Razones para el ingreso de Uruguay a la OCDE

Termina la segunda década del siglo XXI con la sensación de que el desarrollo es una meta lejana para los países de América Latina. Como si la posibilidad de alcanzar los más altos niveles de democracia y bienestar, estuviera cada día más distante. Los acontecimientos de las últimas semanas han colocado una gran interrogante, incluso en países en los cuales se pensaba que los avances eran notables y sostenibles. A pesar de esas primeras impresiones, existen experiencias que demuestran que es factible lograr la adecuada coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. 

El primer paso en esa dirección es definir una referencia para el diseño y ejecución de políticas. Esta es la importancia de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Luego de la II Guerra Mundial, los países de Europa promovieron una instancia de cooperación ante los exigentes retos de la reconstrucción. Así se constituyó en 1948 la Organización Europea para la Cooperación Económica, la cual evolucionó en 1960 para la creación de la OCDE con una perspectiva internacional. Tres objetivos constituyen la base de la acción de la OCDE: alcanzar el mayor nivel de crecimiento económico sostenible, empleo y estándares de vida en los países miembros promoviendo el desarrollo de la economía mundial, contribuir a la expansión económica de los países miembros y no-miembros, y contribuir a la expansión del comercio internacional de manera multilateral y sin discriminación. 

Actualmente la OCDE está compuesta por 36 países. El ingreso a este grupo se realiza a partir del cumplimiento de indicadores previamente establecidos y compatibles con los objetivos señalados. Los países miembros tienen acceso a las posibilidades de cooperación de la alianza, expresadas fundamentalmente en compartir conocimientos y prácticas para el mejoramiento de las políticas públicas. El centro de investigaciones de la OCDE es una referencia internacional de primera línea en estos aspectos. Las actividades de la OCDE facilitan a gobiernos, organizaciones sociales, medios de comunicación, centros de investigación, el acervo de experiencias para contribuir con las mejores prácticas en el diseño e implementación de políticas públicas a escala global. 

Solo dos países de América Latina pertenecen en la actualidad a la OCDE: México desde 1994 y Chile desde 2010. Dos países más (Colombia y Costa Rica) se encuentran en el proceso de admisión. El examen de la situación actual en América Latina también pone de relieve los avances de Uruguay, de forma compatible con los requerimientos de ingreso. 

Desde la perspectiva institucional, específicamente en lo relacionado con el Estado de Derecho, el desempeño de Uruguay (tomando como referencia los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial), es superior al que presentan siete países miembros de la OCDE. También es superior al de los cuatro países de América Latina ya señalados. En lo que respecta a la capacidad de creación de valor, Uruguay tiene un índice de complejidad económica que supera a cinco países de la OCDE, incluyendo Australia y Nueva Zelanda. La complejidad económica de Uruguay es superior a la de Chile y Colombia, y similar a la de Costa Rica. En cuanto a la capacidad de compra internacional, medida en dólares PPP, Uruguay solo es superado por Chile, en el grupo de los países de América Latina, que a su vez se encuentran en los últimos lugares entre los países de la OCDE. 

Aunque los indicadores señalados son apenas una referencia de los que deben ser cumplidos para aceptar el ingreso en la OCDE, constituyen evidencias de que el desempeño de Uruguay es compatible con las exigencias del desarrollo sostenible global. Se podría agregar, en lo que respecta a la política social, que Uruguay tiene el porcentaje de población en pobreza extrema más bajo de la región y es uno de los países con más bajo gasto de bolsillo, en niveles comparables con el promedio de los países de menor gasto de bolsillo en el mundo. 

El ingreso de Uruguay a la OCDE corroboraría que el desarrollo de la institucionalidad política y de derechos humanos es posible de manera exitosa en América Latina, así como la calidad de políticas públicas sistemáticas y sostenidas. Además, serviría de referencia a otros países de la región con posibilidades de emular estos logros. Ojalá el nuevo gobierno que se instalará el 1 de marzo del próximo año, proceda a solicitar el ingreso de Uruguay a la OCDE. Las repercusiones de esa decisión serán de gran utilidad en la región.

Politemas, Tal Cual, 11 de diciembre de 2019

Jaque al futuro de América Latina

En cuestión de semanas varios países de América Latina han entrado en crisis de gobernabilidad. Se puede identificar los sucesos que las han ocasionado. Más complicado es precisar los modos en que cesen esas crisis. Ni hablar de las fechas en que finalizarán. Para una región que ya veía con preocupación el término de esta década y el inicio de la próxima, los acontecimientos de los últimos tiempos aumentan las interrogantes.

En la medida que las dificultades políticas se manifiesten con mayor énfasis, el atractivo para las inversiones se hace menor. En un escenario global caracterizado por el desplazamiento de inversiones a los países de Asia, los tiempos de enfrentamiento político no contribuirán a revertir esa tendencia. Especialmente porque estas crisis de gobernabilidad son expresiones de las restricciones de nuestras sociedades para contar con vías institucionales que promuevan acuerdos por la democracia y el bienestar. Si las actuales crisis no favorecen que se fortalezcan esos mecanismos, es bastante probable que las restricciones aumenten. Lo cual es más riesgoso en una región que crecerá en 100 millones de habitantes para 2030, con la consiguiente demanda en servicios para la población joven, pero también con los beneficios requeridos para los grupos en edad de jubilación. 

Una perspectiva, bastante simplista por lo demás, asume que, ante estas dificultades en el ámbito político, se debe mantener la inversión en áreas sociales, por ejemplo, en educación, y que, con la apuesta a la recuperación económica, entonces la región tendrá mejores perspectivas. Tal enfoque no toma en cuenta, en primer lugar, el pobre desempeño de la región para crear valor con aceptación en los mercados internacionales. Y también pasa de lado la notoria realidad de que sin estabilidad política no son posibles los acuerdos para alcanzar la sostenibilidad del desarrollo. 

Se constata con frecuencia que liderazgos políticos insisten hasta el cansancio, como un estribillo sin esencia, que la solución para el desarrollo es la educación. Que, si se hacen los esfuerzos para educar a los que no están en la escuela, entonces, casi por arte de magia, los países progresarán. Se asume que esas personas tendrán las competencias para desempeñarse en el mercado de trabajo, y de esta forma obtener los recursos para sus familias. Así de simple. 

Esa creencia no toma en cuenta, ese “pequeño detalle”, que esas personas requieren sitios en los cuales puedan utilizar esas competencias. Es decir, se requiere que existan empresas con planes de expansión, en el marco de economías ordenadas y en crecimiento para crear valor. Y también se requieren las condiciones de flexibilidad para crear nuevas empresas, muchas de ellas fomentadas por esas personas que egresan de instituciones de formación. Sin esos espacios para que las personas trabajen, la educación terminará formando más migrantes para otros contextos. 

Todo lo anterior es de mayor significación cuando se examina la disponibilidad de recursos humanos para crear conocimientos que promuevan innovaciones. Es decir, aquellos que podrían diseñar las alternativas productivas o de servicios compatibles con las tendencias de generación de conocimientos en la tercera década del siglo XXI. Si comparamos la disponibilidad de esos recursos humanos, según el Banco Mundial, en el año 2000 Japón contaba con poco más de 5.077 investigadores por cada millón de personas, la cifra más alta en el mundo. En el año 2010, Finlandia alcanzó el primer lugar en este indicador, con 7.720 investigadores por millón de habitantes. En 2016, Dinamarca ocupó el primer lugar con 7.845 investigadores por millón de habitantes. Puede notarse que en apenas 16 años el número máximo de este indicador aumentó más de 50%. La demanda de estos recursos humanos especializados debe ser una de las altas en el mundo. 

Mientras esto sucede en los países de mayor inversión en ciencia y tecnología, la diferencia con los países de América Latina es inmensa, al menos para 2016 (últimas cifras disponibles en muchos de ellos). Argentina, por ejemplo, tiene 6 veces menos investigadores por millón de habitantes que los tres países señalados anteriormente. Brasil tiene 11 veces menos, Chile 15, México 23, Venezuela 27, Colombia 88. Con una desproporción de esta magnitud, es obvio que las posibilidades de acortar la distancia son muy bajas. 

La situación anterior era previa a las crisis de gobernabilidad de los últimos meses. No es muy difícil imaginar que las perspectivas para enfrentar estos grandes retos se han venido a menos. Como en tantas áreas de la vida, lo primero para solucionar un problema es reconocerlo. A diferencia del ajedrez, en el cual es buena práctica anunciar al contrario la jugada de “jaque”, esta situación pasará desapercibida en la agenda de los países. Lo inmediato se sobrepondrá al mediano y largo plazo. 

Es verdad que el futuro de nuestros países está en jaque, pero también es cierto que están en jaque especialmente los liderazgos políticos de la región que siguen pasando de lejos a los temas del futuro. Es muy probable que no se hayan dado cuenta del jaque, y en consecuencia agravan la situación comprometida para los cientos de millones de habitantes en nuestra región. El jaque es bastante serio y profundo. Y, lamentablemente, puede ser más severo. El reto de la región es enfrentarlo con estrategia. Mientras más temprano, mejor. 

Politemas, Tal Cual, 27 de noviembre de 2019

Efectos de la crisis de gobernabilidad de Bolivia

Los sucesos de las últimas semanas en Bolivia ilustran nuevamente la secuencia impredecible de las crisis de gobernabilidad. Es más fácil identificar el origen, pero no lo es tanto presagiar el rumbo que tomen los acontecimientos. La ausencia de alternabilidad en el gobierno, tan característica en América Latina, se ha manifestado otra vez. El intento de la tercera reelección de Evo Morales, objetado insistentemente por consideraciones jurídicas, fue seguido de denuncias de fraude electoral, certificadas en informe de la OEA. La consecuencia directa fue la renuncia del presidente y la entrada del país en un complicado escenario político. No está clara la evolución del nuevo gobierno, y mucho menos la existencia de un cronograma acordado para resolver la crisis de gobernabilidad. Mientras tanto, la violencia aumenta con el saldo lamentable en fallecidos y sufrimiento de los bolivianos. 

