puede identificar los sucesos que las han ocasionado. Más complicado es precisar los modos en que cesen esas crisis. Ni hablar de las fechas en que finalizarán. Para una región que ya veía con preocupación el término de esta década y el inicio de la próxima, los acontecimientos de los últimos tiempos aumentan las interrogantes.

En la medida que las dificultades políticas se manifiesten con mayor énfasis, el atractivo para las inversiones se hace menor. En un escenario global caracterizado por el desplazamiento de inversiones a los países de Asia, los tiempos de enfrentamiento político no contribuirán a revertir esa tendencia. Especialmente porque estas crisis de gobernabilidad son expresiones de las restricciones de nuestras sociedades para contar con vías institucionales que promuevan acuerdos por la democracia y el bienestar. Si las actuales crisis no favorecen que se fortalezcan esos mecanismos, es bastante probable que las restricciones aumenten. Lo cual es más riesgoso en una región que crecerá en 100 millones de habitantes para 2030, con la consiguiente demanda en servicios para la población joven, pero también con los beneficios requeridos para los grupos en edad de jubilación. 

Una perspectiva, bastante simplista por lo demás, asume que, ante estas dificultades en el ámbito político, se debe mantener la inversión en áreas sociales, por ejemplo, en educación, y que, con la apuesta a la recuperación económica, entonces la región tendrá mejores perspectivas. Tal enfoque no toma en cuenta, en primer lugar, el pobre desempeño de la región para crear valor con aceptación en los mercados internacionales. Y también pasa de lado la notoria realidad de que sin estabilidad política no son posibles los acuerdos para alcanzar la sostenibilidad del desarrollo. 

Se constata con frecuencia que liderazgos políticos insisten hasta el cansancio, como un estribillo sin esencia, que la solución para el desarrollo es la educación. Que, si se hacen los esfuerzos para educar a los que no están en la escuela, entonces, casi por arte de magia, los países progresarán. Se asume que esas personas tendrán las competencias para desempeñarse en el mercado de trabajo, y de esta forma obtener los recursos para sus familias. Así de simple. 

Esa creencia no toma en cuenta, ese “pequeño detalle”, que esas personas requieren sitios en los cuales puedan utilizar esas competencias. Es decir, se requiere que existan empresas con planes de expansión, en el marco de economías ordenadas y en crecimiento para crear valor. Y también se requieren las condiciones de flexibilidad para crear nuevas empresas, muchas de ellas fomentadas por esas personas que egresan de instituciones de formación. Sin esos espacios para que las personas trabajen, la educación terminará formando más migrantes para otros contextos. 

Todo lo anterior es de mayor significación cuando se examina la disponibilidad de recursos humanos para crear conocimientos que promuevan innovaciones. Es decir, aquellos que podrían diseñar las alternativas productivas o de servicios compatibles con las tendencias de generación de conocimientos en la tercera década del siglo XXI. Si comparamos la disponibilidad de esos recursos humanos, según el Banco Mundial, en el año 2000 Japón contaba con poco más de 5.077 investigadores por cada millón de personas, la cifra más alta en el mundo. En el año 2010, Finlandia alcanzó el primer lugar en este indicador, con 7.720 investigadores por millón de habitantes. En 2016, Dinamarca ocupó el primer lugar con 7.845 investigadores por millón de habitantes. Puede notarse que en apenas 16 años el número máximo de este indicador aumentó más de 50%. La demanda de estos recursos humanos especializados debe ser una de las altas en el mundo. 

Mientras esto sucede en los países de mayor inversión en ciencia y tecnología, la diferencia con los países de América Latina es inmensa, al menos para 2016 (últimas cifras disponibles en muchos de ellos). Argentina, por ejemplo, tiene 6 veces menos investigadores por millón de habitantes que los tres países señalados anteriormente. Brasil tiene 11 veces menos, Chile 15, México 23, Venezuela 27, Colombia 88. Con una desproporción de esta magnitud, es obvio que las posibilidades de acortar la distancia son muy bajas. 

La situación anterior era previa a las crisis de gobernabilidad de los últimos meses. No es muy difícil imaginar que las perspectivas para enfrentar estos grandes retos se han venido a menos. Como en tantas áreas de la vida, lo primero para solucionar un problema es reconocerlo. A diferencia del ajedrez, en el cual es buena práctica anunciar al contrario la jugada de “jaque”, esta situación pasará desapercibida en la agenda de los países. Lo inmediato se sobrepondrá al mediano y largo plazo. 