Todo indica que las circunstancias políticas se han apoderado por completo del acontecer de Bolivia, con la continuación previsible de esta crisis en las próximas semanas o meses. Tal como ha sucedido en otras ocasiones en la región, la pérdida de la estabilidad política condiciona otros aspectos, especialmente la marcha de la economía y el bienestar de las familias. Se manifiesta en el acto la parálisis de las políticas públicas en muchas áreas, y cesa de funcionar la institucionalidad que permite enfrentar los múltiples problemas de los ciudadanos. 

Un primer efecto, directo, está relacionado con la economía. Ya el FMI había advertido a principios del mes de octubre pasado, sobre la disminución del ritmo de crecimiento en la gran mayoría de los países de América Latina. En el caso de Bolivia, la tasa de crecimiento anual pasará de 4,2% en 2019 a 3,9% en 2020. Esta disminución no toma en cuenta los efectos que seguramente tendrá la crisis política en el ritmo de las inversiones públicas y privadas. Es muy probable que en 2020 se reduzca aún más la previsión del FMI. De hecho, el crecimiento promedio de Bolivia entre 2015-2019 fue 0,6% superior al que se espera para el período 2020-2024. Esta estimación del FMI coloca a Bolivia en el séptimo lugar en la región con respecto a la magnitud de la tasa de crecimiento para el período 2020-2024, luego de ocupar el tercer lugar entre 2015-2019. 

La reducción del crecimiento siempre es mala noticia. Pero es especialmente complicada cuando se produce en países en los cuales la producción de valor no es un objetivo central. La razón es que la reducción del crecimiento aleja mucho más la posibilidad de avanzar hacia estadios de mayor sostenibilidad. La economía de Bolivia es la segunda con menor capacidad para crear valor en la región (solo superada por la de Venezuela). Este ha sido un rasgo permanente en el período para el cual se cuenta con el índice de complejidad económica. 

A la previsible reducción de crecimiento hay que agregar que Bolivia tenía en 2017 un mayor nivel de desigualdad que en 1990. Esto es indicativo de que la reducción de la desigualdad, como objetivo de políticas públicas, es prácticamente inexistente en el país. Expresiones de esta desigualdad se reflejan en el pobre desempeño en salud y educación. 

Bolivia tiene la segunda tasa de mortalidad infantil de la región (solo superada por Haití), y la segunda razón de mortalidad materna (también solo mayor en Haití). El gasto de bolsillo representó en 2016 poco más del 30% del gasto en salud, porcentaje comparable al que tenía el país en 2000. La población de 25 años o más con estudios secundarios en poco menos de 60%, casi 20% inferior que la de Chile, por ejemplo. Solo el 52% de la población tenía acceso a servicios de saneamiento básico en 2015. 

La crisis de gobernabilidad que afecta Bolivia ya seguramente ha cobrado sus efectos en la discusión pública relacionada con los temas anteriores. Toda la acción de la sociedad estará concentrada en la pugna por la resolución de esta crisis. Que la vía para solucionarla esté fundamentada en la ampliación de la democracia y la institucionalidad, es deseable, pero no está predeterminada. Lo que es bastante evidente es que solo esa vía estará en capacidad de colocar en la agenda pública los problemas sustantivos de las familias de Bolivia. Mientras eso no suceda, la dinámica política estará afectando, en muchos casos agravando, las dimensiones más significativas del bienestar sostenible. Ojalá que los actores y líderes de la sociedad boliviana puedan encontrar rápidamente la senda para reducir las grandes brechas de desarrollo sostenible que se confrontan.

Politemas, Tal Cual, 20 de noviembre de 2019

Argentina: cuando el futuro es el corto plazo

El 10 de diciembre se inicia en Argentina un nuevo gobierno. Los sucesos recientes en Chile y Bolivia han desviado la atención de este evento. La importancia de Argentina en el contexto regional ha sido siempre relevante, tanto por la influencia política como económica y social. El hecho de que este cambio se realice en el contexto de considerables restricciones en la dinámica económica y con el clima de ingobernabilidad en países cercanos, otorga a este acontecimiento mayor significación. Es bastante probable que la evolución del próximo gobierno afectará las relaciones políticas en la región, así como las vinculaciones con países vecinos en términos del intercambio comercial y de la integración. 

En 2019, de acuerdo con el último informe del FMI, la capacidad de compra en términos comparados en Argentina es la quinta de la región, solo superada por la de Panamá, Chile, Uruguay y México. Pero también el FMI ha pronosticado que en este año la economía decrecerá en 1,2%. La tasa de inflación cerrará como la tercera más alta del mundo, esto es, 54%, solo superada por las de Venezuela y Zimbabwe. En el plano social, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ((INDEC) ha informado que la población en situación de pobreza alcanzó el 35% en el primer semestre de este año. De acuerdo con el Atlas de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard, Argentina tiene un índice negativo de complejidad económica. Esto es, tiene menores capacidades para producir valor de exportación que el promedio de los países del mundo. 

En estas circunstancias, se podría imaginar que el programa de gobierno del presidente electo, Alberto Fernández, debería contener las alternativas de políticas para enfrentar este cuadro complicado, con tendencia a agravarse. Es de esperar que tal programa debería establecer no solo las medidas para superar las restricciones de crecimiento y el aumento de la inflación, sino las opciones de mediano y largo plazo que deberían ponerse en funcionamiento para garantizar el mayor nivel de desarrollo. 

En realidad, la plataforma electoral del Frente de Todos, amplia coalición triunfadora en las elecciones presidenciales, no presenta mayores consideraciones sobre los problemas de Argentina en una perspectiva de mediano plazo y largo plazo. Valga mencionar que palabras como “exportaciones”, “exportar”, “conocimiento”, “innovación” no son citadas ni siquiera una vez en el texto del programa de gobierno. Pareciera como si las opciones que se anticipan pueden obviar lo que hoy se sabe sobre el conjunto de políticas que generan los recursos y capacidades para el desarrollo sostenible. 

Esta visión, concentrada en el corto plazo, es la que probablemente ha prevalecido para que tampoco exista ninguna mención de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2030, los cuales han sido incorporados plenamente en la dinámica de múltiples organizaciones del desarrollo y sirve de base para la elaboración de los planes nacionales. De hecho, no existe en el texto ninguna mención del año 2030. 

En el programa de gobierno, al mencionar lo requerido para avanzar en el fortalecimiento del Estado, se mencionan generalidades como “planificación estratégica para definir prioridades y orientar la inversión pública”, o “sistema de gestión presupuestaria que otorgue eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos”. Es bastante evidente que el objetivo no era indicar la especificidad de las medidas que se proponen. 

De todo lo anterior se puede deducir, especialmente por las complicaciones que se experimentan en Argentina, que el programa de gobierno no tiene mucho que ver con las políticas que se implementarán desde mediados del próximo mes. Tampoco está relacionado con los problemas de mediano y plazo que afectarán al país. Esta es una discusión pública que deberá ser asumida al presentar el próximo gobierno su plan de acción para los próximos años. Esa será la oportunidad de explicar en detalle cuáles son las reales prioridades de la gestión. Tales prioridades deberán incorporarse en el plan nacional respectivo y servir de guía para los siguientes pasos. Esperemos que en esas nuevas etapas si se pueda conocer cuáles son las políticas que el nuevo gobierno implementará para llevar a Argentina más allá del corto plazo.

Politemas, Tal Cual, 13 de noviembre de 2019

Tendencias de las preferencias autoritarias en Chile

Los sucesos de las últimas semanas en Chile despiertan muchas preguntas sobre las perspectivas del desarrollo en América Latina. La tradición de institucionalidad que ha caracterizado a Chile en las últimas décadas, no es compatible con los sucesos violentos que han ocasionado más de veinte fallecidos y una significativa destrucción de bienes e instalaciones públicas y privadas. El hecho de que la situación política tiende más bien a complicarse, con un gobierno que tiene por delante más de dos años de período presidencial, configuran la situación de mayor complejidad por la que ha atravesado Chile desde la salida de la dictadura a finales de la década de los ochenta del siglo pasado.

Los avances en estabilidad política y económica de Chile han significado una referencia para el resto de los países de América Latina. También lo ha sido la implementación de programas exitosos en la protección social y en la reducción de la pobreza. Al mismo tiempo, también resulta significativo que Chile, a pesar del dinamismo económico, no ha mejorado la capacidad para crear y exportar manufacturas con altas tecnologías, que como sabemos es una expresión de sostenibilidad del desarrollo. Las últimas mediciones del Observatorio de Complejidad Económica del MIT y del Atlas de Complejidad Económica de la Universidad de Harvard (2017), indican que el índice de complejidad económica de Chile está superado por más de 60 países. Si a ello se suma, el descontento expresado por sectores estudiantiles, tanto de educación secundaria como universitaria en los últimos años, se aprecian las restricciones existentes en el acceso y calidad de ambos subsistemas. Y si agregamos que las pensiones otorgadas no satisfacen las necesidades de gran parte de la población que tiene derecho a ellas, así como la desprotección financiera en el sistema de salud, hay notorias razones para el descontento social.

Ahora bien, estas dificultades no son excepcionales en América Latina. Incluso podría señalarse que otros países tienen situaciones mucho más críticas en esos frentes. De manera que la explicación de estas manifestaciones de violencia, extendidas por varios días, y con indudables efectos en la matriz política del país, debe estar más allá de las circunstancias que afectan el diseño e implementación de políticas públicas. Es muy probable que tengan que ver con la posición de los ciudadanos de Chile ante la institucionalidad política, en el sentido más amplio del término.

Sobre una situación de esta complejidad, el primer paso puede ser formular algunas pistas e intentar identificar algunas posibilidades de respuesta. Afortunadamente se cuenta con estudios regulares que permiten realizar seguimiento de algunos aspectos de la opinión pública. Una fuente de gran importancia son las encuestas de Latinobarómetro que se realizan en España y América Latina desde mediados de los años noventa del siglo pasado.

Si se analiza la evolución de la preferencia autoritaria en Chile, como expresión del apoyo a la democracia, se constata que en 1995 el 19% de las personas indicaba que “en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible”. Este porcentaje tenía el séptimo lugar más alto en la región (el primer lugar era ocupado por Perú con 26%). En ese año, Uruguay, España y Costa Rica eran los países con menor porcentaje en la preferencia por gobiernos autoritarios (8% en Uruguay y España, y 7% en Costa Rica).

Quince años después (2010), el porcentaje de preferencia por gobiernos autoritarios en Chile había descendido casi a la mitad (11%), uno de los menores de la región. De hecho, ese porcentaje corresponde al más bajo registrado en Chile en el período 1995-2018. En los últimos años, sin embargo, la preferencia autoritaria ha aumentado de manera sostenida. En 2015 alcanzó el 15%, y en 2016 ya se situaba en 19%. En 2018 este porcentaje llegó al valor histórico más alto (23%), el segundo porcentaje más alto en los países con mediciones para ese año.

Lo anterior significa que cerca de un cuarto de la población de Chile expresa que en algunas circunstancias el gobierno autoritario es preferible al democrático, o, dicho de otra manera, que el apoyo a la democracia se ha resentido en un segmento significativo de la población. Sobre la relación entre esta preferencia autoritaria y la expresión de la violencia es muy difícil identificar un hilo conductor. Lo que sí parece bastante probable es que la irrupción de protesta callejera, en muchas ocasiones bastante destructiva, no parece ser una expresión coyuntural. Es muy posible que sea el resultado de un sostenido proceso de desencanto con el funcionamiento de la democracia, o de la creación y expresión de nuevas demandas, o de ambas cosas.

También resulta significativo, especialmente por sus efectos en los próximos tiempos, que en 2018 el grupo de población con más preferencia autoritaria era el más joven (15-25 años). Igualmente es relevante el hecho de que, en el grupo de personas con estudios universitarios completos, el 31% expresaba la preferencia autoritaria en el mismo año. Todos estos factores presagian que la crisis política que ha vivido Chile en las últimas semanas dista mucho de ser un episodio pasajero, tiene raíces que han evolucionado en los últimos años y seguro configurarán nuevas exigencias. La capacidad de los liderazgos para entender y aproximarse a las alternativas políticas, en consecuencia, será quizás el factor fundamental para los próximos tiempos en Chile.

Politemas, Tal Cual, 6 de noviembre de 2019

2020: confluencia de crisis políticas y deterioro económico

En pocas semanas comenzará la tercera década del siglo XXI. Las expectativas que se han generado por lo que debería suceder en 2030, esto es, alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en 2015, ilustra la importancia de los próximos tiempos, especialmente en el contexto de América Latina. El corto plazo puede indicar los retos y dificultades que experimentarán los más de 700 millones de habitantes que tendrá la región en 2030.

En los últimos tiempos ha quedado claro que los rasgos de inestabilidad política se han acentuado, especialmente en América del Sur, pero existen en toda América Latina. Las fallas de los gobiernos en el manejo de las políticas públicas, combinado con la pérdida de confianza en las autoridades electorales, se han agregado a las restricciones de la gobernabilidad democrática en muchos países. La manera en que evolucionarán estas circunstancias en los próximos meses es difícil de anticipar, pero es probable que las situaciones de enfrentamiento y conflicto tenderán a ser más complicadas.

Lo que ya sabemos con bastante detalle en los países de América Latina es que el deterioro de las condiciones económicas complica la gobernabilidad. En consecuencia, en la medida que se profundice la dificultad de las economías para crecer y crear empleos de calidad, solo se puede esperar que las restricciones políticas aumenten.

El último informe del FMI ilustra el preocupante escenario que se asoma para la gran mayoría de los países. Con la excepción de Paraguay, República Dominicana y El Salvador, todos los países de América Latina experimentarán disminuciones en el crecimiento económico en 2020, comparado con lo que se estimaba en 2018. En Venezuela se producirá la peor disminución de la economía (10%). Nicaragua y Argentina tendrán reducciones de más de 3%. Entre las grandes economías, Brasil y México completan un panorama negativo, con reducciones de 0,2% y 1,4% respectivamente.

Si ya es preocupante la perspectiva para 2020, lo es mucho más cuando se analiza el escenario del FMI para 2024. Solo Panamá, República Dominicana y Paraguay tendrán tasas de crecimientos superiores a 4% promedio entre 2020 y 2024. Diez países tendrán tasas de crecimiento anual de 3% o menos. América Latina y el Caribe tendrá las menores tasas de crecimiento económico cuando se compara con África y Asia. En otras palabras, la perspectiva de crecer para superar las restricciones acumuladas, no es la más evidente en este momento.

Que una región con tantas limitaciones de las condiciones de vida, como ha quedado demostrado en las últimas semanas, contemple estos escenarios de bajo crecimiento económico, solo puede esperar el agravamiento de las dificultades políticas. Y eso significará, con bastante probabilidad, la disminución de las inversiones, y mayores dificultades para la generación de mejores opciones de productividad. Y esto es sin mencionar la inmensa brecha en la elaboración de manufacturas de alto valor tecnológico.

La profundización de esta situación económica, sin atender adecuadamente las condiciones en las cuales se sobrevive en muchos países de la región, obliga a examinar las consecuencias en el ámbito político. Las restricciones fiscales obligarán a introducir cambios en los patrones de los programas públicos con la consiguiente afectación de los servicios y beneficios de la población. La escasez de recursos públicos puede agravar las ya tensas situaciones en varios países.

El mayor efecto de esta combinación de crisis políticas y deterioro del crecimiento económico, es la postergación de los cambios estructurales que requieren las sociedades de América Latina. Siendo que el desarrollo supone, cada día con más énfasis, el fortalecimiento de las capacidades para crear y difundir conocimientos, América Latina entra en esta nueva etapa del siglo XXI con serias dificultades. A menos que las sociedades acuerden políticas públicas orientadas a la diversificación productiva y a la ampliación de las libertades para la participación en todos sus órdenes, la distancia entre América Latina y otras regiones del mundo aumentará. El porvenir luce complicado, especialmente cuando hay poca conciencia en los liderazgos de las sociedades sobre la importancia de los acuerdos sostenibles. En la medida que no exista capacidad para crear y sostener acuerdos en la región, aumentarán las brechas de democracia y bienestar.

Politemas, Tal Cual, 30 de octubre de 2019

Mal pronóstico para la Cobertura Universal de Salud

Hace pocas semanas, en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se aprobó una declaración política al finalizar la reunión de alto nivel de los jefes de gobierno sobre Cobertura Universal de Salud. Sin rodeos, la declaración reconoce que las acciones para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en 2030) relacionadas con la Cobertura Universal de Salud son inadecuadas. También se señala que el nivel de progreso hasta la fecha es sencillamente insuficiente.

En este contexto, sigue la declaración, la posibilidad de garantizar servicios de salud a la mitad de la población del mundo (que ahora no los tiene), será inalcanzable. De especial significación es el hecho que no se podrá tampoco cumplir con la meta de protección financiera universal en salud. Esto implica que continuarán afectados los 800 millones de personas que en la actualidad deben gastar de su bolsillo más del 10% del ingreso mensual para cubrir los costos de la salud. Y también se agravará la situación de los 100 millones de personas que caen cada año por debajo de la línea de pobreza por el gasto de bolsillo que deben asignar para sufragar la salud. Todas estas circunstancias están afectadas por el hecho de que a escala global menos del 40% de los gastos de atención primaria de salud proviene de fuentes públicas.

En el fondo, el incumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre el que alerta esta declaración política, tiene una razón central: la creencia y práctica extendida en muchos países de que es posible alcanzar la protección financiera universal con políticas de salud que no enfaticen la inversión pública. Dicho de otra forma: solo a través del fortalecimiento de las fuentes públicas de financiamiento será posible alcanzar la cobertura financiera de la salud.

La causa es tan sencilla como poco asumida, especialmente en el ámbito de América Latina, solo por citar un área del mundo emergente. Se trata de que las imperfecciones del mercado tienen una expresión muy marcada en los servicios de salud. La intervención pública es fundamental para que aquellos que no tienen los recursos, y son generalmente los que tienen menos nivel educativo, trabajos menos protegidos, y menos acceso a las fuentes de información, puedan acceder a servicios de salud con la requerida calidad.

Esta es la justificación de política pública para que, en los países de alto ingreso, exista la preponderancia de las fuentes públicas en el financiamiento de la salud. Esto ha significado que, en estos países, algunos de ellos con economías altamente intensivas en creación de valor, el gasto de bolsillo de los ciudadanos en salud se encuentre entre los más bajos del mundo (baste citar los casos de Dinamarca, Japón, entre otros). En los diez países con menor gasto de bolsillo en la OECD, el 80% de todo el gasto de salud proviene de fuentes públicas.

En América Latina la tendencia ha sido otra. En nueve países de la región, más del 35% del gasto de salud es aportado por las personas. En algunos de ellos, como Brasil y Venezuela, la gran mayoría del gasto de salud proviene de fuentes privadas. En consecuencia, es obvio que no se alcanzará la meta de protección financiera en 2030. Todo lo contrario, en muchos países los riesgos de retroceso de la cobertura son marcados. Y en algunos, como es el caso de Colombia, con notables avances en las últimas décadas, corren el riesgo de retroceder por las dificultades para el crecimiento económico o por las restricciones fiscales, o por las dos cosas.

Es evidente que el logro de la cobertura financiera de salud supone la transformación total de la concepción de lo público en nuestros países. Las experiencias estatistas de las últimas décadas han contribuido a desprestigiar el valor de la participación pública, en ámbitos tan justificados como la salud. La ausencia del debate sobre estas opciones, y el rechazo a apreciar las evidencias de los países más avanzados en esta materia, no han hecho otra cosa que ampliar la brecha de políticas, y, por ende, terminar alejando a millones de latinoamericanos de las posibilidades de servicios de salud de calidad con protección financiera universal.

El mal pronóstico es el resultado de la ausencia de visión y liderazgo para imaginar nuevas posibilidades que permitan acordar sobre los recursos públicos en sociedades democráticas. No alcanzar la cobertura universal de salud es, fundamentalmente, una falla de la gobernabilidad democrática.