Es verdad que el futuro de nuestros países está en jaque, pero también es cierto que están en jaque especialmente los liderazgos políticos de la región que siguen pasando de lejos a los temas del futuro. Es muy probable que no se hayan dado cuenta del jaque, y en consecuencia agravan la situación comprometida para los cientos de millones de habitantes en nuestra región. El jaque es bastante serio y profundo. Y, lamentablemente, puede ser más severo. El reto de la región es enfrentarlo con estrategia. Mientras más temprano, mejor. 

Politemas, Tal Cual, 27 de noviembre de 2019

Efectos de la crisis de gobernabilidad de Bolivia

Los sucesos de las últimas semanas en Bolivia ilustran nuevamente la secuencia impredecible de las crisis de gobernabilidad. Es más fácil identificar el origen, pero no lo es tanto presagiar el rumbo que tomen los acontecimientos. La ausencia de alternabilidad en el gobierno, tan característica en América Latina, se ha manifestado otra vez. El intento de la tercera reelección de Evo Morales, objetado insistentemente por consideraciones jurídicas, fue seguido de denuncias de fraude electoral, certificadas en informe de la OEA. La consecuencia directa fue la renuncia del presidente y la entrada del país en un complicado escenario político. No está clara la evolución del nuevo gobierno, y mucho menos la existencia de un cronograma acordado para resolver la crisis de gobernabilidad. Mientras tanto, la violencia aumenta con el saldo lamentable en fallecidos y sufrimiento de los bolivianos. 

Todo indica que las circunstancias políticas se han apoderado por completo del acontecer de Bolivia, con la continuación previsible de esta crisis en las próximas semanas o meses. Tal como ha sucedido en otras ocasiones en la región, la pérdida de la estabilidad política condiciona otros aspectos, especialmente la marcha de la economía y el bienestar de las familias. Se manifiesta en el acto la parálisis de las políticas públicas en muchas áreas, y cesa de funcionar la institucionalidad que permite enfrentar los múltiples problemas de los ciudadanos. 

Un primer efecto, directo, está relacionado con la economía. Ya el FMI había advertido a principios del mes de octubre pasado, sobre la disminución del ritmo de crecimiento en la gran mayoría de los países de América Latina. En el caso de Bolivia, la tasa de crecimiento anual pasará de 4,2% en 2019 a 3,9% en 2020. Esta disminución no toma en cuenta los efectos que seguramente tendrá la crisis política en el ritmo de las inversiones públicas y privadas. Es muy probable que en 2020 se reduzca aún más la previsión del FMI. De hecho, el crecimiento promedio de Bolivia entre 2015-2019 fue 0,6% superior al que se espera para el período 2020-2024. Esta estimación del FMI coloca a Bolivia en el séptimo lugar en la región con respecto a la magnitud de la tasa de crecimiento para el período 2020-2024, luego de ocupar el tercer lugar entre 2015-2019. 

La reducción del crecimiento siempre es mala noticia. Pero es especialmente complicada cuando se produce en países en los cuales la producción de valor no es un objetivo central. La razón es que la reducción del crecimiento aleja mucho más la posibilidad de avanzar hacia estadios de mayor sostenibilidad. La economía de Bolivia es la segunda con menor capacidad para crear valor en la región (solo superada por la de Venezuela). Este ha sido un rasgo permanente en el período para el cual se cuenta con el índice de complejidad económica. 

A la previsible reducción de crecimiento hay que agregar que Bolivia tenía en 2017 un mayor nivel de desigualdad que en 1990. Esto es indicativo de que la reducción de la desigualdad, como objetivo de políticas públicas, es prácticamente inexistente en el país. Expresiones de esta desigualdad se reflejan en el pobre desempeño en salud y educación. 

Bolivia tiene la segunda tasa de mortalidad infantil de la región (solo superada por Haití), y la segunda razón de mortalidad materna (también solo mayor en Haití). El gasto de bolsillo representó en 2016 poco más del 30% del gasto en salud, porcentaje comparable al que tenía el país en 2000. La población de 25 años o más con estudios secundarios en poco menos de 60%, casi 20% inferior que la de Chile, por ejemplo. Solo el 52% de la población tenía acceso a servicios de saneamiento básico en 2015. 