Politemas, Tal Cual, 23 de octubre de 2019

Sobre la coherencia de crecer y reducir la desigualdad

En años recientes la coherencia de políticas públicas ha cobrado más importancia. En la práctica de los países, se constatan muchos ejemplos de políticas que no son coherentes, es decir, que los objetivos perseguidos pueden incluso ser contradictorios. Un caso notable es la promoción de la creación del empleo a través de estímulos al emprendimiento, pero al mismo tiempo aumentar los costos asociados a la nómina de las empresas. Mientras la primera medida apunta a la flexibilidad en la creación de trabajos, la segunda crea restricciones en el mercado laboral. La coherencia, en este aspecto, debería obligar a reducir los efectos desventajosos de una política sobre otra.

Quizás una de las áreas en las que se aprecia más esta falta de coherencia es la vinculación entre el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad. Durante mucho tiempo se asumió que lo importante era estimular el crecimiento. El fundamento se centraba en que, a mayor crecimiento económico, sucedía la incorporación de más sectores de la población a la creación de riqueza. En la práctica se constató que los países podían crecer pero que eso no significaba que se mejorara el bienestar de la mayoría de las familias. Porque el crecimiento podía realizarse en sectores específicos y no en el conjunto de la sociedad. Y también porque podía haber crecimiento sin que existiera mayor preocupación por las políticas de reducción de la desigualdad.

Luego vino el movimiento pendular. Es decir, llevar a cabo políticas para reducir la desigualdad. Algunos países han aplicado políticas centradas exclusivamente en la redistribución de la supuesta riqueza, sin mayor preocupación por la calidad del crecimiento. Se asume entonces que el crecimiento es prácticamente inexorable, cuando en realidad es el resultado de múltiples factores que deben marchar coordinadamente.

Se ha tardado un tiempo largo en reconocer que las políticas para crecer y reducir la desigualdad deben operar simultáneamente, y que los gobiernos deben tener especial cuidado en promover las sinergias entre ellas. En caso contrario, los países se preocuparán por crecer sin mayor vinculación con la reducción de la desigualdad. De la misma forma, otros países diseñarán mecanismos más sofisticados para reducir la desigualdad, independientemente de fortalecer la institucionalidad para mejorar la calidad del crecimiento.

La experiencia de América Latina en los últimos treinta años demuestra que se puede crecer y al mismo tiempo reducir la desigualdad. Los cinco países de la región que han logrado mayores reducciones en la desigualdad, a saber. El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Chile y Perú, también han tenido mejores desempeños en el crecimiento. En todos ellos la reducción de la desigualdad supera los diez puntos en el índice de Gini, siendo El Salvador el país con la mayor disminución (16 puntos). También en todos estos países el crecimiento económico, en promedio, ha estado entre los mayores de la región como es el caso de Chile y Perú, o ha sido de los más prolongados (en Guatemala todos los años han sido de crecimiento en el período, y en El Salvador en todos menos uno).

Es llamativo entonces que en la forma de explicitar estos objetivos muy pocas veces se mencionan de manera integrada estas políticas. Hasta el punto que puede transmitirse la idea de que son objetivos contrapuestos. La experiencia comparada en la región demuestra que países tan diferentes como los cinco mencionados han podido alcanzar resultados satisfactorios tanto en el crecimiento como en la reducción de la desigualdad. Es bastante probable que la realidad concreta de muchos países a veces esté muy distante del diseño de coherentes políticas públicas. Y también es demostración de que la coherencia de políticas es más el resultado de una visión y de la capacidad de comunicarla. Otra forma de decir que la coherencia es una función central de los liderazgos políticos y de los responsables de los gobiernos.

Politemas, Tal Cual, 9 de octubre de 2019

Félix Seijas Zerpa: pasión para comprender

El tuit me conmovió profundamente. Era el mensaje de Félix informando sobre el fallecimiento de su papá. Son esas noticias que paralizan, que nos dejan sin palabras. Félix Seijas Zerpa era mi amigo, compañero de proyectos, siempre mi profesor. Aunque nunca tomé sus cursos, era profesor en todo momento, en las facetas más diversas de la vida. Era de esas personas de las que se podía aprender solo con conversar.

Conocí a Félix en 1989, cuando era Jefe de la Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI). En esos tiempos se exploraban nuevas modalidades de medición de indicadores sociales. Por acuerdo entre el Ministerio de la Familia y la OCEI se realizó un seminario sobre los sistemas de mediciones necesarios para el seguimiento y evaluación de políticas sociales. Eso fue hace 30 años. Incluso hoy, especialmente en América Latina, el tema es inexplorado. Podemos imaginar lo que era en esa época. Félix fue el animador fundamental de ese seminario. Recuerdo la simpatía y camaradería con la que contagió a los que participamos. A todos nos hizo sentir en casa, nos transmitió apertura y confianza. Pudo vincular su experiencia como experto en métodos cuantitativos poblacionales, con la necesidad de generar nuevas opciones de medición que tomaran en cuenta las condiciones de vida. Los resultados de ese seminario fueron publicados por la OCEI. Fue una iniciativa que Félix asumió plenamente y con gran motivación.

En 1990, como parte de los acuerdos que el gobierno de Venezuela había establecido para la ejecución del Proyecto de Desarrollo Social (PDS) con el Banco Mundial, se asignó a la OCEI la tarea de realizar una encuesta de condiciones de vida, al estilo de las que en ese momento se habían empezado a implementar en países de América Latina, Asia y África. Félix había sido pionero en el desarrollo de encuestas por muestreo en distintas áreas, entre ellas para medición del empleo, bajo responsabilidad de la OCEI, considerada una de las mejores de la región. Esta iniciativa de medición implicaba innovaciones para el trabajo de la OCEI. Félix asumió este proyecto con extraordinaria visión. Convocó a la OCEI los mejores especialistas del país, muchos de ellos investigadores en las universidades nacionales. Se conformaron bajo su impulso equipos de asesores en las diversas áreas que tenía la encuesta. Estos equipos elaboraron las preguntan pertinentes a la realidad del país. Expertos internacionales vinieron para intercambiar sobre el trabajo elaborado. De todo ese esfuerzo surgió la Encuesta Social, la primera encuesta de condiciones de vida realizada en Venezuela. Bajo la coordinación de Félix se implementaron tres encuestas de este tipo, las cuales fueron de gran utilidad para conocer la evolución de las condiciones de vida y las políticas sociales. La institucionalidad creada, en la vinculación entre la academia y la OCEI, ha sido un ejemplo en nuestra administración pública, por la riqueza de intercambios y aprendizajes. Sin duda, el empuje de Félix fue determinante en este notable impulso a las mediciones de las condiciones de vida en el país.

En los últimos veinte años, mi contacto con Félix fue periódico. Muchas veces para intercambiar sobre la situación del país, otras para cooperar en proyectos. Recuerdo especialmente que con motivo de la implementación de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), en la USB quisimos saber sobre las prácticas de las grandes empresas venezolanas con las cuales habíamos establecido convenios de cooperación. Le pregunté a Félix, en su condición de presidente de IVAD, si nos podían echar una mano en ese proyecto, novedoso por lo demás. Aceptó gustoso, revisó el cuestionario en detalle, nos ayudó a afinar las preguntas. Los temas de ciencia, tecnología e innovación le apasionaban. Incorporó en ese proyecto toda la curiosidad que tenía en estos aspectos. Luego de la exploración nos explicó directamente cada uno de los hallazgos, y especialmente las nuevas preguntas que surgían. Félix había formulado a través de la indagación por entrevistas, puntos que requerían una mayor atención. Demostró que más que los métodos de medición, en realidad le interesaban las preguntas.

Para tener una idea de las opiniones de los venezolanos era obligado conversar con Félix. A través de muchos años realizando encuestas, había logrado desarrollar tendencias. Tenía en su escritorio una hoja en la cual tenía el seguimiento de las respuestas a determinadas preguntas. Y podía entonces explicar o formular hipótesis sobre esa evolución. Podía expresar con mayor firmeza algunas valoraciones, pero cuando no las tenía, sencillamente lo reconocía. Inmediatamente agregaba que ese punto lo iba a explorar. Convirtió la explicación de las opiniones de los venezolanos y sus variaciones en una pasión a través de toda su vida. La pasión de comprender sobre la que escribió Manuel Caballero. Como empedernido observador de los sucesos en Venezuela y el mundo, incorporaba esas nuevas realidades en nuevas preguntas. Y de la acumulación de esas preguntas y respuestas intentaba encontrar patrones que facilitaba con total desprendimiento a los que quisieran conversar con él.

Las contribuciones de Félix Seijas Zerpa a las ciencias sociales del país son extraordinarias. Pero lo serán más en la medida que pase el tiempo. Porque su aproximación al hecho social tomaba en cuenta a la población, con similitudes y diferencias. Por eso se preocupó tanto por la calidad del muestreo para encuestas de hogares. Sus libros se convirtieron en textos de referencia. Su dedicación a actualizarlos expresaba su deseo de renovación y aprendizaje. En los próximos tiempos esas preocupaciones serán la guía para mejoras en la medición de las opiniones de los ciudadanos, y también de las condiciones de vida, así como de la valoración del impacto de las políticas públicas. Esa perspectiva ha influido en el trabajo académico de la investigación que realizamos en la USB sobre el seguimiento de condiciones de vida. Félix fue, sin dudas, un adelantado en estas tendencias, pero también un gran animador de estos proyectos.

Voy a echar de menos a Félix, su disposición siempre a dialogar, su franqueza, y sus preguntas, su capacidad para conectar, así como su permanente estímulo, sus llamadas para compartir algún nuevo hallazgo. Ha sido un extraordinario privilegio conocerlo y valorar su amistad. Un fuerte abrazo, Félix, te tendremos siempre presente.

Politemas, Tal Cual, 2 de octubre de 2019

Venezuela entra a las hiperinflaciones más prolongadas

El informe presentado por la Asamblea Nacional hace pocos días señala que la tasa de inflación de Venezuela en el mes de agosto fue 65,2%. Esto significa que el país experimenta nuevamente una tasa de inflación mensual superior a 50%. La última vez que la Asamblea Nacional había reportado una tasa superior a 50% había sido en el mes de febrero de este año. Hay que señalar que el BCV reportó la tasa de inflación hasta el mes de abril del año en curso.