La crisis de gobernabilidad que afecta Bolivia ya seguramente ha cobrado sus efectos en la discusión pública relacionada con los temas anteriores. Toda la acción de la sociedad estará concentrada en la pugna por la resolución de esta crisis. Que la vía para solucionarla esté fundamentada en la ampliación de la democracia y la institucionalidad, es deseable, pero no está predeterminada. Lo que es bastante evidente es que solo esa vía estará en capacidad de colocar en la agenda pública los problemas sustantivos de las familias de Bolivia. Mientras eso no suceda, la dinámica política estará afectando, en muchos casos agravando, las dimensiones más significativas del bienestar sostenible. Ojalá que los actores y líderes de la sociedad boliviana puedan encontrar rápidamente la senda para reducir las grandes brechas de desarrollo sostenible que se confrontan.

Politemas, Tal Cual, 20 de noviembre de 2019

Argentina: cuando el futuro es el corto plazo

El 10 de diciembre se inicia en Argentina un nuevo gobierno. Los sucesos recientes en Chile y Bolivia han desviado la atención de este evento. La importancia de Argentina en el contexto regional ha sido siempre relevante, tanto por la influencia política como económica y social. El hecho de que este cambio se realice en el contexto de considerables restricciones en la dinámica económica y con el clima de ingobernabilidad en países cercanos, otorga a este acontecimiento mayor significación. Es bastante probable que la evolución del próximo gobierno afectará las relaciones políticas en la región, así como las vinculaciones con países vecinos en términos del intercambio comercial y de la integración. 

En 2019, de acuerdo con el último informe del FMI, la capacidad de compra en términos comparados en Argentina es la quinta de la región, solo superada por la de Panamá, Chile, Uruguay y México. Pero también el FMI ha pronosticado que en este año la economía decrecerá en 1,2%. La tasa de inflación cerrará como la tercera más alta del mundo, esto es, 54%, solo superada por las de Venezuela y Zimbabwe. En el plano social, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ((INDEC) ha informado que la población en situación de pobreza alcanzó el 35% en el primer semestre de este año. De acuerdo con el Atlas de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard, Argentina tiene un índice negativo de complejidad económica. Esto es, tiene menores capacidades para producir valor de exportación que el promedio de los países del mundo. 

En estas circunstancias, se podría imaginar que el programa de gobierno del presidente electo, Alberto Fernández, debería contener las alternativas de políticas para enfrentar este cuadro complicado, con tendencia a agravarse. Es de esperar que tal programa debería establecer no solo las medidas para superar las restricciones de crecimiento y el aumento de la inflación, sino las opciones de mediano y largo plazo que deberían ponerse en funcionamiento para garantizar el mayor nivel de desarrollo. 

En realidad, la plataforma electoral del Frente de Todos, amplia coalición triunfadora en las elecciones presidenciales, no presenta mayores consideraciones sobre los problemas de Argentina en una perspectiva de mediano plazo y largo plazo. Valga mencionar que palabras como “exportaciones”, “exportar”, “conocimiento”, “innovación” no son citadas ni siquiera una vez en el texto del programa de gobierno. Pareciera como si las opciones que se anticipan pueden obviar lo que hoy se sabe sobre el conjunto de políticas que generan los recursos y capacidades para el desarrollo sostenible. 

Esta visión, concentrada en el corto plazo, es la que probablemente ha prevalecido para que tampoco exista ninguna mención de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2030, los cuales han sido incorporados plenamente en la dinámica de múltiples organizaciones del desarrollo y sirve de base para la elaboración de los planes nacionales. De hecho, no existe en el texto ninguna mención del año 2030. 

En el programa de gobierno, al mencionar lo requerido para avanzar en el fortalecimiento del Estado, se mencionan generalidades como “planificación estratégica para definir prioridades y orientar la inversión pública”, o “sistema de gestión presupuestaria que otorgue eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos”. Es bastante evidente que el objetivo no era indicar la especificidad de las medidas que se proponen. 

De todo lo anterior se puede deducir, especialmente por las complicaciones que se experimentan en Argentina, que el programa de gobierno no tiene mucho que ver con las políticas que se implementarán desde mediados del próximo mes. Tampoco está relacionado con los problemas de mediano y plazo que afectarán al país. Esta es una discusión pública que deberá ser asumida al presentar el próximo gobierno su plan de acción para los próximos años. Esa será la oportunidad de explicar en detalle cuáles son las reales prioridades de la gestión. Tales prioridades deberán incorporarse en el plan nacional respectivo y servir de guía para los siguientes pasos. Esperemos que en esas nuevas etapas si se pueda conocer cuáles son las políticas que el nuevo gobierno implementará para llevar a Argentina más allá del corto plazo.

Politemas, Tal Cual, 13 de noviembre de 2019