Un país se encuentra en hiperinflación cuando la tasa de inflación mensual supera el 50%. Este criterio fue propuesto por el profesor Cagan a mediados de los años cincuenta del siglo pasado. Esto quiere decir que puede registrarse una hiperinflación, aunque dure un solo mes (siempre y cuando la tasa de inflación supere el 50% mensual ya señalado). Este es el caso de la hiperinflación de Chile en octubre de 1973, o la de Perú en septiembre de 1988, entre otros.

Que la tasa mensual de inflación de Venezuela haya disminuido por debajo de 50% entre marzo y julio de este año podría haber generado la falsa idea de que la hiperinflación había desaparecido. Por eso el criterio establece que deben pasar 12 meses seguidos con tasas de inflación menores a 50% para determinar que ha cesado la hiperinflación.

Por otra parte, es obvio y notorio que la política económica no apunta a resolver los enormes desequilibrios que se confrontan (el único no es la tasa de inflación). En consecuencia, si consideramos todos los meses que han transcurrido desde que la tasa de inflación superó el 50% mensual (según la Asamblea Nacional fue en noviembre de 2017), es decir exactamente 22 meses hasta agosto de 2019, la hiperinflación de Venezuela ya está entre las doce más prolongadas de la historia. De hecho, superó la duración de la hiperinflación de Bolivia (que había sido la segunda más larga de América Latina con 18 meses). También sobrepasó los 21 meses de la hiperinflación de Zimbabwe en la década pasada.

De seguir esta progresión, si la hiperinflación se mantiene hasta enero de 2020 ya se encontraría entre las cinco hiperinflaciones más largas de la historia (Ucrania, Azerbaiyán, Grecia y Nicaragua conforman este grupo). Las dos primeras con duración de tres años, y las otras dos de casi 5 años (la más larga ha sido la de Nicaragua con 58 meses).

Al comenzar la hiperinflación Venezuela se comentaba que eran procesos de corto plazo. Que no podía durar mucho tiempo. Se advirtió en ese momento que eso depende de las políticas que se apliquen. Está bastante claro que las políticas implementadas en Venezuela no han estado dirigidas a controlar efectivamente la hiperinflación. Las pruebas están a la vista.

También es muy evidente que el problema de la hiperinflación no es su magnitud. Es el efecto dramático en la vida de las personas, en la destrucción del poder adquisitivo de la moneda, en la destrucción de empleos, de empresas, en la migración de millones de personas, en la reducción de la inversión pública en servicios. La hiperinflación es sinónimo de destrucción de la sociedad. Que Venezuela se encamine a tener una de las hiperinflaciones más largas de la historia es una calamidad de las mayores proporciones. Es quizás la afectación más significativa en la vida de los venezolanos desde que existe la República.

Politemas, Tal Cual, 18 de septiembre de 2019

¿Cuál es la tasa de mortalidad infantil de Venezuela?

Supongamos que la pregunta se hubiera planteado en septiembre de 1960. Ese año, según fue señalado por Arnoldo Gabaldón, ministro de Sanidad y Asistencia Social para la fecha, se había publicado el Anuario de Epidemiología y Estadística Vital seis meses después de concluir el año 1959. De manera que el 1 de julio de 1960 ya se disponía de la información de la mortalidad registrada en el país en el año anterior. 

Indicó Gabaldón que el hecho de que se publicara el Anuario por primera vez a solo seis meses de finalizar el año previo, motivó que el Jefe de Metodología de Estadística Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS), enviara una comunicación al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS) considerando ese hecho como “milagro técnico y administrativo”. De hecho, esa publicación del MSAS llegó a catalogarse como una de las mejores de su tipo en América Latina. El país comenzó a ser reconocido a la vanguardia de la información en salud. Ese año, por cierto, la tasa de mortalidad infantil de Venezuela era la tercera más baja de América Latina (59,9 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos registrados). Cuba y Uruguay eran los únicos dos países de la región con menor tasa de mortalidad infantil que Venezuela. 

Esta era la situación hace casi 60 años. Ahora es muy diferente. Habría que decir, en primer lugar, que la tasa de mortalidad infantil es un indicador utilizado por siglos en todo el mundo. No solamente por lo sencillo de obtener (si existen los datos, por supuesto), sino por la utilidad para expresar las condiciones de vida de la población. Los países con mayor nivel de desarrollo tienden a tener menores tasas de mortalidad infantil. Para el cálculo se requiere conocer el número de defunciones en menores de un año y los nacidos vivos registrados (nvr) en un año dado. Al dividir las defunciones por los nacidos vivos registrados y multiplicar por 1.000 se obtiene la tasa de mortalidad infantil. Esto significa que los países deben tener instituciones responsables de recabar y difundir esa información. 

Veamos cuál es la realidad para obtener la tasa de mortalidad en Venezuela lo más actualizada posible. Lo primero es señalar que el sitio web del ministerio de salud no está activo. No existe información disponible por esa vía. El último Anuario de Mortalidad (obtenido cuando el web del ministerio estaba activo) corresponde al año 2014. Pero eso se refiere solamente al número de defunciones. 

La información sobre el número de nacidos vivos registrados tampoco está disponible en el sitio web del Instituto Nacional de Estadística (INE). Se encontraba hace algún tiempo, pero ahora ya no está. En consecuencia, el año más “reciente” para calcular la tasa de mortalidad infantil con datos oficiales es 2012 (siete años atrás). El valor obtenido con esos datos indica que la tasa de mortalidad infantil era 14,34 (defunciones en menores de 1 año por 1.000 nvr). 

Ante la ausencia de datos nacionales, llama la atención que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) si coloca en su sitio web la tasa de mortalidad infantil correspondiente a los años 2013 y 2014. También llama la atención que el valor correspondiente a 2012 es diferente del obtenido por las fuentes nacionales. De acuerdo con la OPS, la tasa de mortalidad infantil de Venezuela en 2014 era 15,2 defunciones infantiles/1.000 nvr, lo cual representó un aumento con respecto a la de 2013. 

La situación concreta es que la información de fuentes oficiales sobre la tasa de mortalidad infantil tiene un retraso de al menos 6 años. Resulta muy lamentable que las políticas y programas relacionados con el bienestar de los niños, cuenten con tal rezago. La planificación básica es imposible en estas condiciones. 

El auge de los sistemas de información y de gerencia deberían facilitar que se conozca en tiempo real cada nacimiento ocurrido en el territorio. Eso significa que el número de niños nacidos en un año se debería actualizar con mediciones en tiempo real. Lo mismo puede decirse del número de fallecimientos en menores de un año. Cada muerte en menores de un año debería generar un proceso de indagación epidemiológica y gerencial, para identificar las causas del fallecimiento. Que la información oficial tenga tanto retraso, solo demuestra que el objetivo de la política no está presente. Lamentablemente, es así de evidente.

Politemas, Tal Cual, 4 de septiembre de 2019 

Las brechas de desigualdad en América Latina

En los últimos años la preocupación por la desigualdad, entendida como diferencias entre países y dentro de los países, ha ocupado un mayor espacio en la agenda pública. En la gran mayoría de los casos se asocia con el ingreso (de países o personas), pero es también visible en el acceso a servicios y beneficios. Que aumente la preocupación por la desigualdad, y especialmente por las políticas que la pueden reducir, es, sin dudas, muy positivo. Pero también es una llamada de atención sobre lo que debería ser una condición permanente en el diseño y evaluación de políticas públicas. De hecho, la insistencia en la igualdad, como lema republicano, ha estado presente por siglos. 

Con una mirada más contemporánea, la desigualdad es una restricción significativa para la armonía de la vida social. En primer lugar, porque la desigualdad es una vulneración de la condición humana. Y es por ello que, desde múltiples perspectivas, filosóficas, religiosas, ideológicas, la desigualdad es motivo de rechazo. En un segundo momento, la desigualdad también desencadena tensiones. Por ejemplo, tensiones políticas porque somete a grupos sociales a la exclusión, ocasionando ingobernabilidad cuando se superan los límites aceptados. También la desigualdad origina diferencias en el acceso de las personas a derechos y beneficios. Y, por otra parte, la desigualdad aumenta la incertidumbre sobre el futuro productivo de las sociedades. Impide que personas se incorporen en plenitud a la creación de riqueza y hace menos atractiva a las economías. 

Por todo lo anterior se debería esperar que las reducciones de la desigualdad fueran un objetivo compartido por gobiernos y sociedades. No solo por el impacto en el crecimiento económico, sino en la estabilidad política y en el bienestar social. Esta condición es de especial relevancia en el caso de América Latina, considerada en el Panorama Social 2018 de Cepal, junto con el Caribe, como la región más desigual del mundo, superando incluso al África Subsahariana. 

De acuerdo con los datos del Banco Mundial, es posible analizar la evolución de la desigualdad en América Latina, expresada con el coeficiente de Gini, desde principio de la década de los noventa del siglo pasado hasta el año 2017. El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad en un país dado. Cuando el valor del coeficiente es 0, significa que no existe desigualdad en el ingreso, es decir, que ningún sector de la población recibe un ingreso superior a la proporción que le corresponde. En cambio, cuando el coeficiente es 1 significa que un sector de la población recibe la totalidad del ingreso del país. Ambos casos son extremos. La situación ideal es que el coeficiente de Gini sea el menor posible de manera que exprese el grado más bajo de desigualdad. 

En los países de la OECD, con los últimos datos disponibles (alrededor de 2016), el promedio del coeficiente de Gini es 0,31. En este grupo de países, el coeficiente de Gini más bajo corresponde a Eslovaquia (0,241), seguido muy cerca por Eslovenia (0,244). Al examinar la evolución del coeficiente de Gini en América Latina entre 1990 y 2017, se observa que se ha reducido en todos los países excepto en Venezuela, Bolivia, Costa Rica y Paraguay. Dicho de otra manera, en la gran mayoría de los países de la región se constata la reducción de la desigualdad en el período señalado. La mayor reducción del coeficiente de Gini fue experimentada por El Salvador, al pasar de 0,54 a 0,38 en el período. Otras reducciones significativas fueron las de Guatemala, Nicaragua, Chile, Perú y Panamá. 

A pesar de estos avances, la diferencia del coeficiente de Gini con respecto a los países de la OECD es muy significativa. El país con el menor coeficiente de Gini (El Salvador), supera a todos los países con economías de alto ingreso, con la excepción de Estados Unidos. Solamente dos países (El Salvador y Uruguay) tienen un coeficiente de Gini inferior a 0,4. Once países de América Latina tienen un coeficiente de Gini superior a 0,45. 

Las evidencias indican que disminuir la desigualdad en la región, a pesar de las mejoras que se pueden destacar, es definitivamente un proceso de mediano plazo. Con una tasa de reducción del coeficiente de Gini de 1% anual (mayor a la registrada para El Salvador en el período), la mayoría de los países requeriría al menos dos décadas para alcanzar el nivel de desigualdad que hoy tienen los países más exitosos de la OECD. Es bastante claro, entonces, que superar la desigualdad en la región es mucho más que deseos y discursos. Es un reto de grandes dimensiones para liderazgos con visión, audacia y competencias. En caso contrario, América Latina seguirá siendo la región más desigual del mundo.

Politemas, Tal Cual, 28 de agosto de 2019

¿Cuántas personas mueren por malaria en Venezuela?

La pregunta es de alta prioridad. La Organización Mundial de la Salud (OMS), en el último informe anual (2018), señaló que los casos de malaria reportados en Venezuela representaron el 84% del aumento experimentado en las Américas en 2017. También indicó la OMS que el número de casos en el país aumentó 70% entre 2016 y 2017. Todo lo cual nos lleva a tratar de precisar cuál es, en primer lugar, el número de casos. En la medida que aumenten los casos también aumenta la probabilidad de que ocurra un mayor número de defunciones. 

Y es acá que empiezan las dificultades. Desde finales de 2016 no existe información oficial sobre el número de casos de malaria en el país. Este hecho es especialmente grave dada la experiencia acumulada en la elaboración de los informes epidemiológicos semanales. El hecho de que esos informes sean semanales, incluso diarios o hasta minuto a minuto, está relacionado con las características de la enfermedad. La malaria tiene un período de incubación de una a tres semanas. Es decir, que la situación de epidemia en una localidad o zona se puede manifestar en pocos días. La ausencia de información oficial regular aumenta los riesgos para la población y limita las posibilidades de control. Esto no debería requerir mayores explicaciones. 

Lo cierto es que el país con la mayor epidemia de malaria en la región, y una de las mayores del mundo, no cuenta con la información oficial requerida. De allí que se tenga que acudir a fuentes internacionales especializadas. De acuerdo con la OMS. el número de casos confirmados de malaria aumentó de 242.561 en 2016 a 411.586 en 2017. El número de casos sospechosos fue estimado en 1,1 millones en 2017. 

La información anterior es prácticamente arqueológica cuando se trata de enfrentar la malaria. Ya avanzada la segunda mitad de 2019 no están disponibles los datos básicos sobre la evolución de la epidemia. Esto significa que el número de casos podría aumentar significativamente. En otras palabras, si el aumento de casos es de tal proporción, en condiciones de deterioro ostensible del sistema de salud, el número de muertes puede aumentar también significativamente. Con lo cual llegamos a las dificultades para conocer el número de muertes por malaria. 

Hubo una época, en las primeras décadas del siglo pasado, que la malaria ocasionaba una de cada tres muertes registradas en el país. La disminución extraordinaria del número de casos y muertes por esta causa es una de las grandes expresiones de la modernización que vivió el país desde 1936. Sin embargo, tampoco en la actualidad contamos con información precisa sobre el número de muertes. 

El último Anuario de Mortalidad (publicación oficial que incluye la caracterización de las muertes ocurridas en un año dado) corresponde al año 2014. Ya transcurrida más de la mitad de 2019 debería haberse publicado el Anuario de Mortalidad de 2018 (al menos así ocurría en la década de los sesenta del siglo pasado). Ese anuario debería estar en el sitio web respectivo para consulta de toda la población. Con lo cual la respuesta a la pregunta del título se hubiera podido colocar en una sola línea. 

La ausencia de información exacta sobre el número de muertes por malaria tiene implicaciones muy significativas para las políticas de prevención y control. En primer lugar, estas muertes son completamente evitables con los avances de la salud pública. Nadie debería morir por malaria. Sin embargo, la OMS ha estimado que en 2017 ocurrieron 435.000 muertes por malaria. Ahora bien, dado lo raro que debería ser una muerte por malaria, sumado a lo característico de las manifestaciones clínicas, el subregistro tendría que ser inexistente. Lo cual conduce a la segunda implicación. 

El número de muertes reportadas en los anuarios de mortalidad debería tener la mayor exactitud. De hecho, los registros de mortalidad del país han estado entre los más desarrollados de la región. Si eso es así, entonces, en el último año con información disponible (2014), ocurrieron 44 muertes por malaria. Esa cifra fue cinco veces superior a la registrada en 2008 (año con el menor número de muertes en el período 1995-2014). Tal como se ha señalado, desde 2015 no se conoce el número de muertes por malaria. 

En condiciones de alta incertidumbre con respecto al número de muertes por malaria, una alternativa es estimar. Tal como hace la OMS en el reporte de 2018 para los años del período 2010-2017. Sin embargo, debe señalarse que esos estimados superan entre 3 y 11 veces el número de muertes por malaria reportadas en los anuarios de mortalidad en los años 2010-2014. 

Lamentablemente no es posible contestar con precisión el número de muertes por malaria, al menos en los últimos cuatro años. Esta situación demuestra dos terribles repercusiones para la vida concreta de los venezolanos. La primera de ellas es que luego de que nuestro país fuera pionero en los programas de control de malaria en el mundo tropical, confronta la mayor epidemia de la historia, con ausencia de información oficial sobre lo que ocurre. Como si no informar fuera la política. Como si no informar tuviera efecto en la reducción de los casos y muertes. La segunda repercusión, aplicable en muchos ámbitos, es la práctica extendida de ejecutar políticas públicas sin ninguna referencia sobre los daños a evitar, ni sobre las condiciones de vida. En el caso de malaria es bastante claro que el eje de la política es evitar todas las muertes y todos los casos. Como se realizaba a mediados del siglo pasado. Hay que recordarlo.

Politemas, Tal Cual, 21 de agosto de 2019

Sin diversificación no hay futuro

Las dimensiones de la crisis venezolana se siguen profundizando. La difícil situación política se suma a una contracción económica severa (seis años seguidos sin crecimiento), y al deterioro impresionante de las condiciones de vida. Las urgencias que deben afrontar diariamente las familias se suman a la inmensa incertidumbre en todos los frentes. A pesar de ello, la situación reclama identificar rumbos de acción para transformar estas tendencias. 

Las alternativas para enfrentar esta debacle, sin precedentes en países no sometidos a conflictos bélicos, deben estar basadas en la identificación de las causas, así como en las reales posibilidades de superar esta situación. En el fondo de lo que acontece en la actualidad en el país, está un claro patrón de desarrollo. Quizás sea más adecuado hablar de patrón de “anti-desarrollo”. De acuerdo con las estimaciones del Atlas de Complejidad Económica elaborado por la Universidad de Harvard, Venezuela es el país de menor diversificación productiva de América Latina (según las últimas cifras disponibles para 2017). Eso significa, en la práctica, que es el país de la región más distante de las posibilidades de crear riqueza. Esto es, garantizar las condiciones para que los habitantes puedan, con el concurso de sus capacidades, ampliar los horizontes de producción de valor. 

En este contexto, las posibilidades de transformación de la sociedad venezolana pasan directamente por la modificación sustancial del patrón productivo. Un círculo muy pernicioso se ha desarrollado a plenitud. Se manifiesta en la apuesta a la producción de petróleo como garante de los ingresos necesarios para el funcionamiento de la sociedad. Pero como tal orientación no hace sino disminuir las posibilidades de diversificación, fundamentalmente porque aumentan las dificultades para crear otros productos, entonces se estimula el control de la riqueza petrolera como política dominante. Y esa mayor dependencia del petróleo contribuye a generar una organización del gobierno que impide las políticas de diversificación. No es azaroso entonces que muchas de las inversiones y empresas que podrían desarrollar la diversificación se hayan alejado del país. Y para remate, la cultura política, tanto de las instituciones como de las personas, terminan reforzando el estatismo como premisa, y la anti-diversificación como correlato económico. 

La pregunta obligada, entonces, es cómo eliminar ese círculo vicioso. Una primera condición es que realmente se aprecie que este círculo vicioso existe. De lo contrario, podría imponerse la tendencia de que es posible, con los “arreglos básicos” requeridos, organizar una sociedad que siga dependiendo de la monoproducción de petróleo, pero que impida los efectos del estatismo. Esta premisa no solo es contraria a los incentivos que se generan en una sociedad dependiente de la producción petrolera, sino que contradice la dinámica en la que se marcha en el siglo XXI, esto es, sociedades en las cuales el valor de cambio es la disponibilidad de conocimientos, entendidos como posibilidades de diversificación productiva. 

De no apreciarse la existencia de este círculo vicioso, podría entonces afianzarse una visión según la cual basta con manejar la producción petrolera adecuadamente para que todos los desequilibrios desaparezcan. Es por ello que la agenda pública no se caracteriza precisamente por ofrecer consideraciones para enfatizar la diversificación productiva. A ello se suma el hecho de que como estas variaciones en las políticas no se generan en tiempos cortos, los liderazgos políticos terminan sin hablar del tema de fondo (la manera de alcanzar la diversificación productiva). En consecuencia, se impone una lógica perversa: como cambiar lleva tiempo, mejor se dejan las cosas como están. La práctica indica, sin embargo, que los plazos no son tan largos, más bien se trata de explicar a los ciudadanos la dirección de los cambios necesarios. 

En esa tradición de anti-diversificación, Venezuela ha pasado seis décadas (desde que es posible medir la complejidad económica). Modificar esta tendencia requiere asumir que la diversificación productiva es un objetivo central de las políticas. Y que por consiguiente la agenda pública debería incluir la explicitación de este objetivo. Esperemos que esta premisa central tenga mayor relevancia en la discusión sobre las alternativas para Venezuela en pleno auge de las sociedades del conocimiento. De no cambiar esta situación, especialmente porque no se cuente con el compromiso de los liderazgos políticos para impulsar estos cambios, Venezuela continuaría muy relegada en la creación de riqueza. Otra forma de decir que el futuro de la sociedad seguiría seriamente comprometido.

Politemas, Tal Cual, 14 de agosto de 2019

¿Cómo varía la diversificación económica en América Latina?

La mención de la diversificación económica aparece reiteradamente en las propuestas de políticas en América Latina. Se indica que la región debe ser más efectiva en lograr una mayor diversidad de productos elaborados. Y se asume, acertadamente, que en la medida que se promueva la diversificación económica, de la misma forma se logrará el desarrollo sostenible. Todo lo cual coincide con la premisa señalada por Adam Smith, en su célebre obra publicada en 1776, sobre la importancia de la “cantidad de ciencia” para que los países alcanzaran la riqueza. Se desprende, en consecuencia, que el aumento de la “cantidad de ciencia” es justamente la expresión de lo que hoy se denomina “diversificación económica” o “diversificación de la producción”. 

El supuesto es sorprendentemente sencillo. Si los países diversifican la producción es porque han desarrollado las capacidades, es decir, han aumentado la “cantidad de ciencia”. Y este aumento de la “cantidad de ciencia”, promoverá que se desarrollen nuevas capacidades. De esta manera, existirá un círculo virtuoso: nuevas capacidades traerán el impulso para capacidades en el futuro. Como resultado, se podrá elaborar una mayor diversidad de productos y la sociedad tendrá mejores posibilidades de lograr el desarrollo sostenible. 

Ahora bien, las preguntas que se suceden son más difíciles de responder. Entre ellas están las siguientes: ¿En cuánto tiempo se diversifica la producción de un país de manera que se haga sostenible? ¿Existe un nivel crítico de diversificación productiva a partir del cual se genera ese círculo virtuoso? ¿Es posible que se presenten involuciones en el proceso de diversificación? Estas preguntas son más relevantes dadas las restricciones económicas que confronta América Latina, las cuales podrían prolongarse en los próximos años. Por otra parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos para alcanzar en 2030 obligan a conocer la viabilidad real para lograrlos. 

Una forma de aproximarse al futuro es estudiar el pasado. No significa, por supuesto, que el futuro se va a comportar como el pasado, pero puede ofrecer pistas que permitan identificar mejores opciones de políticas. Para el estudio de la evolución de la diversificación contamos ahora con mediciones. Una de ellas es el Índice de Complejidad Económica (ICE) elaborado por el Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, y contenido en el Atlas de Complejidad Económica. De acuerdo con este índice, los países con niveles de diversificación superiores al promedio presentan valores positivos. Los países con menor diversificación presentan valores negativos del índice. Los países con mayor diversificación presentan los valores más positivos, mientras los que tienen menor diversificación registran índices más negativos. En 2017 (último año con información disponible), el índice varió entre -2,13 (Guinea) y 2,28 (Japón). 

Para comparar las variaciones en el tiempo en los países de América Latina, se tomaron los registros del ICE en 2007 y 2017. Se analizaron 19 países de América Latina (solo Haití no tenía información disponible). En 2007 siete países de la región tenían ICE con valores positivos: México, Brasil, Panamá, Colombia, Uruguay, República Dominicana y Costa Rica, siendo México el único país con ICE superior a 1. En 2017, Colombia y República Dominicana ya no tenían ICE positivo. De manera que se mantuvieron los restantes cinco países, y se agregó El Salvador. 

No solamente se redujo el número de países con ICE positivo (de siete a seis), sino que países como México, Brasil y Panamá disminuyeron el valor del ICE en 2017 con respecto al de 2007. Es resumen, apenas un tercio de los países de la región tienen un nivel de diversificación positivo. De continuar las tendencias manifestadas en el período analizado, solo Chile podría sumarse a este grupo de países en los próximos años. Dicho en otras palabras, para que existan cambios significativos en la diversificación económca, la modificación de la tendencia señalada debe ser radical en muchos países. 

También queda en evidencia que es más difícil aumentar diversificación que perderla. Pareciera que existe un nivel a partir del cual es más fácil mantenerla, pero llegar a él solo se consigue a través de un proceso continuo de políticas efectivas. Tal parece entonces que el nuevo impulso a la diversificación requiere una combinación de adecuada comunicación de objetivos a la población con una gran dosis de audacia. De lo contrario, es bastante probable que se llegue a 2030 sin mayores cambios en la diversificación de América Latina, lo cual es sinónimo de limitaciones para alcanzar el desarrollo sostenible, especialmente en un contexto en que la población comenzará a envejecer con mayor rapidez. Sin la menor duda, la región confronta un gran riesgo de no contar con las políticas requeridas para alcanzar la diversificación económica que garantice altos niveles de bienestar en las próximas décadas.

Politemas, Tal Cual, 7 de agosto de 2019

Cuando gastar más es proteger menos

Todavía se menciona que los países deben gastar 10% del PIB en salud para que “todo esté resuelto”. Con esa cifra se alcanzarían todas las coberturas de servicios de salud. Así de “sencillo”. La idea está fundamentada en la falsa creencia de que gastar más garantiza más servicios. No se presta ninguna consideración a que una cosa es asignar recursos, y otra muy diferente es realizar las actividades que se tenían previstas. Tampoco se toma en cuenta que los recursos gastados en un rubro o programa, podrían haberse asignado a otro con un mayor impacto. Sin embargo, dado que esa falsa creencia sigue presente en la agenda pública, es conveniente analizar de acuerdo con la experiencia concreta de los países., si efectivamente gastar más (sin ninguna otra consideración) es lo mejor que pueden hacer los países para proteger a la población. 

Lo primero es distinguir gasto total en salud, por una parte, y la composición del gasto, es decir, si proviene de fuentes públicas o privadas, por la otra. Ya es ampliamente conocido que la salud requiere la participación de la inversión pública, porque no es posible de otra forma, garantizar servicios a los sectores de menos recursos. Justamente son estos sectores los que tienen mayores riesgos de enfermar o morir. Y además, garantizar la máxima cobertura de servicios de salud para la población, es un requisito básico para acometer las grandes metas del desarrollo, como son el pleno ejercicio de la libertad y la utilización de las capacidades de todos los individuos. 

Se puede tomar como primera referencia a los países de la OECD. Y dentro de ellos se pueden distinguir los países que tienen el menor gasto de bolsillo, es decir, en los cuales la población tiene que asignar menos de sus propios recursos para tener acceso a los servicios. Estos son países en los cuales la protección financiera en salud tiende a ser mayor, porque las familias no tienen que utilizar tantos recursos propios. 

En los diez países con menor gasto de bolsillo de la OECD en 2016 (información más reciente disponible en el web de la OMS), el promedio del gasto total en salud es 10,2% del PIB. De ese gasto total, el gasto público representó el 80%. Por supuesto, esto no quiere decir que los países gastan 10% del PIB y, como consecuencia, tienen alta protección financiera. No, lo que eso significa es que si la política de salud está dirigida a alcanzar la máxima protección financiera, en el contexto demográfico, epidemiológico e institucional de estos países, la experiencia comparada indica que la cantidad de recursos es poco más de 10% del PIB con 80% proviniendo de fuentes públicas. 

Ahora bien, utilizar esos criterios para comparar con otras regiones del mundo requiere las consideraciones del caso. Tomemos como ejemplo los países de América Latina. Obviamente, el perfil demográfico y epidemiológico es muy diferente. Los países de la OECD tienen una mayor expectativa de vida, y, en consecuencia, presentan una mayor proporción de población con enfermedades crónicas que requerirá servicios a través de mayor tiempo. 

En América Latina la situación no es igual. Se debe esperar, entonces, que el gasto total en salud no debería ser de la magnitud que tienen los países de la OECD ya señalados. Más aún, el gasto total en salud en América Latina, debería ser el menor posible, de manera que se pueden asignar recursos a educación o ciencia y tecnología, por decir dos aspectos muy relevantes para que justamente las personas vivan más y mejor (con lo cual requerirían menos servicios curativos de salud). Sin embargo, dado que la composición del gasto si es un factor relacionado con la cobertura de protección financiera, se puede convenir que el 80% del gasto debería ser público, también en los países de América Latina. Veamos ahora algunos casos para ilustrar. 

Argentina es un país con un patrón demográfico de mayor envejecimiento. Pero al mismo tiempo, es uno de los cuatro países con bajo gasto de bolsillo en la región. Argentina tiene un gasto total de 7,5% del PIB con 74% proveniente de fuentes públicas. 

Brasil tiene un gasto total de 11,7% sobre el PIB, superior al de los países de la OECD indicados. Esta magnitud de gasto es insostenible dado el aumento de la expectativa de vida que se espera para la próxima década. Brasil debería reducir el gasto total y aumentar la proporción de recursos públicos que ahora es 33%, inferior al 80% señalado como criterio. 

Colombia tiene un gasto total de 5,91% sobre el PIB, con 62% proveniente de fuentes públicas. También Colombia se encuentra en el grupo de países de bajo gasto de bolsillo de la región (los otros dos son Uruguay y Cuba). De manera que Colombia quizás necesite aumentar el gasto total y la proporción de fuentes públicas, para hacer frente a los cambios demográficos de la próxima década. México registra un gasto total de 5,47% sobre el PIB, pero tiene una menor proporción de fuentes públicas (52%). 

Ecuador tiene los dos problemas. Tiene un gasto total de 8,39% (muy por encima de lo que debería tener), y solo tiene 50% de origen público. Ecuador debería tratar de contener el aumento del gasto total para evitar llegar a la situación de Brasil, y al mismo tiempo aumentar la proporción de recursos públicos. 

En Venezuela el gasto total es 3,22% del PIB, y solo el 21% es de fuentes públicas. Esto significa que Venezuela debe aumentar el gasto total, pero solo de manera moderada. Podría señalarse que una opción adecuada para Venezuela es alcanzar un gasto total entre 5 y 6% del PIB (como máximo), con una proporción de fuentes públicas de 80%. De esta manera se podría anticipar efectivamente el aumento en la expectativa de salud y la consiguiente demanda de servicios en la próxima década, Y también se podrían asignar recursos a otras áreas de inversión como educación, y ciencia, tecnología e innovación. 

En líneas generales, los sistemas de salud de la región, con sus excepciones, están gastando más de la cuenta, y no se están preparando para la próxima década. El hecho de que Brasil tenga un gasto total superior al 11% del PIB con un alto gasto de bolsillo, indica palmariamente que gastar más no necesariamente es proteger más. Los países de la región, especialmente aquellos con un patrón demográfico más joven, deben hacer esfuerzos por invertir mejor, lo cual no significa más cantidades sino aumentar la proporción pública con mejoras sustanciales en la gestión. La región necesita estos cambios para garantizar más recursos a la creación de sociedades del conocimiento con personas más sanas y más productivas.

Politemas, Tal Cual, 17 de julio de 2019

¿Cómo transformar el futuro de América Latina?

Dado que el futuro siempre es incierto, la tendencia inicial es obviarlo. La preocupación por el presente no deja tiempo para el futuro. Incluso en muchos países no se sale del pasado. Las polémicas del presente consisten en reconsiderar hasta la saciedad el pasado. Desde esa perspectiva, el pasado no es una fuente de aprendizajes, es más bien una excusa para no enfrentar las decisiones del presente, mucho menos las del futuro. 

Imaginar el futuro, sin embargo, es justamente una forma de darle coherencia al presente. De establecer las restricciones que permitan avanzar. En otras palabras, las políticas públicas son las vías que pueden facilitar el paso del presente al futuro. Afortunadamente, el futuro así visualizado termina siendo clave para disminuir la incertidumbre. Es por ello que cada día más y más los países avanzados dedican mayores recursos a imaginarlo. Porque en la medida que lo disciernen, encuentran pistas para actuar ahora. Lo que pueden modificar las políticas públicas es justamente el futuro. 

De todo lo anterior se deriva que debería haber más preocupación por pensar en el futuro. Para lo cual el primer paso sería saber cómo es la evolución del presente. Es decir, si se sigue en el actual rumbo, ¿cuáles serían las consecuencias? Esta es la base de los estudios de prospectiva. Tratar de identificar las tendencias actuales para luego proponer las alternativas que permitan modificarlas. En consecuencia, el primer paso es definir los retos que se derivan si el presente sigue en la misma dirección. 

Desde hace varios años el Inter-American Dialogue, centro de análisis ubicado en Washington, DC, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han cooperado, bajo la coordinación de Sergio Bitar, para facilitar documentos y análisis centrados en la elaboración de escenarios para identificar opciones de políticas y transformar el futuro, especialmente en América Latina. Disponibles en internet se encuentran reportes sobre distintos escenarios de América Latina, así como de países en particular. 

Del examen de la situación de las tendencias mundiales, se han propuesto cinco grandes retos estratégicos que se deberán asumir en América Latina. El primer reto está asociado con la gobernabilidad. No solamente la del nivel nacional. Son evidentes las limitaciones en la capacidad de gobernabilidad en los países de la región, en unos con mayor intensidad que otros, valga solo mencionar los acontecimientos recientes en Brasil. Argentina, México, Perú, Colombia, Venezuela. También es clave la gobernabilidad en los niveles sub-nacionales o locales. La multiplicidad de gobiernos, así como las amplias restricciones para la institucionalización de políticas públicas, en un tiempo en el cual lo local es un factor determinante, hacen más exigentes la combinación de participación con efectividad de las intervenciones. 

El segundo reto señalado es la transformación productiva de las economías de la región. La ausencia de la orientación para la creación de valor es un rasgo característico en la mayoría de los países. De manera que no hay atracción de nuevas inversiones y recursos humanos que faciliten el tránsito a sociedades de creación de conocimientos. Sin cambios sustantivos en estas áreas, es poco probable asumir el tercer reto, el de la inclusión social. Nada más estimando la cantidad de servicios de salud y educación que serán necesarios para los cien millones de personas que nacerán en la próxima década, se ilustra la complejidad de la tarea, 

El cuarto reto es la integración que se debe profundizar en la región. Todas estas demandas se podrían satisfacer mejor si se consolidan amplias zonas de comercio y de integración, que faciliten el flujo de personas y recursos. América Latina tiene todo un camino por recorrer en este aspecto. Y finalmente, siendo una de las áreas del planeta con mayor biodiversidad, los efectos del cambio climático deberían ser enfrentados de la forma más efectiva, especialmente cuando existe la percepción que en el contexto global no se está haciendo lo requerido, y de que es posible, de continuar la actual tendencia, que el aumento de la temperatura global alcance los peores pronósticos. 

Tal como van las cosas, el futuro de la región luce muy complicado. Ya es un buen paso conocer las restricciones y las opciones. Es especialmente necesario que la región cuente con los liderazgos, fundamentalmente políticos, que sean capaces de visualizar e impulsar las transformaciones requeridas. De ello dependerá en gran medida, el futuro que se pueda construir desde hoy.

Politemas, Tal Cual, 10 de julio de 2019

La pugna por el conocimiento en el siglo XXI

Mientras en América Latina disminuyen las inversiones, y no se aprecia mayor impulso en la creación de sociedades de conocimientos, en otras partes del mundo se manifiestan tendencias que pueden tener repercusiones significativas en las próximas décadas. La competencia entre Estados Unidos y China por el liderazgo en la creación de conocimientos abarca ya múltiples ámbitos técnicos y geográficos. 

La incorporación de nuevas áreas geográficas a los desarrollos tecnológicos se ha convertido en una notable confrontación geopolítica. Hace pocas semanas, se conoció que Huawei, la empresa china en conflicto reciente con los Estados Unidos, había acordado con la Unión Africana un memorándum de entendimiento por los próximos tres años. De acuerdo con este memorándum, Huawei se compromete a mejorar la capacidad técnica de la Unión Africana y cooperar en las áreas de tecnología de información y comunicación. 

La ejecución de este entendimiento supone la alianza de la Unión Africana y Huawei para fortalecer sectores como la Internet de las cosas, desarrollo de banda ancha y de computación en la Nube, así como las redes 5G e inteligencia artificial. Además, a través de la iniciativa se formarán jóvenes africanos en las habilidades técnicas necesarias. Tal parece entonces que la incorporación de diversos sectores de la población de África en las sociedades digitales, tendrá un gran impulso con este acuerdo. 

La ampliación de las fronteras digitales en África debe entenderse entonces como un objetivo estratégico de China. A la fecha, aproximadamente el 70% de las redes 4G de África han sido construidas por Huawei. No es solamente la presencia creciente en el mercado africano, sino la posibilidad de incidir en la formación de los recursos humanos que se requieren para impulsar todos estos avances. Esto sucede en un contexto en el cual los países africanos han involucionado en estabilidad política pero han mejorado en desempeño económico. En esas condiciones, es fácil entender el interés de China, así como el grado de creciente participación que ha adquirido en África. 

Estas dinámicas denotan los profundos cambios que están operando en el mundo ante los avances tecnológicos y científicos. La creación de conocimientos dejó de ser un tema refinado, aislado en los grandes centros de investigación. Ahora es nada más y nada menos que expresión de la lucha por el poder en el mundo. La imperceptible presencia de estos temas en la agenda pública en América Latina, es cada día mayor reflejo de la distancia entre las realidades de la región y las expresiones concretas de la lucha por el predominio político en el siglo XXI.

Politemas, Tal Cual, 3 de julio de 2019

¿Hacia dónde es el "desarrollo en transición"?

En días recientes se presentó el documento “Perspectivas económicas de América Latina 2019: desarrollo en transición”, elaborado en conjunto por CEPAL, OECD, CAF y la Comisión Europea. Con el concepto “desarrollo en transición” se propone enfatizar un tipo de desarrollo inclusivo y sostenible, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se deben alcanzar en 2030. 

En el documento se justifica, tal como se ha hecho desde los años cincuenta del siglo pasado, que el desarrollo no puede tomar en cuenta solamente el criterio del ingreso per cápita. En la misma dirección de los avances en las últimas décadas en estudios del desarrollo, se propone que las políticas a implementar deben ser multidimensionales. También el documento insiste en cuatro “trampas del desarrollo” en América Latina, a saber: productividad, vulnerabilidad social, institucional, y ambiental. 

En el documento se recomienda que para avanzar en el “desarrollo en transición”, los países de América Latina deben: (1) mejorar el proceso de toma de decisiones en políticas públicas, (2) elaborar planes nacionales de desarrollo, (3) invertir mejor, y (4) generar consensos para superar las complejidades de la economía política de las reformas. Sin desconocer que estas cuatro medidas son siempre necesarias, no es tan claro que ellas por si solas sean condición suficiente para alcanzar el llamado “desarrollo en transición”. 

Aunque el documento presenta algunas de las brechas que confronta la región, no se menciona una de las más críticas: la relacionada con el tipo de productos que se elaboran. No es solo la brecha de productividad, esto es, que se produzcan menos productos o de menor calidad. Es que el tipo de productos que creamos no son compatibles con los que se demandan cada día más en sociedad intensivas en conocimiento. Es decir, no se puede “transitar” a un nuevo estadio de desarrollo cuando no se establece la brecha de conocimiento. Es por la misma razón que las sociedades industriales desplazaron a las sociedades agrícolas. No era en primer lugar la forma de organizarse políticamente, eran las modalidades de producción. 

No puede extrañar, entonces, que no se mencione en el documento que se debe ampliar el la generación de conocimientos en las sociedades de América Latina. Que la transformación sustantiva de las condiciones de vida es consecuencia de un cambio fundamental en lo que se produce. Y que para ello se deben modificar las prioridades generales de la sociedad. Esto es, que la asignación de los recursos públicos debe tener como centro la conversión de sociedades que utilizan conocimientos a sociedades que crean conocimientos. De manera que la interacción entre gobiernos, empresas y universidades pasa a ser el eje de la vinculación con el desarrollo. El documento también deja en evidencia que son los liderazgos políticos los que están en mejor posición para indicar las políticas que deberán movilizar a la región a construir sociedades de conocimientos. Que la discusión esté centrada en el “desarrollo en transición” sin considerar la generación de conocimientos, solo revela que las dimensiones de la brecha son mayores a lo imaginado.

Politemas, Tal Cual, 26 de junio de 2019